Una revista especializada en negocios publicó el pasado día 15 de mayo (2023) un artículo que luego fue replicado por otros medios[1], bajo el siguiente título:

«Córdoba Montoya se beneficiará de la compra de las plantas de Iberdrola»[2]
Claudia Villegas, Fortuna, Negocios y Finanzas, mayo 15, 2023.

El texto propone como entrada una tesis llamativa: «José Córdoba Montoya, el ex asesor personal de Carlos Salinas de Gortari y Guillermo Jesús González Guajardo, uno de los hijos de Claudio X. González, como promotores y socios de Iberdrola, se verían beneficiados de la compra del paquete de plantas de la española Iberdrola por más de 6,000 millones de dólares. Un acta constitutiva demuestra la sociedad entre Córdoba y González Guajardo mientras las gestiones ante la CRE develan sus negocios con Iberdrola. En 2020, lograron fusionar sus empresas y activos con la firma española, pero, en 2022, el gigante de la energía desiste de que los títulos para generar electricidad propiedad del ex funcionario y su socio se transfieran a su estructura corporativa.»

Aunque el tosco propósito de esta historia parece evidente (lo que lo haría irrelevante, pues una cosa es asegurar que la compra no ayudará a la Comisión Federal de Electricidad, CFE, y otra inducir la falacia de que se trata de una excusa para beneficiar a dicho personaje), es necesario precisar ciertos aspectos de esta historia que desvían la atención del lector sobre cuestiones relevantes, resultado de la imposición de diversas reformas en materia de energía a partir de 1992, que fueron instrumentadas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Comencemos por revisar la forma en que la periodista llega a algunas conclusiones erróneas. Primero, demostrar que José Córdoba Montoya (JCM) tuvo (o mantiene) intereses en generación eléctrica es ocioso, pues ya ha sido señalado. Otra cosa sería probar que Córdoba sigue asociado con la transnacional Iberdrola, porque —más que confirmar que resultará beneficiado hoy día—, mostraría el grado y el nivel que alcanzó la corrupción en el período neoliberal, cuando dicho individuo gozó de gran influencia. Ya en 2019 el actual director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, había revelado la participación de Córdoba en el sector eléctrico privado (aunque no la precisó)[3]. Pero era comprobable que hace años JCM participó en al menos otra empresa de generación eléctrica, Micase, S.A. de C.V., la cual obtuvo diversos permisos de generación por parte de la CRE, y de la que fue presidente del consejo de administración al menos durante 2011, como demuestra una convocatoria de accionistas publicada en el DOF 15.08.2011, Primera Sección, pág. 123[4]

Para sustentar que los nexos JCM-Iberdrola permanecen vigentes, Villegas demuestra que Córdoba constituyó la empresa Tamazunchale Energía SAPI de CV (TAMAE), «asociado con Guillermo Jesús González Guajardo, hijo de Claudio X. González Laporte, presidente de Kimberly Clark de México (que) También es hermano de Claudio Xavier González, fundador de la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción». Para ello cita el acta constitutiva en la que «Ante el Notario 44, Alejandro E. Pérez Teuffer Fournier, Córdoba Montoya y Guillermo González Guajardo firmaron una sociedad el 15 de julio de 2014 para tramitar ante la CRE los permisos de generación para constituir el proyecto Tamazunchale II»[5], una de las plantas del paquete bajo adquisición. Córdoba desmintió su participación (y la periodista cita la carta del aludido en su artículo).

La participación de Córdoba en negocios de generación eléctrica, como vimos, era inocultable, como lo es la “sociedad” entre las grandes empresas privadas de generación y los grandes consumidores que, con el propósito de apoderarse de la industria eléctrica, construyeron redes de poder para vincularse con el poder político.

