Enrique Vera Estrada

Ya es sabido que el paradigma neoliberal que establece que todo individuo –y familia— debe valerse por sí mismo sin ninguna ayuda gubernamental, es ilógico y hasta cierto punto irracional. Jeremy Bentham, uno de los principales economistas del siglo XIX, estableció que todo gobierno tiene como encomienda básica dar el mayor bienestar a la mayor cantidad de gente posible. También se sabe que la pobreza tiene como origen fundamental la falta de oportunidades que millones de personas carecen. La población en condiciones de vulnerabilidad no puede gozar de una verdadera vida de calidad no porque no realice un esfuerzo productivo para vivir bien, sino porque en el mundo existe una verdadera falta de oportunidad para emplear su trabajo en una actividad productiva que le garantice un sustento básico. En pocas palabras, hay una fuerte carencia de oportunidades laborales para satisfacer las necesidades elementales. Un trabajo verdaderamente precario que se presenta en muchos países del mundo. Y, en este punto, es importante mencionar que la pobreza de capital humano juega un papel fundamental.

En toda economía existe un concepto importante que es el capital. Este capital es físico y humano. El capital es algo que sirve para generar riqueza. En el mundo de la economía se le catalogaba como los instrumentos de trabajo, es decir, los medios de producción. El capital físico puede ser desde un simple martillo, o un serruche o un cincel para trabajar hasta lo que el día de hoy se le conoce como capital social que puede constar de flotas de transporte público, un conjunto de fábricas, escuelas, hospitales, carreteras de transporte, instalaciones productivas e inclusive obras de infraestructura. Hasta mediados del siglo XX se tomaba en cuenta la razón de capital a PIB, es decir, la medida de sensibilidad que calculaba el impacto en la producción total ante un aumento del acervo de capital que posee un país. Es claro que en países emergentes hay una seria escasez de capital físico que explica la debilidad de ingresos o rentas de la mayoría de la población.

Por otra parte, existe el capital humano que es el conjunto de habilidades, competencia productivas y conocimientos de la mano de obra con que se dispone. Este es el punto más importante que puede explicar la pobreza de millones de personas en nuestro país. La mano de obra mexicana no tiene esa calificación ni competencia productiva para ejercer un trabajo bien remunerado. Por ello, más de la mitad del trabajo en México se ubica en la informalidad, en donde no hay una buena paga y en donde no hay un contrato de trabajo ni seguridad social. Ese es el gran reto de la política pública en estos momentos en México: fortalecer el capital humano. Pero este proceso es lento y por ende el gobierno debe de otorgar trasferencias y ayudas para garantizar un mínimo de bienestar que necesitan las familias mexicanas más vulnerables, es decir, las ubicadas en los primeros cuatro deciles de la economía. Se trata de una población vulnerable que no puede salir adelante por sí misma, por ende, debe de recibir una ayuda o incremento en su ingreso a través de todas las transferencias públicas. Con esto es posible ver que, el ya citado pensamiento neoliberal, que afirma que cada individuo por sí mismo debe de responsabilizarse totalmente de su propio bienestar, es a todas luces erróneo. El Estado tiene una encomienda fundamental al dar educación pública gratuita y de calidad a los millones de personas que no tienen ese acceso fundamental para tener un mejor porvenir. Y también dentro del capital humano se encuentra la salud y a una nutrición mínima. Una población bien educada, con buena salud y nutrición es más productiva y con mayores oportunidades de esa vida de calidad. Y como consecuencia de ello se tendría una sociedad más justa y equitativa.

Han existido varios factores que han mejorado la situación económica de cerca de 6 millones de familias en México, ubicadas en los dos primeros deciles de la economía mexicana, cuyo ingreso neto es totalmente insuficiente para vivir con cierta dignidad, y en donde la pobreza ataca con la mayor severidad. El ingreso en estas familias no proviene de un trabajo subordinado, en donde no hay una relación de trabajo con un patrón. Evidentemente no están amparadas bajo la seguridad social y no tienen ese derecho legítimo de aspirar a un salario mínimo legal, el cual se otorga en la economía formal. En estos casos, según lo ha dado a conocer el INEGI, los programas y diversas ayudas públicas constituyen ceca del 20 por ciento de sus ingresos. A su vez la recepción de remesas provenientes de los Estados Unidos constituyen más del 15 por ciento de los mismos. Ambas entradas de recursos financieros o apoyos han sido verdaderos “compensadores” que han evitado que su vulnerabilidad haya sido más grave.

Por su parte, el INEGI también dio a conocer que el gasto familiar promedio en alimentos básicos de la familia mexicana es del 30 por ciento de sus ingresos. Y a pesar de que es un promedio nacional, hay grandes brechas de ese gasto. En los primeros cuatro deciles de la economía, en donde el ingreso es raquítico, el gasto en esos alimentos básicos rebasa el 70 por ciento del ingreso percibido. Prácticamente no hay un espacio para el gasto en salud, educación y cultura. Es ahí donde el Estado debe de actuar con más firmeza.

También es lamentable que se presente una situación totalmente diferente, en donde las familias más pudientes del país, es decir, las ubicadas en los últimos tres deciles de la economía reciban ciertos beneficios del gobierno, los cuales no necesitan. Por ejemplo, el subsidio a la gasolina, al gas, a la electricidad son ejemplos de apoyos regresivos, es decir, apoyos que no han llegado a la población objetivo.

Los economistas afirman que los desembolsos públicos en obras de infraestructura es una manera de redistribuir la renta nacional, ya que con ingresos tributarios pagados por la clase pudiente se construyen esas obras que ocupan mano de obra de personas de bajos ingresos. Es por ello, que los gatos del gobierno en diversas obras ha sido importante.

Podemos citar diversos datos del consumo y situación económica de las familias en el México actual. En las familias más ricas del país, ubicadas en el último decil de la economía, el porcentaje del gasto destinado a alimentos básicos fue de tan sólo el 28.36 por ciento. Eso significa que hay un amplio margen para una buena calidad de salud, educación y vivienda. Y de ese mismo segmento se originan casi todos los gastos de consumo de productos importados, los gastos de turismo al extranjero y una buena parte del gasto en inversión en productos financieros como acciones bursátiles de empresas extranjeras y metales preciosos como el oro y la plata, así como criptomonedas. Y, también, es importante mencionar que es precisamente esa clase la que posee activos como inmuebles que los rentan para generar ingresos elevados. Se calcula que una gran parte de esas 3 millones de familias no necesitan trabajar ni recibir una pensión ni ayuda del gobierno, pues su ingreso derivado de la renta de sus activos tanto físicos como financieros –bonos y acciones bursátiles— lo que les permite vivir con decoro. Y esa situación es a todas luces injusta, ya que, en la mayoría de los casos, los integrantes de esas familias pudientes heredaron desde edad temprana esos activos generadores de altas plusvalías. Ese patrimonio no lo formaron con su esfuerzo derivado de un trabajo productivo. En este punto consideramos que lo importante es que es segmento de la población ya no absorba una porción mayor del ingreso nacional, ya que las familias más vulnerables, de los primeros cuatro deciles de la economía deberían de concentrar una porción cada vez mayor de la renta nacional.