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¿Una militarización de la seguridad por chantaje, capital y conveniencia en México?

Rodrigo Wesche

Tras algunos días se ha ventilado más información sobre el caso del ex titular de Sedena (las declaraciones del canciller Marcelo Ebrard y el presidente Andrés Manuel López Obrador, el expediente que el Departamento de Justicia de EU mandó a México, el expediente de la investigación efectuada por la FGR, las declaraciones del Departamento de Justicia en un comunicado de redes sociales, la entrevista de Aristegui con el Fiscal Alejandro Gertz Manero y las declaraciones de un ex agente de la DEA), pero naturalmente gran parte de la comentocracia y los usuarios de redes no han seguido todos esos elementos para presentar una narrativa coherente sobre lo acontecido. Permítase hacer un símil: es como si en la actualidad un médico revisara a un paciente con fiebre y tos, pero no se fijara en la aparición de puntos blancos en la garganta. Dada la pandemia, con los primeros dos síntomas concluye que el paciente tiene coronavirus, cuando si se hubiera tomado el tiempo de revisar su garganta habría advertido que se trataba de algo bacteriano, fácilmente curable con antibiótico.

Al margen de lo que cada quién piense sobre el actual gobierno de México y lo que implica el caso Cienfuegos, un análisis no puede limitarse a los primeros y más visibles síntomas; debe comprender los síntomas en su conjunto, pero también inscribirlos en otros padecimientos de más larga data. A continuación, hablo de tres de ellos relacionados con la militarización en México: el sistemático chantaje en la relación Estados Unidos-México en materia de seguridad, la acumulación por despojo impulsada por la mal llamada guerra contra el narcotráfico, y la conveniencia política del excesivo apoyo de AMLO con las fuerzas armadas.

La relación de chantaje.

La militarización de la seguridad pública en México no inició con el gobierno de AMLO ni con el de Felipe Calderón. Según el historiador Froylán Enciso (2010), la fuerte criminalización y militarización contra las drogas comenzó en 1969, cuando Richard Nixon cerró la frontera de EU-México a través de la Operación Interrupción, con el objetivo de presionar al gobierno mexicano para unirse en la lucha contra las drogas. A partir de ese momento y durante la década de los setenta, reforzados por las Operaciones Cooperación, Cóndor y Canador, se intensificó el gasto de recursos en esa lucha, a la vez que se erradicaron los plantíos de marihuana y amapola (Enciso, 2010, 79-83).

Posteriormente, durante el gobierno de Miguel de la Madrid México adoptó el discurso de seguridad nacional contra el narcotráfico y lo convirtió en un asunto de Estado, lo que supuso una transformación de los aparatos de inteligencia y del rol que jugarían las fuerzas armadas en adelante. A causa del desencuentro entre México y EU por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, el 7 de febrero de 1985, el gobierno de EU presionó con la filtración de información de los vínculos entre funcionaros públicos mexicanos y narcotraficantes. Desde entonces, cada vez que deseaba estirar más la cuerda con México, arremetía con filtración de información como lo haría nuevamente, ya en el sexenio de Ernesto Zedillo, con la Operación Casablanca, en la cual se exhibió en 1998 el vínculo de empresarios y banqueros con el narcotráfico. En esa ocasión se logró el entrenamiento de Grupos Anfibios de fuerzas Especiales en 1998 a cargo del Pentágono, aunque dos años antes entrenaron a los Grupos de Aeromóviles de Fuerzas Especiales. La moneda con la que EU pagó todo ese periodo la integración de México a su agenda de seguridad consistía en hacer caso omiso del carácter autoritario del régimen mexicano (Enciso, 2010, 82-85).

Los gobiernos de la mal llamada transición democrática continuaron la militarización y adoptaron la “Kingpin Strategy”, cuyo núcleo es la captura o abatimiento de los capos o líderes de grupos delictivos. Sin embargo, a partir de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón declaró abiertamente la guerra contra varios grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas, se intensificó la militarización de la seguridad y el régimen prohibicionista. Esta tendencia, acompañada de un escalamiento cada vez mayor de la violencia, alcanzó uno de sus puntos cumbre con la firma de los presidentes Calderón y George Bush de la Iniciativa Mérida, estrategia que representó la entrega de armamento, tecnología y asesorías a México por parte de Estados Unidos (Illades y Santiago, 2014, 57).

