Arturo Flores Mora

«Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica».

Salvador Allende

Bastó un error en el presupuesto de egresos asignado a las universidades públicas para que los sectores más conservadores y desclasados de las unidades académicas aprovecharán la ocasión para segregar un odio visceral contra el gobierno democrático de Claudia Sheinbaum.

Estudiantes y docentes que en la pasada elección votaron por las propuestas de privatización y mercantilización de la educación a través del PRIAN y que en el caso de la Ciudad de México, votaron por el aumento en el costo del metro por Santiago Tajada, ahora resultaron ser los «defensores» a ultranza del gasto público, aunque omiten selectivamente las ultra transas de las burocracias doradas de la UNAM y de la UAM.

El descontento de estos sectores surge a partir de una lógica burda y superflua:

• El gobierno recorta presupuesto a la UNAM, IPN y a la UAM.
• La UNAM, el IPN y la UAM son las «mejores» instituciones de educación.
• Por tanto, el gobierno odia la educación.

El repetitivo discurso neoliberal del privilegio y la meritocracia ha conducido a que estudiantes sin ética ni identidad lleguen a creer que la instrucción de la educación superior sólo se encuentre en estás tres instituciones. La exclusión del 90% de aspirantes ha contribuido a que en el pensamiento conservador lo anterior sea motivo de superioridad y no de indignación.

No obstante, los sectores conservadores callaron como momias cuando los partidos a los que con vergüenza apoyan eliminaron del Artículo Tercero de la Constitución la obligación del Estado Mexicano de garantizar el derecho a la educación también a nivel superior, ocasionando que por cada universidad pública se construyeran 4.5 escuelas privadas de educación superior. Además, la privatización de la educación superior y la ofensiva neoliberal en contra de los salarios ocasionó que de cada 10 niños que iniciaron la primaria, sólo 8 de ellos lograran terminarla; de esos 8, sólo 6 pudieran terminar la secundaria; de esos 6, sólo 4 lograran pasar a la preparatoria, y de esos 4, sólo 1 pudiera titularse como licenciado o licenciada de acuerdo a la Dirección General de Desarrollo Curricular de la Secretaría de Educación Pública.

Ante este panorama, desde el gobierno del presidente López Obrador se llevaron a cabo medidas profundas para garantizar el acceso a la educación superior a millones de jóvenes ante las limitaciones éticas y estructurales de las universidades consentidas por el presupuesto. Ejemplo de ello lo son las más de 200 escuelas Benito Juárez construidas en tiempo récord para atender a los jóvenes excluidos de las principales universidades públicas. Además de las universidades, también los jóvenes fueron apoyados con la beca Jóvenes escribiendo el futuro. Nunca en la historia del país se habían entregado tantas becas a jóvenes de educación pública pertenecientes a familias de escasos recursos. Este programa que es de carácter universal y constitucional (tanto así que hasta panistas mareados la han solicitado mientras vociferan uso clientelar del programa) ha beneficiado en tan sólo seis años a 14 millones de estudiantes que para el caso de los estudiantes universitarios, el monto es de 4900 pesos bimestrales.

Cabe recordar que todo lo contrario ocurrió primero en 2019 y ahora en 2024, cuando las burocracias doradas ante el riesgo de una disminución en el presupuesto no de la educación, sino de sus universidades, avisaron que los recortes afectarían sus programas de becas. ¿Acaso no resulta sospechoso al más elemental sentido común que la burocracia dorada amparada en la autonomía prefiera recortar la totalidad del programa de becas a sus privilegios?

Basta señalar que, en el tabulador para órganos personales, instancias de apoyo, mandos medios y personal administrativo de confianza, los sueldos mensuales rondan desde los 68 mil pesos para un director administrativo, hasta los 154 mil pesos para el director general del nivel I. Llama la atención que, en este último caso, el salario base sea de 29.690 pesos mientras que por compensación garantizada el monto sea de 115 mil 829 pesos. Prácticamente, los rectores de los niveles F, G, H, e I llegan a ganar incluso más que la presidenta de México con su salario actual de 134 mil 290 pesos mensuales.

Pero no sólo son los salarios de los altos mandos institucionales, sino también con la serie de privilegios con los que cuentan. De acuerdo al portal Somos el Medio, las burocracias doradas tanto en la UNAM como en la UAM cuentan con chóferes, celulares, vales de gasolina, vales para comida, y cuando salen del cargo en el caso de la UAM, siguen cobrando su salario íntegro durante dos años más. Particularmente en el caso de la UNAM, existen partidas secretas para camionetas de lujo para el director de cada facultad, dinero para viajes al extranjero etiquetados como «viajes de investigación» y bonos por dirección de tesis.

