Alina Herrera Fuentes

Libretas con apodos, nombres de mujeres y hombres, una biblia con fotografías de un niño dentro, anotaciones en papeles sueltos, objetos personales, zapatos, valijas, mochilas, huesos; son algunas de las imágenes que se viralizaron luego de la trasmisión en vivo que hiciera el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco al encontrar la cara del horror en el rancho Izaguirre (Teuchitlán, Jalisco) el pasado 7 de marzo.

“Mi amor si algún día ya no regreso, solo te pido que recuerdes lo mucho que te amo”, es la esquela manuscrita más difundida en medios que muestran que, las personas allí concentradas, todos los días vivían al borde de la muerte.

Desde entonces, se ha vuelto a destapar un secreto a voces: en México persiste una crisis de seguridad e institucional extrema. No es la primera vez que las madres buscadoras encuentran hornos crematorios clandestinos, fosas con restos óseos, campos de reclutamiento; sin embargo, declarado por ellas mismas, nunca habían realizado un hallazgo de exterminio de semejante magnitud.

Antecedentes y datos

Teuchitlán revela la punta del iceberg que es el crimen organizado en México en todas sus dimensiones; desde su infiltración en las instituciones y partidos políticos, hasta en la siembra del terror social. Son consecuencias directas de la mal llamada guerra contra el narcotráfico desatada por el expresidente panista Felipe Calderón, que no ha sido más que una guerra irregular contra civiles, contra personas en su inmensa mayoría empobrecida, racializada, campesina, migrante y/o rural.

La siguiente gráfica demuestra cómo desde 2006, año de inicio de la supuesta guerra, la pesadilla de las desapariciones fueron in crescendo de manera exponencial.

Si bien las dinámicas económicas, políticas y sociales neoliberales comenzaron a enquistarse en el país desde 1982 con el expresidente Miguel de la Madrid, ya la violencia organizada se sistematizaba en varios territorios del país. Por ejemplo en Guerrero, territorio caracterizado por la fuerza histórica de sus luchas sociales y guerrilleras y donde, por tal razón, desde los años setenta, fue convertido en un “laboratorio” de contrainsurgencia militarizada basada en la llamada Guerra de Baja Intensidad (diseñada por los Estados Unidos). No hay que olvidar que, en 1980, los comunistas ganaron el ayuntamiento de Alcozauca (municipio de la Montaña guerrerense), siendo la primera vez en la historia del territorio en que un partido diferente al PRI accede al gobierno local.

La llamada Guerra Sucia, por tanto, tendrá sus primeros ensayos de represión en estas localidades, siendo el Ejército mexicano el principal operador de acciones como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Este antecedente será la base de una política de militarización contrainsurgente de carácter permanente, incluyendo entre sus objetivos a la lucha antinarcótica. De ahí que la correlación histórica entre el inicio del cultivo de drogas y el de militarización con acciones de guerra sucia violatoria de derechos humanos explique varias tesis que plantean cómo los campesinos narcotraficantes delataron a líderes de luchas sociales para su captura, como Lucio Cabañas.

Es así como la contrainsurgencia militarizada incluyó la introducción del cultivo de drogas en la región; se justificaba la presencia permanente de las fuerzas armadas, se sistematizaban operaciones violatorias a los derechos humanos para “combatirlo” y se fragmentaba el tejido social.

La Guerra contra el Narcotráfico de Felipe Calderón no hizo más que actualizar y acentuar las viejas tácticas de las Guerras Sucia o de Baja Intensidad.

Todavía en los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y el reciente de Claudia Sheinbaum no se ha logrado disminuir el alza de desapariciones, a pesar de la reducción del 39,5% en lo delitos de alto impacto en todo el país entre enero de 2018 y enero de 2025. Estamos en presencia de fenómenos diferenciados, precisamente, por la intervención del crimen organizado y el narcotráfico en el primero de los casos.

La erosión del tejido social mediante la violencia organizada y las políticas neoliberales por más de cuarenta años ha venido de la mano de la corrupción de las instituciones del Estado, incluyendo al ejército, pero también de los partidos políticos. Consecuencia de la infiltración progresiva, sistemática y naturalizada de los intereses del crimen organizado como fuerza económica y, también, con aspiraciones políticas. Largas décadas de participación en la correlación de fuerzas, muy difíciles de disuadir en breves años de políticas públicas de bienestar social.

