Este es, tal vez, uno de los primeros casos de lawfare que puede documentarse en el continente, aunque en la literatura sobre el tema no sea un caso que se contemple. Esto se debe a dos elementos: que se produjo antes de que se extendiera el uso del término para caracterizar este tipo de persecución judicialmediática contra los liderazgos políticos, y, en menor medida, el hecho de no ser AMLO presidente de la república todavía. Ambos factores, junto con la corta memoria quizá, han impedido que se lo englobe en el recuento de los casos de lawfare.

Sin embargo, el proceso de desafuero que se dio en 2004 contra el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, hoy presidente de la república de los Estados Unidos Mexicanos, contiene muchos elementos que hablan del uso de la ley para aniquilar un liderazgo político que, como se ha visto con el paso de los años, estaba destinado a seguir creciendo y llegar a responsabilidades de poder incluso más altas de las que ya ejercía en el ámbito de la política estatal y municipal.

AMLO, entonces miembro del Partido de la Revolución Democrática (PRD), una escisión del hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI), había desarrollado su carrera política en Tabasco, su estado natal, para trasladarse posteriormente al Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Allí, el 2 de julio del año 2000, fue elegido jefe de Gobierno, el equivalente a alcalde, de una de las capitales más pobladas del mundo. Su trayectoria política había estado marcada por la lucha contra la corrupción, los privilegios y los fraudes electorales, tan característicos de la política mexicana bajo el reinado del PRI, partido al que el propio López Obrador perteneció durante más de diez años. Es curioso que, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, se de una característica inversa a otros procesos de lawfare, pues su enjuiciamiento iba dirigido contra una figura política a la que no se le conocía mácula de corrupción sino todo lo contrario. De hecho, AMLO fue uno de los principales denunciantes del rescate del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa); un rescate público al sistema financiero mexicano que convirtió las deudas privadas de una minoría en deuda pública, ayudando a inyectar cantidades ingentes de dinero a banqueros, empresarios y partidos políticos desde las arcas del Estado.

Por tanto, en el caso de López Obrador, se tuvo que armar un expediente de acusación de supuesta vulneración legal desde su cargo como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, bastante complejo desde una perspectiva legal y sujeto a distintas interpretaciones[ii], como veremos, para iniciar un proceso que lo inhabilitara políticamente a través de la revocación de la inmunidad constitucional que le confería el artículo 111 de la Constitución mexicana debido a su cargo.

El proceso de desafuero contra AMLO se inició por un motivo aparentemente insustancial, por no decir ridículo: la decisión del jefe de Gobierno de la Ciudad de México de intentar abrir una calle para dar acceso a un hospital; decisión que habría violado supuestamente un auto de suspensión provisional por un amparo interpuesto. El objetivo era quitarle al jefe de Gobierno de la Ciudad de México la inmunidad para poder juzgarle por este supuesto delito. Pero hubo varias deficiencias jurídicas a la hora de presentar la solicitud de desafuero, lo que ayudó a poner en evidencia la motivación política del caso y las acusaciones infundadas. A decir de Jaime Cárdenas, las deficiencias jurídicas incluían la no investigación siquiera del delito que se le imputaba al jefe de Gobierno por parte de las autoridades competentes, —en este caso, el Ministerio Público. Las pruebas no se practicaron debidamente, es decir, no las realizaron jueces y, por tanto, no tenían validez jurídica. Además, se inició una averiguación previa antes de que el juez competente le diera vista, entre otros detalles técnicos que invalidaban por completo el debido proceso y mostraban la parcialidad del Ministerio Público. Pero, quizá, lo más llamativo fuera que otros confesaron por los supuestos delitos de AMLO sin que este hubiera realizado declaración alguna. Como apunta Cárdenas, «nadie puede confesar por nadie que no sea el propio declarante, sobre todo, para efectos penales. Nadie puede confesar sobre hechos ajenos»[iii]. El resultado es que al jefe de Gobierno se le acabó atribuyendo responsabilidad penal por delitos donde no había conducta personal. No se respetó su presunción de inocencia, llegando a tratar de quitarle sus derechos políticos incluso antes de tener una condena, lo que sin duda constituía un atropello.

Para acabar de demostrar la trascendencia política que tenía el caso para el conjunto del régimen mexicano, en 2004 se produjo una reunión en la residencia presidencial de Los Pinos a la que acudieron el entonces presidente Vicente Fox, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la república y el secretario de Gobernación, entre otros funcionarios, para llegar a un acuerdo político sobre el tema del desafuero[iv].