Cuando retornó el PRI a la presidencia en 2012 se mantuvo el mismo camino, aunque sin tanta cobertura mediática. El principal propósito del nuevo partido en el poder fue la aprobación de distintas reformas estructurales, con el propósito de terminar con la instauración del neoliberalismo en el país, gracias al “Pacto por México” firmado por los tres principales partidos políticos. El chantaje del gobierno de los Estados Unidos y específicamente de la DEA no acabó, pero sí disminuyó al conseguir el objetivo de que México ingresara por completo en el régimen prohibicionista y militarizara la lucha contra el narcotráfico. Una prueba es el actuar del vecino de norte ante un personaje como Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Calderón, y ahora acusado en New York por recibir sobornos del Cartel de Sinaloa, y en México por desvío de recursos y lavado de dinero. De acuerdo con los periodistas Jesús Esquivel y Anabel Hernández, entre otros, los vínculos de García Luna con el narcotráfico eran conocidos por las agencias de inteligencia de EU, pero por conveniencia decidieron nunca proceder en su contra. Para sus intereses en aquel momento no resultaba redituable chantajear con esa información.

Llegando al presente, a la presidencia de AMLO, podemos comprobar que esa relación de chantaje se ha reactivado, justo porque la Kingpin Strategy ha disminuido en intensidad y el gobierno mexicano ha sido más explícito en que el problema de violencia en el país no se puede explicar sin el increíble tráfico de armas de EU a México, como exhibió en su momento el operativo fallido “Rápido y Furioso” en 2009. En medio de este contexto quizá podamos entender los hechos recientes.

Según distintos periodistas y especialistas en derecho, relaciones internacionales y ciencia política, el expediente del general Salvador Cienfuegos que mandó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos es un bodrio. La hipótesis más plausible a mi parecer es la de Carlos Pérez Ricart, académico del CIDE y especialista en el papel de la DEA en México y América Latina. Él sugiere que la DEA quedó bastante molesta por la liberación de Ovidio Guzmán en el episodio conocido como el “Culiacanazo”, acontecido el 17 de octubre de 2019, donde la operación de su captura a cargo de elementos del Ejército y la Guardia Nacional resultó fallida, lo que a su vez desencadenó varios enfrentamientos con el crimen organizado en la ciudad de Culiacán[i].

Ese enojo, supone Pérez Ricart, habría llevado a la DEA a buscar una venganza política para minar la legitimidad del gobierno, y qué mejor manera de hacerlo sino con la captura de un ex titular de Sedena. Sin embargo, al momento en que el Fiscal y la jueza recibieron las “pruebas” y percatarse de que no tenían algo sólido contra Salvador Cienfuegos, aprovecharon la defensa de la soberanía por parte de Marcelo Ebrard y el presidente AMLO, y lo repatriaron a México con los cargos retirados, pues resulta difícil creer que de haber sido culpable de esos cargos lo regresaran por sus reclamos. Así, la “bala envenenada” se lanzó a México (Pérez Ricart, 2021). La única manera de más o menos controlar los daños fue hacer público el expediente que el Departamento de Justicia mandó a México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores; situación que ni el Departamento de Justicia ni la DEA se esperaban, pues involucró la violación a acuerdos de cooperación. Pero el gobierno de AMLO no podía darse el lujo de quedar mal parado en su cruzada contra la corrupción y menos en un contexto de crisis económica y sanitaria. Aún así, el daño de este chantaje ya estaba hecho.

 La acumulación por desposesión en la guerra contra las drogas.

Cuando los excedentes de capital y fuerza de trabajo no pueden ser absorbidos internamente, se requieren ajustes espacio-temporales a través de la búsqueda de nuevos mercados dentro o fuera de un territorio y mecanismos de “acumulación por desposesión”:

la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión forzosa de las poblaciones campesinas; la conversión de diversas formas de derechos de propiedad ─común, colectiva, estatal, etc.─ en derechos de propiedad exclusivos; la supresión del derecho a los bienes comunes; la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía y la supresión de formas de producción y consumo alternativas; los procesos neocoloniales e imperiales de apropiación de activos, incluyendo los recursos naturales; la monetización de los intercambios y la recaudación de impuestos, particularmente de la tierra; el tráfico de esclavos; y la usura, la deuda pública y, finalmente, el sistema de crédito (Harvey, 2005, 113).

¿No acontecieron estos procesos durante el neoliberalismo? O seamos más precisos: ¿no sucedieron a la par del neoliberalismo y la denominada guerra contra el narcotráfico? Específicamente, desde la Operación Cóndor encontramos la expulsión de poblaciones campesinas, la mercantilización y la privatización de la tierra, y la transformación de los derechos de propiedad. Con el inicio de la guerra contra las drogas sólo se agudizaron esos mecanismos que habilitaron territorios para su privatización y megaextractivismo.

