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No todo el presente es príista: Bartlett y la 4T

CE, Intervención y Coyuntura

Categorías que refieren a infinitas prácticas sociales suelen no explicar nada. En el ámbito de la izquierda mundial, una de esas categorías es la de “stalinismo”. Entre los liberales es la de “totalitarismo”, que funciona como un recurso añejo y confiable para descalificar lo que no nos gusta, lo que es incómodo o lo que pretende hacerse pasar como una amenaza universal; aunque la mayor parte de las ocasiones el miedo se convoque a partir de alguna particularidad. Para el caso mexicano, la categoría de priísmo juega ese papel.

Se pretende que el priísmo como calificativo lo explique todo, que sea la llave mágica a partir de la cual se revele el ethos de la política, el Estado y las dinámicas profundas de la sociedad. Como calificativo de denostación, el priísmo busca construir al otro en sus aspectos negativos o funestos para la vida pública, ejercicio que suele enunciarse por alguien que reclama ser ajeno a aquellas dinámicas. También refiere al adversario, camaleónico, que, aunque diga públicamente una cosa, en realidad está pensando en otra, oscura, indecible. Ese otro priísta es una trama de prácticas, ideas, proyectos que no se dicen, pero que articulan una forma corrupta, conservadora y perniciosa.

Pero ¿en verdad, a estas alturas del siglo XXI, sirve esa referencia? ¿No es acaso un mecanismo de negación de los matices y las diferencias producidas en una trayectoria histórica? ¿No es acaso el colocar al centro algo que ya no es central ni puede serlo? ¿No es, de últimas, una manera de ahorrarnos las explicaciones de fenómenos nuevos que requieren otras tipificaciones, otros conceptos, otras palabras?

Los críticos al actual gobierno ­sean estos de a pie o analistas­ han cedido a la terrible tentación de emplear al priísmo como categoría. Así, avientan máximas como “Morena es el nuevo PRI”, “AMLO es priísta”, “el gabinete está lleno de priístas”. Si bien para la oposición de a pie es difícil argumentar sobre este tópico, no deja de ser llamativo la referencia constante entre la intelectualidad crítica del gobierno. Pasamos de la discusión entre amigos, en donde ésta puede ser una categoría para referirnos a lo que no nos gusta, a convertirlo en una categoría explicativa.

Sin duda la transformación de la sociedad sería más fácil si pudiésemos agrupar de esa manera a las personas, y reducir todo y a todos al maniqueismo del blanco y negro, pero “gris es toda teoría y verde el árbol de oro de la vida”. Un ejemplo de que el uso del mote de priista es insuficiente y sólo aporta al ocultamiento de los fenómenos, es la trayectoria de Manuel Bartlett Díaz y su papel en la 4T.

Auque nos pese a la izquierda, desde hace años Manuel Bartlett ha sido un activo opositor a la reforma energética impulsada desde los sexenios anteriores; este proceso de oposición ha sido un trayecto largo y complicado, con derrotas, pero también con algunas victorias memorables. Ese es el motivo verdadero del encono.

En 1999 Ernesto Zedillo envió al Senado de la República una iniciativa para reformar el artículo 27 constitucional en materia eléctrica. Luego de una intensa movilización popular, la comisión de puntos constitucionales –presidida por el entonces senador del PRI, Bartlett– dictaminó en contra de la iniciativa del jefe de su partido, frenando dicha reforma.

Luego, el PRI presentó una propuesta alterna a la de Zedillo la cual declaraba, por lo menos en la letra, que no se aceptaría una reforma constitucional, ni se toleraría la privatización, porque ésta no traería beneficios, haciendo referencia a los casos de Inglaterra, Francia, Chile y Argentina. Esta propuesta alterna, que fue defendida por Bartlett, no había profundizado en la situación de las empresas públicas, puesto que hablaba de la necesidad de “modernizarse”, de “acabar con problemas graves”, de proceder con “transparencia”. [2]