De acuerdo a lo anterior ¿Realmente se cree que los aumentos en el presupuesto de las universidades consentidas beneficia a cada uno de los estudiantes? No obstante, la fauna conservadora defiende estos privilegios con la ingenua retórica de que es el pago «justo» de su preparación y trabajo. ¿De verdad un rector trabaja más que el Poder Ejecutivo? ¿De cuándo acá la preparación y racionalidad tienen como objetivo el dinero y no la resolución de problemas sociales? Desde la crítica de la economía Política, ¿Puede un rector justificar su salario a partir de la desigual distinción entre el trabajo manual y el trabajo intelectual como si la universidad fuese una corporación industrial empresarial? Y desde la ética, ¿Será justo un salario así cuando el pueblo que mantiene con sus contribuciones el funcionamiento de las universidades percibe en promedio 10 mil pesos al mes?

Sin embargo, más allá de que toleren los lujos y privilegios que se dan a costa del gasto estudiantil, la complicidad conservadora radica en su primitivo aspiracionismo por gozar algún día de los mismos sueldos y privilegios para suplir sus permanentes y vergonzosas incapacidades morales y materiales. Así como en sus posturas políticas defienden a la burguesía sin ser burgueses, en lo académico defienden patéticamente a una burocracia con intereses contrarios al estudiantil.

En ese sentido, la falta de ética, así como la aspiración por la obtención de privilegios, lleva a la fauna conservadora a creer erróneamente que la universidad no es más que un medio para el ascenso personal y material, es decir, estudian para ganar dinero y encontrar un buen hueso, no por la pasión de aprender y servir al pueblo. Lo anterior se podría justificar en el caso de las universidades privadas en donde es el propio alumno el que invierte en su formación para su futuro; pero en el caso de la universidad pública, la situación es radicalmente diferente, pues el carácter público de su financiamiento exige a sus elementos a conducirse no en función de sus intereses egoístas o necesidades particulares, sino en función del bien común a través de la resolución de los urgentes problemas históricos y estructurales de la sociedad. Para eso se le brinda la oportunidad de acceder a la educación superior. Sin ese subsidio financiado por las contribuciones del pueblo jamás se podría acceder a la educación en un sistema regido por la ganancia y la mercantilización de la vida humana. Lo anterior no es utópico ni demagógico; para muestra de ello, en el Artículo Segundo Inciso II de la Legislación Universitaria de la UAM se expresa abiertamente: La Universidad Autónoma Metropolitana tendrá por objeto: Organizar y desarrollar actividades de investigación humanística y científica, en atención, primordialmente, a los problemas nacionales y en relación con las condiciones del desenvolvimiento histórico.

Contradecir lo señalado en aras del interés personal es pervertir el objeto de lo público. Paradójicamente, los elementos que más transgreden la norma anterior son los maestros y estudiantes de la conservadora carrera de Derecho que en procesos de transformación se las dan de muy santos a la hora de vigilar la ley y el Estado de Derecho. Basta señalar el vergonzoso ejemplo de Norma Piña, quien gracias a las contribuciones del pueblo logró estudiar en la UNAM y ahora sirve a la oligarquía dando clases en el ITAM, centro de adoctrinamiento autoconfesado neoliberal ligado a los intereses del sector empresarial.

En suma, las universidades públicas tienen antes que el lucro un compromiso social, y en un contexto de lucha de clases en donde las mismas burguesías reconocen su victoria, ser estudiante exige ponerse del lado del pueblo. Subordinarse a las clases dominantes aun mamando del erario es como en el servicio público motivo de corrupción y una violación a los objetivos de la Universidad pública.

Por otra parte, a partir del error de la Secretaría de Hacienda se ha puesto también en evidencia el chantaje político de la UAM, así como el odio y el clasismo de aquellos que dependen del mismo pueblo para continuar sus estudios (como bien se sabe, la doctrina de los conservadores es la hipocresía).

