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¿Transición energética o un “nuevo” paradigma privatizador?

CE. Intervención y Coyuntura

  • Ramón Carlos Torres Flores. La Hora de la Transición Energética. Exigencias del nuevo paradigma: sustentabilidad, seguridad e igualdad. México, UNAM-Grano de Sal, 2021.

En diciembre pasado el diario La Jornada publicó una entrevista del periodista Alejandro Alegría con Ramón Carlos Torres Flores, autor del libro La Hora de la Transición Energética. Exigencias del nuevo paradigma: sustentabilidad, seguridad e igualdad. El título de la entrevista fue “La crisis energética en México se gestó por restringir la inversión” (La Jornada, 5.12.2021), y en ella Alegría rescata varias aseveraciones de Torres Flores, enfatizando una en particular: “La reforma de 2013 falló” y, a raíz de ello, “la economía mexicana se encuentra inmersa en una crisis energética de larga gestación y con profundas raíces estructurales”. Cierto, aunque después matiza: “Con los cambios a la Constitución en 2013 … se formalizó de forma jurídica la entrada de firmas privadas al sector. Sin embargo, la instrumentación de la reforma energética falló, porque la participación de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en sus ramos fue preponderante”.

Para explicar el período previo (en el que también hubo inversión privada) Torres asegura que «la principal causa que llevó al país a la crisis energética “sin precedente” fue la decisión de gobiernos anteriores de restringir el uso de recursos del erario para financiar las inversiones del sector, por lo que desde hace tres décadas abrió el espacio en generación eléctrica —sector clave en la transición—, a la iniciativa privada, pero también abrió la puerta en el transporte y la comercialización de hidrocarburos, que en ese entonces eran actividades exclusivas del Estado.» Reveladora afirmación, puesto que tres décadas antes, el texto constitucional prohibía explícitamente tales actividades.

Por otra parte, en la contraportada del libro, Rolando Cordera, al comentar el texto afirma: “Ramón Carlos Torres Flores plantea aquí un nuevo paradigma para no estar ya por encima y en contra de la naturaleza”. Tales antecedentes —entrevista y reseña del libro—, invitan a la lectura del texto, tomando en cuenta el inminente debate de la “Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia energética” (en adelante la Iniciativa), presentada ante la Cámara de Diputados el 30 de septiembre de 2021 por el ejecutivo federal, y cuya discusión en el formato de Parlamento Abierto está por comenzar.

Tal iniciativa tiene como propósito corregir los problemas más urgentes en materia de electricidad causados por distintas reformas a partir de 1995 (hechas en flagrante violación de la Constitución) a la legislación secundaria, y que se agudizaron con la llamada “apertura” del sector, pactada en la reforma constitucional en materia de energía, aprobada en el Congreso en 2013, que modificó los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para suprimir importantes postulados y agregando 21 artículos transitorios que, en los hechos, constituyeron la ampliación del texto, así como en las sucesivas leyes y reglamentos que se expidieron o modificaron a partir de ese año (10 leyes, 9 reglamentos y 4 decretos), y que constituyeron un marco jurídico favorable a la privatización del sector energético de México. A ese conjunto de reformas a partir de 2013, nos referiremos en adelante como “contrarreforma”.

Derivado de la lectura del texto, llama la atención que la entrevista no refleja la profunda crítica que el autor formula en sus páginas a la política energética del actual gobierno, basada centralmente en alejarse de lo que él considera “el paradigma energético global”, y que no es otro que la añoranza del modelo abusivo impuesto en la contrarreforma.

Así, el capítulo 2, “Hacia un nuevo paradigma energético global”, se hacen planteamientos generales sobre algunos acuerdos internacionales en la materia, para atribuir el fracaso de lo que llama “el paradigma de la energía fósil” (refiriéndose al uso de energías de origen fósil, como los hidrocarburos: carbón, petróleo y gas, fundamentalmente) y al “extractivismo” asociado al mismo. Torres omite que las prácticas extractivistas están asociadas más bien a los modos de producción del capitalismo, y que dichas prácticas fueron impuestas hace tiempo por las economías más fuertes a los países poseedores de materias primas (actualmente petróleo y gas).

