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Política nacional de vivienda en la Zona Metropolitana del Valle de México durante el sexenio peñista

Miguel Ángel Gorostieta[1]

Una inquietud frecuente entre los asesores técnicos que trabajan en el proceso de producción social de vivienda es la poca orientación de los recursos públicos a esta forma de acceder a la misma. Cotidianamente, la asistencia técnica se enfrenta a la imposibilidad de aplicar el subsidio federal en las regiones donde interviene o que, cuando se aplica, es complicado acceder a los montos máximos, lo que deviene en la pregunta expresa: ¿Dónde se aplican los subsidios de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi)?

Esta pregunta sencilla, pero de gran profundidad, fue el motivo para iniciar este primer acercamiento con el funcionamiento y ejecución del entonces Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales en la Zona Metropolitana del Valle de México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. En un primer momento la respuesta fue evidente: la adquisición de vivienda nueva, a través de Infonavit, absorbió la mayor cantidad de recursos. Pero, si se territorializa la pregunta, el sentido de la respuesta adquiere una dimensión mayor; así, el estudio de la región indica que fueron cinco municipios los principales beneficiados con los subsidios federales y, de forma coincidente, se trató de localidades donde existe un mayor número de viviendas nuevas adquiridas mediante la compra.

El objetivo de este texto es mostrar que la visión mercantil de la política habitacional del gobierno de Enrique Peña Nieto determinó la orientación de los subsidios hacia un tipo específico de solución habitacional en regiones particulares de la zona metropolitana, limitando alternativas como la producción social de vivienda. Se espera que la lectura de los resultados y las consecuentes propuestas contribuyan al necesario debate sobre la política nacional de vivienda.

Política Nacional de Vivienda

La Política Nacional de Vivienda que enarboló el gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, se planteó un modelo habitacional enfocado a promover un desarrollo de vivienda ordenado y sustentable que incluía el mejoramiento de la vivienda urbana y rural. La materialización de este objetivo implicaba, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, “orientar los créditos y subsidios gubernamentales hacia proyectos que fomenten el crecimiento urbano ordenado” (Gobierno de la República, 2013: 54).

De forma crítica, el diagnóstico partía de analizar un crecimiento urbano que no había tenido límites claros en las zonas metropolitanas. Estas habían crecido 20.6% en superficie entre 1990 y 2010 como consecuencia del aumento de las casas independientes habitadas que, en el mismo periodo, crecieron en 7.1 millones frente al decrecimiento de 90 mil departamentos en edificio. Ante este panorama, la consecuente conclusión era la ordenación del territorio bajo el modelo imperante de ciudad compacta, productiva, competitiva, incluyente y sustentable; pero, con la intención de que la vivienda “siga siendo el motor de la economía” (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano [Sedatu], 2014).

En correspondencia con el artículo 19 de la Ley de Vivienda, la Conavi tiene la atribución de desarrollar y ejecutar los programas de financiamiento, subsidio y ahorro previo para la vivienda. Esta estrategia de política pública ha sido generalizada en América Latina y reconocida como sintomática de un Estado facilitador, que no instrumentador, para las soluciones habitacionales. De esta forma, el solicitante se enfrenta, por un lado, a la necesidad de comprobar sus ingresos para acceder al crédito y, por otro, a la dificultad sistémica de generar el ahorro (Domínguez et al., 2017: 5). Se trata, en suma, de un Estado liberal que incentiva al mercado para el desarrollo de vivienda a través, en el caso mexicano, del principal organismo nacional que se ha consolidado como un financiador de créditos hipotecarios orientados a la vivienda nueva.

