CE, Intervención y Coyuntura

Algo más que un fantasma recorre México. En las últimas semanas han comenzado a converger tensiones de distinta naturaleza: disputas económicas, conflictos sociales, presiones internacionales y reacomodos políticos internos. Lo que se configura es una zona de turbulencia regional y nacional que probablemente marcará el horizonte político de los próximos años.

En América Latina se observan avances de proyectos conservadores y reconfiguraciones del mapa político que anuncian un cambio de ciclo. Incluso en países donde las fuerzas progresistas conservan capacidad de iniciativa, como Colombia, aparecen señales de desgaste y fragmentación. México no permanece al margen de estas transformaciones. Por el contrario, parece haber ingresado anticipadamente en una coyuntura que condensa muchas de las tensiones que hoy atraviesan al continente.

La turbulencia proviene tanto del exterior como del interior. Algunas de sus expresiones son resultado de conflictos sociales legítimos que encuentran condiciones favorables para hacerse visibles. Las movilizaciones de la CNTE constituyen un ejemplo de ello. Más que una impugnación radical del orden político vigente, sus demandas remiten a reivindicaciones históricas relacionadas con condiciones laborales, derechos adquiridos y formas elementales de justicia social. Ignorarlas o administrarlas mediante la dilación sólo contribuiría a profundizar el conflicto.

La respuesta gubernamental exige, por ello, capacidad de negociación y sensibilidad política. También demanda evitar que sectores interesados en la confrontación permanente conviertan tensiones negociables en crisis mayores. La estabilidad política no depende únicamente de la fuerza institucional, sino de la capacidad para procesar los desacuerdos antes de que se transformen en rupturas.

En el plano internacional, la situación es todavía más compleja. La relación con Estados Unidos continúa estructurada alrededor del T-MEC, un marco que difícilmente puede abandonarse sin costos económicos significativos. Cualquier renegociación se desarrollará dentro de parámetros definidos por correlaciones de fuerza que ningún gobierno puede ignorar. Esta realidad obliga a reconocer los límites que enfrenta cualquier proyecto político que aspire a transformar el país sin romper con los mecanismos que organizan actualmente la economía regional.

Sin embargo, el problema no se limita al terreno comercial. Una de las características más visibles de la coyuntura contemporánea es el creciente uso de mecanismos judiciales como instrumentos de disputa política. La judicialización de conflictos que anteriormente se procesaban en otros ámbitos se ha convertido en una herramienta recurrente para condicionar gobiernos, redefinir agendas públicas e intervenir en procesos políticos nacionales.

La pregunta de fondo es si el ciclo abierto por la Cuarta Transformación ha logrado construir algo más duradero que una nueva élite gobernante. ¿Existe una cultura política capaz de defender nociones de soberanía, justicia social y participación popular más allá de las estructuras partidarias? ¿O los avances de los últimos años dependen exclusivamente de la correlación electoral que les dio origen? La respuesta todavía está abierta.

Frente a este escenario, las fuerzas progresistas enfrentan una tarea compleja. No basta con administrar el gobierno ni con confiar en las inercias institucionales. Resulta necesario fortalecer la organización social, renovar cuadros políticos, ampliar los espacios de formación, reconstruir vínculos con sectores inconformes y ofrecer una lectura convincente de los riesgos que acompañan el avance de proyectos conservadores en la región. Ninguna de estas tareas puede sustituir a las demás.

La turbulencia apenas comienza. Precisamente por ello, éste es el momento de actuar con claridad estratégica y no con triunfalismo. Los próximos años dependerán menos de las victorias obtenidas en el pasado que de la capacidad para construir nuevas formas de legitimidad política en el presente.