CE, Intervención y Coyuntura

Avanzado el cuarto año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) los diversos actores políticos que confluyen en la Cuarta Transformación han aprendido muchas lecciones, tal vez la más valiosa: salir del binarismo ideológico a partir del cual juzgamos la realidad. Esta lección ha llevado a ir más allá de lo “deseable”, para construir peldaños que conduzcan a esas metas que se desean edificar y que no son posibles de establecer de un momento a otro. Aprender que se necesitan mediaciones, escalones, puntos de apoyo. Y es que otra de las lecciones valiosas, y que en ocasiones han caído como un balde de agua fría es que, ganar las elecciones no basta para controlar al Estado, sus aparatos e instituciones, sino que para ello hay que librar una serie de batallas en ese laberinto.  Algunas son más grandes e importantes que otras. Para lograr ese objetivo, pues en el boxeo a sombras que implica esta pelea, el enemigo no sólo no está manco, sino que tiene a su disposición diversas estrategias, recursos económicos, medios de comunicación, actores y sujetos que operan todo el tiempo para recuperar el control estatal y ponerlo al servicio del saqueo del país.

Hay uno en particular que ha obligado a la 4T a buscar una serie de planes alternativos: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta entidad, a partir de una supuesta defensa del texto constitucional, ante la ausencia de figuras morales, de intelectuales consecuentes, y de un discurso unificador que vaya más allá del odio, se ha convertido en el enclave articulador de la resistencia de la oposición.

De esta manera, sus facultades para garantizar el Estado de derecho –que fundamentalmente consiste en proteger los derechos y libertades de los ciudadanos (derechos individuales y/o colectivos)–, su responsabilidad de interpretar y aplicar las leyes, y la posibilidad de controlar a los otros dos poderes en el marco establecido en la Constitución –con la finalidad de resolver los conflictos que surjan–, han dejado de servir a la sociedad para convertirse en el bastión más importante de la oposición, pues sólo a través de ella se ha logrado detener los procesos de transformación al interferir con el desempeño del resto de los poderes de la Unión.

El poder Legislativo ha pasado de interpretar las propuestas de leyes a pretender reemplazarlo en sus resoluciones, al imponerle plazos y ordenarle emitir leyes o reglamentos que a su juicio considera necesarias. Es decir, legisla por sobre las cámaras de representantes. Y respecto al Ejecutivo, ante las iniciativas presentadas, la SCJN ha tratado de maniatarlo presentándolas como inconstitucionales. Sin embargo, el Ejecutivo ha buscado vías alternas para seguir adelante con los proyectos de recuperación de la nación y ello ha derivado en esclarecimiento no sólo sobre el enfrentamiento entre ambos, sino de la clara falta de imparcialidad del poder Judicial y su toma de partido. Peor aun, que la SCJN es el partido de la oposición.

Detrás del actuar de la SCJN hay una clara provocación: que el poder Ejecutivo se aventure a decretar la disolución del poder Judicial. Haciendo un poco de memoria, el 1 de enero de1995 el presidente Zedillo cerró la SCJN para aprobar la reforma a 20 artículos constitucionales a partir de los cuales se afianzó el régimen neoliberal, y curiosamente, tanto intelectuales, “comunicadores” y “ciudadanos desinteresados” –entre ellos Guillermo Sheridan por cierto– siempre “preocupados” por los currículos de los magistrados, los “equilibrios” entre poderes y la “democracia”, callaron frente a estos hechos que alteraron el orden constitucional, pero hoy, cínicamente, estos mismos se envuelven en una bandera de defensa a la constitución.

Esta provocación de la SCJN pretende que la 4T se sumerja en un desgaste que la podría llevar a perder al menos una de las cámaras, y a que la fallida oposición al fin pueda clamar que se vive en una dictadura y poder llevar a cabo su plan de realizar un golpe de Estado, es decir, repetir la receta que aplicaron las fuerzas neoliberales en Perú en contra del gobierno de Pedro Castillo.

Sin embargo, la 4T planea sortear el obstáculo por otra vía: la democracia participativa de la sociedad, es decir, la misma que le dio el triunfo en 2018. Este es el espíritu del plan C, el voto masivo de la sociedad que se opone a las intenciones golpistas de la oposición.

La SCJN es el nuevo partido del orden, que pretende unificar con sus manotazos autoritarios y anti reforma social a la oposición. Un enclave oligárquico en una sociedad que se ha democratizado en la vía de los hechos. Los sucesos violentos a partir de la protesta que grupos de la sociedad proclives a la 4T han mantenido en las puertas de su sede habla de un giro, que podría profundizarse: una oposición unificada a partir de un órgano del Estado que procederá violentamente, envalentonada. El grado de hedor a fascismo es demasiado fuerte como para no obsvervarlo. Se verá si fue el descontrol de una casta blancoide o una estrategia de largo plazo. Por lo pronto, las imágenes –como la de La Jornada en su portada del 29 de mayo del presente año– representa el momento del país: cada quien decidirá de que lado esta.

Es claro que el máximo tribunal ha sobrepasado sus atribuciones para dedicarse a hacer política, pero no cualquier política, pues ha tomado partido para defender las reformas que el neoliberalismo implementó para eliminar la rectoría del Estado e imponer un régimen de corrupción. No le ha bastado con rechazar cada intento por reestablecer aquel espíritu soberano que ponía en el centro el bienestar de la nación y que fue ganado por las luchas de las izquierdas en el siglo XX, sino que ahora se suma a los delirios golpistas de la oposición desenmascarándose como un grupo servil al bloque neoliberal.