CE, Intervención y Coyuntura

Hay derrotas que no ocurren por falta de lucha. Ocurren, más bien, porque la lucha llega fragmentada, tarde, sin la fuerza suficiente para articular a todos los sectores afectados y sin una estrategia capaz de convertir la indignación en victoria. La reforma a la Ley del ISSSTE de 2007 fue una de esas derrotas.

Su implementación no transcurrió en silencio. Lejos de ser aceptada pasivamente, encontró resistencia desde el primer momento. Hubo marchas, paros, plantones, bloqueos, amparos, asambleas y jornadas de protesta. La CNTE estuvo en la calle; las y los maestros democráticos sostuvieron buena parte de la movilización, y otros contingentes sindicales y universitarios participaron de manera desigual. Sin embargo, la reforma pasó.

La pregunta, entonces, no puede ser si hubo o no resistencia. La hubo. La pregunta es otra: ¿por qué no alcanzó?

La reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) fue una operación política de gran calado. Presentada como una medida de modernización y saneamiento financiero, significó en realidad la cancelación de una parte fundamental de la seguridad social solidaria. El régimen de pensiones de los trabajadores del Estado dejó de descansar en una lógica colectiva, redistributiva e intergeneracional para desplazarse hacia un modelo de cuentas individuales. La vejez, antes concebida como una responsabilidad social y un derecho laboral, comenzó a ser tratada como un riesgo personal, como un ahorro administrable y como una mercancía financiera.

Este fue uno de los grandes triunfos del neoliberalismo en México: exacerbar un individualismo a ultranza en el que cada persona debía hacerse cargo de su propio futuro. Las pensiones, entendidas como reconocimiento social y como una forma de justicia intergeneracional para quienes trabajaron toda su vida y contribuyeron al bienestar colectivo, fueron subordinadas a la lógica de la especulación financiera. La vida futura de millones de trabajadores quedó vinculada al comportamiento de los mercados y a los intereses del capital financiero.

El punto de quiebre fue PensionISSSTE. El nuevo organismo fue presentado como una Afore pública, pero su diseño anunciaba desde el inicio una transición hacia la lógica del mercado financiero. Los trabajadores que no manifestaran por escrito su voluntad de permanecer en el régimen anterior serían incorporados al nuevo esquema; sus recursos quedarían bajo administración de PensionISSSTE durante tres años y, posteriormente, podrían ser transferidos a las Afores privadas.

La reforma no privatizaba el ISSSTE en el sentido más visible del término —no vendía hospitales, clínicas o edificios—, pero sí privatizaba el principio mismo de la seguridad social. Trasladaba el peso de la jubilación a las espaldas del trabajador. La desatención estatal de amplios sectores de la población fue aprovechada por el capital financiero, que encontró en el ahorro para el retiro una fuente permanente de recursos para la reproducción de sus ganancias.

La política es tiempo, decía López Obrador. La rapidez con la que se aprobó la reforma confirma esa afirmación. La premura fue parte de la operación política. El 16 de marzo de 2007, la sección 22 del SNTE, uno de los pilares de la CNTE, se declaró en alerta ante la inminente aprobación de la nueva ley. El 22 de marzo, la mayoría integrada por PRI y PAN en la Cámara de Diputados aprobó la reforma. El 28 de marzo, el Senado hizo lo mismo sin modificaciones sustanciales. Finalmente, el 31 de marzo, Felipe Calderón la promulgó y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. En apenas dos semanas, una transformación estructural del régimen de seguridad social de los trabajadores del Estado quedó consumada.

Ese ritmo vertiginoso no fue casual. El gobierno calderonista, recién instalado después del conflicto poselectoral de 2006, necesitaba demostrar capacidad de mando. La reforma al ISSSTE funcionó como una prueba de fuerza. Permitió medir la capacidad de respuesta de los trabajadores y, al mismo tiempo, enviar un mensaje inequívoco: las reformas estructurales podían avanzar incluso bajo un gobierno cuya legitimidad era ampliamente cuestionada.

