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Del neodesarrollismo al neofascismo

André Flores Penha Valle y Pedro Felipe Narciso

Postfacio al libro: A burguesia brasileira em ação: de Lula a Bolsonaro. Florianópolis (Brasil), Enunciado Publicações, 2021.

En este libro presentamos las prácticas políticas de las fracciones burguesas en los gobiernos de los presidentes Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer y Jair Bolsonaro. La exposición siguió el itinerario de investigación de diferentes investigadores, examinando diferentes fracciones de la burguesía en momentos específicos de la historia política brasileña reciente.

Una vez concluida la exposición analítica de las partes, se nos impone un segundo tipo de escritura, orientada hacia visiones sintéticas y una perspectiva panorámica del todo. De esta forma, pretendemos presentar una periodización política del intervalo de tiempo cubierto por el conjunto de capítulos. Para establecer el período referido, presentaremos la caracterización de cada período a partir de a) la configuración política del gobierno y b) las políticas aplicadas por el gobierno. Además de la caracterización de cada período, también pretendemos observar algunas características de las crisis políticas que llevaron al paso de un período a otro. En un segundo momento pretendemos detallar la relación entre el gobierno de Bolsonaro y el bloque en el poder, prospectando algunos escenarios políticos futuros.

Nuestra periodización indica la existencia de tres períodos principales. El primero se refiere a los gobiernos encabezados por el Partido de los Trabajadores, que designamos como el período del frente neodesarrollista. El segundo se refiere al gobierno en el que ocupó la Presidencia Michel Temer, al que designamos como el período de la alianza neoliberal. El tercer período se refiere al gobierno de Jair Bolsonaro, al que llamamos período neofascista.

La configuración política del neodesarrollismo apunta a la existencia de un frente político policlasista, en el que diferentes clases y fracciones fueron jerárquicas en el cumplimiento de distintas funciones políticas. Este frente, que garantizaba la hegemonía política de la gran burguesía interna, tenía como clase dominante a esa misma fracción burguesa, que orientaba los puntos más decisivos del programa político y económico aplicado por el gobierno. El movimiento obrero y popular ofreció a los principales operadores políticos del frente en diferentes niveles, funcionando como su fuerza principal. Finalmente, el apoyo electoral del frente estaba garantizado por una numerosa clase-apoyo, los trabajadores de la masa marginal.

La política económica de ese período estuvo marcada por una importante moderación de la apertura comercial indiscriminada, a través del establecimiento de nichos proteccionistas y reservas de mercado, la reactivación del BNDES[1] y la expansión de obras públicas y compras dirigidas a proveedores nacionales. Una de las principales marcas de la política exterior fue la desconexión en torno al proyecto ALCA y una diplomacia que proyectaba capital nacional hacia países de la periferia capitalista de América Latina y África. También vale la pena mencionar el compromiso de Brasil en la creación del Nuevo Banco de Desarrollo (BRICS Bank) que reafirmó la posición de Brasil de menor dependencia internacional de los mecanismos liderados por Estados Unidos. En política social, podemos mencionar los programas de transferencia de ingresos, la política de recuperación del salario mínimo, la política de cuotas raciales y sociales, la construcción de viviendas de interés social y el financiamiento de la agricultura familiar (BOITO JR., 2018).

Si bien estas políticas lograron atender las demandas de los grupos que componían el frente, aliviando sus contradicciones internas, los asedios restauradores del capital internacional y de la burguesía asociada no produjeron el efecto esperado. La crisis del “mensalão”[2], que se produjo en un contexto de crecimiento económico y moderación del conflicto distributivo de clases, en 2005, no atrajo la oposición de la gran burguesía dentro del gobierno, que, por el contrario, salió públicamente a defender el mandato del Presidente Lula contra amenazas de juicio político, a través de sus gremios empresariales (MARTUSCELLI, 2015; BOITO JR., 2018). Cuando los conflictos internos en el frente se agudizaron, en el primer mandato de la presidenta Dilma, debido en gran parte al bajo crecimiento económico, el aumento del número de huelgas (con contenido predominantemente ofensivo) y el fortalecimiento del capital estatal, el hostigamiento restaurativo, contando ahora con manifestaciones masivas de la clase media, logró el objetivo de romper el frente neodesarrollista y reemplazar su gobierno.

