image_pdf

La Reforma Electrica: crónica de un debate que no sucederá

CE, Intervención y Coyuntura

El pasado martes 26 de octubre de 2021, Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) compareció ante las comisiones unidas de Energía e Infraestructura con motivo de la glosa del Tercer informe de gobierno. Dicho acto se convirtió en una discusión sobre la Iniciativa del Ejecutivo federal para reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en materia energética. Debate al que renunciaron dos de los aliados opositores: el Partido Acción Nacional (PAN), que abandonó anticipadamente el recinto y el Partido de la Revolución Mexicana (PRD), cuya presencia fue meramente testimonial. Ambos partidos se caracterizaron por una grave ausencia de ideas, pero sí se prodigaron en desplantes e insultos hacia la persona de Bartlett.

Al día siguiente, 27 de octubre, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, participó en el programa “Tercer Grado”, conducido por el periodista René Delgado, para la empresa Televisa. Él, junto con otros “santones” de la prensa comercial (Denise Maerker, Raymundo Riva Palacio, Sergio Sarmiento, Leo Zuckerman y Genaro Lozano), sometieron a Nahle a un intenso cuestionamiento sobre la misma iniciativa. Ambos eventos se caracterizaron por una agresiva, pero irracional oposición a la iniciativa. En ambos, sobresalió la incapacidad de la derecha para fundamentar su oposición, incapaces de establecer un verdadero diálogo. A continuación, una relatoría de dichos eventos con los temas más sobresalientes,

Tarifas eléctricas, subsidios e ineficiencia

El primer cuestionamiento en la Cámara diputados fue en referencia a las tarifas eléctricas. Bartlett, expuso en su presentación ante los legisladores, que —«el objetivo de esta administración en materia eléctrica, (es) tener abasto público suficiente de energía eléctrica, que no haya apagones y evitar en los hechos que los consumidores domésticos paguen la luz con tarifas más elevadas que las corporaciones empresariales y las grandes cadenas comerciales». Ello irritó a los opositores, quienes respondieron lanzando cuestionamientos absurdos: —«¿de qué forma buscará reducir los precios de las tarifas eléctricas de las ciudadanas y ciudadanos? Es decir, de no aprobarse su iniciativa ¿qué va a hacer para que el costo de la luz baje? (diputado Mauricio Prieto Gómez, del Partido de la Revolución Democrática. PRD)». Otro legislador, hizo una propuesta insostenible: —«Si el billón 350 mil millones de pesos que la Comisión Federal de Electricidad destina a subsidiar tarifas eléctricas lo invirtiera en paneles solares, tendríamos paneles solares para todos los hogares de México, porque el 70 por ciento del territorio nacional, tiene capacidad de instalar paneles solares … Los usuarios de bajo consumo se ahorrarían mil pesos mensuales, los usuarios de consumo medio dos mil y los de alto consumo, ahorrarían 100 mil pesos, por qué no darles, licenciado Bartlett, a todos los mexicanos ese privilegio que tanto le critican al Oxxo, por qué no darles la posibilidad de acceder a este tipo de energías (diputado Jorge Álvarez Máynez, del partido Movimiento Ciudadano. MC)». Otro legislador fue más allá: —«Todos sabemos que la presupuestación de subsidios a las tarifas eléctricas ha estado marcada por un crecimiento insostenible, por exceder el presupuesto aprobado y carecer de las prácticas adecuadas de transparencia y rendición de cuentas … nosotros … consideramos que el crecimiento exponencial y la opacidad en el manejo de estos subsidios impactan de forma profundamente negativa a las finanzas públicas de nuestro país (diputado Mauro Garza Marín, también del partido MC)». Garza Marín agregó, demagógicamente: —«Ese es el punto al que nosotros queremos llegar, que CFE invierta en la distribución que, obviamente, se necesita, pero que permita la generación a quien lo hace de manera… con energías renovables, con energías limpias, con energías eficientes, ya que esto solo puede ocasionar dos cosas de seguir por ese camino, dos: o pagarán mayores tarifas los que menos tienen o seguiremos gastando más en el subsidio cuando este país requiere invertir en infraestructura, infraestructura que genere desarrollo, invertir en educación, invertir en seguridad, invertir en reactivación económica. Es ahí donde tendría que estar la verdadera inversión.» ¿Simple coincidencia? el diputado Garza defiende precisamente lo que desean los generadores privados: que CFE invierta solamente en distribución —y transmisión—, y que deje en sus manos la generación. Muy “listillo” el diputado. Su correligionario, el diputado Carlos Madrazo Limón agregó, erróneamente que —«la ley le otorgó a la CFE el monopolio para la trasmisión y la distribución. Pero, pese a ese monopolio, no logra tener una gestión positiva … en la trasmisión tiene pérdidas del 17 por ciento, o sea el equivalente a 16 mil 700 millones de pesos».