Durante el sexenio peñista, la Conavi otorgó 967,092 subsidios a nivel nacional a través, principalmente, del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales en sus diversas modalidades. De este total, el 66% fueron aplicados en unidades nuevas, 15.1% en acciones de mejoramiento, 10.8% se destinaron a la autoproducción, 5.8% en vivienda usada y, finalmente, 0.3% en lote con servicios y 2% para otros (Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda [SNIIV 2.0], 2018a). Priorizar la construcción de nuevo parque habitacional, frente al resto de modalidades, supone un cuestionamiento al fomento estratégico del mercado secundario y la autoproducción planteado por el Programa Nacional de Vivienda. Para completar el breve panorama, es preciso señalar que el tipo de entidad ejecutora que se ha privilegiado, incluso desde años antes del sexenio estudiado, es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Entre enero de 2013 y diciembre de 2018, el Instituto dispersó el 68.3% del total de subsidios. De estas 660,252 acciones, el 92.4% se aplicaron en vivienda nueva, 93.9% en un tipo de vivienda popular[2] y 81.7% con una población cuyo ingreso era menor a 2.6 veces el salario mínimo mensual (VSMM). En cierta medida, el Estado estuvo subsidiando a la población de menor ingreso para que accediera a un específico tipo de vivienda bajo mecanismos determinados de acceso; es decir, solucionar el problema de la vivienda dentro de un modelo imperante que arroja ganancias para los desarrolladores privados.

A pesar de que el discurso oficial reiteró que los subsidios del gobierno federal para vivienda tenían como prioridad aquellos habitantes no afiliados, representando una alternativa para la población no beneficiaria de los organismos nacionales (Sedatu, 2018), el Infonavit se ha encargado de aplicar la mayor parte de los subsidios de la Conavi en los últimos 12 años. Es preciso resaltar que, como se ilustra en la gráfica 1, durante el sexenio calderonista la participación del Instituto, aunque mayoritaria, fue oscilante y coincidió con los efectos de la crisis económica; sin embargo, en el periodo siguiente, la tendencia es ascendente hasta alcanzar, en 2016, el máximo histórico de 80.5% y, posteriormente, descender hasta el 59.7% en 2018, año en que el Consejo Nacional de Vivienda Económica Verde y Sustentable (Convives) toma mayor participación como tipo de entidad ejecutora.

Fuente: Elaboración propia con información del SNIIV 2.0, Consulta dinámica de subsidios CONAVI 2007-2018, (datos al 31 de diciembre de 2018) Nacional.

Frente a la preminencia del Infonavit en la dispersión de los subsidios de la Conavi, resalta la participación como entidad ejecutora de la Producción Social de Vivienda Asistida (PSVA) que agrupa una diversidad de instituciones de carácter social. Como efecto del reconocimiento e incorporación de la producción social de vivienda en la Ley de Viviendapublicada en junio de 2006, la activa participación de las organizaciones civiles (algunas integrantes de la Red de Productores Sociales de Vivienda) y la apertura de las autoridades de la Conavi (Almanza, 2013: 5-7), la PSVA aumentó su participación relativa; de este modo, entre 2007 y 2012 existe una tendencia creciente hasta alcanzar, en 2012, la aplicación del 8.1% del total de subsidios. A pesar del reconocimiento discursivo del gobierno peñista de la producción social e, incluso, incorporarla como la estrategia 3.2 en el programa sectorial, es evidente que la PSVA como alternativa habitacional quedó rezagada, cayendo al 0.9% del total de subsidios aplicados en 2018.

En el último sexenio, los organismos agrupados en el tipo de entidad PSVA aplicaron 28,943 subsidios, lo que representó el 3% del total de acciones. Este universo se dividió entre la autoproducción (51.8%), el mejoramiento (47.7%) y el lote con servicios (0.5%). Es importante destacar que el 99.9% de los subsidios se dispersaron en viviendas de tipo económica, con un valor menor a los 118 VSMM; por otra parte, los beneficiarios se dividieron, en su mayoría, entre aquellos que percibían menos de 2.6 VSMM (74.4%) y entre 2.61 y 4 VSMM (21%) (SNIIV 2.0, 2018a).