En lugar del gobierno del frente neodesarrollista, asumió, a través del golpe de destitución, el gobierno de la alianza neoliberal, que pretendía restaurar el escenario político y económico de los gobiernos de FHC. Esta afirmación, por supuesto, no pudo realizarse. La compleja situación de crisis política no fue superada por el golpe de destitución, como probablemente esperaban sus operadores, y la crisis se vio considerablemente agravada por un tipo de golpe que, sin alterar la forma del Estado, deterioró el régimen democrático.

En este gobierno, la burguesía asociada al gran capital internacional recuperó, no sin inestabilidad, su hegemonía en el bloque en el poder. La fuerza principal en el proceso de restauración hegemónica fue la capa superior de la clase media. No se puede dejar de mencionar aquí una categoría social específica que surge como el partido de esta clase media alta, la burocracia judicial, movilizada y guiada por la operación Lava Jato.

La hegemonía del capital internacional y la burguesía asociada se puede observar con las medidas implementadas a un ritmo acelerado por el gobierno de Michel Temer (2016-2018). En el centro de la política económica estuvieron las medidas que congelaron las inversiones públicas federales durante 20 años y una nueva tasa de largo plazo para el financiamiento del BNDES, reduciendo los subsidios pagados por el Tesoro. En el sector petrolero, se revisó el marco regulatorio del Pré-sal, liberando los consorcios de tener una participación mínima del 30% de la Petrobras y quitando el monopolio de las operaciones de la empresa estatal. También en lo que respecta al sector petrolero, se adoptó una política de precios de los combustibles vinculada a las fluctuaciones del precio del barril de petróleo en el mercado financiero internacional. Además, bajo el gobierno de Temer se legalizó la expansión de la tercerización a todas y cada una de las actividades de una empresa y se aprobó una reforma a la legislación laboral, flexibilizando la jornada laboral y poniendo fin a la cotización sindical obligatoria[3].

Si bien el gobierno de Michel Temer logró restablecer la preponderancia del gran capital internacional y la burguesía asociada sobre la política económica nacional, el gobierno trajo consigo un problema proveniente del bloque neoliberal y un problema derivado del golpe político. El problema original se refiere a la incapacidad electoral de este campo político para ganar mediante la votación. El problema derivado del proceso golpista fue la constitución de la pequeña burguesía / clase media como fuerza social distinta, lo que acabó agravando el aislamiento electoral del partido del capital internacional y la burguesía asociada.

Se estaba gestando entonces un tipo de crisis muy específico, cuyos elementos combinados fertilizaron el movimiento de tipo fascista. Esta modalidad de crisis política se compone de seis elementos invariantes, que son los siguientes:

a) escalada de conflictos dentro del bloque en el poder; b) crisis en la representación partidaria de las clases dominantes; c) activismo político de la burocracia civil y militar provocando crisis institucional; d) serie de derrotas y situación defensiva del movimiento obrero; e) constitución de la pequeña burguesía como fuerza social distinta; y f) la crisis ideológica generalizada (BOITO JR., 2021, p. 11 traducción de los autores).

El primero de estos elementos se hizo visible con la contienda electoral de las elecciones de 2014 y la presión de la gran prensa empresarial contra las políticas de profundización del neodesarrollismo en los gobiernos de Dilma Rousseff. El segundo elemento aparece primero en el seno de la burguesía interna, con la incapacidad del gobierno para hacer valer los intereses de la fracción que se ve representada en ella. Posteriormente, la crisis de representación partidaria también estuvo presente en la fracción asociada, que no logró colocar un candidato viable en las elecciones de 2018. El activismo político de la burocracia fue parte clave del golpe de juicio político y su logro no desmovilizó a esta categoría social, por el contrario, fortaleció la burocracia civil “lavajatista”, llevando el activismo político, al menos ahora visiblemente, al cuartel, cuando el mando del Ejército reubicó públicamente al Supremo Tribunal Federal bajo su tutela. Las derrotas del movimiento obrero se verificaron en su incapacidad para resistir el golpe y las políticas antipopulares aplicadas por el gobierno de Temer. La constitución de la pequeña burguesía (particularmente la clase media) como fuerza social diferenciada ha sido un fenómeno observado desde la masificación de las protestas callejeras organizadas al margen de la representación habitual de la burguesía asociada, cuya clase media antes no era más que una simple clase-apoyo. La crisis ideológica es el elemento que permea todo este escenario de desintegración, producto de los efectos de la Operación Lava Jato en el sistema de partidos, que provocó la decadencia de los partidos burgueses tradicionales y la interdicción de la candidatura de Lula, fuerte favorito en las encuestas. de intención de voto para las elecciones presidenciales de 2018.