Hubo quien de plano no pudo rebasar el nivel de las alusiones personales y las vulgares especulaciones: —«Con la desaparición de los órganos reguladores del sector energético, las funciones pasarán a la Secretaría de Energía y las tarifas eléctricas a la Comisión Federal … ¿Qué significarán todos estos cambios? que el actual director general de la Comisión concentrará el poder en sí mismo, que podrá hacer en electricidad lo que él quiera, considere y mande, será nuestro nuevo rey de electricidad … Se estaría empleando además la atractiva ventana de oportunidad al nepotismo y al negocio de sus cuates y de sus hijos, sin ningún tipo de contención y es ahí donde yo me pregunto, ¿dónde quedará la lucha contra la corrupción? (diputado Juan Carlos Maturino Manzanera, del Partido Acción Nacional, PAN)».

Otros salieron nada más a cumplir, denunciando situaciones que no corresponde resolver a esa dependencia: —«¿por qué las tarifas se han logrado bajar en otros estados y por qué Veracruz no ha podido contar con ese apoyo? Veracruz es el único estado que tiene dos reactores nucleares, que tiene una franja de 60 kilómetros a la redonda de riesgo, que son más de 23 municipios los que están en esa zona y desgraciadamente en Veracruz se siguen pagando una de las tarifas más altas que hay en el país (diputado Jesús Alberto Velázquez Flores, del PRD)», y otra más —«¿Por qué no se han ajustado a la baja las tarifas en Nayarit, de acuerdo a las temperaturas y a la humedad vigente? … no nos engañe, con su reforma tendremos electricidad más cara y más contaminantes. ¿Qué nos va a dejar a las futuras generaciones? Usted está poniendo en riesgo el futuro de las niñas y de los niños al apostar por energías contaminantes(diputada Julieta Mejía Ibáñez, de MC)».

De inicio, en la etapa de posicionamientos, el diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas del PAN había hecho un señalamiento al menos interesante: —«dice la campaña de la CFE y del gobierno que los mexicanos pagamos 5 pesos con 20 centavos por kilowatt/hora, mientras que las empresas privadas que tienen generación propia, pagan entre 1.70 y 1.80 pesos, pero lo que no dicen es que el 98 por ciento de los mexicanos pagamos menos de un peso el kilowatt/hora son absolutamente falsas las cifras que han difundido y lo han hecho sin descaro».

¿Por qué el encono de Arriaga ante el asunto de las tarifas? Porque uno de los objetivos más importantes de la iniciativa presidencial, si no es que el principal para la población mexicana, es la necesidad de ordenar el retorcido esquema tarifario actual. Arriaga hace abstracción de que las tarifas que hoy rigen fueron impuestas por su partido en el gobierno, mediante acuerdo del 7 de febrero de 2002[1], en perjuicio de la mayoría de los usuarios del Servicio Público de Energía Eléctrica, porque a partir de entonces se aplicaron de hecho 3 grupos de tarifas: la que originalmente existía, otra con aumentos (en dos pasos) que, como se demostró entonces, alcanzaban hasta un 80%[2], y crearon la tarifa DAC (doméstica de alto consumo). Vicente Fox aseguró en aquel tiempo que la reducción aplicada al subsidio (“racionalización” dijo el coro panista) excluía al 75% de los usuarios y que “solamente” habría una reducción parcial para otro 20% de la población, mientras que se eliminaría totalmente para el 5% de los usuarios con mayor consumo. Sin embargo el subsidio sobrevivió no solo a esa reforma, sino a los sucesivos “tarifazos” (eufemísticamente llamados “ajustes de tarifas”) porque, en realidad, lo que se hizo fue trasladarlo a los usuarios de más alto consumo, pertenecientes a los sectores comercial e industrial, mismos que consumen la mayoría de la energía producida en el país. Para que el 75% de la población no se hubiera visto afectado por aquel aumento (reducción del subsidio a las tarifas), tendría que haber reducido su consumo a 140 kilowatts hora (kWh) mensuales, es decir que aquel acuerdo de 2002 condenó a 75 millones de hogares mexicanos a limitar su consumo en 140 KWh al mes para evitar el aumento en el costo de la energía.