En primer lugar, en el comunicado de la UAM se dice que la disminución en el presupuesto del 14% implica la desaparición (no reducción) del programa de becas para 16 mil beneficiarios, la imposibilidad de concluir obras iniciadas en el presente año, y hasta el último, una caída real y significativa al pago de salarios del personal académico y administrativo. No obstante, la inconsistencia radica en que los supuestos defensores del alumnado han limitado hasta la fecha la participación del sector estudiantil en todas las sesiones del Consejo Académico con una mayoría apabullante de mandos superiores frente a la poca representación estudiantil; de igual manera, han recurrido a la postulación por división de candidatos estudiantiles a modo, y a su cooptación mediante becas de movilidad hacia el extranjero. También han intentado reducir permanentemente el número de becas sin existir de por medio recortes al presupuesto, así como eliminar subsidios en libros y alimentos. En síntesis, los aumentos anuales no se reflejan en la vida universitaria; todo se sigue concentrando discrecionalmente en los estratos superiores.

No obstante, ante la posibilidad de una disminución presupuestal, la burocracia dorada no escatima en desviar el problema a la comunidad estudiantil, a pesar de que desde el 2019 el gobierno de México ha exhortado a los mandos superiores a llevar a cabo una política de austeridad no en contra de los estudiantes, sino a nivel burocrático. Sin embargo, la fauna conservadora ha operado como carne de cañón en defensa de los privilegios de la burocracia a costa de sus propios intereses.

Un ejemplo lo encontramos en los comentarios de redes sociales a raíz de la publicación de la UAM, en donde el usuario Julio Trujillo comenta: «No sería mejor reducir la alta burocracia de la universidad y sus exagerados gastos», a lo que responde un estudiante representante del sector conservador «no sería mejor que no le recortaran el presupuesto?», como si realmente el aumento automáticamente generara mayores beneficios para el alumnado.

En segundo lugar, también a partir de una recopilación de comentarios se demuestra el conservadurismo de aquellos estudiantes que a pesar de ser universitarios siguen ostentando un preocupante nivel de pensamiento retrógrada y primitivo. Por ejemplo, la usuaria de Facebook Alejandra Solís comenta: «a defender nuestros derechos, no es posible que sólo quieran dar becas a los ninis». En el mismo sentido, la usuaria Mariela Gálvez escribe: «este gobierno traiciona a sus propios votantes así que a prepararse más y a luchar desde nuestras trincheras porque de un gobierno así que regala el dinero a los holgazanes y los que trabajamos y estudiamos que nos jodamos así va a ser este sexenio» (el comentario se escribió sin una sola coma).

Estos y otros tipos de comentarios que bien podrían competir con el discurso de odio, clasismo y racismo de Donald Trump, olvidan el pequeño detalle de que todos pagamos impuestos a través del consumo o de las contribuciones. Basta recordarles que la orgía del PRIAN a la que apoyan impuso ilegítimamente un impuesto del 16% a alimentos y medicinas; también, mientras que a los trabajadores se les descuenta el 35% de ISR, a las grandes empresas como las de Bailleres, Slim, Azcárraga, Salinas Pliego, entre otros, se les llegó a condonar hasta el 30% de impuesto sobre la renta.

En su infinita ignorancia, cabe recordarles que los actuales programas sociales se dan siempre y cuando se estudie o se capacite en alguna empresa o negocio. La característica de estos programas es que a diferencia de los gobiernos anteriores se entregan de forma universal, sin condiciones, todo asegurado como derechos por la propia Constitución. Basta salirse de las aulas y brigadear un poquito por las colonias para darse cuenta de que hasta los más feroces críticos de la 4T reciben algún apoyo, y justifican su doble moral sosteniendo que los apoyos no son por «López» o por «Morena», sino que se entregan gracias a sus impuestos, a pesar de que en los gobiernos anteriores nunca hayan recibido un sólo peso de impuestos a través de este tipo de programas. Incluso en las zonas más marginadas como en la Zona Oriente del Estado de México, las mismas líderes priístas y antorchistas de las colonias aguardan con ansias las convocatorias del Bienestar para hacerse del capital político a través de los programas sociales federales.

Vale señalar además que esos programas no se entregan a lo tonto, ni tienen como objeto como sostiene la chayocracia comprar voluntades, sino que están orientados a atender a más del 60% de la población en condición de pobreza y vulnerabilidad. Tanto la CEPAL, el Coneval y el Banco Mundial (que nadie puede tachar de organismos castrochavistas comunistas) han reconocido que tanto el aumento en el salario mínimo de 88 a 249 pesos como los programas sociales han sacado de la pobreza a 9.5 millones de mexicanos. Nunca en la historia de México 14 millones de estudiantes de todos los niveles habían tenido acceso a una beca; tampoco 3 millones de jóvenes habían tenido la oportunidad de recibir un ingreso por capacitarse para su primer empleo; nunca 12 millones de adultos mayores habían tenido derecho a una pensión; por primera vez casi 500 mil campesinos reciben un ingreso por trabajar el campo. El clasismo de la fauna conservadora les impide ver que desde la Cuarta Transformación llega más dinero del presupuesto al pueblo.