El neofascismo, por tanto, es el resultado de la radicalización del movimiento de masas de la capa superior de la clase media y la pequeña burguesía en el contexto de crisis que atraviesa el gobierno de Temer. El aspecto predominantemente fascista de este movimiento se presentó explícitamente durante el cierre patronal de los camioneros, en marzo de 2018, cuando el movimiento golpista a favor de la «intervención militar» penetró las protestas y se elevó por encima de los reclamos corporativos de la categoría, atrayendo la adhesión de la clase media y de la pequeña burguesía a los bloqueos de carreteras (VALLE y MARTUSCELLI, 2018). En ese momento, la figura de Jair Bolsonaro ya se reivindicaba como la representación confiable de ese movimiento, y desde entonces, hasta las elecciones de octubre, ascendería progresivamente en las urnas electorales, alcanzando definitivamente el primer puesto en intenciones de voto luego del rechazo a la candidatura de Lula por la corte suprema a finales de agosto.

La basis social de las clases media y pequeñoburguesa, el conservadurismo en cuanto a costumbres, la ideología anticomunista y el objetivo de implementar una dictadura para desterrar a la izquierda de la vida política y cultural, son criterios que permiten caracterizar el bolsonarismo como un tipo del fascismo, o neofascismo (BOITO JR., 2020; MELO, 2020). La existencia de una base de masas políticamente activa y organizada, y la realización de los intereses del capital internacional y la burguesía asociada por la política económica y social, diferencian el carácter neofascista de este gobierno en relación al bonapartismo, como gobierno o régimen político desmovilizador, controlado por una burocracia civil desvinculada de los intereses inmediatos del bloque en el poder y ejecutora de una política económica y social en zigzag. También difieren en relación al populismo, que, como el bonapartismo, es igualmente desmovilizador y controlado por una burocracia civil, pero, a diferencia de este último, lleva a cabo una política económica y social progresista.

La configuración del gobierno neofascista involucra un conjunto heterogéneo de fuerzas, que juegan diferentes roles dentro de esta alianza. La función que desempeña la capa superior de la clase media y la pequeña burguesía bolsonarista es la de clase reinante, es decir, la fuerza social que imprime la dinámica del proceso y polariza el escenario político. El carácter movilizador y de masas distingue el bolsonarismo del llamado “partido militar”, una corriente marcada por la ideología tecnocrática y el corporativismo profesional, que también forma parte del gobierno. La ocupación de aproximadamente 6.000 cargos ejecutivos acredita al alto escalón militar como clase mantenedora del aparato del Estado, es decir, como fuerza social que predomina en los cuadros de gobierno. También se debe considerar que porciones de evangélicos conservadores, compuestos por obreros de grandes centros urbanos, constituyen una importante reserva de apoyo social del gobierno neofascista entre las masas populares, cumpliendo la función de clase-apoyo.

