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El Paraguay en el mapa de las revueltas latinoamericanas

Charles Quevedo*

Después de las revueltas populares en Chile, Ecuador, Perú y Haití le llega el turno al Paraguay. Desde hace más de una semana, Paraguay se encuentra sumido en una delicada crisis. Cada noche una multitud indignada por el manejo gubernamental ineficiente y corrupto de la pandemia, toma las calles de Asunción y las principales ciudades del interior del país exigiendo la renuncia del presidente Mario Abdo Benítez y el vicepresidente Hugo Velázquez. Ya fueron destituidos cuatro ministros del gabinete en un intento de apaciguar los ánimos en las calles, pero las movilizaciones no pierden el ímpetu.

A la crisis se suman los efectos de un sistema sanitario prácticamente colapsado por la pandemia de covid-19 y una áspera disputa política al interior del gobernante Partido Colorado (ANR) que devela una profunda fractura en el bloque de poder. Estos dos niveles de la crisis ―con dinámicas y temporalidades propias, cada una de ellas―, se superponen en la presente coyuntura y entran en resonancia amplificando sus efectos.

Colapso sanitario

Al duro impacto económico-social que tuvieron en las clases populares y sectores medios, las medidas tomadas inicialmente por el gobierno para hacer frente la pandemia de covid-19 ―cuarentena total, restricción de eventos públicos y toque de queda nocturno durante más de tres meses― se sumó una deplorable gestión gubernamental para enfrentar el alto pico de contagio que tuvo lugar una vez levantadas las relativamente exitosas medidas iniciales. A pesar de que el gobierno contaba desde el inicio de la pandemia con un fondo de emergencia considerable para ampliar hospitales y centros sanitarios, y prever una reserva suficiente de medicamentos esenciales, la ineficiente gestión y la escandalosa corrupción en la compra de medicamentos e insumos hicieron que el sistema sanitario llegara a un escenario de colapso ―a un año de iniciada la crisis sanitaria―, con un gran número de víctimas del covid-19 en estado grave, internados en precarias unidades de terapia intensiva, afectados además por la carencia de medicamentos y teniendo que afrontar con sus propios recursos económicos la adquisición de los mismos. Teniendo un sistema sanitario prácticamente colapsado, el Paraguay es el único país de la región que aún no ha iniciado un proceso masivo de vacunación contra el covid-19 y las escasas dosis que llegaron al país provienen principalmente de donaciones internacionales.  

En las últimas semanas, numerosos testimonios desgarradores de familiares de pacientes internados en terapia intensiva, así como de médicos y trabajadores de la salud, denunciando las numerosas penurias y carencias en los hospitales, se multiplicaron en las redes sociales conmoviendo y suscitando indignación en amplios sectores de la sociedad paraguaya.

Una especie de gran bolsa de descontento se fue acumulando a lo largo de este periodo. Este descontento, que creció por fuera de las identidades políticas ―y también transversalmente a ellas―, fue vinculando a grupos sociales y subjetividades muy heterogéneas, y tuvo expresión por fuera de los canales narrativos tradicionales, principalmente en las redes sociales con el protagonismo decisivo de sus referentes: influencers, youtubers y figuras mediáticas con cierto nivel de politización. Las manifestaciones que irrumpieron con inusitada fuerza en el centro de la capital del país, Asunción, y las principales ciudades del interior (Encarnación y Ciudad del Este) reflejan esas características.

Desde enero de 2020, empezaron a multiplicarse las denuncias relativas a falta de medicamentos en las unidades hospitalarias asignadas al tratamiento de pacientes afectados por el covid-19. Para mencionar un ejemplo del nivel de precariedad alcanzado, la falta de atracurio ―droga utilizada para sedar a pacientes intubados en terapia intensiva― era uno de los reclamos más insistentes en las redes sociales y los medios de comunicación. Esta situación crítica en los principales nosocomios ―el Ineram y el Hospital Nacional― empujó a parientes de pacientes en unidades de terapia intensiva y al personal sanitario a protagonizar movilizaciones espontáneas para exigir medicamentos que se extendieron por todo el país.

En la primera semana de marzo las redes sociales empezaron difundir ―con los hashtag #KoagaReikuata y #CiudadaníaHarta― la convocatoria a una manifestación prevista para el 5 de marzo en la Plaza Uruguaya de Asunción, y, simultáneamente, otras en Ciudad del Este y Encarnación. La movilización fue convocada por una comunidad de twitter que tiene a una comunicadora y activista social como principal vocera. La convocatoria que recalcaba su independencia con relación a cualquier partido político y organización, tuvo eco en los principales medios de comunicación y numerosas comunidades de twitter, entre ellas, comunidades vinculadas con el “cartismo”, facción interna del gobernante Partido Colorado liderada por el ex presidente Horacio Cartes. A pesar de que la comunidad que impulsó la convocatoria niega cualquier vínculo con el cartismo, la intervención de comunidades afines a ese sector contribuyó a que las movilizaciones ―especialmente la primera, del 5 de marzo― tomaran un carácter multitudinario.