La contrarreforma de 2013 vino a empeorar las cosas, en primer lugar, porque significó un aumento generalizado y continuo de las tarifas, a partir de entonces, sujetas a criterios del mercado. Según datos recientes de la CFE[3] en 2015 un kWh costaba 1.39 pesos, pero en 2017 el costo ya era de 1.88 pesos. Adicionalmente, se creó un mercado privado de electricidad con el cual ese “selecto” grupo de grandes consumidores simuló sociedades de autoabastecimiento con generadores privados que, haciendo uso casi gratuito de la red de transmisión nacional y algunas otras ventajas adicionales, comenzaron a “comprar” la electricidad que consumen, directamente a sus supuestos socios generadores. Encima, los generadores privados le venden electricidad a la CFE, a precios muy altos, para que ésta la suministre a los usuarios[4].

Hoy, quien establece las tarifas —así está establecido en la legislación vigente—, es la Comisión Reguladora de Energía (CRE) la cual determina la metodología del cálculo de las tarifas finales para el suministro básico. Así mismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de autorizar dichas tarifas. Es apenas con el actual gobierno, que se ideó un mecanismo para evitar que el precio final de la electricidad supere la inflación.

Bartlett recordó, además, que «la pandemia originó también un mayor consumo doméstico, derivado del resguardo domiciliario. CFE implementó mecanismos para que los hogares no pasaran a la tarifa de alto consumo. Se evitó que casi 600 mil usuarios al mes salieran de la tarifa subsidiada. En periodos como julio de 2021 el beneficio alcanzó casi el millón de usuarios». También precisó, en cuanto a la transmisión y distribución de energía: «Somos responsables de la transmisión y de la distribución, sí, no se privatizaron, en la Constitución pertenecen al Estado y las opera formalmente la CFE, pero no es así, la CRE ha creado una cantidad de permisos, (de) verdad, voraces, para colocarse en cualquier lado sin respetar ninguna planeación en un sistema tan delicado como es la transmisión y la distribución

En referencia a los subsidios, Bartlett precisó a los diputados: «el concepto “subsidio” … porque aparenta que se subsidia a la CFE, y no es así. Se subsidia a las tarifas de las áreas sociales que no pueden pagar y tienen una protección … ese subsidio es una decisión del gobierno de la República de facilitar el pago a quienes necesitan apoyo. No está subsidiada la CFE. Es para que se cubra el diferencial de lo que vale la tarifa». Bartlett adelantó además que, con la reforma propuesta, «en lugar de tener 14 (sic) zonas tarifarias como tenemos ahora, y que hace muy caro en un lugar el desarrollo y en otro no, vamos a tener una tarifa única en todo el país y el objetivo fundamental de la reforma es garantizar las tarifas bajas al pueblo de México». Pero eso a los partidos políticos de derecha no les importa, cuestionar los supuestos subsidios a las empresas públicas le funcionó bien para acabar con la empresa Luz y Fuerza del Centro, “extinguida” con base en criterios fundamentados en una contabilidad perversa, pero cuya declinación originaria fue premeditadamente calculada: arrebatarle cualquier posibilidad de incrementar su capacidad de generación, para condenarla a ser una empresa “revendedora” de energía eléctrica, tal y como esperarían que suceda con CFE, de no revertir a tiempo el tramposo avance de los generadores privados.

El tema de las tarifas también fue abordado en la “entrevista” a Nahle, aunque con otros fines: «Es un debate importante, tiene elementos fundamentales para el futuro de México, y además creo que todos tendríamos que poder hacernos una opinión lo más informada posible, y los términos que se utilizan a veces son tramposos en las cifras, por ejemplo, hablaban de que los mexicanos pagamos a 5.20 el kilovatio, y no es así lo pagamos a 0.87. Solamente un grupo mínimo de alto consumo, es decir, por qué no realmente plantear los términos sin la exageración, para que no haya una manipulación, sino que haya una verdadera discusión… (Maercker)». Efectivamente, hoy, muchos mexicanos, sobre todo en áreas rurales o marginadas, pagan tarifas bajas, gracias a que, como dijo Nahle: «cada mes, con la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía, se analiza el incremento autorizado para las tarifas de acuerdo a la inflación», pero esa situación es insostenible, porque lo que dejan de pagar los “evasores” del servicio público, representa una importante sangría al erario, y adicionalmente el debilitamiento paulatino de la CFE. De allí la necesidad de establecer un ordenamiento racional del llamado “mercado eléctrico”.