Con respecto al bloque en el poder, el capital internacional y la burguesía asociada, la gran burguesía interna y los terratenientes son las fracciones más contempladas por la política económica y social del gobierno de Bolsonaro, aunque podemos detectar, entre ellas, una cierta jerarquía de intereses, a través de la comparación entre el contenido de la política económica y social y las demandas dirigidas por estas fracciones al Estado. En términos generales, la política neoliberal del gobierno de Bolsonaro, así como la del gobierno de Temer y la de los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso en la década de los noventa (Boito Jr., 1999; Saes, 2001), se sustenta en cuatro pilares fundamentales: 1) privatizaciones (subastas de infraestructura, Eletrobras y Correios); 2) desregulación laboral (reforma de la seguridad social, tarjeta de trabajo amarillo-verde, ley de libertad económica); 3) desregulación financiera (autonomía del banco central, nueva ley de agencias reguladoras, ley de registro positivo); y 4) apertura económica (mercado de refino y gas natural, sector aeronáutico, sector bancario, reducción de tasas impositivas a la importación de bienes de capital).

Si, por un lado, el primer y segundo pilares unifican las fracciones burguesas, por otro lado, el tercer y cuarto pilares dan lugar a conflictos: las medidas de desregulación financiera suponen un retroceso para el capital industrial, al profundizar el control del capital financiero sobre instrumentos de política monetaria, en particular la definición del tasa de interés básico y el tasa de cambio; y las medidas de apertura económica afectan a las empresas de capital nacional, ya sea directamente, en sectores abiertos a la competencia extranjera, o indirectamente, en las cadenas de suministro e insumos integradas a estos sectores, profundizando la tendencia a la desindustrialización. El entrelazamiento de estos conflictos indica que la política económica y social prioriza los intereses del capital financiero sobre el capital industrial y del capital internacional sobre el capital nacional, reconociendo la hegemonía del capital financiero internacional bajo el gobierno de Bolsonaro.

A pesar de estar atendidos y apoyados por la política neoliberal implementada por el gobierno, las fracciones burguesas están divididas u opuestas a la gestión negacionista de la pandemia y al cierre del régimen democrático, abiertamente defendido por el bolsonarismo. Es aquí donde el concepto de neofascismo ayuda a explicar precisamente la relación contradictoria que tienen las fracciones burguesas con el gobierno, en la medida en que sus intereses no son idénticos a los del bolsonarismo, que constituye una fuerza social distinta y autónoma, no un instrumento pasivo en manos de la burguesía. Según Armando Boito Jr. (2020), la contradicción entre la burguesía y el neofascismo se puede encontrar en los conflictos por las prioridades de la política estatal, el trato hostil al Estado chino y la política ambiental depredadora; en conflictos entre el gobierno, el Congreso Nacional y el Tribunal Supremo Federal (STF); y en conflictos dentro del equipo de gobierno.

La expectativa de que el movimiento bolsonarista pudiera ser neutralizado y que, así, el gobierno se plenamente instrumentalizado en sus intereses, además del compromiso con las reformas neoliberales, basó el apoyo de última hora de las grandes empresas a la candidatura de Jair Bolsonaro durante las elecciones de 2018. Dado que esta expectativa se vio frustrada, especialmente durante el período de la pandemia del Covid-19, se estableció un cuadro creciente de descontento entre las facciones burguesas, que se reflejó en una intensa fuga de capitales y en severas críticas contra el gobierno en la gran prensa. Esta contradicción apareció en el escenario político a través de la formación de una oposición de derecha y la articulación en torno a la llamada «tercera vía» para las elecciones presidenciales de 2022. Sin embargo, el apoyo a la política neoliberal implementada por el ministro de Economia, Paulo Guedes, ha representado, hasta el presente momento, factor de moderación de esta oposición burguesa, y explica sus vacilaciones ante los pedidos de juicio político, así como la relación ambigua con el gobierno y con la base aliada en el Congreso Nacional: ahora de unidad para aprobar reformas neoliberales, ahora de conflicto contra la negación de la pandemia y las manifestaciones antidemocráticas.