Lo que estaba en juego no era únicamente el sistema de pensiones. También se disputaba la correlación de fuerzas entre el Estado, los trabajadores y las burocracias sindicales. Y esa correlación se encontraba profundamente debilitada. El movimiento obrero arrastraba décadas de derrotas acumuladas desde los años noventa; el movimiento social acababa de atravesar el trauma del fraude electoral de 2006, la represión en San Salvador Atenco y la contención violenta de la APPO. El panorama para las izquierdas mexicanas difícilmente podía ser más adverso.

La reforma tampoco cayó del cielo. Desde 2004 se habían acumulado señales de una ofensiva contra la seguridad social de los trabajadores del Estado. La CNTE ya había encabezado movilizaciones contra los intentos de reforma impulsados durante el gobierno de Vicente Fox. Oaxaca, Chihuahua, Guerrero, Chiapas, Michoacán, el Distrito Federal y el Valle de México aparecían recurrentemente como territorios de protesta.

Sin embargo, desde entonces podía observarse una contradicción que resultaría decisiva en 2007. Mientras la CNTE sostenía la movilización, buena parte del sindicalismo permanecía paralizada, atrapada por sus dirigencias, acomodada a la negociación o directamente alineada con la reforma.

El charrismo sindical fue uno de los pilares de la derrota. Elba Esther Gordillo y Joel Ayala no fueron actores secundarios, sino operadores fundamentales de la reforma. Desde el SNTE oficial y la FSTSE se contuvo, confundió y desmovilizó a amplios sectores de trabajadores. El aparato sindical que debía defender los derechos laborales terminó actuando como un engranaje más del gobierno calderonista. No fue casual que muchos trabajadores identificaran la reforma como una ley Gordillo-Ayala: en ella se condensaba la alianza entre gobierno, legisladores y burocracias sindicales para administrar la pérdida de derechos.

Frente a ese bloque, la CNTE sí estuvo presente. Conviene decirlo con claridad. La Coordinadora no fue ajena a la lucha contra la reforma del ISSSTE. Al contrario, fue una de las fuerzas que más consistentemente intentó sostener la resistencia. La sección 22 de Oaxaca se declaró en alerta; se convocaron mítines, marchas, plantones y paros; se impulsó la creación de un Frente Nacional de Defensa del ISSSTE; se constituyó un Comité Nacional de Huelga; y se realizaron movilizaciones en escuelas, universidades, delegaciones del instituto, carreteras, casetas y plazas públicas.

Pero estar presente no fue suficiente. La CNTE podía movilizar, pero no podía sustituir por sí sola la articulación de un bloque nacional de trabajadores del Estado capaz de convertir una demanda gremial en una fuerza política de alcance nacional.

Aquí se encuentra una de las lecciones centrales de 2007. La fuerza magisterial era real, pero la articulación general era débil. Había combatividad, pero no dirección común. Había rabia, pero no estrategia unificada. Había marchas y paros, pero también repliegues, cálculos de aparato y declaraciones que no siempre se traducían en acciones coordinadas.

El paro del 2 de mayo condensó esa contradicción. Para entonces, la ley ya había sido aprobada y promulgada. Ya no se trataba de impedir el trámite legislativo, sino de abrir una nueva fase de la lucha: obligar políticamente a su derogación.

La jornada fue preparada como una falta colectiva nacional con la expectativa de sumar a maestros, trabajadores universitarios, sindicatos de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), organizaciones del Frente Sindical Mexicano y otros sectores afectados por la reforma. Se plantearon marchas, bloqueos, toma de casetas, cierre de escuelas y protestas en dependencias públicas.

La expectativa era alta. La CNTE anunció la participación de cientos de miles de maestros. La sección 22 de Oaxaca planteó marchas y bloqueos carreteros. Diversos sectores hablaron de una falta colectiva nacional. Sin embargo, durante la preparación del paro comenzaron a hacerse visibles las fisuras.