El capítulo continúa con una revisión simplista del origen del “sistema fósil de energía” y la “amenaza ambiental” que éste representa. Consideraciones que están cubiertas en la Iniciativa del ejecutivo, que propone eliminar a corto plazo la exportación de petróleo crudo, para reducir su extracción y procesar únicamente lo necesario para el consumo interno, es decir, alejarse del “sistema fósil” global. También plantea sustituir el uso de combustibles fósiles por fuentes menos contaminantes, en tanto sean capaces de satisfacer la demanda. En tanto, se propone la utilización responsable de todas las fuentes de energía de las que dispone la Nación. Del desarrollo de nuevas fuentes y tecnologías depende la velocidad de la transición energética.

Lo anterior, además de asegurar la soberanía energética de la nación por más tiempo, permite enfrentar la “disfuncionalidad de los mercados de energía fósil”, tema que preocupa a Torres en otro apartado. La premisa es simple: el modelo de mercado energético global (o “sistema fósil”) afianzó el control de las grandes corporaciones energéticas internacionales —a las que en México se otorgaron importantes concesiones petroleras y de generación eléctrica, vía la contrarreforma—, sin que con ello el país tenga asegurado el abasto futuro, seguro y confiable para todos los usuarios. Por otro lado, tal “disfuncionalidad” persistirá, aun cuando se desarrollen nuevas fuentes de energía; porque las corporaciones energéticas tienen actualmente el control de buena parte de las reservas existentes, al tiempo que intervienen predominantemente en el desarrollo de las futuras fuentes de energía, para asegurarse que el “mercado de la energía” permanezca en sus manos.

A continuación Torres advierte los “Riesgos y vulnerabilidad económica y financiera” del “sistema de energía fósil”. Para ello cita tres documentos “a modo”, elaborados por un organismo intergubernamental, un consorcio energético mundial y un despacho de consultores (la Agencia Internacional de las Energías Renovables, la British Petroleum y Det Norske Veritas, DNV-GL, respectivamente). Con tales fuentes, las concusiones son obvias: “la subordinación y la vulnerabilidad de los mercados financieros” al “sistema fósil”. Evidentemente en los estudios de estas instituciones no se mencionan los financiamientos y subvenciones otorgadas, por ejemplo, a las llamadas energías limpias. Solo en México, la mayoría de los proyectos, principalmente eoloeléctricos han recibido recursos de organismos multilaterales, como el Banco Mundial (BM) o del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Inclusive, para su construcción se han utilizado recursos de entidades gubernamentales. Pero sobre todo, se les han otorgado importantes incentivos fiscales y condiciones de operación muy ventajistas que les aseguran el despacho prioritario de energía (y con ello la venta de esta), con precios elevados y a cambio de ridículos cargos por uso de las redes de Transmisión y Distribución. No en balde la mayoría de sus “clientes” son grandes consorcios con los que han formado un mercado privado al margen del servicio público, entre generadores y consumidores privados. Mercado del que está excluida la CFE, por estar obligada a vender la energía más cara (compra los “excedentes” y la generación privada, a precios determinados “por el mercado”, excluyendo su generación propia, que es más barata en ciertos periodos).

Torres sugiere tres rutas —son de sobra conocidas— para emprender la transición energética: primero, aumentar el uso de fuentes renovables; segundo, mejorar la eficiencia energética y, tercero, reducir el uso de combustibles fósiles. Las tres alternativas están incluidas en la iniciativa presidencial: la primera, porque CFE ya trabaja para aumentar la capacidad de generación hidroeléctrica y fotovoltaica; la tercera, porque se reduce la plataforma de extracción de hidrocarburos (limitándola a la satisfacción del consumo interno) y en cuanto a la eficiencia energética (segunda), en el ámbito gubernamental (en los tres órdenes de gobierno), en los principales centros de consumo se mantienen programas de mejora para utilizar las tecnologías más eficientes, desde el alumbrado hasta el transporte y otras, e incluso para la generación de electricidad. Como se mencionó antes, la sustitución avanza según la disponibilidad de tecnología.

El autor cierra el capítulo con el apartado: “Hacia dónde apunta el nuevo paradigma”, que comienza por aceptar que “Los elementos constitutivos de lo que será el paradigma energético de la humanidad en los próximos años y décadas de este siglo no están definidos” y sugiere que éstos elementos se están construyendo “a partir de los intereses dominantes” pero, afirma, “a partir de la naciente certeza colectiva de que el nuevo paradigma debe garantizar la sustentabilidad ambiental que no ofrece el sistema actual”.

Parece simple ingenuidad, pero haciendo abstracción del análisis de los resultados de la contrarreforma de 2013, Torres soslaya que ésta se promovió, con grandes expectativas, entre ellas, la de reducir los riesgos ambientales (también reducir los precios para los consumidores, a todos y no a unos cuantos, para asegurar la recuperación de las reservas, etc.).