Continuando la trama, Villegas afirma que TAMAE había obtenido de la CRE varios permisos de generación antes de asociarse a Iberdrola, amparada en el auge del gas natural como combustible y afirma que a partir de ello, JCM planeó asociarse con Iberdrola, porque así «…garantizaba la venta de su producción a la CFE así como a clientes privados». Y continúa: en 2020 «Iberdrola recibió la autorización de la Comisión Federal de Competencia (Cofece) para (adquirir) los activos de la firma de Córdoba Montoya a través de la compra de la holding Protama»[6]. En realidad, lo que la Cofece autorizó fue “una concentración” entre Iberdrola Generación México, S.A. de C.V. (Iberdrola México), Iberdrola Energía Tamazunchale, S.A. de C.V. (Iberdrola Tamazunchale), Tamazunchale Energía, S.A.P.I. de C.V. (TAMAE), otra empresa o asociado «fantasma» y Protama, S.A. de C.V.», según solicitud de 2019.

Ahora bien, según información de la CRE, la presencia de Iberdrola en Tamazunchale databa de 2004, cuando recibió el permiso de Productor Independiente (PIE) E/308/PIE/2004 (1,078.84MW) que le fue otorgado bajo la razón social «Iberdrola Energía Tamazunchale, S.A. de C.V.” Con esa misma razón social, Iberdrola recibió un segundo permiso, esta vez de autoabastecimiento (AUT), el E/947/AUT/2012 (80MW), para la misma planta PIE, que le sirvió para amparar la venta de supuestos excedentes de generación que abastecería a una fraudulenta sociedad (de Autoabasto) en la que participaban ‘asociadas’ 4 plantas de Kimberly Clark de México, 2 de Nissan Mexicana, una de Crisoba, así como varias decenas de Tiendas Chedraui y Soriana. En total, más de 25 “socios” (considerando los planes de expansión).

Años después (en 2020), ya bajo la legislación de 2013-2014, Iberdrola tramitó y obtuvo un tercer permiso de generación (GEN) nuevamente bajo la misma razón social. Fue el permiso E/1542/GEN/20 (1,013MW) que nunca se concretó y que actualmente aparece como “terminado” (según la nomenclatura utilizada por la CRE).

En tanto, la CRE otorgó a la razón social «Tamazunchale Energía SAPI de C.V.» (constituida en 2014, según la investigación de Villegas) dos permisos de generación (GEN): el E/1882/GEN/2017 —que fue cancelado (terminado)—, y al año siguiente el E/2046/GEN/2018 (532MW), que está en operación y, bajo el nombre oficial de «Tamazunchale II», es el que forma parte del paquete de la compra. Esto, sin embargo, no es evidencia de que exista una sociedad entre TAMAE e Iberdrola. Cabe mencionar que todas esas plantas están ubicadas en predios contiguos.

Si de especulaciones se trata, no sería extraño que TAMAE (JCM) hubiese solicitado y obtenido el permiso para Tamazunchale II, con la intención de venderlo posteriormente a Iberdrola. En su momento, un repositorio llamado Global Energy Monitor WIKI[7] (dedicado a documentar proyectos de energía), registró algunos datos del proyecto Tamazunchale II, entre ellos aparecen como promotor TAMAE y como «casa matriz» Iberdrola. En la nota 4 de ese documento[8] el supuesto asesor de Iberdrola en la operación asegura que ésta adquirió totalmente la participación de Tamazunchale Energía, a través de una empresa de nombre Protama S.A. de C.V. Más aún, Iberdrola reportó a sus accionistas en septiembre de 2022[9] el inicio de operaciones de dicha planta (Tamazunchale II, 514MW), anunciando el aumento de su capacidad de generación.

No obstante que en la versión de Villegas (publicada en Proceso) insiste en que este permiso «consolidó su sociedad con la firma española Iberdrola», tal sociedad no se comprueba. Todo apunta a que el papel de TAME (y más tarde el de Protama) fue el de promotor de inversiones, un eufemismo usado en México para referirse a lo que coloquialmente llamamos, “coyote”, es decir, un individuo que aprovecha sus contactos para “facilitar” negocios (en este caso, para tramitar permisos a nombre de terceros o bien a su nombre para después revenderlos), facilitada por la práctica neoliberal denominada de «puerta giratoria», es decir, el paso de funcionarios que trabajan en la administración pública (generalmente directivos), para luego trabajar para una empresa privada de la misma industria en que fueron funcionarios.