El estudio de la implementación programática de la política pública muestra el privilegio de la construcción de vivienda nueva bajo una visión de mercado. Se ha fomentado la perspectiva de una mercancía que debe ser auxiliada con recursos públicos, por su propia dinámica de bien caro, alejándose de su concepción como un derecho humano. De esta forma, la contradicción queda paliada. El fomento económico del mercado inmobiliario, inscrito en un sistema de ganancia, limita el derecho a la vivienda, pero este último aspecto sigue siendo relevante y se trastoca en una “problemática” de vivienda que el Estado atiende por medio de una política pública orientada, precisamente, al mercado.

Implementación metropolitana de la Política Nacional de Vivienda

La predilección de la visión mercantil de la vivienda, que la conceptualiza como un objeto que se produce y se vende como cualquier otra, ha conducido a una desarticulación de la política pública con los principales procesos de adquisición y construcción de la vivienda en el territorio; esta situación se expresa en la orientación del subsidio para nuevos desarrollos habitacionales. Como consecuencia, la aplicación del recurso tiene una territorialización específica donde se privilegian ciertos municipios, determinando, de esta forma, los procesos de urbanización en zonas específicas. En el siguiente apartado se intentará ilustrar este proceso en a través del estudio de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Como región, la ZMVM[1] ha presentado un ritmo de crecimiento del parque habitacional inferior al nacional entre el año 2000 y el 2015; si bien el Estado de México y el municipio de Tizayuca presentan ritmos de crecimiento más acelerados, el conjunto se observa atenuado por el efecto que tienen las bajas tasas de crecimiento en la Ciudad de México. De este modo, el número de viviendas particulares habitadas de la región ascendió de 4.2 millones en el año 2000 a 5.7 millones en el 2015. Aunque el ritmo de crecimiento poblacional sigue la tendencia anterior, la población ha crecido a un ritmo menor que las viviendas como consecuencia, en parte, de la transformación en la composición de los hogares, impactando en el número de habitantes por vivienda. Para el 2000 la población ascendía a 18.3 millones de habitantes, mientras que 15 años después se contabilizaron 20.8 millones, lo que implica que, por lo menos, 17 de cada 100 mexicanos habitan en esta zona metropolitana (Instituto Nacional de Geografía y Estadística [INEGI], 2018; INEGI, 2015a).

Los datos levantados por el Censo de 2010 muestran que en la región la forma prioritaria de adquisición de la vivienda en propiedad fue a través de la autoproducción. De los 3.6 millones de unidades que conformaban el parque habitacional propio, el 36.4% se mandó construir, mientras que el 33.2% se efectuó por medio de la autoconstrucción. Solamente el 25.5% se adquirió mediante la compra. La Encuesta Intercensal, realizada cinco años después, integró dos nuevas variables, herencia y donación del gobierno, que modificaron el porcentaje de adquisición por medio de la autoproducción, pero no, sustancialmente, el de la compra; en este sentido, de los 3,203,393  de viviendas propias que se ubicaban en la ZMVM, el 26.6% se adquirió a través de la compra, el 37.1% fue mandado a construir, el 22.6% se realizó por autoconstrucción y, de forma relevante, el 11.2% se obtuvo mediante alguna herencia (INEGI, 2010; INEGI, 2015a).

A nivel nacional, el porcentaje de las viviendas particulares habitadas propias cuya adquisición fue por medio de la compra ascendió al 30.1% en 2010, cifra más elevada que el promedio de la ZMVM; sin embargo, como es notorio en el mapa 1, existen varios municipios ubicados en la región central cuya adquisición rebasa la media del país. Incluso, en localidades como Azcapotzalco, Iztacalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Coacalco, Cuautitlán, Huehuetoca, Tecámac, Chicoloapan, Ixtapaluca, Jaltenco, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Tizayuca más del 50% de su parque habitacional propio fue adquirido bajo esta modalidad. Dejando de lado las alcaldías de la Ciudad de México, en función de su histórica consolidación urbana, es preciso destacar municipios como Coacalco donde el porcentaje alcanza el 86.2%, Huehuetoca con el 59.6%, Tecámac donde representa el 57.3% y Tizayuca donde la vivienda comprada llega al 58.1% del total (INEGI, 2010).