Algunas dirigencias sindicales que habían manifestado su rechazo a la ley comenzaron a tomar distancia. La UNT modificó su posición y privilegió otra fecha para movilizarse. El STUNAM no suspendió labores de manera general. El SME acompañó la protesta, pero sin llevar la confrontación al nivel que sus propias declaraciones parecían anticipar. Cuando llegó el 2 de mayo, la CNTE conservaba capacidad de movilización, pero carecía de una alianza sindical lo suficientemente sólida para transformar aquella jornada en un verdadero punto de inflexión.

Aun así, la movilización fue significativa. Hubo cierre de escuelas, bloqueos de avenidas, protestas frente a la Bolsa Mexicana de Valores, toma de casetas, acciones en universidades y movilizaciones en distintos estados del país. En Ciudad Universitaria se bloquearon accesos vehiculares y varias dependencias suspendieron actividades. En el Instituto Politécnico Nacional cerraron diversas escuelas superiores. También participaron sectores de la UAM, la UPN y El Colegio de México. En Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Zacatecas, Sinaloa, Querétaro, Michoacán, Jalisco, Baja California y Tlaxcala se desarrollaron distintas formas de protesta.

La fuerza de aquella jornada fue también su principal límite. Mostró que existía una base social dispuesta a luchar, pero reveló igualmente que esa base no bastaba para constituir un movimiento nacional capaz de derrotar al Estado. La CNTE podía sostener el núcleo de la protesta, pero no podía reemplazar la ausencia de una articulación más amplia entre trabajadores burócratas, universitarios, maestros, empleados públicos, derechohabientes y jubilados. El paro del 2 de mayo fue, al mismo tiempo, una demostración de combatividad y una radiografía de la fragmentación.

Después vino el intento de escalar la confrontación. El 7 de mayo se proyectó un paro indefinido. Los días 17 y 21 de mayo se realizaron nuevas jornadas de movilización: una con mayor peso magisterial y otra con una participación más destacada de sectores universitarios. Pero el desgaste comenzó a hacerse evidente. Las fechas se sobreponían, las organizaciones no actuaban bajo una estrategia común, las dirigencias calculaban sus movimientos y la reforma ya se encontraba vigente. La protesta continuó, pero el gobierno había logrado imponer el nuevo marco legal.

La vía jurídica ocupó también un lugar central en la resistencia. Desde finales de marzo comenzaron a presentarse amparos contra la nueva ley. Primero fueron miles; después, decenas de miles; más tarde se habló de más de 167 mil recursos promovidos por trabajadores inconformes. Los amparos expresaban un rechazo social masivo, pero también tenían un límite evidente: podían ofrecer protección individual a quienes los promovieran, pero no anulaban por sí mismos la reforma. La resistencia jurídica adquirió una dimensión considerable, pero no podía sustituir a la fuerza política organizada. El gobierno entendió ese límite y actuó en consecuencia.

La derrota de 2007 fue, por tanto, doble. Fue una derrota de la seguridad social solidaria porque abrió el camino a la financiarización de las pensiones de los trabajadores del Estado. Pero también fue una derrota del sindicalismo mexicano, porque exhibió la incapacidad de convertir una inconformidad ampliamente compartida en una fuerza nacional coordinada.

No faltó dignidad. No faltaron maestros en las calles. No faltaron trabajadores dispuestos a defender sus derechos. Lo que faltó fue una articulación capaz de superar el control de las burocracias sindicales, romper el aislamiento gremial y construir una estrategia común.

La relación entre la CNTE y el obradorismo también debe comprenderse a partir de esta experiencia. En 2007 existió una coincidencia táctica frente al calderonismo y frente a la reforma del ISSSTE. López Obrador declaró públicamente que la reforma debía revertirse y el Movimiento Ciudadano Obradorista participó en la recolección de firmas contra la nueva ley. Sin embargo, la movilización efectiva no estuvo dirigida por el obradorismo. El centro de gravedad de la protesta se encontraba en la CNTE, en algunos sectores universitarios, en sindicatos específicos y en diversas organizaciones obreras que salieron a la calle.