En el campo teórico hace tiempo que fracasaron las ideas sin sustento de La condición posmoderna (J.F. Lyotard), de donde surgieron muchas de las ideas de dicho “movimiento”, y que antes dieron pie a una corriente de posmodernismo capitalista, caracterizada por el rechazo explícito a los grandes relatos y el cuestionamiento de la —hasta entonces — dualidad del mundo, para promover en cambio el pluralismo. En el posmodernismo no solo se cuestionan los textos históricos, sino que se “inventa” un lenguaje que pretende modelar al pensamiento: la verdad es solamente cuestión de perspectiva, puesto que no existe acceso a la realidad, solamente a la apariencia.

Así, parecería que para Torres, asumir el “nuevo paradigma” implica incluir la ‘dimensión ambiental’ como ‘sujeto político’. Entonces la Iniciativa del ejecutivo va más allá, porque sin tal palabrería, plantea recuperar para la nación el control del desarrollo energético y sus implicaciones ambientales. En cambio, el planteamiento del autor tiene las mismas deficiencias que diversos organismos multilaterales (algunos creados bajo el patrocinio de la ONU, o mediante financiamiento gubernamental, e incluso en algunos participan las grandes corporaciones), que de algún modo constituirían esa “nueva gobernanza” que sugiere Torres (suma de gobiernos de estados nacionales, corporaciones y organizaciones transnacionales) y que se reúnen periódicamente para tomar “acuerdos”, traducidos en pactos que no se cumplen o se postergan, porque fueron creados para teorizar, no para actuar.

En el capítulo 3 “Inserción de México en la transición energética”, luego de insistir en la importancia de los diversos compromisos internacionales en materia ambiental, Torres retoma su diagnóstico para el sector petrolero mexicano: “La carencia crónica de inversiones para restituir la extracción de reservas después de los años setenta e inicios de los ochenta del siglo pasado desembocó en un agotamiento relativo de los yacimientos, minó la funcionalidad operativa de ese sistema y propició la profunda crisis energética que vive el país desde hace poco más de un lustro”.

Efectivamente, en el sexenio del expresidente José López Portillo (1976-1982), aquél que dijo a los mexicanos que debían acostumbrarse a “administrar la abundancia”, cuando se descubrió Cantarell, un campo gigante que colocó a México como uno de los principales productores de petróleo del mundo, justo cuando el precio del petróleo alcanzaba un máximo (para después decaer), fue el momento de mayor auge de la riqueza petrolera de México, que sucesivos gobiernos sobreexplotaron. Gran parte de las reservas de hidrocarburos de la nación se destinaron a la exportación, no obstante, las reservas se mantuvieron casi constantes hasta 1999, cuando inició su declive, que no se detuvo ni con la entrada en vigor de la contrarreforma energética de Peña Nieto y la apertura de la exploración y producción al capital privado. Es a la llegada del actual gobierno que se estabiliza la plataforma de producción y se determina limitar (eliminar en un futuro cercano) las exportaciones, con la finalidad de asegurar que las reservas aún disponibles sean suficientes para abastecer la demanda nacional en los próximos años. Es decir, lo que Torres define como crisis se profundizó a raíz de la apertura al capital privado, que se apropió de las reservas, pero no invirtió en producción.

Torres explica esto desde su interpretación, en “Raíces de la crisis energética”, para concluir que la implantación de la contrarreforma de 2013 provocó una “ambivalencia institucional (que) deriva en la inhibición y en obstáculos para las inversiones del sector”. Esto, según él, plantea una “dicotomía” consistente en que “la actividad energética gira en torno al desempeño empresarial de las empresas productivas del Estado por un lado, y el régimen jurídico e institucional que se aplica a esas actividades (que) corresponde a una economía de libre mercado”.

Torres se refiere a que no se entregó absolutamente todo al capital privado: redes de distribución y almacenamiento de combustibles y las de transmisión y distribución de energía eléctrica. Según esto, la permanencia de Pemex y CFE conservando buena parte de dichas funciones, ‘perturbó’ el funcionamiento del naciente mercado energético mexicano, porque para Torres, “el orden jurídico e institucional … corresponde al diseño de un sistema de mercado, donde el rol del Estado es principalmente de rectoría y regulación”. Es decir que Pemex y CFE sobran, según su modelo–paradigma. Torres caracteriza esto como la “anomía” de la contrarreforma de 2013 ¿Carencia de normas o degradación de estas? De nuevo, el alcance de las reformas —solo de 2013 a la fecha—, tuvo tal profundidad y alcance en materia de libertad de comercio, competencia, industria y regulación, que la presencia de Pemex y CFE se volvió prácticamente testimonial. No las desaparecieron porque ello hubiera desatado gran resistencia popular, pero en los hechos las condenaron a desaparecer. Jurídicamente la supuesta estructura monopólica del Estado en los sectores de hidrocarburos y electricidad fue totalmente eliminada.

