¿Qué decimos cuando decimos “fue el Estado” ?: Una reflexión a 9 años de la noche de Iguala

Sandra Vanina Celis

Durante su campaña presidencial el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se llegaría a la verdad en el caso Ayotzinapa.

Pero más que una promesa de campaña, éste fue un profundo compromiso ético: en primer lugar, frente a las madres y padres de los muchachos. Pero también frente a toda una nación desollada por el terror neoliberal.

Ese compromiso se puede leer en una clave política que implica que la disputa por el Estado mexicano en la Cuarta Transformación no se limita a la redistribución de la riqueza y ni siquiera a la justicia social, sino que va más allá. Lo que está en juego antes como ahora es la memoria histórica, sin la cual sería imposible cimentar un nuevo proyecto nacional: una auténtica regeneración nacional.

Hoy nuestro gobierno ha dado enormes pasos en el combate a la ignominiosa “verdad histórica”. Actualmente hay más de 80 detenidos, entre policías, funcionarios del estado de Guerrero, el ex procurador Murillo Karam, el ex titular de la SEIDO, Gualberto Ramírez, y varios militares, entre los que destaca el general José Rodríguez y el capitán José Martínez Crespo.

Sumado a estas acciones insólitas el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ha reconocido públicamente que lo ocurrido esa noche del 26 de septiembre en Iguala fue un crimen de Estado. Y hoy, en los libros de texto gratuitos, el hecho es contado como uno de los episodios más lúgubres de la «guerra contra el narco», para que las nuevas generaciones no lo olviden jamás.

Este reconocimiento es, sin duda, un paso gigante en la búsqueda de verdad y justicia. Sin embargo, hay que ser precisos en lo que significa esta suerte de “tipificación”, que de ser consigna pasó a ser un crimen reconocido a nivel gubernamental.

¿Qué significa que Ayotzinapa sea reconocido como un crimen de Estado?

En primer lugar, este reconocimiento significa que lo sucedido la noche del 26 de septiembre en Iguala no fue un hecho aislado, sino la expresión de un auténtico des-orden social, una fractura y una descomposición producto del capitalismo del siglo XXI (Ceceña, Ana Esther), así como del marcado talante autoritario de los gobiernos neoliberales que, aunque no tenían como único modo de representación al autoritarismo —persistían formas de clientelismo, corporativismo y parlamentarismo—, hicieron de la fuerzas policiales y militares una auténtica fuerza productiva del Estado, moldeando así una forma de intervención particularmente coercitiva. En segundo lugar, es la comprobación de que el de Iguala fue un crimen cometido, no por unos cuantos individuos, sino por un conjunto muy amplio de personas que incluían a funcionarios públicos situados en diversas esferas estatales y con nexos directos con el crimen organizado.

Tomando esto en cuenta el Estado (y su crimen) cobran otra dimensión. El reconocimiento de que fue el Estadono invita tanto a señalar a un Estado monolítico, a un sujeto-Estado que habría cometido el crimen como si de un asesino con pistola se tratara. Más bien, desde esta perspectiva, invita a pensar la complejidad del Estado, el cual nunca ha dejado de tener protagonismo —como nos quisieron hacer creer los mitos neoliberales del “adelgazamiento” o “debilidad” del campo estatal.

El Estado, pues, no es un monolito y ni siquiera una relación social, sino la condensación de dichas relaciones. Así, en el crimen de Estado podríamos decir que no es el Estado el que actúa, sino que:

… son siempre conjuntos específicos de políticos y funcionarios estatales ubicados en partes y niveles específicos del sistema estatal. Son ellos quienes activan poderes específicos y capacidades estatales inscritas en instituciones y agencias particulares. Además, como en toda acción social, las condiciones no reconocidas influyen en el éxito o el fracaso de sus acciones y siempre hay consecuencias imprevistas (Jessop, Bob, 1999, p.10).

En el caso Ayotzinapa hay culpables. Hay políticos, funcionarios y militares que activaron poderes y capacidades del Estado: acciones que desencadenaron la tragedia. Y más aún, también hay sectores reconocidos del cártel Guerreros Unidos que, en lo que sin duda se puede caracterizar como narco Estado, deben ser tomados en cuenta como parte de esta compleja red.

Reconocer lo anterior es, insistimos, un enorme paso en el camino hacia la justicia y la verdad. Pero también es un enorme paso para entender que la estrategia de disputar el Estado, lejos de ser una agenda sin vigencia o una batalla perdida, es hoy una lucha ineludible para todos los que nos digamos de izquierda.

El compromiso ético de AMLO apunta hacia allá. Apunta hacia cambiar la selectividad estratégica que inclinó a las estructuras del Estado a privilegiar los intereses de las mafias, por una selectividad estratégica que beneficie a los sectores populares y les permita avanzar en su amplio abanico de luchas. Dicha selectividad sólo puede cimentarse sobre la memoria material de nuestras luchas, y por eso recordar a nuestros 43 y reconocer que fueron víctimas de un Estado inclinado al terror es un primer paso fundamental.

Sin embargo, como obradoristas debemos ser autocríticos y reconocer también nuestras limitaciones y errores. Lo cierto es que, al día de hoy, a 9 años del crimen, seguimos sin saber dónde están los 43. Y ha habido grandes avances, ello es incontestable; pero las investigaciones no han estado exentas de irregularidades y resistencias, sobre todo por parte de la SEDENA y la SEMAR, tal como consta en los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y como lo han denunciado diversos grupos de Derechos Humanos junto al propio abogado de las familias, Vidulfo Rosales.

Frente a ello, con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina y con la deuda de discutir urgentemente el futuro del militarismo en México, debemos decir hoy más que nunca:

¡Ayotzi vive, la lucha sigue!

Sólo así, siendo autocríticos y conscientes de las muchas tareas pendientes, podremos avanzar realmente en esta disputa por la democratización del Estado, la cual apenas comienza.

Referencias

Ceceña, Ana Esther. (2014). Ayotzinapa, emblema del ordenamiento social del siglo XXI, América Latina en movimiento, volumen 500,5-8.

Ferri, Pablo. (22 de junio 2023). El GIEI señala su salida definitiva del caso Ayotzinapa en julio tras los continuos desencuentros con el ejército. El País. https://elpais.com/mexico/2023-06-22/el-giei-senala-su-salida-definitiva-del-caso-ayotzinapa-en-julio-tras-los-continuos-desencuentros-con-el-ejercito.html#?prm=copy_link

Jessop, Bob (2017). La selectividad estratégica del Estado: reflexiones sobre un tema de Poulantzas (Trad. Grupo de Investigación sobre Teorías del Estado UBA). Journal of the Hellenic Diaspora, volumen 25, 1-37. (Trabajo original publicado en 1999).

https://teoriasdelestado.wordpress.com/2017/05/02/la-selectividad-estrategica-del-estado-reflexiones-sobre-un-tema-de-poulantzas/

Rompeviento. (22 de septiembre 2023). Ayotzinapa: ¿Qué información oculta el Ejército?: Entrevistas a Ángela Buitrago y Vidulfo Rosales. [Archivo de video]