Esa relación nunca fue sencilla. La CNTE podía coincidir con el obradorismo en la oposición a las reformas neoliberales, pero no se asumía como su brazo social. En 2013, durante las movilizaciones contra la reforma educativa y la reforma energética impulsadas por Enrique Peña Nieto, esa autonomía se hizo aún más visible. La Coordinadora decidió marchar por separado de Morena para evitar que su lucha fuera interpretada como una expresión subordinada a una fuerza partidaria. La coincidencia política no cancelaba la independencia organizativa. La CNTE defendía su propio terreno: la asamblea, la movilización magisterial, la presión callejera y la autonomía frente a cualquier proyecto electoral.

La tensión se profundizó particularmente en Oaxaca. El gobierno de Gabino Cué, surgido de una amplia alianza opositora y asociado en la lectura militante de aquellos años al campo obradorista, terminó enfrentado con la sección 22. La reforma educativa, la reorganización del IEEPO, la vigilancia administrativa sobre el magisterio y la amenaza permanente de intervención policiaca abrieron una fractura profunda. Para la CNTE, el problema ya no era exclusivamente el PRI o el PAN. También podía serlo cualquier gobierno que, llegado el momento, administrara desde arriba una política adversa al movimiento magisterial.

Ese recorrido histórico permite comprender el presente con mayor precisión.

Hoy no nos encontramos ante el mismo clima político de 2007 ni frente al mismo tipo de gobierno. El ciclo político abierto por el obradorismo modificó las condiciones de la lucha social en México. No eliminó las contradicciones —algo imposible en cualquier sociedad democrática—, no resolvió todos los agravios acumulados ni canceló los conflictos entre el Estado y los movimientos sociales. Sin embargo, sí abrió un margen político distinto al que existía bajo los gobiernos neoliberales.

La protesta social no enfrenta hoy, en términos generales, el mismo nivel de cerrazón institucional, criminalización y violencia estatal que enfrentó durante los gobiernos de Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto. Esa diferencia importa. Durante aquellos años, muchas luchas fueron contenidas mediante represión abierta, campañas mediáticas de desprestigio, amenazas laborales, judicialización de la protesta y mecanismos permanentes de desgaste. En contraste, el escenario actual ofrece mayores espacios para la interlocución, la presión pública y la negociación política.

Ese margen no debe entenderse como una concesión gratuita. Es resultado de una nueva correlación de fuerzas construida a partir de las transformaciones políticas de los últimos años.

Sin embargo, toda apertura produce también nuevas contradicciones. La CNTE aparece hoy con una beligerancia que, en ciertos momentos, no desplegó con la misma intensidad frente a gobiernos abiertamente neoliberales y represivos. Parte de esa situación se explica precisamente por las nuevas condiciones existentes. Cuando disminuye el costo represivo de la protesta, los movimientos cuentan con mayores posibilidades para ampliar sus márgenes de acción. Cuando el gobierno no responde inmediatamente mediante la fuerza, la movilización encuentra espacios para presionar con mayor intensidad.

La pregunta política no es si debe hacerlo. La pregunta es hasta dónde tensar la cuerda y con qué objetivos estratégicos.

No se trata de pedir silencio ni de exigir a la CNTE que abandone demandas legítimas. La reforma al ISSSTE sigue siendo una herida abierta. Las pensiones continúan siendo un campo de desigualdad e incertidumbre. La seguridad social de los trabajadores del Estado permanece marcada por las consecuencias de la reforma de 2007. La lucha por recuperar derechos perdidos es legítima y necesaria.

Pero una cosa es luchar en mejores condiciones y otra muy distinta convertir esas condiciones favorables en una estrategia de todo o nada.

El riesgo de una política de todo o nada es la inmolación. La resistencia puede confundirse con una lógica sacrificial: si no se obtiene todo, entonces nada es suficiente; si no existe una respuesta inmediata, toda negociación es vista como traición; si existe margen para presionar, se presiona hasta convertir la coyuntura en una crisis permanente.