Otro apartado revisa la “Política energética de la actual administración” y “palomea” los puntos que a su parecer son de mayor importancia, pero finaliza diciendo “El presidente ha advertido públicamente su intención de no hacer modificaciones fundamentales en la Constitución durante el resto de su administración”. No es creíble que el autor no hubiese anticipado que el gobierno presentaría la Iniciativa, dado el nivel de enfrentamiento que se había dado desde principios de 2021 entre el gobierno y las empresas energéticas, y que derivó en procesos judiciales, a raíz de los cuales el presidente anticipó la medida.

En el apartado “Disfunción estructural del sistema energético mexicano”, Torres desarrolla la caracterización de crisis, que se publicó en la entrevista mencionada al inicio, añadiendo:

La sociedad no cuenta aún con una visión estratégica que sitúe esas acciones inmediatas en un horizonte de largo plazo, democráticamente consensuado, que corrija la disfuncionalidad estructural del sistema energético mexicano y supedite a los intereses de la nación (sic) la irremediable inserción en la transición energética global. Son dos realidades que merecen ventilarse, o al menos cuestionarse, para la necesaria construcción de una estrategia energética con el horizonte de largo plazo que reclama el país.

Esta argumentación apenas es apropiada a la contrarreforma de 2013, la cual no fue “democráticamente consensuada” pero sí acentuó la “disfuncionalidad” del modelo de economía de mercado impuesto al sector energético nacional. En cuanto a la “visión estratégica” con que México tendría que insertarse “irremediablemente” en la transición energética global, está comprobado que la “visión” de la contrarreforma implicó no sólo la “apertura” al capital privado –principalmente extranjero–, sino la privatización “del sistema energético mexicano”, y no precisamente para satisfacer los reclamos del país ni de la transición global. Si alguna realidad se tendría que ventilar hoy, es que dicha contrarreforma fracasó por méritos propios, en cuanto al cumplimiento de sus promesas a la mayoría de los mexicanos. La política se comprueba en la práctica.

En ese mismo apartado, Torres desprecia algunas de las acciones del actual gobierno (que antes había “palomeado”): “La administración pública actual ha centrado la atención inmediata en lo que ha denominado el “rescate” del sector energético y de las empresas del Estado y en desterrar la corrupción y los ilícitos que a su juicio son la principal causa de la crisis.” En el mismo tono, la contraportada del libro presenta el comentario de otro “notable”, David Ibarra, quien asegura que el libro “…sitúa el cambio energético de México dentro del regateo político y su conciliación con otros objetivos nacionales”. El breve texto de contraportada en el libro amplía esa posición: “Para ir más allá de algunos debates, a menudo estériles, sobre quién debe producir y distribuir electricidad, o sobre la pertinencia de contar con mayor capacidad de refinación de petrolíferos, aquí se hace un llamado a aprovechar … la irrepetible oportunidad que nuestra generación está enfrentando”.

Debatir el rescate de Pemex y la CFE, así como erradicar la corrupción no implica ‘regatear’. Y menos en el sentido en que fue regateada por ciertos congresistas la contrarreforma de Peña Nieto. Sería muy largo enumerar la corrupción que imperó en el sector (no solamente) a partir de López Portillo y que se propagó hasta nuestros días. Combatirla es un imperativo para avanzar. Discutir sobre el control de la generación y distribución de electricidad, así como disponer de la capacidad de producir los combustibles que se consumen en el país no es estéril. Por el contrario, implica definir la vía para alcanzar el dominio efectivo de la Nación sobre sus recursos, a partir de una política energética independiente.

En el capítulo 4 “Opciones estratégicas”, después de reiterar en la necesidad de “conciliar seguridad, sustentabilidad e igualdad” (en tres secciones que repiten lo expuesto en capítulos anteriores), Torres hace un nuevo intento por explicar la ruta “hacia el nuevo paradigma energético”. Al referirse al caso de México señala que el paso “de la crisis a la inmediatez de la seguridad energética”, implica superar el déficit de energía primaria, y que para ello se requiere “compatibilizar la remoción estructural progresiva del sistema fósil de energía, con la administración de la cotidianeidad energética inmediata”. Como ya se estableció en párrafos previos, la Iniciativa contempla que “El Estado establecerá la Transición Energética, utilizando de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la Nación, reduciendo paulatinamente las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero y contará con las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para esta transición, impulsadas por el financiamiento y demanda nacional como palancas de desarrollo.”