El geógrafo David Harvey nos explica que la acumulación por desposesión puede adquirir diferentes formas (Harvey, 2005, 115). En el caso mexicano podemos decir, entonces, que adquirió la forma de la guerra contra las drogas. Al faltar por privatizar algunos sectores de la economía y el territorio mexicano, principalmente el que concierne al energético, se requería un empujón más. No resulta extraño que primero Calderón intentara y después Peña Nieto lograra la privatización del sector energético y el desmantelamiento de PEMEX. En este sentido, Dawn Paley nos dice lo siguiente:

La guerra antidrogas es un remedio a largo plazo para los achaques del capitalismo, que combina legislación y terror en una experimentada mezcla neoliberal para infiltrarse en sociedades y territorios antes no disponibles para el capitalismo globalizado […] el terror es usado en esta guerra contra la población de la ciudad y el campo, y cómo, al lado de esta política de terror y el pánico resultante, se implementan políticas que facilitan la inversión extranjera directa y el crecimiento económico. Esto es el capitalismo antidrogas (Paley, 2018, 12)

El desplazamiento de personas ha arrojado a cientos de miles de personas a vender su fuerza de trabajo, en la mayoría de los casos en condiciones precarias, y a poner en manos de grandes capitales extensas zonas de territorio, ricas en recursos, como ha sucedido con las mineras canadienses. También la guerra contra el narcotráfico ha generado que las clases subalternas hayan sufrido un debilitamiento en su organización, pues han sufrido los embates de la mezcla capitalistas-políticos-policías-militares-narcotraficantes (Illades y Santiago, 2014, 11). Al final las fronteras entre todos esos actores nunca han sido claras, como lo han demostrado Luis Astorga (2016) y Oswaldo Zavala (2018); basta ver las biografías de muchos de los más importantes traficantes para encontrar políticos, comandantes de la policía y altos mandos del ejército. En síntesis, la guerra contra las drogas ha sido un eficiente y destructivo mecanismo de acumulación de capital en México.

¿La conveniencia política de AMLO con las fuerzas armadas?

 Hernán Gómez en una reciente columna ha situado en su correcta dirección el trasfondo estratégico de esa relación. A pesar de haber prometido en campaña retirar a los militares de las tareas de seguridad, AMLO terminó fortaleciendo su despliegue en el territorio y, además, les encargó múltiples actividades de orden civil. Las razones de este cambio, no exento de riesgos, son las siguientes:

1) Por considerar que un esquema de militarización de la seguridad que un esquema de militarización de la seguridad pública es la única alternativa para controlar zonas del país que hoy están en manos del crimen organizado […] 2) Para complementar la ausencia del Estado y su débil presencia en el territorio como parte de una estrategia de pacificación y gobernabilidad […] 3) Realizar obra pública a bajo costo, ahorrándole dinero al gobierno […] 4) Porque el presidente desconfía de la capacidad y la eficiencia de prácticamente todas las instituciones […] 5) Por razones de estabilidad política y supervivencia (Gómez, 2021).

En general, coincido con los motivos expuestos por Hernán Gómez. Ante el control de múltiples grupos delictivos de grandes extensiones de territorios, la falta de presencia del Estado en zonas asoladas por la pobreza y la violencia, los reiterados amparos de grupos empresariales y políticos para obstaculizar la obra pública, la corrupción encostrada en las instituciones del aparato del Estado, y un posible intento de golpe “blando” o “duro” de la derecha, similares a los acontecidos en América Latina, el presidente encontró un bastión en el Ejército.

Sin embargo, si situamos esa relación con los puntos desarrollados líneas arriba, nos percatamos de que, en primer lugar, la relación no es tan voluntaria. El gobierno de AMLO no puede romper por completo la lógica de la militarización y criminalización de las drogas, porque justo sobre ella se ha desplegado en gran parte las relaciones entre México y EU desde la segunda mitad del siglo XX. A través de una relación de chantaje nuestro vecino del norte ha impuesto poco a poco una agenda de seguridad nacional que después de 2006 se intensificó y, de la mano de un golpe al avispero, llevó a México a una espiral de violencia imparable. En segundo lugar, y relacionado con el anterior punto, esa guerra ha servido como un proceso múltiple de acumulación de capital al generar fuerza de trabajo dispuesta a venderse en condiciones extremadamente precarias, la habilitación de territorios ricos en recursos para su extracción a manos de trasnacionales, y un fructífero mercado legal e ilegal de armamento, tecnología y “soluciones” de seguridad pública.