La supuesta manipulación de datos insinuada por Maercker (y en el legislativo por el diputado Arriaga: «el 98% de los mexicanos pagamos menos de un peso el kilowatt/hora»), pretende descalificar otra realidad: son muchos los hogares con tarifa doméstica que pagan más, porque superan el consumo básico (que actualmente es de 1-75 kWh mensuales) y cuyo excedente pasa a calcularse como consumo Intermedio (de 76 a 125 kWh) y, si éste se supera, al nuevo excedente se le aplica un tercer paso (de 126 a 249 kWh), cuyo costo supera los 3 pesos por kWh. Esto es con la tarifa doméstica más simple (Tarifa 1), pero existen 6 variantes de esta (T1-A a T1-E), que a su vez se modifican en temporada de verano para ciertas zonas de clima extremo. Cada una de estas tarifas, además, tiene su propia versión de Tarifa DAC, que actualmente se aplica cuando el consumo mensual promedio registrado en los últimos 12 meses es superior a cierto valor, por ejemplo, en el caso de la tarifa T1, a partir de 2,000 kWh/mes (Datos disponibles en el portal Web de CFE).

También hubo quien aprovechó el tema de las tarifas para revelar los intereses que defiende: —«…establecer una tarifa única en el país, bueno, eso es absurdo, es no tomar en cuenta que los costos son muy distintos en Mexicali de lo que son en Chiapas o de lo que son en Coatzacoalcos, o sea, eso es no entender cómo funciona un mercado (Sarmiento)» ¡Qué mal ejemplo escogió el analista! Veracruz produce buena parte de la energía que se consume en el país y Chiapas, sin las aberrantes limitaciones impuestas a la generación hidroeléctrica, sería la primera entidad productora a nivel nacional, como lo fue durante muchos años. Paradójicamente, en ambas entidades existen comunidades sin servicio de electricidad. Esto es lo que Sarmiento hace como que no entiende: lo que defiende, NO es el libre mercado, sino seguir fomentando la existencia de áreas marginales —o deliberadamente excluídas—, de oportunidades equitativas de desarrollo, a conveniencia de un reducido grupo de “inversionistas”.

Cancelar permisos, sin indemnización

Otro tema recurrente en ambos eventos fue la cancelación de los permisos vigentes de generación. A Bartlett, los diputados le echaron en cara: —«…además, usted ha declarado que no se indemnizaría por dicha cancelación, aunque usted matizó un poco y dijo, que esa acción no sería expropiatoria, y le doy la razón en eso, no sería expropiatoria, sería algo mucho peor, porque en una expropiación, el expropiado tiene defensas legales y tiene derecho a una indemnización(Arriaga Rojas)». Esto fue secundado con otras afirmaciones absurdas y sin sustento, por ejemplo: —«que no quepa duda de que la también llamada reforma Bartlett disminuirá el mercado eléctrico, creará un monopolio eléctrico, cancelaría todos los permisos y contratos vigentes, lo que metería a nuestro país en controversias legales, incrementaría el costo de la electricidad, cancelaría la transición energética, violaría los tratados internacionales que firmó el Estado mexicano(diputada Julieta Mejía Ibáñez, MC)». Bartlett había puntualizado antes que, con la reforma, «no se va a expropiar … la inversión extranjera en electricidad se va a respetar y va a formar parte de ese 46 por ciento», en referencia a la relación de participación propuesta por el ejecutivo (54/46), 54% de participación de CFE y hasta el 46% el sector privado[5]

En la situación actual, es claro que se debe controlar el mercado eléctrico, aunque en realidad se  debería desaparecer, porque su implantación se hizo engañando a la nación. Para hacer posible ese mercado, se descuartizó a la CFE y, mediante perversas modificaciones constitucionales[6], se elaboró una legislación secundaria, que no son sino las reglas para una industria totalmente privada. Así que Arriaga debería darse por satisfecho con que la iniciativa deje un margen de participación suficientemente amplio para la generación privada existente. Claro, ellos y sus patrones contemplaron siempre quedarse con todo. Para eso fue desnacionalizada y privatizada la industria energética mexicana. Para eso inventaron al mercado eléctrico. Para la ganancia privada.

También a la secretaria Nahle se le cuestionó el tema: —«La iniciativa amplía la participación del estado hasta 54% en la generación y distribución de energía y limita la participación del sector privado en 46 (René Delgado, presentador)»,—«hay contradicciones en el articulado de la iniciativa … se modifican tres artículos que tienen que ver con el retorno, el regreso al gobierno de la exclusividad, con el 54/46% que plantea, sin embargo, en el segundo transitorio, efectivamente se establece que se cancelan los permisos y contratos de compraventa al sector privado, entonces ¿de dónde va a salir el 46% si ya no va a haber, si ya no va a estar el sector privado? pero el propio 46% es marginal, porque en la presentación de la Secretaría de Energía, habla de que la Comisión Federal de Electricidad generaba el 38% ¿de dónde salía el resto? de los productores independientes. Si a los productores independientes les van a cancelar los permisos ¿de dónde va a salir el resto? tendría que cambiar como dicen algunos expertos el denominador, esto es, para que pueda llegar al 54% tendrían que cerrar plantas privadas (Raymundo Riva Palacio)». Nahle respondió: «no se van a cancelar sus derechos para poder generar, porque se está dejando un 46% del mercado para que ahí participen. Los contratos que tienen anclados con la CFE, a 20 años, muy onerosos para la CFE y para todos los mexicanos, sí se van a cancelar, pero no por eso se va a cerrar la central de generación de tal empresa o negocio», afirmación que motivó un revelador diálogo:

—(Zuckerman) Sí, pero van a renegociar con quién sabe qué contrato, nuevas reglas ¿no?,

—(Nahle) No, ellos van a participar en el 46% de privados, que es un porcentaje de generación muy alto…

—(Zuckerman) por eso, pero usted invirtió muchos miles de millones de dólares, calculan 40 mil millones de dólares, con ciertas reglas que están establecidas, ustedes dicen bueno van a poder seguir operando, pero bajo otras reglas, esos cambios de las reglas, eso es una afrenta a los derechos de propiedad y al estado de derecho.

—(Nahle) No es ninguna afrenta. Sería un absurdo que nosotros como mexicanos estemos sometidos a un esclavismo comercial por 20 años.

—(Zuckerman) o sea … ¿el próximo gobierno puede echar para atrás?

—(Nahle) No, yo creo que los inversionistas cuando entran a cualquier negocio y ven las condiciones positivas para ellos, sin abuso…

—(Zuckerman) pero ¿qué tiene de abuso?

Nahle cerró la discusión narrando un pasaje de las pláticas que ha sostenido con los generadores privados: «¡Porque también es corrupción! A ver, creo que yo como secretaria de estado, no debería decirlo, pero lo voy a decir … Iberdrola firmó una serie de contratos muy ventajosos … sometiendo a … la Comisión Federal de Electricidad. Llegamos y lo hicimos saber, esto no puede continuar así, —no, es que lo firmaste, —sí, pero no puede continuar así, —no, pero es que esto ya lo tengo, —sí, no puede continuar así, esto nos cuesta mucho, —pero es que a mí me dijeron… —por eso, nos cuesta mucho.

Se trata de una reedición del famoso “haiga sido como haiga sido” (Felipe Calderón dixit), al que se habían acostumbrado, y el analista así lo asume, porque en su mente no cabe la idea de que se modifiquen las reglas de un “juego” en el que solo ganan los de su misma clase. Al amparo de tales reglas, los generadores privados crearon un oligopolio (un mercado donde abundan los compradores, pero son pocos los vendedores), como “cortesía” del “cambio verdadero” que sacó al PRI del gobierno… para poner al PAN y… seguir con lo mismo.

Para ejemplificar dicho oligopolio, baste un ejemplo, la hoy desaparecida Unión Fenosa fue una empresa eléctrica con sede en España que obtuvo en México permisos (por parte de la CRE) para instalar tres plantas generadoras: Hermosillo, Naco-Nogales y Tuxpan (unidades III y IV). La última fue inaugurada por Vicente Fox con bombo y platillo, prodigándole múltiples elogios, ya que en aquel momento (2003) Fenosa tenía la mayor participación del mercado eléctrico nacional[7]. Al poco de inauguradas, Fenosa hizo pública su intención de “vender” dichas plantas (permiso incluido), porque estuvo amenazada por el mecanismo de Oferta Pública de Adquisición, hasta que terminó por disolverse (en 2009), adquirida por Gas Natural que ya operaba en México en el sector energético (distribución de gas), en una compra estratégica (gas + electricidad). Hoy esas plantas operan bajo la razón social Naturgy, que es el nombre adoptado por el grupo gasero-eléctrico. Naturgy se fortaleció obtuvo ya nuevos permisos de generación en México: Norte Durango (2010) y un parque eólico, Bií Hioxo (2014).