Resulta impresionante el caso de la Ciudad de México durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, ya que de acuerdo a un estudio realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia se demuestra que el inédito programa de «Mi beca para empezar» evitó el aumento de la pobreza infantil en el contexto de la pandemia mientras en otros países del cono sur se incrementaba. Las familias en condición de vulnerabilidad destinaron el 77% de este apoyo para cubrir la alimentación de la familia, el 18% lo utilizó para útiles y materiales escolares, y el 3% lo destinó para ropa o calzado (https://www.unicef.org/mexico/informes/programa-de-bienestar-para-ni%C3%B1as-y-ni%C3%B1os-mi-beca-para-empezar).

Resulta increíble que, ante la dimensión de los datos, los estudiantes conservadores supuestamente «sabiondos» y «racionales» prefieran comentar con el hígado. ¿Qué no son gente de razón y conocimiento?

En el mismo sentido, otros aprovechan la ocasión para denostar con frivolidad la existencia de las escuelas de educación superior Benito Juárez, creadas para garantizar el derecho a la educación en todos los niveles que con Salinas se restringió, privatizó y mercantilizó, convirtiendo a la educación en un privilegio que sólo unos cuantos podían pagar y limitando el acceso a millones de jóvenes a través del discrecional examen de admisión que sigue rechazando a 9 de cada 10 aspirantes no por falta de conocimiento en muchos casos, sino ante la falta de infraestructura para poder recibirlos. Por tanto, universidades como las Benito Juárez, la UACM, las Rosario Castellanos y las recién creadas Universidades de la Salud son precisamente para atender a esa población excluida, pero con ganas de seguir estudiando, evitando de este modo que por la falta de atención caigan en las filas del narco o la delincuencia.

A pesar de lo anterior, existen comentarios como los del usuario Raaz ZL, quien comenta: «Deberían de exigir mucho más presupuesto!!! es increíble como a la UAM le quitan para darle a las patito del gobierno». Otro comentario en el mismo sentido es el de María Elena Altúzar García, quién paradójicamente tiene una bandera de la UAM como foto de perfil a pesar de violentar su esencia pública, muy similar al caso de los panistas, que a pesar de ser entreguistas y eurocéntricos, vociferan «todos somos mexicanos… menos los chairos»; Maria escribe: «Es una gran pena que año con año el presupuesto correspondiente a la UAM se vea reducido (dato falso), es claro que teniendo a un pueblo ignorante es más fácil de gobernar», y después de una letanía de llamados a la movilización social, termina diciendo: «ese presupuesto será destinado a la creación de universidades patito como la UACDMX y ahora la Rosario Castellanos. Que sobreviva la UAM otros 50 años!!!. ¿Acaso quieren entonces que se les deje a millones de jóvenes sin estudiar, sólo por el afán de sentirse superiores?

Lo peor de todo es que estos viscerales comentarios coinciden también con los del ex rector de la UNAM, Enrique Graue, quién además fuera exsecretario de Salud con Enrique Peña Nieto y operador político en el fraude de la elección del 2017 en el Estado de México. Graue comentó en días anteriores que las Universidades Benito Juárez eran un «fraude educativo», es decir, no le bastó con que la UNAM excluyera cada año a miles de jóvenes aspirantes, sino que ahora condena el esfuerzo del actual gobierno por garantizarles educación superior.

Importa destacar que, a diferencia de la UNAM, en las universidades Benito Juárez se otorga a cada uno de los estudiantes una beca para la continuación de sus estudios. Esto no es un hecho nada menor, ya que detrás de un joven con bajo promedio escolar existen factores como la mala alimentación, bajos ingresos, problemas familiares, falta de servicios básicos, etcétera. Un joven que no va desayunado a la escuela no aprende lo mismo que alguien desayunado y con las condiciones materiales resueltas. Sin embargo, esos sabiondos que critican a las nuevas universidades adoptan irracional e inconscientemente la retórica Neoliberal que culpabiliza a los individuos de su propia miseria, como si la pobreza fuera un tema de elección personal y no histórico social.