Esa lógica puede ser comprensible desde el agravio acumulado. Pero no siempre resulta políticamente eficaz.

Una lucha justa también puede equivocarse de momento, de táctica o de escala.

La CNTE posee la legitimidad suficiente para convocar una discusión nacional sobre el futuro de las pensiones. Tiene la capacidad histórica para plantear que el problema deje de ser visto como una demanda exclusivamente gremial y sea comprendido como un dilema que afecta al conjunto de la sociedad. La cuestión del retiro digno no concierne únicamente a los trabajadores de la educación. Interpela a millones de personas que observan con preocupación el deterioro de los sistemas pensionarios y la subordinación creciente de la seguridad social a la lógica financiera.

Sin embargo, la amplitud de esa discusión aún no termina de construirse. Aunque las movilizaciones sean masivas y las acciones visibles, persiste un relativo aislamiento respecto de otros sectores igualmente afectados. La batalla por las pensiones difícilmente podrá resolverse como una disputa exclusivamente magisterial. Necesita convertirse en una causa social más amplia.

El presente mexicano es particularmente delicado. La soberanía nacional enfrenta presiones externas constantes. Las derechas nacionales e internacionales buscan cualquier fisura para presentar al país como ingobernable, incapaz de conducir sus propios procesos o atrapado en una crisis permanente.

En ese contexto, la coyuntura del Mundial coloca a México bajo una observación internacional intensificada. Los ojos del mundo estarán puestos sobre el país y cualquier conflicto interno corre el riesgo de ser amplificado, deformado o utilizado por actores que no tienen interés alguno en fortalecer los derechos sociales, sino en debilitar la posición política de México.

Aquí aparece una contradicción compleja. Una lucha legítima ha sido utilizada por fuerzas que nada tienen que ver con las demandas que la originan. En medio las moviliåciones de la CNTE, diversos actores de la derecha como Ricardo Salinas Pliego llamo a la confontación y aspotó por la escalada del conflicto para golpear políticamente al gobierno y debilitar la estabilidad del país, lo que provocó la reaccion de la sabiduría popular, quien le devolvió su imagen como siervo de imperialismo cuando lo nombraron “perra de Trump”.

Las demandas de la CNTE pueden ser plenamente justas y, al mismo tiempo, desarrollarse en un contexto donde otros actores intenten instrumentalizarlas para fines completamente distintos. Reconocer esa posibilidad no implica deslegitimar la movilización. Implica comprender la complejidad de la coyuntura.

La memoria de 2007 resulta útil precisamente para pensar ese límite. Entonces, la reforma avanzó gracias a la alianza entre PRI y PAN, al respaldo de las burocracias sindicales y a la fragmentación de la oposición social. Hoy las condiciones son diferentes. No existe la misma correlación de fuerzas, ni el mismo tipo de gobierno, ni el mismo nivel de cerrazón política.

Actuar como si nada hubiera cambiado puede conducir a errores de diagnóstico.

Reconocer las diferencias no implica subordinación. Implica hacer política.

La autonomía de los movimientos sociales no se demuestra únicamente mediante la confrontación permanente. También se expresa en la capacidad de leer la coyuntura, distinguir contradicciones principales y secundarias, medir la relación de fuerzas, construir alianzas y evitar que demandas legítimas terminen siendo utilizadas por proyectos ajenos a sus intereses.

La CNTE tiene derecho a movilizarse, a presionar y a defender sus reivindicaciones. Pero también posee una responsabilidad histórica: evitar que las lecciones de 2007 se conviertan nuevamente en una experiencia de impotencia política bajo condiciones distintas.

La reforma del ISSSTE dejó una enseñanza amarga. La combatividad no basta si no existe estrategia. La protesta no basta si no construye alianzas. El agravio no basta si no se convierte en programa político. La movilización no basta si queda atrapada entre la presión inmediata y la incapacidad para construir una salida duradera.