En resumen, como el jurista Jaime Cárdenas Gracia se encarga de enfatizar, en el caso contra AMLO «se hizo uso político indebido de procedimientos e instrumentos jurídicos para hacerse del poder a espaldas de la voluntad electoral» a través de un «ejercicio inmoral de la ley, de la política sin moral, que se sirvió inmoralmente de los medios jurídicos para socavar el Estado de derecho»[v]. No fue un «combate a la impunidad» sino una «utilización facciosa del poder para descarrilar el proceso de transición democrática en México»[vi], que pasaba por quitarse de encima a un candidato que se percibía poco controlable por parte del establishment económico y político del país.

De hecho, antes de concurrir a las primeras elecciones presidenciales en 2006, AMLO había publicado varios libros denunciando los manejos corruptos de la política mexicana. Desde el fraude electoral que padeció en Tabasco hasta el caso del Fobaproa. Tras el primer fraude en las elecciones presidenciales, dedicó otro libro[vii] a exponer a la que él denominaba «la mafia del poder», verdadero tapón al cambio de la sociedad mexicana. Por tanto, a decir del propio AMLO, el objetivo final era «eliminarme de la contienda presidencial de 2006»[viii] por la vía del desafuero, ante la imposibilidad de destruirlo políticamente por otras alternativas previas, como fue la filtración de unos vídeos en los que dos de sus colaboradores aparecían realizando supuestos actos de corrupción. Unos actos que, en todo caso, no afectaban directamente a AMLO, pues nunca se le pudo incriminar en delito de corrupción alguno. Sin embargo, la sombra de la duda ya se había sembrado; de eso se trataba, de embarrar el tablero, como dirían en México. La idea fue expresada por el entonces canciller mexicano, Jorge Castañeda Gutman: «Hay que ganarle a la buena, a la mala y de todas las maneras posibles»[ix].

En el caso mexicano se destaca una de las características del lawfare: el uso imprescindible de los medios de comunicación. El papel de los grandes conglomerados mediáticos mexicanos a la hora de participar en el desafuero contra AMLO y en diversas campañas de desprestigio anteriores y posteriores, que tenían la misma finalidad de impedir su elección como presidente de la república, fue notorio. El poderoso canal Televisa, propiedad del magnate Emilio Azcárraga Jean, se alió con el poder político para filtrar los vídeos mencionados. AMLO señala al poderoso expresidente Carlos Salinas de Gortari, del PRI, y al entonces presidente Vicente Fox, del Partido Acción Nacional (PAN), como dos de los actores moviendo los hilos en la sombra, basándose en las confesiones que realizó Carlos Ahumada, el empresario involucrado en el escándalo de los vídeos y la supuesta extorsión a los funcionarios públicos. Según Ahumada, habló con Salinas de Gortari y con el también poderoso senador panista Diego Fernández de Cevallos, quien habría realizado gestiones con la secretaría de Gobernación para hacer llegar, desde ahí, los vídeos a la televisión[x]. Además, una vez iniciada la campaña electoral, Televisa evitó dar espacios electorales a la candidatura de AMLO, como él mismo denunció en su libro[xi]. No es de extrañar este papel de correa de transmisión de los intereses de la oligarquía mexicana cuando se toma en cuenta que entre los socios y miembros del Consejo de Administración de Televisa hay algunas de las principales fortunas de México, vinculadas con el capital bancario y financiero, pero con tentáculos en otros sectores estratégicos, como Carlos Hank González, Roberto Hernández Ramírez o Alberto Bailléres González, entre otros.

Conviene detenerse en alguno de estos enemigos declarados del entonces jefe de Gobierno, pues permite entender qué intereses había detrás de ese intento de apartarlo de la posibilidad de ser presidente. Según el mini resumen curricular de la página de Televisa, Alberto Bailléres González es presidente de varios consejos de administración en distintos conglomerados empresariales[xii]. Pero, como añade AMLO en su libro, es también el dueño de la mina de plata más rica del mundo, que se encuentra en México. Además, Bailléres compró tres empresas públicas bajo la presidencia de Carlos Salinas de Gortari y entre 2009 y 2010, junto con otros socios, vendió la empresa cervecera Cuauhtémoc Moctezuma a la holandesa Heineken por 7.200 millones de dólares; compraventa por la que no tributó al erario mexicano al hacerlo en la Bolsa Mexicana de Valores, beneficiándose de una exención fiscal a la que AMLO y su equipo querían poner fin a través de una iniciativa legal presentada en las cámaras mexicanas[xiii].