Por lo anterior, sobra decir que el apartado “de la seguridad a la sustentabilidad y la igualdad” también está cubierto ampliamente. En lo que no es posible concordar con Torres es sobre los supuestos “rezagos, la desactualización y la falta de modernización de la red de transmisión y distribución del sistema eléctrico nacional”. Torres se refiere a que la red (cuya infraestructura está a cargo de CFE) no está preparada para manejar el exceso de fuentes intermitentes que autorizó la CRE en todos estos años, pero esa no es la función de la CFE. Es más, jamás se deberá financiar infraestructura que solamente beneficie a los generadores privados, aumentando los costos de producción en detrimento de las tarifas domésticas, como ahora sucede. Mediante un crecimiento ordenado de tales fuentes y una planeación adecuada, la ampliación y modernización de las redes puede hacerse oportunamente, como se hacía antes, mediante el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE), donde se planeaba en un horizonte de 15 años la expansión y modernización de la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución, función que ejercía la CFE pero que la contrarreforma de 2013 eliminó. Actualmente la CRE otorga discrecionalmente los permisos y lo informa al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), que determina cuándo se interconecta cada uno de ellos. La CFE simplemente debe crear las condiciones y otorgar las facilidades para ello. Eso, es anomía.

Otro apartado, “Prontuario de opciones estratégicas” plantea retos para “Insertarse en la transición (circunstancias locales)”:

La pandemia y sus efectos han sido un detonante coyuntural que ahondó y precipitó la crisis estructural de los mercados mundiales de petróleo y al mismo tiempo redimensionó la necesidad y la conveniencia de la transición energética. Las fuerzas del mercado impulsan el fin de la era del petróleo, pues las reservas mundiales tienen un horizonte finito de explotación. Al efecto restrictivo de las reservas se suma la propensión a electrificar la economía; el transporte es un ejemplo representativo de esto. Los avances tecnológicos y la reducción de costos favorecen una creciente participación de las fuentes renovables en la generación de electricidad. En el mediano plazo, los vehículos eléctricos habrán de desplazar a los de combustión interna, que son el principal mercado de derivados del petróleo.

En todo caso, lo que la pandemia precipitó fue la crisis del capitalismo neoliberal; de igual modo, la necesidad de una transición energética no surgió de allí, hace tiempo está presente y tiene evidente alcance mundial, por ello está considerada en la Iniciativa. Tampoco es demostrable que las fuerzas del mercado impulsen en algún momento el fin de la era del petróleo, como no sea porque el “impulso depredador” del Capital extinga tal recurso. Por otro lado, la percepción posmoderna de que en el corto plazo aparecerán “fuentes renovables” (y no contaminantes) de electricidad capaces de “electrificar” la economía, también es aún insostenible.

En otro apartado del mismo capítulo, Torres vuelve a la añoranza por el modelo de mercado y señala otra dicotomía entre “Estado–mercado”:

La estrategia energética de la actual administración, se propone aumentar y flexibilizar la oferta nacional de energía por medio de la acción de las EPE (Empresas Productivas del Estado). La orientación es cubrir las necesidades del mercado nacional y recuperar por esa vía la disminuida independencia energética.

El orden jurídico e institucional que rige el sistema energético está abierto a la acción de las fuerzas del mercado y a la participación de empresas privadas nacionales y extranjeras, así como las de propiedad del Gobierno Federal. Esta situación plantea una dicotomía jurídica y operativa entre mercado y Estado. La política energética de la actual administración tiene el propósito de recuperar y ampliar la disminuida capacidad productiva de Pemex y la CFE. El sesgo operativo estatal se apega a lo establecido en la legislación; sin embargo, contradice la regla no escrita de que el diseño legislativo actual se llevó a cabo para romper con los supuestos monopolios estatales que ejercen Pemex y la CFE. Esta dicotomía emana de la inconclusa implementación de la reforma energética. En diciembre de 2013 se modificaron los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y se adicionaron 21 disposiciones transitorias. La motivación y el propósito fue modificar el orden jurídico e institucional energético, a fin de abrir a la inversión privada varias actividades reservadas hasta entonces en exclusividad al Estado, porque habían sido consideradas estratégicas o de propiedad exclusiva de la nación.