También, a partir de mi experiencia personal como alumno de la carrera de Ciencia Política en la UAM Iztapalapa y de Derecho en la UAM Azcapotzalco he encontrado un primitivo odio racista y clasista en contra del pueblo que paga sus salarios en las profesoras y profesores, los que, a decir verdad, son los primeros que deberían regirse con cordura, sensatez y racionalidad. Sin embargo, en las universidades consentidas ocurre todo lo contrario. Tan sólo el ex consejero del INE y profesor de la UNAM Lorenzo Córdova con sus dichos clasistas y racistas en contra de las comunidades indígenas da muestra de ello.

A propósito de Lorenzo Córdova, y para que se entienda el desclasamiento y el conservadurismo por el que atraviesan las universidades públicas, hace unos cuantos años, en el contexto de la reforma electoral propuesta por el presidente AMLO, fue invitado por la Coordinación de Ciencia Política de la UAM Iztapalapa para dar una ponencia en contra de la reforma. Además, lo más absurdo fue que en la marcha por la defensa de los privilegios del INE estuvo presente la coordinadora en aquél entonces de la carrera, pues no ha sido un secreto que la aspiración de un sector de la planta docente por su enfoque electorero e institucional es ocupar cargos como consejeros electorales, lo cual demuestra que la marcha por el INE no era en defensa de la democracia realmente, sino en defensa de los privilegios particulares a los que aspiraban utilizando espacios académicos como plataforma política personal.

Pero más allá de la digresión, expondré concretamente algunos ejemplos en mi experiencia como alumno de la carrera de Derecho.

Uno de los casos lo obtuve de la clase de Teoría Constitucional. La maestra de nombre Keila Barrera ha aprovechado en sus clases para lamentarse sobre la Reforma Judicial, y en su descargo, no ha escatimado en denominar a «los de Morena» como «nacos», mientras que se ha referido al pueblo que le paga su salario como «ignorantes» al votar apabullantemente a favor de la Cuarta Transformación. De igual modo, no desaprovecha la oportunidad para comparar sin rigor científico los vicios de las monarquías absolutistas europeas con el gobierno de AMLO. Lo más grave de todo es que a pesar de ser profesora de Teoría Constitucional reniega de la mayoría calificada que obtuvo Morena en la pasada elección a pesar de que el artículo 54 señala que ningún partido (no coalición) podrá contar con más de 300 diputados. Tal concierto de racismo y vulgaridades se entiende a partir de que en su currículum vitae se registra su experiencia laboral en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Un ejemplo más de que a los conservadores los mueven no las razones, sino los privilegios y los intereses. En este caso también se demuestra el cúmulo de gente sin principios y valores que abundan en los tribunales y juzgados.

Existen otros profesores que sin demostrar abiertamente un odio visceral como el caso anterior, creen «inocentemente» que el control de Morena del poder ejecutivo, legislativo y del Judicial (falso en este caso) a partir de una lectura dogmática y colonizada de Montesquieu y su propuesta de «pesos y contrapesos» (obvio al poder político, no al económico) implica la presencia en México de una «Dictadura» o un «Hiper presidencialismo» (copiando sin ninguna reflexión lo propuesto por la actual dirigente de Mexicanos a favor de la corrupción, Maria Amparo Casar). Omiten selectiva o perversamente que en México rige un sistema representativo y democrático, y que de acuerdo al Artículo 39 de la Constitución: «la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno». En este caso, el pasado 2 de Junio el pueblo no sólo votó por el ejecutivo y el legislativo, sino que incluso por primera vez en la historia después de múltiples fraudes tanto del PRI como del PAN, otorgó a la Coalición de Morena, PT y Verde la mayoría necesaria para democratizar al último reducto del conservadurismo: el Poder Judicial.

El problema radica no sólo en una visión cerrada de la realidad a partir de su colonizado pensamiento, sino que también siguen creyendo que el pueblo es tonto y está equivocado. Con semejantes argucias, se corrobora una vez más que tonto es aquel que piensa que el pueblo es tonto, aunque tenga doctorado. En ese sentido, a pesar de sus maestrías y reconocimientos que sólo utilizan para legitimar posiciones clasistas y autoritarias, ignoran desde la más elemental teoría política (que cualquier ciudadano informado sabe) que en una auténtica democracia deciden las mayorías, guste o disguste, mientras les debería dar vergüenza que el pueblo de a pie, al que muchas veces se le ha negado el acceso a la educación superior, tiene un mayor nivel de memoria frente a los abusos del poder político, económico y judicial en gobiernos anteriores, como lo fueron las represiones, las desapariciones, el autoritarismo, los fraudes electorales, las iniciativas aprobadas con moches, hasta la designación de cuates y familiares en el Poder Judicial.

