Oscar Rojas

La manifestación de la CNTE ha puesto el sistema de pensiones al centro de la discusión pública. Como se sabe, el neoliberalismo (1982-2018) significó una fase de desindustrialización acelerada a través de la privatización de los sectores productivos estratégicos así como de las instituciones que procuraban la protección de un Estado Social que garantizaba salud, educación y vivienda. Esto implicó, particularmente, la disolución del pacto solidario intergeneracional que permitía gozar de un retiro que salvaguardara el nivel de vida alcanzado durante los años de actividad laboral.

La estrategia neoliberal provino del modelo chileno de Augusto Pinochet basado en la construcción de propietarios privados bajo el esquema de cuentas individuales. Lo que antes fungía como un fondo común fue atomizado para permitir, además, la captación de rentas financieras por las grandes entidades financieras privadas que hoy conocemos como AFORES. Primero en 1997 con Ernesto Zedillo (IMSS) y luego en 2007 con Felipe Calderón (ISSSTE), el Estado mexicano trasladó la responsabilidad del retiro a los propios trabajadores. Desde entonces resultaba claro que alcanzar los mismos niveles previos sería imposible, especialmente con una economía condenada a la informalidad y al estancamiento crónico.

Como se puede advertir, estos mecanismos tuvieron un impacto sistémico de grandes proporciones. No dependen simplemente de una regla en el papel, sino de una realidad concreta en la estructura económica del país. Por ello es necesario impulsar para la discusión pública un análisis actuarial sobre las condiciones materiales vigentes, es decir, tener claro la magnitud del problema. Esto en tanto los cambios demográficos que perfilan el envejecimiento de la población, las tasas de reemplazo promedio, las ganancias a capital y a rentas financieras por comisiones que se llevan las AFORES, y también específicamente las aportaciones gubernamentales y patronales que siguen presentes aún bajo el sistema de cuentas individuales. El riesgo de prescindir de esta información es el desarrollo de narrativas basadas en consignas abstractas que aplanan la historia de los modelos económicos del país.

Además, no hay que olvidar que la reforma pensionaria se encontró bajo el contexto de lo que conocimos como “reformas estructurales”, es decir, que cambiaron sistémicamente su función dentro de la economía. Quizá este elemento es el que menos se ha discutido actualmente y tiene que ver con la privatización del acceso al crédito. Toda vez que en el año 1994 comenzó la autonomía del Banco Central, esto implicó que el gobierno ya no podía acceder a crédito propio (emisión primaria), sino que se vio en la obligación de recurrir al mercado privado de deuda. No es un detalle menor que el 50% de los 8.3 billones de pesos del fondo privatizado de las cuentas individuales se encuentren colocados en bonos públicos. Este sistema se convirtió en una fuente estructural de acceso a deuda gubernamental.

Si a esto le sumamos que en el presupuesto ya hay una carga aproximada del 23% (6 puntos del PIB) de recursos que se destinan a sostener pensiones, dar una reversa inmediata implicaría un shock presupuestal. El problema nuclear del país es que necesita ampliar sus márgenes presupuestales para la inversión pública que detone el crecimiento. Actualmente nos encontramos en un nivel alrededor del 3% del PIB para estos efectos. No obstante, aún con el actual constreñimiento presupuestal, se ha logrado reestablecer una senda de recuperación de lo solidario.

Las reformas de 2020 y 2024 han construido un sistema mixto que ha complementado las cuentas individuales con un nuevo fondo común que garantiza el piso mínimo del salario promedio del IMSS, que asciende a poco más de 17 mil pesos. El proceso gradual de recuperación fijado hacia el 2030 reduce las semanas de cotización, primero de 1,250 a 750 hasta estabilizarse en 1,000, aumenta la cuota patronal del 5% a 13%, se focaliza la cuota gubernamental en las cuentas de menor monto y se redujeron las comisiones de las AFORES por debajo del promedio internacional, arrebatando a las entidades financieras alrededor de 200 mil millones de pesos en ahorro acumulado para los trabajadores hasta 2031. Además, como parte de este nuevo esquema se suma la pensión de adultos mayores (no contributiva), con la que se complementa significativamente la tasa de reemplazo.