Otros autores de aquella contrarreforma han establecido que no tuvo nada de “inconclusa” por lo que, para su implementación, no hizo falta “orden jurídico” (Ver por ejemplo La nueva Constitución energética mexicana y su implementación); en consecuencia, explicar su fracaso sigue siendo una tarea pendiente de sus defensores. Esa “regla no escrita” que invoca Torres, que implica nada menos que la desaparición de Pemex y la CFE y con ello el abandono de la rectoría del Estado en materia de energía para dejarla en manos del capital privado, no solo está en la letra de cada una de las modificaciones realizadas a la legislación, sino que hoy es patente en sus resultados: Pemex y CFE fueron divididas (“reestructuradas”) en múltiples empresitas con la finalidad de desaparecerlas. Implica una grave carencia de ética política insistir en la mentira, afirmando una cosa a sabiendas que se ha hecho otra (Ver por ejemplo Energía, Democracia y los “Amicus Curiae”).

Torres también señala tendenciosamente una supuesta “Clandestinidad de la transición energética”:

La participación de las fuentes renovables en la oferta interna de energía primaria del país se circunscribe en su mayor parte al suministro tradicional de leña y carbón (8%), el proveniente de grandes embalses (2%) y de campos de geotermia, eólicos y solares (3%) (Sener, 2019b). En la generación de electricidad, la contribución de las renovables es más significativa: centrales hidráulicas 9%, eólicas 6%, solar 8% y otras renovables 2%. El restante 71% se genera con tecnologías que utilizan combustibles fósiles (derivados de petróleo, gas y carbón) y energía nuclear (4%) (Nahle, 2020).

La primera cita corresponde al Balance nacional de energía 2018, es decir, al último año del sexenio anterior, pero además, la referencia indicada es incorrecta. Tal documento puede consultarse en www.gob.mx y, como dicho informe señala, esas cifras son comparables con las de los cuarenta años anteriores, es decir, casi los mismos que duró el período neoliberal en nuestro país sin corregir la deficiencia. La segunda cita presenta datos supuestamente proporcionados por la secretaria de energía, Rocío Nahle, refiriendo una Comparecencia (presentación de PowerPoint), Secretaría de Energía. ¿Qué comparecencia? ¿cuándo y en dónde tuvo lugar? El autor no lo indica ni ofrece la fuente correcta (la indicada en la cita es inexistente) ¿Por qué no utilizar datos verificables, si tanto la secretaria como el director de la CFE han ofrecido cifras actualizadas en diversas comparecencias oficiales (en 2021)? Están disponibles, por ejemplo, las comparecencias ante el poder legislativo, que sí pueden cotejarse. Habrá oportunidad de ello, seguramente.

Posteriormente Torres (siguiendo con la “clandestinidad”) elabora una borrosa crítica programática citando que las modificaciones a la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, realizada por la Secretaría de Energía (DOF 07.02.2020) establece metas puntuales…

Sin embargo, las metas y los objetivos establecidos en las estrategias de la actual administración no son vinculantes ni se articulan con los ordenamientos ejecutivos que rigen los planes de inversión y los programas operativos de las EPE. Tampoco se identifican los instrumentos de política económica o los mecanismos requeridos para materializar las intenciones de la transición. Se advierte en esto la presencia de otra forma de dicotomía entre sustentabilidad ambiental y seguridad energética (a base de combustibles fósiles). Esto es, cumplir los objetivos de abasto energético no garantiza acatar la legislación ambiental.

La primera parte del argumento se desmiente en la Iniciativa, que contiene un apartado específico al tema. Allí están los objetivos específicos y sobre ellos podría haber dirigido Torres sus formulaciones, al menos durante la entrevista. De hecho, la contrarreforma peñanietista no logró ninguna transición energética, lo que sí hizo fue otorgar cientos de permisos privados de generación, que en el papel representan una gran capacidad eléctrica, que supera en mucho a la demanda actual, pero en su mayor parte no se puede aprovechar por consistir en fuentes de energía intermitente. Esos generadores abastecen a sus propios clientes, pero es la CFE quien provee la mayor parte de las energías “limpias” (como gustan de llamarlas en el lenguaje del “nuevo paradigma”) que se consumen en el país, y se desarrollan nuevas obras para reducir más el consumo de combustibles fósiles, lo que representa sustentabilidad y seguridad.