Ilegalidad del autoabastecimiento eléctrico

Un tercer tema discutido por los opositores fue la cuestión de los permisos (y sociedades) de autoabastecimiento. En la Cámara de Diputados Bartlett denunció lo que estas sociedades ilegales representan, sin respuesta de la oposición: «los sistemas de Autoabasto se cuelgan de la red que la CFE construye y mantiene, y no le quieren pagar a la CFE por usar su infraestructura. Pero, además, no solo eso, la propia energía que ellos generan la quieren cobrar, mañosamente, en el tope de reestructura tarifaria». «Las sociedades de Autoabasto, que es un robo a la nación, se agrupan en monopolios privados, los grandes consumidores de electricidad del país, están organizados en sociedades de autoabasto, verdad, cuando son un fraude a la ley, porque son las empresas como Iberdrola, que crean una generadora de energía e inventan que … son socios, cuando en realidad son clientes y eso ha hecho … monopolios privados, que esos, no los ve la Cofece, que no pagan la electricidad, no pagan la red», porque «esas sociedades de autoabasto, en la ley anterior a esta reforma, tenían el privilegio de que, al cogenerar su electricidad entre ellos, una sociedad para generar para ellos mismos, podían usar la red sin pagarla. Así estaban en la ley anterior», y pasaron «en un transitorio; no estaban consideradas en la reforma de Peña Nieto, en la iniciativa, pero las meten en un transitorio con la condición, dice: las sociedades de autoabasto y los generadores independientes pasan a la nueva ley en tanto no choquen con las nuevas decisiones de la nueva ley, y en todo chocan, y las sociedades de autoabasto se convierten en un instrumento de fraude y ahí están, amontonadas las más importantes consumidoras de electricidad y se constituyen en monopolios privados.» Bartlett cerró su denuncia: «Grandes empresas como FEMSA, Bimbo, Walmart, entre otras, … se aprovechan de figuras como las sociedades de autoabastecimiento, las cuales reciben subsidios de hasta 60 por ciento en la tarifa eléctrica. Les voy a poner un ejemplo, un Oxxo tiene una tarifa de 1.2 pesos por kilowatt-hora, a diferencia de una tiendita de abarrotes de la esquina, que paga 5.2 pesos».

En cambio a la secretaria Nahle, sí se le formularon cuestionamientos, que fueron puntualmente rebatidos: «Después de haber leído la iniciativa y de todos los elementos que ya hemos platicado secretaria, por qué hacer una presentación tan confrontativa, es decir finalmente requieren del apoyo de otros partidos políticos para pasar una reforma constitucional, supongo que lo deseable no será pelearse con todas las personas que han invertido bajo ciertas reglas, que parecen injustas o que les parecen injustas, pero que invirtieron, no creo que la salida ideal sea el pleito con todos ellos, o por qué plantearlo de una manera tan confrontativa, tan, tan áspera, y pienso sobre todo en el director de la Comisión Federal de Electricidad, lanzando declaraciones de que se acabaron esas reglas, y lo siento muchísimo si usted invirtió, pues qué pena y ya ¿Por qué? (Maercker)». A lo que Nahle respondió: —«Hemos hablado con muchas empresas a lo largo de los tres años, incluso cuando se han amparado, y una y otra vez les hemos dicho, están en su derecho, pero mira, estamos haciendo este acuerdo, estamos haciendo este término, estamos haciendo esta norma por esto —sí, pero ya invertimos, —es más, estás haciendo un tema ilegal, esto de vender electricidad a otras empresas [cuando] no tienes permiso de suministro básico, no lo tienes —sí, pero ya invertí, —sí, pero se te dio un permiso de Autoabasto, Autogeneración y Autoabasto. Entonces, hemos hablado en todos los términos con ellos. Creo que llegó este momento del debate político.»

Maercker insistió: —«Esta sensación de que se está afectando a derechos adquiridos, efectivamente, las reglas pueden ser muy abusivas, pero eran las reglas» —(Nahle) La reforma en 2013 les abrió un paréntesis para que grandes fábricas pudieran producir su electricidad. Se entregaron 239 permisos y debería de haber 239 usuarios y hay 77 mil usuarios, donde crearon un mercado paralelo, sin permiso de venta, de suministro de electricidad… —(Maercker) ¿Por qué no se les canceló? por qué no se dijo esto… —(Nahle) ¡Porque se ampararon! ¡hablé con ellos!, —(Riva palacio) ¿No es el corazón de la reforma el Autoabasto? —(Sarmiento) El Autoabasto es anterior a la reforma, el Autoabasto viene desde los 90, —(Nahle) sí, pero es ilegal, —(Sarmiento) No es que sea ilegal, está en las leyes, siempre lo han aceptado los tribunales, —(Nahle) sí, pero es ilegal, —(Riva Palacio) No, no, no, hay un fallo de la Corte de Justicia que dice que no es ilegal y es una controversia que interpuso… Manuel Bartlett, por cierto, —(Sarmiento) …si fuera ilegal Rocío, sería muy sencillo, se presenta una inconformidad ante los tribunales y se cierran, pero no, la razón por la que no se cierran es porque sí son legales, no son de la reforma del 2013, vienen de antes.