Esta revisión actuarial permite, además, pensar de otra manera las salidas a esta problemática. La CNTE, por ejemplo, ha enunciado en sus comunicados que no pretende afectar el presupuesto público, sino las ganancias de las AFORES privadas. No obstante, para ello se han enunciado los 8.3 billones de pesos que componen las casi 70 mil cuentas como si fuera un monto expropiable a estas entidades, cuando en realidad representan el ahorro individual de los trabajadores. Por concepto de ganancias, las AFORES privadas obtienen un monto mucho menor —con comisiones de 0.54% promedio— que les dotan de alrededor de 14 mil millones de pesos anuales. Obviamente no hay renta financiera especulativa que no sea deseable eliminar, pero la redirección de esta renta apenas resolvería el 0.64% del pasivo actuarial del ISSSTE, que ronda los 7 billones de pesos.

Ahora bien, el análisis de estas magnitudes no tiene por objetivo simplemente desestimar la lucha de la CNTE. Al contrario, me parece que ha sido de gran relevancia volver a poner en la mesa el rentismo parasitario del sector financiero.

Esto nos habrá de llevar a profundizar en la problematización del significado profundo del Sector Social (SS) en el contexto de una Economía Mixta Social (EMS). Es decir, el Sector Estatal (SE) ha tenido que acelerar el proceso de lucha frente a este poder sistémico. Me parece que hasta el momento ya se ha ganado terreno al empujar la constitución de un canal público completo (AFORE + aseguradora) que permita ganar terreno a la lógica especulativa. Es momento de apoyar el vehículo de la única AFORE pública del sistema, misma que no responde a la lógica especulativa, sino que reinvierte sus ganancias en los rendimientos de las cuentas. Para mí fue una sorpresa que, a pesar de representar un cambio de lógica, esta propuesta fuera desestimada por la CNTE.

Todavía existe un tema pendiente en materia de entendimiento sobre los diferentes métodos de lucha —históricos, democratizantes, gremiales, populares—, pero también será importante superar el antiestatismo acrítico que con justa razón se enraizó en los movimientos que resistieron los embates más fuertes del neoliberalismo. Los movimientos de izquierda tenemos pendiente una renovación general en materia de imaginarios y estrategias. No lo digo solamente por lo que sucede en México, sino por la evidente transición sistémica que vivimos a escala global. Esta es una contradicción dialéctica nueva que estamos experimentando, con un fuerte componente de límites anticapitalistas y de presiones hegemónicas inéditas, y que no puede ser reducida de ninguna manera a principios inamovibles.

Como se sabe, en la estrategia dialéctica no solo se trata de encontrar los términos contradictorios, sino de analizar cuáles son las contradicciones principales de acuerdo a cada momento histórico. De aquí que nuestro país esté transitando de la vieja contradicción interna partidista a una nueva contradicción entre hegemonía y soberanía. La estructura gremial, en tanto altamente organizada, es una fuerza que compone al SS y le empuja, pero no debemos olvidar que es necesario amplificar la organización al nivel de lo popular. La contradicción se ha movido de espectro y es necesario renovar la interpretación estratégica del nuevo momento histórico post-neoliberal.

Ganar terreno a las finanzas financieras privadas es definitivamente relevante, también lo habrá de ser el cuestionamiento sobre la autonomía del Banco Central y la recomposición de la banca de desarrollo. Así mismo habrá de destacarse el avance en una reforma fiscal que grave herencias y grandes fortunas. Pero sobre todo, el SS tiene que dialogar ampliamente con el SE para comprender la forma en la cual el proceso de reindustrialización en ciernes generará el ritmo de crecimiento necesario para mejorar progresivamente los niveles de reproducción social. Ese diálogo amplio está aún pendiente.