Pero ni toda esta guerra sucia, ni los presuntos fraudes electorales que López Obrador padeció en 2006 y 2012 pudieron impedir su llegada a la presidencia de México en 2018. Ya como presidente de México, AMLO anunció en abril de 2020 que iba a perseguir a los evasores fiscales, creando un grupo de abogados bajo su mando, «muy preparados e incorruptibles»[xiv], con los que dar seguimiento a las grandes empresas que tienen deudas con el Estado y se niegan a pagar.

Otra de las medidas anticorrupción que López Obrador puso en marcha, a los pocos meses de su mandato, fue la lucha contra el robo de combustible, conocido como huachicoleo en México. Se trata de la perforación de los ductos que la compañía estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene a lo largo del territorio de la república, extrayendo cantidades de petróleo que suponen pérdidas para el Estado por valor de 60.000 millones de pesos al año o, lo que es lo mismo, 3.000 millones de dólares aproximadamente.

Por tanto, era evidente que la clase dominante mexicana sabía que AMLO era un peligro para sus intereses, una cortapisa al menos para determinados grupos, pues, como se encarga de recordar la izquierda extraparlamentaria mexicana, el Gobierno de López Obrador también tiene sus propios acuerdos con grupos empresariales y grupos de poder. En contraste, los sectores más a la derecha de la sociedad se comportan como si México viviera bajo una suerte de «dictadura bolivariana» y protagonizan manifestaciones en las que asocian el Gobierno de López Obrador al comunismo y la falta de libertades. Por otra parte, nada nuevo en la historia de América Latina y el Caribe ni en el comportamiento de las elites a escala mundial, que han dedicado artículos a alertar del peligro para la democracia liberal que supone AMLO. En su perspectiva, un peligro mucho peor que personajes como Jair Bolsonaro[xv]. Aunque sabemos que la democracia liberal no peligra en el México de López Obrador, parece también evidente que el capital siempre sabe identificar mejor al enemigo que cierta izquierda maximalista.

En agosto de 2020, los tentáculos de Odebrecht llegaron a la política mexicana. Se destapó también en México un escándalo vinculado con presuntos sobornos a expresidentes y legisladores mexicanos procedentes de la famosa empresa brasileña gracias a las confesiones de Emilio Lozoya Austin, director de campañas del expresidente priista Enrique Peña Nieto y exdirector general de Pemex[xvi]. A ello se sumó al anuncio del presidente López Obrador de dar respuesta a una iniciativa ciudadana para enjuiciar por su presunta corrupción a varios expresidentes mexicanos que gobernaron de 1988 a 2018. Y, en medio, la denuncia del actual Gobierno mexicano sobre las cantidades de dinero que se habían pagado durante años a determinados medios de comunicación desde la presidencia de la república para que publicaran noticias favorables a sus políticas.