Los académicos y opinólogos vinculados al colectivo Seguridad Sin Guerra u organizaciones afines han generado bases de datos muy precisas sobre el infierno que se desató en México. No obstante, su crítica del apoyo excesivo del gobierno de AMLO con las fuerzas armadas nunca se ha acompañado de una propuesta viable para resolver el problema de seguridad, en parte porque nunca han atendido los dos puntos arriba desarrollados. Imaginemos que el día de mañana se regresan a todos elementos de la Guardia Nacional, Sedena y Marina a sus respectivos cuarteles. ¿En verdad los grupos delictivos detendrían la violencia dirigida contra quienes estorban a sus propósitos, sean periodistas, políticos, civiles que no pagan derecho de suelo, etc? ¿Volvemos a encargarle la seguridad a la policía federal, esa donde gran parte de sus activos no habían acreditado los controles de confianza y servían de brazo armado a Genaro García Luna? ¿O mejor esperamos que las policías municipales, carente de recursos y coaccionadas por vía del dinero o la fuerza de los grupos delictivos, se hagan cargo de la seguridad? Sí, es verdad: las fuerzas armadas tienen múltiples denuncias en la historia reciente de México por violaciones a derechos humanos, ¿pero no las policías federal, estatal y municipal también los tienen? Seamos realistas: el presidente no tiene mucho espacio a donde moverse…

Casi al inicio de la película The Dark Knight (2008), dirigida por Cristopher Nolan, el fiscal Harvey Dent le reclama al comisionado James Gordon que muchos de los policías con los que éste trabaja en su unidad han sido investigados por actos de corrupción. Gordon le responde que si él no trabajara con policías que Dent ya ha investigado –mientras éste se hacía famoso–,se habría quedado trabajando solo. Termina con una sentencia potente: “Yo debo hacer lo mejor que puedo con lo que tengo”. Podemos reconocer en Dent a todos aquellos académicos, periodistas, activistas de izquierda radical y progresistas, y en Gordon al gobierno de AMLO. Los primeros, famosos por sus diagnósticos y críticas implacables, han generado fama de expertos; nadie niega que lo sean. Pero el segundo, nos guste o no, sólo puede hacer lo mejor que puede con lo que tiene. Y lo que tiene, no de manera tan voluntaria ─como hemos visto─, para afrontar la crisis de violencia en el país, es el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina. Quizá eso pensó, entre otros elementos, al buscar el regreso del general Salvador Cienfuegos.

Para concluir: ¿por qué el ex titular de SEDENA al día de hoy está libre con un gobierno que tiene como un eje de su gobierno la lucha contra la corrupción? No lo sabemos y probablemente tardaremos mucho en saberlo, pero sospecho que las hipótesis más viables son las que atienden a la telaraña que une a la conveniencia política, el chantaje y el capital en México.

Ítem: Sólo quiero destacar cómo un sector de la izquierda muy crítica de la teleología del progreso en la modernidad, basada en la lectura de autores de la Teoría Crítica y el posestructuralismo francés, se aproxime a la coyuntura con los lentes de la teleología, cuando ahí tendría que ser más consecuente con esas críticas filosóficas y reflexionar los avances, retrocesos y cambios de dirección que acontecen en la frontera o el frente de los procesos. No hay historia, no hay contextos en sus “análisis”.

 

Referencias

Astorga, Luis. (2016). El siglo de las drogas. Del Porfiriato al nuevo milenio (segunda edición). México: Penguin Random House.

Enciso, Froylán. (2010). “Los fracasos del chantaje. Régimen de prohibición de drogas y narcotráfico”. En Arturo Alvarado y Mónica Serrano (coords.), Seguridad nacional y seguridad interior. México: El Colegio de México, México, pp. 61-104.

Gómez, Hernán. (2021). “AMLO y las fuerza armadas”, Heraldo de México. En línea: https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/19/amlo-las-fuerzas-armadas-246412.html

Harvey, David. (2005). “El «nuevo» imperialismo: acumulación por desposesión”, Socialist register 2004. Buenos Aires: CLACSO, pp. 99-129,

Illades, Carlos y Teresa Santiago. (2014). Estado de guerra. De la guerra sucia a la narcoguerra. México: Ediciones Era, México 2014.

Paley, Dawn. (2018). Capitalismo antidrogas. Una guerra contra el pueblo. México: Sociedad Comunitaria de Estudios Estratégicos y Libertad bajo palabra.

Pérez Ricart, Carlos A. (2021). “El expediente Cienfuegos”, Programa para el estudio de la violencia. En línea: https://www.cide.edu/pev/2021/01/27/el-expediente-cienfuegos/

Zavala, Oswaldo. (2018). Los cárteles no existen. Narcotráfico y cultura en México (tercera edición). Barcelona: Malpaso Ediciones.

 

[i] Véase el desarrollo de esa hipótesis en la entrevista que los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela le hicieron a Carlos Pérez Ricart: https://www.youtube.com/watch?v=t-Sdj3aCoB8