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Los pendientes de la Reforma Eléctrica

CE, Intervención y Coyuntura

En los dos textos que anteceden al presente, planteamos la pertinencia de la iniciativa de Reforma Eléctrica mostrando cómo la Comisión Reguladora de Energía (CRE) usurpó funciones estratégicas, convirtiéndose en un enclave neoliberal que operó como un supuesto órgano autónomo. Asimismo, hemos revisado uno de los cientos de permisos otorgados por la CRE, aquél dado a la empresa Eólica Zopiloapan, que da cuenta de cómo la CRE favoreció a esta empresa que sirvió de fachada a otras, el cómo fue creada con fondos transnacionales, y otros agravios que se realizaron gracias a una estrategia privatizadora que favoreció la creación de un mercado eléctrico privado, en detrimento del servicio público, aprovechándose de las laxas disposiciones del supuesto órgano “regulador”, la CRE.

Sin embargo, creemos que, esta iniciativa podría subsanar dos pendientes históricos, que es necesario tomar en cuenta: 1) la reivindicación constitucional de la planeación eléctrica, y 2) construir las bases para garantizar un desarrollo científico y tecnológico que abone a la construcción de la soberanía energética.

Respecto al primer punto, consideramos que una función estratégica para la industria eléctrica nacional es la planeación (eléctrica) que, junto con generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica (Art. 27 constitucional) forman parte del proceso de trabajo eléctrico. En la exposición de motivos de la iniciativa de reforma eléctrica, acertadamente se le reconoce como una función históricamente estratégica (V. Caos, iniciativa): «Corresponde exclusivamente a la Nación el área estratégica de la electricidad, consistente en planear, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica». No obstante se omite en el texto propuesto.

Lo otro es una cuestión relativa a la realización de investigación científica y el desarrollo tecnológico en materia energética. En la iniciativa se plantea establecer…

«el área prioritaria del desarrollo de las industrias requeridas para la Transición Energética. (…) Con ello se promoverán empresas públicas, sociales y privadas de capital nacional, la ciencia y propiedad intelectual del Estado de tecnologías y equipos críticos; el desarrollo tecnológico nacional, manufactura de bienes de capital, insumos y equipos para usos finales de energía; destinados a la electromovilidad, sistemas agua-energía para la autosuficiencia alimentaria, iluminación, transformación de minerales estratégicos, industria, comercio, servicios, generación distribuida, almacenamiento de electricidad, entre otros (Transición energética)».

Eso es correcto, y podría concretarse mediante la creación de un Instituto Nacional de Energía, que tenga por objeto realizar la investigación y desarrollo en materia de energía, así como promover el uso de las fuentes energéticas alternas, desarrollar la formación de los recursos humanos requeridos y difundir los avances alcanzados para vincularlos al desarrollo económico, social, científico y cultural del país. Considerando que la transición requiere integrar las áreas eléctrica, hidrocarburos y energía nuclear, sería oportuno reflexionar en el rescate e integración de todos los institutos de investigación del sector: el INEEL, anteriormente Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), así como el Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales (LAPEM). Faltaría la disposición de los investigadores que allí laboran, incierta en estos tiempos, dónde la Ciencia está secuestrada por grupos cuyos intereses nada tienen de científico y menos aún en favor de la sociedad.

La aprobación de la iniciativa propuesta precisará, además, la elaboración de una “Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia de Energía Eléctrica”, para garantizar la integración de la industria eléctrica nacional, bajo los principios expuestos en la iniciativa.