Torres señala otra supuesta dicotomía “entre seguridad energética y la distribución equitativa de costos y beneficios emanados del uso y la transformación de la energía” ya que, según él, las “graves afectaciones ambientales y (los) daños a la salud de la población” representan “costos indirectos de producción que no se internalizan en el precio de los energéticos” derivado de la “decisión de no aumentar los precios reales”. Seguramente Torres puede garantizar que la minería de Litio no será tan devastadora como otras, o que la fabricación, uso y disposición de las baterías usadas de ese material será 100% segura. El Litio tiene un gran potencial para facilitar la transición energética pero, su impacto ambiental y en la salud ¿está previsto?

Pero la crítica velada de Torres es más bien en el sentido de que el gobierno no debe contener las constantes alzas en los precios de los energéticos. Lo que no dice es que, con el modelo vigente de “economía de mercado” eléctrico, ciertos costos operativos indirectos sí se “internalizaron”, pero transferidos a las tarifas domésticas. Es el caso de los grandes consumidores que se agruparon en ilegales sociedades de consumidores (escondidas en permisos de Autoabastecimiento y Cogeneración por efectos de la misma contrarreforma), constituidas principalmente por consorcios industriales y comerciales, para beneficiarse de tarifas más bajas. Es decir, los “costos indirectos” de las energías limpias los paga actualmente la mayoría, en beneficio de unos cuantos.

En el epílogo, titulado La coyuntura actual, el autor enumera una serie de acciones que el ejecutivo ha intentado (antes de enviar la Iniciativa) para paliar la problemática, reconociendo que han sido bloqueadas mediante “una prolija secuela” de recursos jurídicos, misma que Torres justifica, argumentando que esas acciones favorecen la existencia de monopolios:

La Carta Magna establece que la rectoría del desarrollo corresponde al Estado y que los sectores público, social y privado contribuirán a la competitividad, entendida ésta como el conjunto de condiciones necesarias para generar el crecimiento económico, la inversión y el empleo. Prohíbe las prácticas monopólicas con el fin de evitar ventajas perniciosas al interés público o de alguna clase social, y exceptúa de ese tratamiento a las actividades que califica de estratégicas y que, por ese hecho, se reservan en exclusiva al Estado, sin que por ello constituyan monopolios. No precisa sin embargo la definición ni los requisitos que debe reunir una actividad para recibir ese tratamiento, sino que simplemente se limita a listar las que revisten ese atributo.

Falso, la contrarreforma excluyó de tal categoría a las hasta entonces llamadas empresas paraestatales, Pemex y CFE, tergiversando las definiciones y acotando sus funciones estratégicas, básicas para el funcionamiento de la industria integrada. (Art. 27 constitucional):

…Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica (Párrafo reformado DOF 09-11-1940, 20-01-1960, 06-02-1975, 11-06-2013, 20-12-2013)

Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos (Párrafo adicionado DOF 20-12-2013)

Esto se hizo en 2013 con la intención de “legalizar” la privatización energética que furtivamente se toleró a partir de 1995 con el expresidente Carlos Salinas (1988-1994), encubierta en sucesivas modificaciones a la legislación secundaria, efectuadas en flagrante violación de la Constitución. En el sector eléctrico, afectó no solo a la generación de energía, sino también a las funciones estratégicas de planeación y control del sistema eléctrico, al entregarlas a los supuestos órganos reguladores independientes (desde 2013, órganos reguladores coordinados).

El autor recupera solamente la parte que le interesa, como en el caso de la electricidad: “Con la reforma constitucional de 2013 fueron eliminadas de la lista de actividades estratégicas la generación”, pero miente al afirmar: “En cambio, permanecieron reservadas al Estado las demás: planeación y control del sistema eléctrico”, porque la intervención de la Comisión Reguladora de Energía (desde 1995) y de la propia Secretaría del ramo, propició la expansión irracional de inconstitucionales permisos privados que dieron pie a un “mercado” eléctrico privado que se aprovecha del servicio público de transmisión y distribución, en detrimento de la CFE. Tal mecanismo ya ha sido comentado, ver “La batalla por la energía: la 4T frente al dilema de nuestro tiempo”.