Riva Palacio y Sarmiento tienen mala memoria y peores asesores. Lo que Bartlett presentó fue una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y esta le concedió razón, emitiendo una serie de “observaciones” a la Comisión Reguladora de Energía, como responsable del otorgamiento de los permisos violatorios. No obstante, la acción de la Auditoria fue invalidada por la misma Corte, a petición de Vicente Fox quien, invocando el mecanismo de controversia constitucional, logró evadir la acción de la ASF. En 2004, resultado de la revisión de la cuenta pública de 2002, la ASF estableció que “los permisos otorgados a empresas nacionales y trasnacionales … son ilegales y violan la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.”[8]

La controversia constitucional a la que se refiere el analista es la 22/2001 (DOF: 03/06/2002) y fue promovida por el Congreso de la Unión en contra del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, del Secretario de Energía, de la Comisión Reguladora de Energía y del Secretario de Gobernación, solicitando la invalidez de la reforma al Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica mediante Decreto del 22.05.2001 (DOF: 24/05/2001) al exceder «lo que debe contener un reglamento federal … invadiendo con ello la esfera de competencia que la Ley Suprema le otorga en forma exclusiva al Congreso de la Unión». La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió sentencia eludiendo entrar en el fondo del asunto, sin aplicar el criterio de “suplencia en la deficiencia de la queja”. No obstante, en el “engrose” de la sentencia quedó asentado (voto concurrente de los ministros Juventino V. Castro y Castro, Humberto Roman Palacios y Juan N. Silva Meza) en varios considerandos:

NOVENO.- A mayor abundamiento, debe establecerse que no pasa inadvertido para este Tribunal Constitucional, por una parte, que no sólo la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y otras leyes relacionadas, pudieran contener disposiciones contrarias a la Constitución, pero ello es ajeno a la presente controversia y, de ser así, el propio Congreso de la Unión, que es la parte accionante en ella, estará en aptitud de realizar las reformas pertinentes; y, por otra, que podrían darse necesidades de carácter económico o político que, desde esas perspectivas, cuestionaran la última parte del párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución y las otras normas que con él se vinculan (según se ha explicado), pero es claro que la decisión al respecto resulta ajena a las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y corresponde, con toda claridad, al órgano previsto en el artículo 135 de la misma y al que podrá acudirse con la iniciativa correspondiente que demuestre la necesidad referida.

DECIMO SEGUNDO.- Por último, resulta importante señalar que para este Tribunal Pleno no pasan inadvertidos los argumentos de la parte actora, en el sentido de que con la expedición del Decreto impugnado se amplía la participación de la iniciativa privada en el sector eléctrico, y los de las demandadas en que señalan los beneficios de la forma que para adquirir la energía eléctrica que generan los particulares prevé el Decreto impugnado, sin embargo, tales razonamientos no guardan relación con la litis de este asunto, la cual, como fue anunciada, consistió en determinar si el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, expedido por el Presidente de la República, viola las disposiciones contenidas en los artículos 49, 73, fracción X, 89, fracción I y 134 constitucionales y con ello invade la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión.

En palabras simples, los magistrados omitieron hacer justicia y optaron por “aplicar” la ley. En adelante, era claro que los generadores privados, por “consejo” de la suprema, impulsarían una reforma constitucional que “legalizara” el despojo, misma que se impuso en 2013-2014 con la LXII Legislatura, a instancias de Enrique Peña Nieto como presidente.

La oposición: sin ideas y sin respuestas

Se puede considerar que los eventos comentados inauguraron el “debate eléctrico”. En ellos se expresaron comentarios y menciones a otros temas, pero lo único relevante fue que se planteó con claridad la confrontación de dos modelos distintos. Para los generadores privados y los defensores del modelo de “libre mercado”, la defensa de todos los permisos privados de generación (concebido como propiedad privada), y de los contratos derivados de éstos, sobre todo los de Autoabastecimiento —pervertidos en ilegales “sociedades de autoabasto”—, es la clave para impedir una reforma que de viabilidad y devuelva el carácter social a la CFE, bajo la conducción de la nación y no de los gobiernos en turno, con el objetivo de recuperar la seguridad y autosuficiencia energética, avanzar realmente en la transición hacia fuentes menos contaminantes. Dicho de otro modo, «un abasto público suficiente de energía eléctrica, que no haya apagones y evitar en los hechos que los consumidores domésticos paguen la luz con tarifas más elevadas que las corporaciones empresariales y las grandes cadenas comerciales (Bartlett citando al ejecutivo». Ello implica un nuevo modelo de industria eléctrica, que posibilite una estructura tarifaria más justa y distributiva.