Con el desarrollo de la contradicción entre la burguesía y el neofascismo, durante la pandemia, pudimos inferir diferentes niveles de apoyo y representación entre las fracciones burguesas y el gobierno de Bolsonaro (VALLE y DEL PASSO, 2021). Grandes sectores de capital, como el capital financiero asociado, representado por Anbima; los grandes bancos comerciales nacionales, representados por Febraban; la industria del automóviles, representada por Anfavea; las grandes empresas telefónicas, representadas por SindiTeleBrasil; la industria alimentaria, representada por ABIA; las grandes cadenas de supermercados, representadas por Abras; y una parte minoritaria del comercio minorista, como Magazine Luiza, estos sectores se hicieron públicos para defender las medidas de aislamiento social y, en ocasiones, criticar la negación de la pandemia por el gobierno de Bolsonaro. El capital financiero asociado y los grandes bancos nacionales lideraron la oposición burguesa en este período, habiendo lanzado críticas públicas en al menos dos ocasiones: primero contra la gestión negacionista de la pandemia, recogiendo la firma de más de 500 banqueros y financieros, en marzo de 2021; y, posteriormente, criticando las manifestaciones golpistas contra el Congreso Nacional y el STF, a través de una carta firmada por Febraban en agosto y septiembre de 2021.

Por otro lado, la burguesía comercial minorista, representada en el grupo Brasil 200; la burguesía industrial, representada por el CNI y algunas federaciones de las provincias (como Fiesp, Fiemg, Firjan, Fiep, Fiesc, Fiergs y Fieg); y pequeños y medianos mataderos y productores rurales, representados por Abrafrigo, Aprosoja, CNA y algunas federaciones provinciales (como Faesc, Faep, Farsul y Faemg), estas fracciones se opusieron acérrimamente a las medidas de aislamiento social, apoyando la negación de la pandemia con el Presidente de la República. Con respecto a las manifestaciones golpistas del 7 de septiembre de 2021, las fracciones regionales de la burguesía industrial y los productores rurales se hicieron públicas para apoyarlos y defender su legitimidad, incluso a través de notas oficiales de sus gremios empresariales, teniendo la investigación abierta por el ministro del STF, Alexandre de Moraes, llevado a las cuentas de Aprosoja y empresas de transporte – que, además de financiar las protestas, asistió en persona y realizó un desfile de camiones en Brasilia (DF). Tales episodios revelan que estas facciones son la principal base de apoyo burgués del gobierno de Bolsonaro, a pesar de que sus intereses no se priorizan por la política económica y social.

La aparente paradoja entre la oposición de la fracción burguesa hegemónica, que tiene los intereses priorizados por la política económica y social, y el apoyo de fracciones burguesas no hegemónicas, se explica por el carácter neofascista del gobierno de Bolsonaro y por la política y la fragilidad ideológica de la burguesía brasileña, como una burguesía dependiente. Si la oposición de las grandes empresas, en particular del capital financiero internacional y de los grandes bancos nacionales, se debe a la divergencia con la negación y el cambio de régimen político, como aspectos del neofascismo, por otro lado, el apoyo y los lazos de la representación son más estrechos entre la burguesía comercial minorista, la burguesía industrial, los productores rurales y el gobierno de Bolsonaro están relacionados con la política social conservadora, con la política de orden represivo contra los movimientos populares (en particular los movimientos campesinos, indígenas y quilombolas) y la política ambiental depredadora. La reducción del costo de reproducción de la fuerza de trabajo (“costo Brasil”) se convirtió en el aspecto dominante en el programa de estas fracciones burguesas luego de la crisis del gobierno de Dilma Rousseff. En el caso de la burguesía comercial minorista, esta fracción nunca logró obtener en los gobiernos del PSDB y del PT el mismo protagonismo político y participación en la toma de decisiones del estado, como lo encontró en el gobierno de Bolsonaro. Y en el caso de los terratenientes, flexibilizar el porte de armas, desmantelar las agencias ambientales y fomentar la minería ilegal y el acaparamiento de tierras fueron medidas que sirvieron directamente a sus intereses.