 

Mapa. 1. Viviendas Particulares Habitadas propias cuya adquisición fue por medio de la compra en 2010 por municipio (Porcentaje)

 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del cuestionario ampliado

En el conjunto de la ZMVM, la participación porcentual de la vivienda comprada pasó del 25.5% en 2010 al 26.6% en 2015, apenas una diferencia de una unidad porcentual; sin embargo, el seguimiento puntual a determinados municipios arroja otra perspectiva. Por referir algunos ejemplos, en el municipio de Chalco pasó de representar el 61.9% al 76.9%, en Huehuetoca del 59.6% al 70.1%, en Nextlalpan del 5.8% al 33.3%, en Tecámac del 57.3% al 70.1%, y en Zumpango del 10.3% al 41.8% (INEGI, 2010: INEGI, 2015a). El aumento de vivienda comprada hace evidente que, en los municipios periféricos, particularmente del norte de la ZMVM, los desarrollos inmobiliarios han presentado un crecimiento importante durante estos cinco años.

El objeto de tomar la variable de compra, en lugar de las otras, responde a la posibilidad de comparar de manera más confiable la forma de adquisición de la vivienda; pero, también permite vislumbrar que, en contraparte, la autoproducción es mayoritaria en los municipios de la zona de estudio. En municipios como Milpa Alta, Apaxco, Atenco, Axapusco, Chimalhuacán, Huexpoxtla, Isidro Fabela, Jilotzingo, Nopaltepec, Otumba, Tequixquiac, Tezoyuca y Villa del Carbón, el porcentaje de autoproducción rebasa el 80%, de acuerdo a los datos arrojados por la Encuesta Intercensal (INEGI, 2015a). Se trata, primordialmente, de municipios periféricos ubicados tanto en el oriente como en el poniente de la ZMVM.

De forma paralela a la autoproducción, la mayor parte del parque habitacional propio se ha comprado o construido sin ningún tipo de financiamiento público o privado. En mayor medida, esta situación es el reflejo de procesos progresivos de construcción que se realizan dependiendo de la solvencia económica o, en el mejor de los casos, de las necesidades de los integrantes del hogar. En cierto sentido, sí existe un ahorro orientado a la construcción de la vivienda o la implementación de mecanismos artesanales de crédito; pero, estos procesos son de larga duración. Así, hasta 2015, el 64.6% de las viviendas particulares habitadas propias en la ZMVM se habían comprado, mandado a construir o fueron autoconstruidas con recursos del propio habitante. En el resto de las viviendas propias había intervenido algún tipo de financiamiento externo como Infonavit (21%), la banca (7.4%) o alguna otra institución financiera (4.1%), por referir los más relevantes (INEGI, 2015b).

La territorialización de la vivienda propia sin financiamiento, ilustrada en el mapa 2, muestra una marcada coincidencia entre los municipios periféricos cuyas viviendas se adquirieron con recursos propios y aquellos cuya adquisición mayoritaria fue por medio de la autoproducción. La observación detallada de la variable “sin financiamiento” indica que, en 31 de los 76 municipios, el porcentaje asciende a más del 90%; el punto máximo, 97.6%, se presentó en un par de localidades: Juchitepec y Ecatzingo. Por su parte, entre los municipios donde el porcentaje de esta modalidad es menor se encuentra Coacalco con 24.6%, Cuautitlán con 23.7%, Huehuetoca con 29.6% y Tizayuca con 33%. En conjunto, esta información abona elementos para señalar que el financiamiento público está orientado a la compra de vivienda nueva (INEGI, 2015b).