No obstante, ante la falta de razón y carencia de teoría, utilizan para dárselas de objetivos e intelectuales la redituable crítica en contra del actual gobierno. Su modo de vida cortesano, sus relaciones con las altas esferas burocráticas, así como la falta de calle y de contacto con el pueblo con tal de no caer inmersos en la supuesta subjetividad de la realidad social les impide ver el ridículo que hacen en las aulas.

En resumen, la persistencia de privilegios y salarios insultantes en las burocracias universitarias, la existencia de comportamientos irracionales como el clasismo, el racismo y la discriminación, así como la falta de rigor ético, científico y hasta lógico de la plantilla docente y estudiantil conservadora demuestran que universidades como la UAM y la UNAM: 1) están sobrevaloradas; 2) no son precisamente centros de pensamiento científico. Todo lo contrario; con su Derechización muestran un nivel de adoctrinamiento, prejuicio, fanatismo y dogmas idénticos al pensamiento colonizado dominante que se generan desde los oligopolios mediáticos, así como desde los centros de pensamiento empresarial como el Tecnológico de Monterrey y el ITAM. En ese sentido, el estudiante y el profesor conservador replican como marionetas en las aulas lo aprendido por los medios tradicionales.

Sin embargo, lo preocupante es que ese odio emana también de sectores pobres que por el hecho de estar en un espacio tan restringido como la universidad llegan a sentirse superiores y adoptar los complejos de Doña Florinda, a pesar de que tanto los alumnos y sus padres dependan de la venta de su fuerza de trabajo para sobrevivir y adquirir medios de consumo que erróneamente los conciben como ¡propiedad privada!

Paradójicamente, vociferan racismo y clasismo en universidades públicas ante la imposibilidad material y económica de hacerlo en las instituciones de las clases dominantes a las que aspiran a estar por interés individual. Intentan engañarse diciendo que estudian la UAM o la UNAM por su nivel académico, cuando saben que están en el lugar equivocado. Sus anhelos e intereses de clase son realmente los que están equivocados, pues ¿Qué necesidad tienen de aguantar clases de Marxismo cuando sus sueños son ser los perros guardianes de la Burguesía? ¿Por qué padecer la «ineficacia de lo público» cuando tienen la libertad de mercado para irse al ITAM, a la Ibero, al Tec de Monterrey a recibir una «verdadera educación liberadora» y hasta conocer a la Santísima Trinidad? ¿Por qué complicarse la vida en la UAM cuando las ideas libertarias, los cargos, las relaciones, la bolsa de trabajo y los contactos con los que tanto sueñan están en el ITAM? ¿Será que no les alcanza? La respuesta es sencilla: los estudiantes conservadores reniegan de lo que son: pobres como el pueblo. Y la pobreza no es un tema de burla, ya que es una condición históricamente determinada a partir de la acumulación originaria del capital por la vía del despojo de tierras, propiedades, medios de producción y la libertad de la sociedad. La cuestión es que de la pobreza no se sale individualmente; es un problema colectivo que requiere de conciencia de clase para resolver las demandas, intereses y necesidades del pobre, no de la clase burguesa a la que no se pertenece ni se pertenecerá.

Un trabajador que aspira a salir de la pobreza, reducir su jornada laboral y a incrementar su salario no debería votar por un partido como el PAN que sirve a los intereses empresariales que abogan por lo contrario: la socialización de la pobreza, el aumento de la jornada laboral y la reducción de los salarios. Es como tirarse un balazo en propio pie. Alguien que no entiende algo tan sencillo como lo anterior, no puede concebirse como universitario, no puede servir al pueblo, y mucho menos puede ejercer con ética ni dignidad. He ahí el gran problema con la fauna conservadora: el pueblo financia a través de la educación pública superior a sus verdugos, o bien, a las mascotas de sus adversarios de clase que lo mantienen en una extrema condición de desigualdad y explotación. Es por ello que objetivamente a los maestros y estudiantes de Derecha no se les puede dejar de concebir de otra manera que como parásitos del pueblo.