Todos estos aspectos permiten plantear la hipótesis de que el conservadurismo de estas fracciones burguesas, que se comportan como burguesía interna y que alguna vez apoyaron a los gobiernos neodesarrollistas del PT, los convierte en potenciales partidarios de gobiernos autoritarios y neofascistas en situaciones de intensificación del conflicto distributivo de clase y de ofensiva del bloque en el poder sobre las masas populares. En estos contextos, en los que la desregulación de las protecciones sociales y laborales adquiere centralidad en su programa, la demanda de favorecimiento y protección estatal se desplaza a un segundo plano, resultando en la aceptación de los sacrificios impuestos por la hegemonía del capital internacional y la burguesía asociada, como las medidas de apertura económica y desregulación financiera (aunque no sin protestas y resistencias selectivas). En este sentido, atender sus demandas prioritarias ha sido suficiente para justificar el apoyo activo al gobierno de Bolsonaro, a pesar de las posibles sanciones impuestas por el conjunto de políticas económicas y sociales. Dichos datos deben tenerse en cuenta a la hora de preparar la táctica de las fuerzas democráticas y populares en su lucha contra el neofascismo, lo que, entre otras cosas, implica evaluar correctamente las fuerzas interesadas en cambiar de gobierno.

Volviendo, entonces, al escenario político, se vislumbra la delimitación de tres campos en disputa por el rumbo de la política nacional. Los límites que los diferencian son, en definitiva, el resultado de la combinación de dos posiciones programáticas, una sobre política económica y otra sobre el régimen político. El campo neofascista combina la defensa de una política económica neoliberal con la defensa de un régimen político dictatorial. El campo del neoliberalismo histórico combina la defensa de una política económica neoliberal con la defensa del mantenimiento del régimen democrático. El campo del lulismo defiende la combinación de una política económica neodesarrollista con el mantenimiento del régimen democrático.

Es importante enfatizar aquí, aunque pueda parecer una observación trivial, que los programas políticos son elementos constitutivos de las coyunturas políticas. Estos expresan la unidad de un conjunto más o menos articulado de fuerzas sociales que disputan el control de la política estatal con otros conjuntos. Las coyunturas, por tanto, no son el resultado de programas formulados por uno u otro conjunto de fuerzas, sino el resultado del conflicto entre estas fuerzas articuladas en torno a programas en una realidad determinada. Dicho esto, es posible visualizar que un gobierno neofascista tiene diferencias con el programa de las fuerzas sociales que lo animan, y que su gobierno no es sinónimo de régimen político dictatorial. Este mismo razonamiento debe ser válido para que pensemos en la relación de la situación con otros campos políticos, autorizandonos así a distinguir el campo del lulismo de los campos de la política económica neoliberal sin inferir de ello que la posibilidad de un tercer gobierno Lula sea necesariamente una reedición de la política económica neodesarrollista de gobiernos anteriores.

Toda coyuntura ofrece oportunidades y resistencias, y la situación actual parece ofrecer alguna resistencia importante a la posibilidad de una reedición neodesarrollista. El primero de ellos se refiere a la aparente falta de voluntad de importantes sectores de la burguesía interna para retomar el neodesarrollo. Una segunda resistencia se refiere al bajo crecimiento económico, que intensifica el conflicto distributivo y amplifica la demanda de la burguesía en su conjunto por el desmantelamiento de las regulaciones laborales y las protecciones sociales. La tercera resistencia se refiere a los nuevos mecanismos de blindaje de los instrumentos de política económica, como la institución del congelamiento del gasto público y la autonomía del Banco Central. Y, finalmente, la existencia de un movimiento de masas reaccionario que no debe disolverse espontáneamente y que, si persiste, constituirá un factor importante de inestabilidad política. Considerando las resistencias enumeradas, una victoria electoral del lulismo puede no significar un resurgimiento del neodesarrollismo, sino una moderación del programa neoliberal acompañado de políticas sociales que mitiguen los efectos más degradantes de ese mismo programa. Con esto, no queremos sentenciar la imposibilidad histórica del neodesarrollismo, solo para señalar que el marco político actual es profundamente diferente al marco de la década del 2000, cuando era posible que un gobierno de centro-izquierda sin movilización popular uniera sectores de la burguesía brasileña y las masas populares alrededor de un programa de crecimiento económico con cierta distribución del ingreso.