Todo este clima de confrontación política enconada, que se complementa con manifestaciones de algunos sectores acomodados de la sociedad mexicana, explica que se publicara a finales de septiembre de 2020 que los padres de un niño fallecido por cáncer pusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la república contra el presidente López Obrador y otros funcionarios de la sanidad pública mexicana por presunto delito de homicidio, al no haber recibido su hijo las quimioterapias necesarias. Los padres afectados declararon al presentar la denuncia: «Queremos que esta situación de la falta de medicamentos en el sistema de salud pública de México se judicialice a fin de evitar más decesos de nuestros niños por negligencia de estas autoridades»[xvii]. Consideraban que el presidente era responsable del desabastecimiento de medicamentos en los hospitales provocado, según ellos, por el cambio en la manera de comprar las medicinas que se puso en práctica con su llegada a la presidencia el 1 de diciembre de 2018[xviii]. A partir de abril de 2019 AMLO había puesto en práctica la «compra consolidada» por la que el Gobierno federal realizaba las compras también de los estados. Una medida que el presidente mexicano había tomado para evitar la corrupción y los sobreprecios que argumentaba que existían en la compra pública a la industria farmacéutica, plagada de intermediarios que se lucraban con las comisiones[xix]. Además, AMLO había denunciado que la idea del desabastecimiento de medicamentos en los hospitales públicos era una campaña orquestada por esas mismas farmacéuticas ante su iniciativa de quebrar el monopolio que tenían diez empresas mexicanas que concentraban las ventas al Estado por valor de 90.000 millones de pesos anuales. La idea de AMLO era abrir las licitaciones y poder buscar compras en el exterior, para abaratar costes, y no dejarse «chantajear por los corruptos»[xx]. Una idea que, por supuesto, no era del agrado de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) mexicana que se encargó de difundir que los fármacos comprados en el exterior no eran confiables porque se desconocía su calidad. Algo que fue respondido por el presidente argumentado el aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a las medicinas adquiridas[xxi]. Una vez más, AMLO ponía el dedo en la llaga de poderosos intereses económicos, ahora desde una posición de poder todavía mayor que la que tenía como jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Por tanto, quizá no está de más cierta suspicacia para entender, más allá del dolor personal, la denuncia de unos padres, que se podría sumar a la de otros 200, según la abogada que lleva el caso[xxii]. En un país en que se destapó un escándalo en 2017, que relacionaba también a niños enfermos de cáncer y quimioterapias aplicadas con agua destilada en el estado de Veracruz[xxiii], sin que eso supusiera, hasta donde sabemos, ninguna denuncia penal por este tema contra el gobernador, Javier Duarte[xxiv], sorprende que se incrimine a todo un presidente de la república por una supuesta mala praxis médica derivada, presuntamente, de la falta de insumos, que sin embargo el Gobierno afirmaba proveer a los hospitales. Sorprende también la coordinación de los principales columnistas de prensa de la derecha mexicana para poner en agenda durante la segunda mitad del año 2020 el tema de la lucha de los padres de niños con cáncer por garantizar las quimioterapias a sus hijos, una reclamación totalmente lícita, por otra parte, pero que nunca había copado la actualidad mediática de esa manera. Ello a pesar de que, en noviembre de 2019, bajo el Gobierno de AMLO y a propuesta del partido gobernante Morena, se aprobó en la Cámara de Diputados un decreto de reforma de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud para ampliar la cobertura sanitaria pública, bastante deficitaria, y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos a personas que no tenían seguridad social[xxv]. Esto no pareció importar a los padres de los niños que, en su lucha y agrupados en el Movimiento Nacional por la Salud, llegaron a pedir audiencia al embajador de EEUU en México para entregarle una carta a Joe Biden en que solicitaban «ayuda humanitaria» y «presión al Gobierno mexicano»[xxvi]. En definitiva, un caso sensible que aborda un tema que genera consenso social (la lucha de unos padres por la atención médica de calidad a sus hijos enfermos de cáncer), igual que lo hace la lucha contra la corrupción, y que podría establecer las bases para la construcción de un proceso penal que derivara en un nuevo lawfare contra AMLO. Sin embargo, optar por esta vía podría generar algunas dudas. ¿Si se sentara un precedente tal, se llevaría también a los tribunales para ser juzgados a todos aquellos mandatarios que han aplicado políticas en sentido contrario, favoreciendo a grandes empresas con sus políticas de privatización y de recorte de presupuesto público que han hecho desaparecer servicios esenciales, causando muertes directas e indirectas? Dejamos al lector o lectora el ejercicio de respuesta a esta incógnita.

[i] Fragmento del libro Antaraxa Tirado Sánchez (2021). El lawfere. Golpes de Estado en nombre de la ley. Madrid: AKAL. Reproduciomos con el permiso de la autora.

[ii] Para un análisis de la argumentación jurídica del procedimiento de desafuero, puede consultarse J. Cárdenas Gracia, «Consideraciones jurídicas sobre el desafuero de Andrés Manuel López Obrador», Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, 116 (mayo-agosto de 2006), pp. 371-403.

[iii] Ibid., pp. 389-390.

[iv] Ibid., p. 395.

[v] Ibid., p. 377.

[vi] Ibid., p. 403.

[vii] A. M. López Obrador, La mafia que se adueñó de México… y el 2012, México, Random House Mondadori, 2010.

[viii] López Obrador, op. cit., p. 42.

[ix] Citado en López Obrador, op. cit., p. 42

[x] Según la transcripción del testimonio de Carlos Ahumada recogido en el libro de López Obrador: «Ya le platiqué a Diego Fernández de qué se trata y me Jijo que, incluso, que le interesaba mucho… Y él me dice que había hablado ya con el secretario de Gobernación, que ya había hablado con el procurador, él, Diego, me dice, pero que no se querían por supuesto reunir conmigo por precaución. .. […] Me dice: Bueno, vamos a buscar un mecanismo… Yo creo que a través de la Secretaría de Gobernación es como se dan a conocer los videos en la televisión…»; López Obrador, op. cit., p. 41

[xi] López Obrador, op. cit., p. 51.