Torres concluye que, “en sentido estricto y formal, es dable afirmar que los cambios recientes en las leyes de electricidad e hidrocarburos contravienen los postulados constitucionales, al otorgar privilegios de mercado a las empresas del Estado en perjuicio de las privadas” y, en el siguiente apartado “Hacia dónde va la organización institucional”, acusa la “preponderancia” de Pemex y CFE, señalándola como la causa del fracaso de la contrarreforma:

La motivación de la reforma energética de 2013 fue abrir a la inversión privada los mercados de hidrocarburos y electricidad, en áreas de producción hasta entonces estratégicas, dominadas por instituciones productivas estatales (por ese hecho no constituían monopolios). El nuevo andamiaje jurídico e institucional fue diseñado con esa finalidad. Pemex y la CFE fueron formalmente convertidas en EPE. En los hechos, sin embargo, la reforma se implementó parcialmente. Las empresas propiedad del Gobierno Federal dominan los principales mercados de energía. La participación preponderante del Estado es disfuncional respecto del régimen legal que auspicia la participación de la inversión privada, lo que ocasiona incertidumbre y confrontación. Los principales proyectos de inversión son ejecutados y financiados por el gobierno y la participación de las empresas privadas se limita a la proveeduría.

El país enfrenta una encrucijada: persistir en el sistema legal-operativo vigente o incursionar en opciones estratégicas distintas. Con fines analíticos distingo aquí tres opciones hipotéticas: privatización de mercados, estatización de mercados y configuración de una economía mixta. La pretensión no es construir escenarios, sino algo más simple: proponer hipótesis institucionales que permitan visualizar algunos aspectos críticos en la configuración de política para la transición energética.

Primero, Torres debería sustentar con datos el supuesto “dominio” de las empresas públicas sobre los mercados de energía, porque la Iniciativa presidencial demuestra lo contrario: el abuso por parte de los concesionarios. Segundo, la contrarreforma se “implementó” hasta donde sus autores quisieron: se trataba de consolidar en la Constitución la economía de mercado en el único sector que hasta entonces habían hecho subrepticiamente. Aun así ¿dice Torres que fallo? ¡No! su objetivo se cumplió: concretaron una verdadera expropiación privada de Pemex y CFE.

Todo esto comprueba que lo que les importa no es debatir, sino impedir la Iniciativa. Torres, por ejemplo, quedó atrapado en la nostalgia del posmodernismo imbricado en las teorías de mercado y en la contrarreforma de Peña Nieto, pero no es el único. Tal posición es compartida por otros grupos (intelectuales, académicos, profesionales), en el caso del texto en comento, está hoy día la llamada Academia Mexicana de Economía Política, A.C., a la que pertenecen Torres, Cordera y David Ibarra. La oposición de Cordera al gobierno de Obrador es patente, pero no siempre fue así. En algún tiempo, Cordera fue asesor del Frente Amplio Progresista (FAP) y como tal, miembro de un equipo técnico encargado de elaborar una fallida propuesta alterna a la que había presentado el gobierno de Felipe Calderón (2007-2012), y que fue aprobada por el Congreso en noviembre de 2008. En el caso de la contrarreforma ocurrió otro tanto: pronunciamientos extemporáneos y ambiguos, al tiempo que se mostraban “críticos”como el del 27 de marzo de 2012, cuando Cordera firmó el desplegado “Preguntas cuyas respuestas podrían transformar a México” en donde inducían a la reforma del artículo 27 constitucional para privatizar a “Pemex y CFE (Monopolios públicos): ¿Estaría de acuerdo en promover la reforma constitucional necesaria que permita la inversión privada minoritaria en Pemex y CFE, garantice su rentabilidad como empresas y transparente su desempeño mediante la cotización en las Bolsas de Valores de México y Nueva York? ¿Qué acción concreta propone para subsanar las ineficiencias operativas de estas empresas?”. Son expertos en navegar entre dos aguas. Cordera evocaba no hace mucho la congruencia mostrada por Rafael Galván y los electricistas de la Tendencia Democrática. Lástima, nada que ver.

Finalmente, el libro sirve mal a su propósito de convocar a una transición energética, anunciando “un nuevo paradigma” como si fuese una mercancía; lo que el texto presenta no es más que la repetición de lugares comunes, utilizados antes para justificar, desde 1995, diversas modificaciones a la legislación que condujeron a la turbia contrarreforma constitucional de 2013, y que lejos de corregir, empeoró la condición del sector energético nacional, situación que es hora de remediar. En el urgente debate de la Iniciativa, tergiversar conceptos como sustentabilidad, seguridad e igualdad ya no convence, mucho menos el falso discurso ambiental. Hablamos de una transición energética que es urgente, pero que no llegará de “la mano invisible” del mercado.

Esta es la hora de recuperar para la nación el control del sector energético y un primer paso será el fortalecimiento de las empresas del estado.