El análisis territorial de la aplicación de los subsidios de la Conavi contribuye a una mayor comprensión de la política de vivienda en la zona metropolitana. Entre 2013 y 2018 se otorgaron 44,259 subsidios en la ZMVM; en concordancia con la tendencia nacional, la vivienda nueva absorbió el 69.2% del total, mientras que en el mejoramiento se aplicó el 8.1% y en la autoproducción sólo el 3.7%.  La dispersión de subsidios se realizó de forma preferente por medio del Iinfonavit, como tipo entidad, al aplicar el 60.5% del total de los recursos; sin embargo, es notorio que en el municipio de Tizayuca y los 59 municipios del Estado de México su intervención rebasa el 67%. Es preciso resaltar que, el Instituto presentó una aplicación mínima (0.2%) en el caso de la Ciudad de México donde las Fuerzas Armadas se encargaron de aplicar el 83.3% del total de subsidios durante el sexenio (SNIIV 2.0, 2018b).

Mapa. 2. Viviendas Particulares Habitadas propias que fueron compradas, mandadas construir o construidas por el dueño(a) utilizando recursos propios en 2015 por municipio (Porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. Microdatos de la Encuesta Intercensal 2015.

Aunque la participación de la Producción Social de Vivienda Asistida fue marginal, resulta relevante que sea justamente en la Ciudad de México donde obtenga mayores porcentajes en relación del total de subsidios otorgados a esta entidad; así, alcaldías como Iztapalapa y Xochimilco se vieron beneficiadas, principalmente, con esta alternativa de desarrollo de vivienda. En el caso del Estado de México, Ecatepec fue el municipio con un mayor número de acciones realizadas por la PSVA. Estos tres casos abren la posibilidad de un análisis a profundidad sobre los alcances de la producción social de vivienda con el apoyo de la asesoría técnica de corte social en el marco de un programa federal.

Mapa 3. Distribución porcentual de los subsidios otorgados por la Conavi en los municipios de la ZMVM entre 2013 y 2018

Fuente: Elaboración propia con información de SNIIV 2.0. Consulta dinámica de Subsidios CONAVI 2013-2018 (datos al 31 de diciembre de 2018) Estatal-Municipal.

Los 44,259 subsidios otorgados en la región durante el sexenio peñista se aplicaron en 70 de los 76 municipios. Si hubiese una distribución equitativa, cada municipio obtendría un promedio de 1.4% del total de los subsidios; sin embargo, como es notorio en el mapa 3, 61 municipios no aplicaron más del 1% del total de recursos. Entre aquellos que aplicaron entre 1 y 2 por ciento se encuentran Xochimilco, Chalco y Coacalco; mientras que en Ecatepec se dispersó el 3.4% del total. Las cinco localidades restantes resaltan por la relevante intervención de Conavi: en Nextlalpan se dispersó el 6.8%, Tecámac el 7.4%, Huehuetoca el 16.3%, Zumpango el 19.8% y Tizayuca el 21.1% (SNIIV 2.0, 2018b); en conjunto, en sólo cinco municipios se realizaron 71 de cada 100 acciones habitacionales subsidiadas. 

Estos últimos municipios se localizan al norte de la ZMVM y comparten ciertas características: un mayor número de viviendas propias adquiridas por medio de la compra o un aumento de este tipo de vivienda entre 2010 y 2015 y una menor utilización de recursos propios. En cuatro de las cinco localidades, con la exclusión de Tecámac (77.3%), se orientó más del 90% de los subsidios a la compra de vivienda nueva; el caso más relevante es Nextlalpan donde el porcentaje ascendió al 99.9% del total destinado al municipio. Por su parte, el Infonavit tiene una participación prioritaria en tres municipios: Huehuetoca (91.5%), Nextlalpan (91.4%) y Zumpango (97.7%); en el caso de Tecámac el instituto dispersó sólo el 38.1% del total de subsidios municipales, pero las siguientes entidades fueron Fovissste, al aplicar el 38.6%, e intermediarios financieros que aplicaron el 20.1% (SNIIV 2.0, 2018b).