Tal vez un verdadero debate alrededor de estas ideas no sucederá. La oposición carece de argumentos, cobijada en el dogma neoliberal, no tiene la perspectiva histórica para comprender los daños causados por la llamada “reforma energética”, por ello rehúye dar respuesta a las “desviaciones” del modelo que impuso. En su lugar, esgrime ideas que son incluso ajenas a su naturaleza, como su falsa preocupación por la ecología y el medio ambiente (sin reconocer que en México, la CFE dispone de la mitad de las “energías limpias” disponibles); o atacando la supuesta ineficacia de la empresa pública. La verdadera preocupación de la alianza opositora consiste en preservarse unida para impedir la reforma. Les basta votar en bloque para lograrlo y no necesitan convencer a nadie, ni “tomar la calle”. La alianza opositora teme por la posición ambigua del PRI, partido que ya sacrificó hasta sus principios revolucionarios, y que hoy ve una salida en el tema del Litio, apoyando su “nacionalización” (explotación por medio de una empresa del estado): «…debemos seguir dialogando y consensuando para llegar a mejores acuerdos y ser ecuánimes en esta discusión porque hay también acciones muy positivas en esta reforma como la de proteger y controlar nuestros recursos naturales como el Litio que es un material estratégico y muy codiciado para almacenar energía masiva eólica y solar, y que es vital en el proceso de transición energética para reducir la emisión de gases de efecto invernadero (diputado José Guadalupe Fletes Araiza, del PRI)».

La realidad es que le fue tan mal a la oposición en este primer encuentro, que aún los más radicales, plantean ya que la legislación actual “se puede mejorar” sin necesidad de una nueva reforma constitucional según planteó el diputado Santiago Torreblanca, del PAN, en el foro México Solar Power 2021.

Finalmente. El presidente López Obrador considera que, por el momento, será suficiente con que la CFE determine las tarifas. Más adelante será necesaria la restauración del concepto de Servicio Público de Energía Eléctrica (cuya ley fue abrogada en 2014, DOF 11.08.2014), así como la expedición de una Ley Eléctrica (Ley reglamentaria del Artículo 27 en materia de electricidad), en la que se establezca además la participación organizada de la población en materia de tarifas.

[1] DOF 07.02.2002, “ACUERDO que autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y reduce el subsidio a las tarifas domésticas”, Considerando: “se excluye en promedio al 75% de los usuarios a nivel nacional de la medida de reducción en el subsidio, correspondiendo a los usuarios con menores niveles de consumo; se aplica una reducción parcial de dicho subsidio al siguiente 20% de los usuarios; y se elimina el mismo únicamente para el 5% de los usuarios con mayores consumos”. [http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=736145&fecha=07/02/2002&cod_diario=28749]

[2] Tarifas Eléctricas: Impacto en los hogares mexicanos por el incremento de las tarifas eléctricas residenciales. [http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/se/SIA-DEC-30-2002.pdf]

[3] Miguel Reyes, director general de CFEnergía y CFE Internacional. [https://app.cfe.mx/Aplicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=2102]

[4] Un ejemplo del falso autoabastecimiento eléctrico, aquí mismo «La farsa del “autoabastecimiento” eólico», [https://intervencionycoyuntura.org/la-farsa-del-autoabastecimiento-eolico/]

[5] «La CFE desarrollará el despacho económico de unidades de generación eléctrica, considerando la participación de generadores, de las centrales eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad por lo menos en el 54 por ciento de la energía requerida por el país, y de las centrales eléctricas del sector privado hasta en el 46 por ciento de la energía requerida por el país, garantizando los costos más bajos para el servicio público y considerando los costos totales de producción.» Iniciativa. Transitorio f.

[6] Ver aquí mismo “Energía, Democracia y los “Amicus Curiae”, [https://intervencionycoyuntura.org/energia-democracia-y-los-amicus-curiae/]

[7] Ver «IP genera 50% de la electricidad del país, según datos de la CRE» en La Jornada 03.06.2003.[https://www.jornada.com.mx/2003/06/03/020n1eco.php?origen=economia.php&fly=]

[8] A mayor abundamiento, ver aquí mismo «No todo el presente es priísta: Bartlett y la 4T», [https://intervencionycoyuntura.org/no-todo-el-presente-es-priista-bartlett-y-la-4t/] y «Fraude a la ley en los permisos de generación eléctrica a la IP» [https://www.jornada.com.mx/2004/04/08/016n1eco.php?origen=economia.php&fly=]

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email