Villegas tropieza con un hallazgo cuando señala el involucramiento de Claudio X en otro negocio eléctrico (que resultó fallido): «Como lo dio a conocer Proceso en abril de 2021 en un reportaje de Jesusa Cervantes, el 5 y el 12 de septiembre de 2013, el socio de Córdoba Montoya, Guillermo González Laporte logró que la CRE le autorizara dos permisos para la planta hidroeléctrica El Naranjal, que operaría bajo la modalidad de autoabastecimiento con el expediente E/1024/AUT/2013. En esta planta, de acuerdo con esa investigación, además de González Laporte y Córdoba Montoya, figura como socia el gigante de bienes de consumo Kimberly Clark a través de una de sus filiales, Crisoba Industrial. El objetivo era vender “excedentes” a otras empresas como Banamex, Chedraui, Peñoles y Home Depot. Este proyecto enfrentó, sin embargo, una creciente oposición comunitaria en la zona de Amatlán de los Reyes, Veracruz, impidió la operación de la hidroeléctrica. Los permisos se revocaron.

Pero, como el permiso citado fue revocado sería ocioso mencionarlo, si no fuera porque revela que entre sus asociados estaban las mismas empresas (grandes consumidores). Esta práctica fue común: grandes consumidores que se registraron como “asociadas” de distintos generadores privados (con permisos de Autoabastecimiento), para asegurarse el abasto de energía en términos ventajosos, a costa de la CFE. A esta simulación le llamaron “sociedades de autoabasto” que pretendidamente se autorizaron en la reforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) de diciembre de 1992. Este mecanismo fue promovido y tolerado por la CRE para crear un mercado privado de energía, en detrimento de la CFE, a pesar de que constitucionalmente estaba prohibido por el Artículo 27 constitucional (esa reforma a la LSPEE fue evidentemente inconstitucional, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación se negó a revisar a fondo el asunto en diversas ocasiones). En ese permiso, además de Crisoba Industrial con 1 centro de carga y Kimberly Clark de México con 3 más, aparecen como beneficiarios los ‘señores’ Guillermo Jesús González Guajardo y Joseph María Córdoba Montoya.

Es claro que lo anterior no tuvo relevancia para la periodista, más empeñada en el impacto de evidenciar que JCM miente al ocultar su participación en Tamazunchale Energía, y que la lleva a publicar la declaración de Córdoba por el asesinato de Colosio, pues era del dominio público que Córdoba participó en innumerables reuniones en las cuales se urdió la privatización de cientos de empresas públicas. Sobre ello existen diversas publicaciones y Córdoba mismo lo documentó en el hoy mítico «libro blanco» sobre el proceso de las privatizaciones en México (mítico porque hoy está desaparecido).

Esta semana la revista Proceso (No. 2429, 21 de mayo, 2023) retoma el asunto publicando otro artículo de Villegas, basado en nueva información que obtuvo «del fondo privado encargado de la compra que México hará de 13 plantas de Iberdrola» (Villegas se refiere a «Mexico Infraestructure Partners»). En él, con el pretexto de plantear que la «mexicanización» de Iberdrola es «un jugoso anzuelo para las afores» (como plantea en el título), Villegas insiste en que dicha información confirma que JCM y su socio constituyeron Tamazunchale Energía, justificando que actualmente no aparezcan ya sus nombres entre los accionistas de la empresa, porque esta fue adquirida por Iberdrola. Entonces, siguiendo el razonamiento de Villegas, para resultar beneficiado, Córdoba tendría que ser accionista o inversionista de Iberdrola, cosa que Villegas tampoco comprueba.

Lo verdaderamente interesante es cuando Villegas sostiene que la CRE no podía simplemente transferir el permiso. Tiene razón, pero pasa por alto lo que constituyó una verdadera conspiración para permitir la privatización eléctrica furtiva[10] a partir de 1992 y hasta la contrarreforma 2013-2014.

Para ilustrarlo, repasemos brevemente la secuencia de eventos que narra Villegas: en 2004 Iberdrola obtiene de la CRE el permiso de Producción Independiente bajo el nombre de Iberdrola Energía Tamazunchale, S.A. de C.V.; 8 años más tarde, la propia CRE le otorga —a la misma planta, bajo la misma razón social—, el permiso de Autoabasto E/947/AUT/2012 (80MW), pretendiendo de esa forma ‘legalizar’ la venta de supuestos excedentes de generación, que el permiso PIE borrosamente inhibía[11]. Finalmente, en 2014 se constituye Tamazunchale Energía SAPI de CV y en 2018 recibe, también de la CRE, el permiso E/2046/GEN/2018, para la planta de 532MW cuyo nombre oficial es Tamazunchale II, misma que Iberdrola terminó registrando entre sus activos porque, adquirió la planta (y el permiso) a través de Protama.