[xii] En concreto, «Presidente del Consejo de Administración de Grupo Bal, Presidente de los Consejos de Administración de Industrias Peñoles, Fresnillo PLC, Grupo Nacional Provincial, S.A.B. , Grupo Profuturo, S.A.B. de C.V., Petrobal, S.A.P.I. de C.V., Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V. y Miembro del Consejo de Administración de Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A.B. de C.V., BBVA Bancomer, S.A., Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V., Grupo Kuo, S.A.B. de C.V., Diñe, S.A.B. de C.V., y Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Presidente de la Junta del Instituto Tecnológico Autónomo de México ITAM. Fundador de la Fundación Alberto Bailléres, A.C. Miembro del Consejo desde: abril de 2005». Véase [http://www.televisair.com/es-ES/governance/board-of-directors].

[xiii] López Obrador, op. cit., pp. 53-54.

[xiv] A. Urrutia y A. E. Muñoz, «Ofensiva legal contra evasores fiscales, anuncia AMLO», La Jornada, 20 abril de 2020 [https://www.jornada.com.mx/ultimas/ politica/2020/04/23/no-se-preve-una-reforma-fiscal-ante-coyuntura-lopez-obrador-2138.html].

[xv] 6 J. P. Rathbone, «López Obrador is bigger threat to liberal democracy than Bolsonaro», Financial Times, 27 de noviembre de 2018 [https://www.ft.com/ content/7f2e0ae0-f23 5 -1 Ie8-ae55 -df4bf40f9d0d].

[xvi] G. Castillo García, «Peña ordenó pedir fondos a Odebrecht, según Lozoya», La Jornada, 22 de agosto de 2020 [https://www.jornada.com.mx/ultimas/ polidca/2020/08/22/pena-ordeno-pedir-fondos-a-odebrecht-segun-lozoya-4983. html].

[xvii] R. Vergara, «López Obrador es denunciado en FGR por caso de niño fallecido por cáncer», Proceso, 21 de septiembre de 2020 [https://www.proceso. com.mx/nacional/2020/9/21/lopez-obrador-es-denunciado-en-fgr-por-caso-de- : nino-fallecido-por-cancer-249699.html].

[xviii] «Denunciaron a López Obrador por homicidio: lo acusaron de la muerte de un niño por cáncer», Infobae, 22 de septiembre de 2020 [https://www.infobae.com/america/mexico/2020/09/22/denunciaron-a-lopez-obrador-por-homicidiolo-acusaron-de-la-muerte-de-un-nino-con-cancer/].

[xix] AMLO, «Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador», 11 de febrero de 2020 [https://lopezob rador.org. mx/2020/02/11/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-254/].

[xx] J. Monroy, «Industria farmacéutica “quiere jugar alas vencidas”: AMLO», El Economista, 26 de mayo de 2019 [https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Industria-farmaceutica-quiere-jugar-a— las-vencidas-AMLO-20190526-0074.html].

[xxi] A pesar de las voces en contra, la Cámara de Diputados aprobó en julio de 2020 una adenda a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para facilitar las compras de medicamentos en el extranjero, también Motivada por el impacto de la pandemia.

[xxii] «Va de nuevo, ley de “topes” a altos salarios», El Financiero, 22 de septiembre de 2020 [https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/confidencial/va-denuevo-ley-de-topes-a-altos-salarios].

[xxiii] R. Aguirre, «En gestión de Duarte, inyectaban agua en lugar de quimio a niños con cáncer», Excélsior, 16 de enero de 2017 [https://www.excelsior.com. mx/nacional/2017/01/16/1140249].

[xxiv] Javier Duarte ejerció una gubernatura plagada de escándalos y señalamientos por parte de la prensa, con la que tuvo una relación tensa. De hecho, durante su mandato el estado de Veracruz se convirtió en un lugar peligroso para ejercer el periodismo. Finalmente, fue denunciado y sentenciado por otras causas que tenían que ver con el lavado de dinero y la delincuencia organizada.

[xxv] Secretaría de Gobernación, «DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud», Diario Oficial de la Federación, 29 de noviembre de 2019 [http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5580430&fecha=29/l 1/2019].

[xxvi] 7 «Control de daños con Biden», El Financiero, 11 de noviembre de 2020 [https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/confidencial/control-de-danos-conbiden].