Añadiendo el factor geopolítico fronterizo con Estados Unidos, principal consumidor de drogas mundial y, además, responsable del 74% de las armas incautadas en México entre 2017 y 2021 provenientes de ese país. Es decir, 7 de cada 10 armas confiscadas en México provienen de los Estados Unidos, según un informe publicado por el Departamento de Justicia en enero de 2025. Además, expone que entre 2022 y 2023, el 82% de las armas rastreadas en México fueron recuperadas en un estado con una presencia dominante del Cártel de Sinaloa o Cártel de Jalisco Nueva Generación, o de ambos. Este último es el presunto responsable de los horrores encontrados en el rancho de Izaguirre.

Capitalismo gore

Así se titula el famoso libro de la filósofa mexicana Sayak Valencia. En él, analiza las relaciones actuales entre violencia, género, muerte y producción de capital en las dinámicas actuales de un capitalismo cada vez más tecnocientífico que al mismo tiempo tecnifica como una maquinaria la producción de muerte.

Los hallazgos en Teuchitlán son una síntesis de ese Capitalismo Gore, donde la autora nombra y explica realidades basadas en la violencia, el narcotráfico y el necropoder, para reinterpretar los efectos de la globalización y la economía hegemónica de explotación en contextos donde la muerte, el asesinato y el derramamiento de sangre se han vuelto fuentes de producción de riqueza nacional y trasnacional.

Sin embargo, esto no es un fenómeno nuevo. La acumulación originaria del capital no se explica sin los horrores de los procesos de conquista en Abya Yala, sin el terror de la esclavitud y sus formas de tortura y deshumanización, sin el secuestro y la masacre de millones de personas africanas. La creación de la subalternidad no ha sido posible sin la sofisticación histórica de tecnologías del terror: desde los barcos negreros, pasando por la reconcentración de Weyler, Auschwitz, hasta el rancho de Izaguirre.

Jules Falquet (Pax Neoliberalia) y Rita Segato (La guerra contra las mujeres) han detallado que, incluso, las tecnologías del terror— propias de las guerras de baja intensidad en cualquiera de sus formatos como engendros neoliberales— se aprenden e intensifican sobre el cuerpo de las mujeres. Para ambas autoras, es allí donde se produce la primera deshumanización. Si bien la mayoría de las personas reclutadas y desaparecidas por el crimen organizado son varones, cada vez hay más mujeres involucradas.

Desde que vi los nombres y apodos de mujeres en las libretas encontradas en el rancho, pensé en su suerte. En cómo, dada su diferenciación de género, habrían pasado allí su estadía. En cómo habrían sobrevivido, o no, al horror.

Respuesta del actual gobierno

La crisis es transversal, porque el fenómeno lo es. Atraviesa distintas capas en lo social, en lo económico, en lo político, en lo institucional y en el Estado. Y, desde hace mucho tiempo, no se puede esconder.

La gran mayoría de las personas reclutadas y/o desaparecidas son jóvenes sumidos en el desempleo, la pobreza, la precariedad. No hemos dejado el neoliberalismo atrás, a pesar de todas las nuevas políticas del último sexenio y el presente, despertamos y el neoliberalismo sigue ahí.

Por ello, desde el 2019, el gobierno federal del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, destinó un programa exclusivamente para los jóvenes sin empleo o sin estudios, intentando revertir una de las causas estructurales: Jóvenes Construyendo el Futuro. Opera en las 32 entidades federativas y el propósito es que personas entre los 18 y los 29 años puedan capacitarse laboralmente en algún centro de trabajo de su elección hasta por 12 meses recibiendo una mensualidad de poco más de 7 mil pesos y seguro médico a través del IMSS. Hasta el presente se han beneficiado más de 3 millones de jóvenes; de estos, 1 millón 278 mil son varones y 1 millón 774 mil mujeres.

Y a raíz del caso de Teuchitlán, pero más allá de él, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una estrategia integral para las personas desaparecidas:

• Más recursos para la Comisión Nacional de Búsqueda, incluyendo la adquisición de equipos tecnológicos que acompañen la búsqueda con evidencias científicas
• Iniciativas de Ley que agreguen nuevos protocolos para generar alertas de búsqueda inmediata y que se abran inmediatamente carpetas de investigación por el delito de desaparición o no localización sin necesidad de esperar 72 horas.
• Crear un solo registro forense nacional y crear una plataforma nacional de identificación humana.
• Equiparar el delito de desaparición al de secuestro y homologar tanto penas como procedimientos de investigación del delito de desaparición en todas las fiscalías estatales y la Fiscalía federal.
• Fortalecer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para el acompañamiento, apoyo y asesoría a todos los familiares que tienen alguna persona desaparecida, incluyendo el caso Jalisco.

El desafío es gigantesco, pero es obligación— urgente— del Estado hacer que la cifra de 124 mil personas desaparecidas y no localizadas que suman en total en el país se estanque y no siga abriendo la brecha, ya enorme, entre tecnologías de la muerte y futuros de vida.