Lo anterior evidencia la actuación de la CRE, la cual concedió un permiso inconstitucional y posteriormente autorizó la transferencia de un permiso sin cumplir con la normatividad de la contrarreforma, porque Villegas atina al argumentar que la CRE debió validar la transferencia del permiso respectivo, aunque después se equivoca: «para que los dos permisos de generación eléctrica, que se usaron para el ciclo combinado privado integrados a los negocios de Iberdrola, cambiaran de propietarios.» Villegas omite (o ignora) que la CRE nunca actuó así, porque para esos comisionados, los permisos eran parte del negocio, es decir, su venta o traspaso incluía los permisos por lo que no se expedía uno nuevo.

De esta forma, diversas empresas energéticas que habían obtenido importantes permisos de generación, los transfirieron posteriormente a otras, sin mayor problema. Electricitè de France (EDF), por ejemplo, tuvo una fuerte presencia en México, que incluyó la realización de importantes proyectos de generación, como Río Bravo II que es la Central Valle Hermoso S.A. de C.V., permiso E/208/PIE/2002 (547MW); Río Bravo III hoy Central Lomas del Real S.A. de C.V., E/198/PIE/2001 (541MW); Altamira II, hoy Electricidad Aguila de Altamira, S. de R. L. de C.V., permiso E/165/PIE/2000 (565.3MW) y alguna otra planta. Para establecerse en México, EDF no empleó el nombre de la matriz francesa, sino que constituyó sendas empresas filiales localmente (las que se señalan y que se identifican por su nombre oficial o el alias). Posteriormente EDF vendió sus plantas a la española Gas Natural (GN, actualmente Naturgy), incluyendo los permisos, sin que exista registro público de la transferencia. La muy ‘transparente’ CRE, autorizó burocráticamente tales transacciones a través de resoluciones con las que se modificaba el permiso respectivo.

Posteriormente, llegaron a México las transnacionales japonesas Mitsui y Tokyo Gas y compraron a Gas Natural parte de las plantas que a su vez había comprado a EDF. Se trataba de una capacidad total de generación de 2,233MW, cuya transferencia autorizó la CRE, “con el simple poder de su firma”. Otras plantas habían sido construidas y operadas con permisos otorgados a la española Unión Fenosa (que fue absorbida por GN, junto con los permisos).

Pero la CRE operó así por —nuevamente— el borroso clausulado de los permisos PIE solo establecía:

DECIMA SEGUNDA. Transferencia del permiso. La permisionaria, previa autorización de la Comisión Reguladora de Energía y oyendo la opinión de la Comisión Federal de Electricidad, podrá transferir a terceros los derechos derivados del presente permiso de manera accesoria a la enajenación que se haga en favor de los mismos, de las instalaciones objeto del permiso, en los casos y bajo las condiciones siguientes….

Tales condiciones eran ridículas, pues consistían en presentar una solicitud conjunta (vendedor y comprador), y la presentación de documentación que acreditara la personalidad y el cumplimiento de requisitos de ley por parte del comprador. Empero, ni siquiera de las autorizaciones de la CRE (ni de las opiniones de la CFE) se tiene registro público, porque para ellos se trataba de un simple trámite burocrático (legalmente “accesorio”). No se sentían obligados a rendir cuentas a nadie, a pesar de que con esas operaciones se concentraba cada vez más el llamado mercado eléctrico.

Por cierto, este proceder se repite en otros organismos autónomos que operan en contra del sector energético nacional, y que fueron establecidos “constitucionalmente” en la reforma privatizadora (mediante un articulado transitorio) de 2013-14. Allí están ociosas, por ejemplo, las concesiones otorgadas por CNH para explotación de petróleo, que solo ha servido para enriquecer a especuladores. Por si algo fallara en esta perversa trama, también están la Cofece, los Tribunales de Competencia y, en última instancia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todo un andamiaje que se constituye en gobierno paralelo para preservar la propiedad privada de los bienes, recursos y servicios públicos.