En junio de 2003, Bartlett y el diputado Salvador Rocha, también legislador por el PRI, presentaron una denuncia administrativa de hechos contra el proceso de privatización eléctrica que llevaba a cabo el gobierno de Vicente Fox. Aunque su preocupación era justa y la argumentación correcta, las conclusiones no eran claras. Ambos legisladores, presidentes de las comisiones de puntos constitucionales de ambas cámaras, denunciaron la «privatización encubierta» que «podría paralizar el servicio público y poner en riesgo la seguridad nacional». En aquel momento tal apreciación era tímida, puesto que no se trataba de una privatización encubierta, sino descarada. Ellos mismos lo apuntaban en su denuncia: eran casi 20 mil MW de generación, otorgados mediante permisos privados indudablemente inconstitucionales; una capacidad eléctrica equivalente entonces a más de la mitad de la capacidad propia disponible de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“…los legisladores del PRI demandan fincar responsabilidades administrativas, políticas y penales a los funcionarios públicos [entre ellos los titulares de la Secretaría de Energía, Ernesto Martens, y de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub] y los particulares involucrados en ese comercio ilegal del fluido eléctrico. Denuncian que hay 17 empresas que ya operan, todas filiales de corporaciones extranjeras, y generan en conjunto 7 mil 92 megavatios, 19 por ciento de la capacidad de generación de la CFE”. [1]

Bartlett y Rocha solicitaban a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) «investigar y auditar los 225 permisos para generar electricidad otorgados a particulares por los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox». Pese a que ésta no fue una acción contundente, sí representó un avance.

De igual modo, en 2003 Bartlett denunció que los llamados Contratos de Servicios Múltiples (CSM) violaban «la Constitución, las leyes y los reglamentos» cuando, so pretexto de que la generación eléctrica requería de 1,000 millones de pies cúbicos diarios y que para 2005 se requeriría del doble, obligaron a Pemex a firmar contratos a largo plazo para suministrar el gas natural a las trasnacionales; y luego otorgaron multitud de permisos (privados) para la distribución de gas natural en diversas modalidades; y, finalmente promovieron dichos contratos (CSM), para la intervención extranjera en la exploración y explotación de gas natural no asociado.

Y así era. En 2004, la revisión de la Cuenta Pública 2002, practicada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), estableció que “los permisos otorgados a empresas nacionales y trasnacionales […] son ilegales y violan la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos”. La ASF advertía la posibilidad de aplicar sanciones “administrativas, políticas y penales” a quienes cometieron el fraude. Tal dictamen de la ASF era el resultado de la denuncia presentada por Bartlett y Rocha. Empero, el asunto no pasó a mayores, porque el desglose de las irregularidades detectadas por la ASF ni siquiera se hizo público. Mucho menos estimuló al legislativo a corregir las anomalías detectadas.

A finales de su período como senador (2000-2006), Bartlett renunció al PRI, y volvería al senado hasta el 2012, esta vez representando al Partido del Trabajo (PT). Bartlett continuó su lucha denunciando que a través de la ley para el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía, se hacía un nuevo intento de privatizar la energía eléctrica, subsidiando a las empresas extranjeras «que generen electricidad a partir de fuentes renovables». Reveló la existencia de una minuta aprobada en el anterior periodo de sesiones de la Cámara de Diputados: “—«casi sin discusión, vía fast track»—, que abría las puertas a las trasnacionales y, en general, a corporaciones extranjeras que han desarrollado tecnología en Europa para generar energía renovable a fin de que vengan aquí a hacer el gran negocio. Además, serán financiadas por el gobierno federal”. [3]

Una vez más, Bartlett no se equivocaba, pues efectivamente la Ley para el Aprovechamiento de las Fuentes Renovables de Energía, presentada por el diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y miembro de la comisión de energía de la Cámara de Diputados, aprobada por 200 votos a favor, 100 en contra y 11 abstenciones (el 14 de diciembre de 2005), confirmaría plenamente la denuncia del senador Bartlett. Dicha ley otorgó además a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) las atribuciones para expedir normas, directivas, metodologías, modelos de contrato y demás disposiciones jurídicas de carácter administrativo para la generación de electricidad a partir de Fuentes Renovables de Energía (Art. 7), y encargar a Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a la todavía existente Luz y Fuerza del Centro (LFC), la expansión de las redes de transmisión y distribución para recibir la electricidad generada (Art. 11), así como aceptar la electricidad generada a partir de Fuentes Renovables Intermitentes en cualquier momento que se produzca (Art. 14). Y encima, adecuar la operación del sistema eléctrico a las condiciones particulares de escala, de distribución geográfica y de variabilidad en el tiempo de las distintas tecnologías para el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía (Art. 15). Lo anterior, sin contar con la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, aprobada antes “para incentivar” a las energías renovables (biomasa y etanol) de acuerdo con el protocolo de Kioto, dando estímulos a los productores del agro (no pagando IVA) para ser autosuficientes en energía, entre otros, y poder vender los excedentes a CFE.