En la Zona Metropolitana del Valle de México la ejecución del principal programa de Conavi ha fortalecido el mercado de vivienda nueva a través del Infonavit; territorialmente se ha orientado a aquellos municipios periféricos del norte donde los desarrolladores inmobiliarios encontraron un nicho de oportunidad. Las consecuencias más visibles son la desarticulación de los subsidios con la forma mayoritaria de adquisición de vivienda y la aplicación marginal en otros municipios periféricos donde no ha intervenido ningún tipo de financiamiento externo, localidades en que las viviendas se han consolidado con los recursos propios del habitante. Otra consecuencia, que sería un síntoma de la incomprensión de la dinámica metropolitana y de los procesos urbanos, es la construcción masiva de vivienda nueva en cierta parte de la periferia que, aunque se inscriban en los perímetros de contención urbana, no cuenta con la suficiente capacidad para proveer servicios, mientras que su poca accesibilidad fomenta el abandono de vivienda.

 

Repensar la Política Nacional de Vivienda

El análisis particular de la ejecución de los subsidios otorgados por la Conavi en la Zona Metropolitana del Valle de México confirma la tendencia nacional de una política de vivienda orientada al mercado durante el sexenio de Peña Nieto. La institución encargada de materializar dicha política fue el Infonavit; organismo que, al abandonar la promoción y fortalecer su carácter de financiera, ha contribuido en acrecentar las ganancias de los desarrolladores privados. Por otro lado, a pesar de su potencial, la Producción Social de Vivienda Asistida, como tipo de entidad, estuvo rezagada del principal programa de subsidios durante el sexenio peñista; salvo algunas excepciones, como Xochimilco, Iztapalapa y Ecatepec, donde intervinieron universidades y asociaciones civiles. En general, la participación de la PSV quedó limitada como una alternativa de vivienda que priorizara la modalidad de autoproducción frente a la compra de vivienda.

Territorialmente, la mayor parte de los recursos se dispersaron en cinco municipios del norte de la ZMVM, privilegiando aquellos donde la adquisición de vivienda propia fue por medio de la compra a través del financiamiento público y privado. En caso contrario, en las localidades periféricas donde la vivienda ha sido autoproducida con recursos propios, el porcentaje de subsidio aplicado durante el sexenio, salvo algunas excepciones, no rebasó el 1%. El abandono del entendimiento de la vivienda como un derecho humano, que implica un proceso social, ha conducido a que el mercado sea la principal condicionante para orientar los subsidios y, de esta forma, influir en los procesos de urbanización.

La experiencia de la producción social de vivienda muestra que el subsidio en su modalidad de autoproducción es importante para la construcción y consolidación de la vivienda al encontrarse en correspondencia con los mayoritarios procesos de adquisición. Muchas familias perciben el apoyo económico como un incentivo para la ampliación y el mejoramiento; sin embargo, comúnmente el recurso entregado no es suficiente para concluir una vivienda habitable bajo los estándares de la Conavi. Pero, es claro que la necesaria elevación del número de subsidios aplicados por la PSVA y el aumento en el monto económico sólo será posible con un cambio en la política habitacional que implique un giro en la conceptualización de la vivienda: de una mercancía a un proceso social bajo la perspectiva del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada.

Así, la visión de la vivienda como proceso se convierte en un elemento trascendente para la concepción y ejecución de cualquier programa de subsidios que se planteé incidir en los principales procesos de producción habitacional. Las formas mayoritarias de adquisición de vivienda, mandada a construir y autoconstrucción, son un indicativo de que existe una intervención activa del habitante y suponen la capacidad de ahorro como un potencial para el financiamiento de la PSVA. Sin embargo, el esquema de subsidio, ahorro y crédito, por lo menos en la modalidad de autoproducción, debe modificarse. 1) El subsidio debe aumentar lo suficiente para garantizar la habitabilidad; 2) el ahorro de la familia debe considerar, en forma flexible, materiales existentes y la mano de obra propia; y 3) el crédito debe desaparecer. La implementación del crédito supone dos elementos, por un lado, moviliza el aspecto financiero de la vivienda y, por otro, garantiza la participación activa de la familia y la correcta aplicación del subsidio. Este último aspecto puede quedar cubierto con la intervención de la Asistencia Técnica, pero también tiene condicionantes.