Es evidente que la operación de compra a Iberdrola es muy oportuna simplemente porque refuerza la capacidad de generación de CFE en el corto plazo y con ello se beneficia a los consumidores asegurándoles el suministro a los precios más bajos. En descargo de Villegas es posible que durante el proceso de la compra, luego de la revisión de los contratos y sociedades existentes entre Iberdrola y otros actores, se revelen —si existen—, operaciones fraudulentas y que estas permitan esclarecer los mecanismos que las hicieron posibles, con el fin de evitar que se repitan.

El punto es que tanto Iberdrola, como otras generadoras privadas, organizaron en México ilegales sociedades de Autoabastecimiento, abusando de los permisos recibidos y, con la complicidad de la CRE, los usaron para vender directamente electricidad supuestamente “excedente” a clientes privados de alto consumo. Todavía hoy, Iberdrola ofrece en México opciones de contratación que son en realidad modalidades de compraventa de energía entre privados por contrato (a los que llama PPA, o Power Purchase Agreement). Esto es comprobable visitando su página electrónica.

Es gracias a la política energética del gobierno de la 4T (y no producto del ‘periodismo de investigación’ de los medios masivos), que todo esto se hace cada vez más del dominio público. Así se ha logrado contenerlo, tomando medidas respaldadas por el pueblo. Pero para revertirlo es necesario que la contrarreforma constitucional de 2013-14 en materia de energía —y otras reformas neoliberales perniciosas—, sean derogadas. Ganar las elecciones del 2024 es el primer paso.

[1] Entre ellos Proceso en línea: «Córdoba Montoya, ganador en la compra a Iberdrola», Claudia Villegas, Proceso, 19 de mayo de 2023 [en https://www.proceso.com.mx/reportajes/2023/5/19/cordoba-montoya-ganador-en-la-compra-iberdrola-307339.html], aunque al final se anota: «Reportaje publicado en el número 2428 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 14 de mayo de 2023.»

[2] https://revistafortuna.com.mx/2023/05/15/cordoba-montoya-se-beneficiara-de-la-compra-de-las-plantas-de-iberdrola/

[3] «Bartlett culpa a exfuncionarios de debilitar la CFE con conflictos de interés». Notimex en El Economista, 11.02.2019 [https://www.eleconomista.com.mx/politica/Bartlett-culpa-a-exfuncionarios-de-debilitar-la-CFE-con-conflictos-de-interes-20190211-0022.html].

[4] Disponible en https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5204750&fecha=15/08/2011

[5] Proceso, acta constitutiva de Tamazunchale Energía S.A.P.I. Disponible desde https://revistafortuna.com.mx/wp-content/uploads/2023/05/Tamazunchale-Energia-Acta-Constitutiva-4.pdf.

[6] https://www.cofece.mx/CFCResoluciones/DOCS/Concentraciones/V6039/2/5070513.pdf

[7] https://www.gem.wiki/Central_CC_Tamazunchale_II

[8] Nota 4: «Jones Day asesoró a Iberdrola Energía Tamazunchale, SA de CV e Iberdrola Generación México, SA de CV en la adquisición a PROTAMA, SA DE CV, como vendedor, del 100% del capital social de Tamazunchale Energía, SAPI de CV» https://www.jonesday.com/en/practices/experience/2019/10/iberdrola-acquires-tamazunchale-energa-sapi-de-cv.

[9] Ver https://www.iberdrola.com/documents/20125/1948390/Informe-229M.pdf

[10] Ver «Constitucionalistas de ocasión», https://intervencionycoyuntura.org/constitucionalistas-de-ocasion/?print=pdf

[11] Título de permiso de autoabastecimiento de energía eléctrica E/947/AUT/2012, otorgado a Iberdrola Energía Tamazunchale, S.A. de C.V., CONDICIONES: «OCTAVA, Excedentes de producción. En los términos de los artículos 36, fracción 1, inciso b) y 36-Bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la Permisionaria pondrá a disposición de la Comisión Federal de Electricidad los excedentes de producción de energía eléctrica que, en su caso, llegue a generar.»