Hacia 2015, Manuel Bartlett denunció las actividades de Hillary Clinton contra México, para la aprobación de la contrarreforma energética de Peña Nieto:

«El contenido de los correos electrónicos de la actual precandidata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, desclasificados la semana pasada por el Departamento de Estado, revelan que la reforma energética impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto se hizo al gusto de las grandes empresas trasnacionales y que se usó a la embajada estadunidense en México para engañar al pueblo mexicano, afirmó ayer el senador Manuel Bartlett, del Partido del Trabajo» [4].

Ante la contrarreforma constitucional de EPN, Bartlett, junto con David Monreal Ávila, Layda Sansores y Ernestina Godoy Ramos, promovieron un intento de demanda de amparo, misma que un tribunal federal desechó de manera definitiva en 2014, por ser «notoriamente improcedente, ya que la legislación señala de manera expresa que no es posible impugnar mediante juicio de garantías un procedimiento de reformas a la Carta Magna» [5].

Este proceso hizo de Barlett un político oficialista informado en la lucha contra la privatización energética, haciéndolo destacar por su experiencia y conocimiento en la materia; por el contrario, los legisladores de los demás partidos de oposición tuvieron un accionar patético, en donde el PRD llegó al extremo de aliarse al PRI y PAN para firmar el llamado Pacto por México.

Una vez aprobada por la mayoría de los congresos estatales, la comisión permanente del Congreso de la Unión declaró válida aquella ignominiosa contrarreforma energética y la envió al Ejecutivo para su promulgación. Con infamia y cinismo, Manlio Fabio Beltrones Rivera, coordinador de los diputados del PRI, celebró el fin del «sacrosanto» artículo 27 constitucional, y llamó “Hipócritas nacionalistas” a quienes defendieron el petróleo y los recursos de la nación.

No pretendemos trazar toda la trayectoria política de Bartlett, en donde sin duda ocupa un lugar especial la responsabilidad que tuvo en la llamada “caída del sistema” en la elección presidencial de 1988; este hecho, que si bien aún no se ha esclarecido, sí ha dado pie a la creación de un mito político que lo señala como el responsable directo. Por otra parte, su actuar en la lucha contra la privatización de los enérgeticos nos muestra un Bartlett que se posicionó en contra del PRI, pese a que formaba parte de sus filas.

Con esto, además de evidenciar los claroscuros de un personaje, también se da cuenta de la necesidad de rebasar la categoría de priísta –como monolítica y homogénea– y de afilar las armas de la crítica, pues la realidad le ha pasado por encima a los intelectuales de la opinión pública, cuyo marco categorial, forjado en el siglo XX, no sirve más. Un conjunto de aproximaciones tiene que ser reformulado. No es posible ya recurrir a este tipo de categorías que pretenden explicar todo, cuando en realidad no explican la complejidad de distintos procesos políticos. La salida fácil de insistir en la existencia de un cordón umbilical irrompible no da cuenta sino de la incapacidad de pensar una situación histórica nueva, donde el Estado se encuentra en plena reforma y el régimen político se reconfigura.

[1] Becerril, A. La Jornada, 25 de junio de 2003. https://www.jornada.com.mx/2003/06/25/003n1pol.php
[2] Velasco E, Becerril A, Davalos R. La Jornada, 10 de julio de 2002. https://www.jornada.com.mx/2002/07/10/012n1pol.php]
[3] Becerril A. La Jornada, 5 de febrero de 2006. https://www.jornada.com.mx/2006/02/05/index.php?section=economia&article=026n1eco
[4] González R., La Jornada, 10 agosto 2015. https://www.jornada.com.mx/2015/08/10/politica/003n1pol
[5] Méndez A., La Jornada, 15 de mayo 2014. https://www.jornada.com.mx/2014/05/15/politica/009n1pol