La asesoría técnica debe plantearse como integral; es decir, una parte de asistencia arquitectónica y otra social que se oriente a la participación comunitaria. En conjunto, debe estar financiada y supervisada bajo la lógica de una Asistencia Técnica Integral que se trace como objetivo el fortalecimiento del tejido comunitario en términos sociales y económicos. En el caso de la intervención en municipios periféricos, limitados por los perímetros de contención urbana, debe implicar el desarrollo económico y de los servicios en la región bajo la perspectiva de que la vivienda genera ciudad y, por ende, relaciones socioeconómicas.

Para ello, la política habitacional debería trascender del diagnóstico oficial dado en el anterior sexenio; análisis que limitó a la expansión urbana como un producto directo de la construcción de vivienda horizontal. Es preciso considerar los múltiples factores que atraviesan esta expansión sin sentido, destacando los siguientes: el crecimiento de los precios del suelo en áreas servidas que impiden el acceso a la población más vulnerable; el fomento de limitados polos de desarrollo que atraen y mantienen a la población en las grandes ciudades, aunque vivan en las periferias; y, justamente, el privilegio de la compra de vivienda nueva en áreas alejadas sin equipamiento, ni trabajo, construidas para hacer dinero, no ciudad. De esta forma, la “problemática” de la vivienda adquiere dimensiones mayores que rebasan la atención al rezago habitacional, sin que este deje de ser trascendente.

La transición del gobierno federal y la publicación del Programa Nacional de Vivienda 2019-2024, que incluyó las siete cualidades del DHVA, abrieron la oportunidad de repensar la materialización de la política habitacional en territorios específicos. Los nuevos encargados del sector, con una visión más cercana a la producción social de vivienda, han considerado la reconstrucción tras el sismo de 2017 (por lo menos en el primer año de gobierno) como el elemento central de la política habitacional; asimismo, se han planteado la atención a comunidades específicas, como los pueblos yaquis, donde existen problemáticas y deudas históricas. De forma trascendente, han decidido desaparecer el Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales e impulsar el Programa de Vivienda Social. Si bien este último presenta una nueva visión que da prioridad a las personas más vulnerables en las entidades que presenten mayor rezago habitacional, el programa mantiene el cofinanciamiento para la adquisición de vivienda nueva con los organismos de vivienda.

Aunque la experiencia y los discursos de los actuales responsables de la Conavi son un aliciente para confiar en que se desarrolle una perspectiva social de la vivienda basada en el DHVA, es necesario que existan pasos claros en este sentido. Para tal efecto, la propuesta sostenida por el presente trabajo es profundizar el debate en torno a la pertinencia del crédito, la correspondencia de los subsidios con los principales procesos de producción de la vivienda en el territorio y el fortalecimiento de las modalidades de autoproducción a través de una asesoría técnica integral. Si se consideran estos elementos en la aplicación del naciente programa de subsidios, es indudable que la producción social de la vivienda recibiría un aliento mayor al que se ha visto en los pasados años.

Bibliogríafa

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[1] Otra versión del artículo se publicó en Eibenschutz, Roberto y Carrillo Martínez, Laura (coord.). Repensar la metrópoli III. Tomo I: planeación y gestión. México: ANUIES; UAM, 2020.

[2] Tipo de vivienda Económica (Menos de 118 VSMM = $343,826.43); tipo de vivienda Popular (De 118 VSMM a 200 VSMM = entre $343,826.43 y $537,228.80).

[3] Para este estudio la ZMVM está integrada por 59 municipios del Estado de México, 16 alcaldías de la Ciudad de México y 1 municipio de Hidalgo.

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