En cuanto a las oportunidades inscritas en la coyuntura, el campo del lulismo tiene una paradoja por delante. Si bien el lulismo desalienta la autoorganización popular, favoreciendo la relación directa, de tipo electoral, del líder con su atomizada base de votantes, solo la movilización popular de masas es capaz de enfrentar la resistencia de la situación actual. Es la movilización popular la que puede cuestionar la racionalidad política de las medidas de desmantelamiento de la normativa laboral y las protecciones sociales ante la necesidad de mantener la unidad del bloque de poder, llegando así a uno de los puntos nodales que han ligado a la burguesía interna a la hegemonía política del capital internacional.

La paradoja del lulismo es hoy la paradoja de toda la izquierda que quiere librar a Brasil del neofascismo y el neoliberalismo: (1) Lula es, en realidad, la única solución electoral; (2) si es elegido sin el pueblo organizado, tendrá un gobierno con poco margen de maniobra; sin embargo, (3) este mismo Lula no inspira organización y movilización popular. Las amenazas del movimiento neofascista y la tutela militar sobre la democracia burguesa ponen a prueba toda la estrategia desmovilizadora y centralmente electoral de la izquierda, ya que generan incertidumbre sobre el acontecimiento de las elecciones o incluso sobre la posesión de una candidatura distinta a la de Jair Bolsonaro. En este sentido, el derrocamiento del gobierno debe ser un objetivo inmediato, no pospuesto hasta las elecciones de 2022, dentro de una táctica consistente y decisiva de lucha contra el neofascismo.

Reafirmando la importancia de desatar este nudo, aquí no nos atrevemos a prescribir ninguna solución, sin embargo intuimos (como el poeta) que «en la lucha de clases todas las armas son buenas» y que en las urnas y en las calles neofascismo y neoliberalismo ¡necesitan ser derrotados ahora mismo!

André Flores Penha Valle

Pedro Felipe Narciso

Campinas y Porto Alegre, octubre de 2021.

Bibliografia

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BOITO JR., Armando. Neofascismo e neoliberalismo no Brasil do Governo Bolsonaro. Observatorio Latinoamericano y Caribeño. Vol.4. n.2. 2020.

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MARTUSCELLI, Danilo Enrico. Crises políticas e capitalismo neoliberal no Brasil. 1.ed. Curitiba, PR: Editora CRV. 2015.

MELO, Demian. O bolsonarismo como fascismo do século XXI. In: (Neo)Fascismos e educação: reflexões críticas sobre o avanço conservador no Brasil/ Eduardo Rebuá et al (orgs). Mórula Editorial. 2020.

SAES, Décio. República do Capital. 1.ed. São Paulo: Boitempo. 2001.

VALLE, André e MARTUSCELLI, Danilo. A paralisação dos caminhoneiros no Brasil (maio de 2018): força dirigente, alianças e interesses de classe em disputa. Boletim LIERI, n.1. 2018.

VALLE, André e DEL PASSO, Octávio. As frações burguesas e o governo Bolsonaro. Le Monde Diplomatique Brasil. Julho/2021.

[1] El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) es un banco de desarrollo estatal que cumplió diferentes funciones durante las últimas décadas: inversión en producción industrial durante el período nacional-desarrollista, financiamiento de la privatización durante los gobiernos neoliberales de la década de 1990 e inversión en grandes empresas nacionales durante los gobiernos neodesarrollistas.

[2] La crisis del “mensalão” fue un escándalo de corrupción vinculado a la supuesta compra de votos entre parlamentarios para la aprobación de medidas remitidas por el gobierno al Congreso Nacional, durante el primer gobierno de Lula. Fue el primer ensayo de la ofensiva judicial contra los gobiernos del PT, que precedió al operativo “Lava Jato”.

[3] Tal medida tiene una contradicción: al llegar a la principal fuente de financiamiento de los sindicatos, en el corto plazo, tiende a ser perjudicial para la organización de la lucha económica de los trabajadores, comenzando por la débil resistencia a las reformas neoliberales y las privatizaciones. Sin embargo, tal medida también representa un duro golpe contra las burocracias sindicales y, a la larga, puede contribuir a desvincular los sindicatos del Estado, fortaleciendo la lucha por la libertad sindical y la organización independiente de los trabajadores.