Fracturas en el bloque de poder

La colaboración activa de grupos cartistas en la difusión de la convocatoria tiene que ver con el recrudecimiento de la disputa entre las facciones internas del Partido Colorado (ANR) que desde hace medio siglo tiene el control del sistema político paraguayo. Esta disputa devela una fractura más profunda en el bloque de poder: la disputa de dos fracciones autónomas de las clases dominantes por el control del bloque de poder en su conjunto. Una fracción patrimonial, cuya acumulación está fundada en sus vínculos privilegiados con el estado ―control del gobierno, parentesco y vínculos con las élites de la burocracia estatal, inclusión en el club de grandes contratistas y proveedores del estado― es desafiada por otra fracción de capital más vinculado a las grandes corporaciones y, por tanto, más trasnacionalizado. Hay razones para suponer que esta fracción que ha acumulado capital por fuera del estado, por medio de negocios globales reñidos con la legalidad ―lavado de dinero, narcotráfico, etc.―, pretende dominar políticamente y para ello necesita desarticular las estructuras patrimoniales montadas durante el largo régimen autoritario del general Stroessner (1954-1989), mismas que siguen vigentes hasta el presente. La facción interna del Partido Colorado, “Colorado Añetete”, articula a los actores políticos más vinculados con la fracción patrimonial, e incluso logró llevar al gobierno –en 2018– al actual presidente Mario Abdo Benítez (Marito), desplazando a “Honor Colorado”, la otra facción interna que tiene como líder al poderoso empresario Horacio Cartes. Esta última facción, el cartismo, emergió después del juicio político que en 2012 destituyó al progresista Fernando Lugo, y, en las elecciones del 2013, llevó a Cartes al gobierno. Durante su gobierno, Cartes sentó las bases para desarrollar políticas favorables a la concentración de grandes capitales. Por ejemplo, la ley de Alianza Público-Privada aprobada por su gobierno buscaba movilizar recursos público y privados para grandes obras en las que solamente podrían competir empresas con gran capacidad financiera, es decir, empresas extranjeras en alianza con empresas nacionales privilegiadas. Estas políticas enfrentaron a su gobierno con las fracciones patrimoniales, de las cuales son parte los tradicionales contratistas y proveedores del estado. Este verdadero proyecto de reestructuración del capitalismo paraguayo quedó inconcluso debido a resistencia difusa que generó en todos los espacios del Estado y, sobre todo, a la rearticulación política de las fracciones patrimoniales en “Colorado Añetete”, facción interna colorada liderada por Abdo Benítez.   

La embajada y la calle

En menos de una semana el encargado de negocios de la embajada norteamericana visitó al presidente paraguayo en el Palacio de López, el secretario de estado lo llamó por teléfono y, el propio Joe Biden le escribió dando su respaldo. Un claro mensaje a los partidos de oposición ―que ya tienen listo el libelo acusatorio para el juicio político al presidente y el vicepresidente―, y también para el sector cartista que tiene los votos necesarios para trabar o destrabarlo. El cartismo ya había salvado a Abdo Benítez de un juicio político en 2019, cuando salió a luz un acta secreta por el cual su gobierno acordaba entregar el negocio hidroeléctrico perteneciente con exclusividad al estado paraguayo beneficiando a una empresa vinculada a la familia del presidente brasileño, Jair Bolsonaro.

Mientras se esperan las escurridizas vacunas, el gobierno paraguayo anunció un nuevo paquete de medidas para evitar la expansión del covid-19. Este paquete incluye el toque de queda a partir de las 8 p.m. en las principales ciudades del país, medida que, eventualmente, busca también desalentar las manifestaciones. Por su parte, los sectores urbanos movilizados y sus banderas tricolores siguen ganando las calles, las organizaciones campesinas empezaron a sumarse a las movilizaciones urbanas y la indignación parece aumentar cada día que pasa. El encuentro entre movimientos campesinos, sindicatos de trabajadores urbanos, organizaciones feministas y las formas emergentes de resistencia urbana movilizadas a través de comunidades virtuales podrían llegar a construir formas inéditas de resistencia y lucha.  

* Doctorando en Ciencias Sociales (Universidad Nacional de Misiones, UNaM), Magister en Ciencias Sociales (Flacso-Py), Licenciado en Filosofía (Universidad Nacional de Asunción, UNA).