En 2007 la CNTE estuvo presente. Luchó, resistió y sostuvo una batalla que otros sectores abandonaron, administraron o simularon. Pero no alcanzó.

La pregunta del presente no es si hay que luchar. La pregunta es cómo hacerlo, contra quién, con qué aliados, en qué momento histórico y con qué horizonte estratégico.

La defensa de las pensiones y de la seguridad social no puede separarse de la defensa de la soberanía nacional. Sin esta última, difícilmente existirán condiciones para una transformación profunda del sistema de protección social. Pero tampoco puede quedar atrapada en una lógica de aislamiento o maximalismo que termine debilitando al propio campo popular.

La ley contra el ISSSTE fue una derrota anunciada porque muchas de sus condiciones de posibilidad estaban dadas desde antes: burocracias sindicales acomodadas, trabajadores dispersos, partidos incapaces de frenar la reforma, una confianza excesiva en la vía jurídica y una oposición social que, pese a su amplitud, no logró construir una estrategia común.

Pero también fue una derrota peleada. Hubo quienes marcharon, pararon labores, bloquearon carreteras, presentaron amparos, sostuvieron plantones y se negaron a aceptar que la vejez de los trabajadores fuera entregada a la lógica del mercado financiero. La reforma no se impuso por ausencia de resistencia, sino porque la resistencia resultó insuficiente para modificar la correlación de fuerzas existente.

Esa memoria importa hoy. No para acusar a la CNTE desde fuera ni para minimizar el papel histórico que ha desempeñado en la defensa de los derechos laborales, sino para extraer lecciones útiles para el presente. En 2007 la Coordinadora estuvo ahí. Lo que faltó fue una articulación nacional capaz de transformar la indignación social en una fuerza política victoriosa.

El riesgo actual es distinto. Si entonces predominó la fragmentación, hoy podría imponerse una lógica de confrontación permanente incapaz de construir consensos más amplios. La existencia de mejores condiciones para la movilización puede producir la ilusión de que la intensidad de la protesta es suficiente por sí misma. La experiencia histórica demuestra que no lo es.

La seguridad social debe recuperarse como un derecho. Las pensiones no pueden permanecer subordinadas a los intereses del capital financiero. La reforma de 2007 debe ser recordada como uno de los golpes más profundos del neoliberalismo contra los trabajadores del Estado. Sin embargo, revertir sus efectos exige algo más que presión callejera: requiere estrategia, construcción de mayorías, capacidad de negociación y una lectura rigurosa de las condiciones históricas en que se desarrolla la lucha.

La discusión sobre las pensiones tampoco puede quedar reducida a un conflicto gremial. México atraviesa una transición demográfica acelerada, enfrenta restricciones presupuestales importantes y mantiene una fuerte dependencia de los mercados financieros para sostener parte de su funcionamiento económico. Cualquier reforma profunda deberá enfrentar esos desafíos y ofrecer respuestas viables a problemas complejos.

Por ello resulta urgente construir una fuerza política y social capaz de colocar el tema en el centro de la discusión nacional. No se trata únicamente de mejorar las condiciones de retiro de un sector específico, sino de replantear el papel del Estado en la protección social, la distribución de la riqueza y la garantía de una vida digna para quienes han dedicado décadas al trabajo.

Esa fuerza deberá comprender la magnitud del poder financiero, las transformaciones demográficas en curso y las nuevas presiones geopolíticas que enfrenta el país. Pero también deberá ser capaz de convertir un problema técnico en una causa democrática, una demanda sectorial en una reivindicación popular y una lucha defensiva en un proyecto de futuro.

La CNTE puede desempeñar un papel central en esa tarea. Tiene legitimidad, experiencia organizativa y una trayectoria histórica que le permite impulsar una discusión de alcance nacional. Pero para hacerlo necesitará algo más que capacidad de movilización. Necesitará construir alianzas, ampliar interlocutores y transformar una demanda justa en un horizonte compartido por amplios sectores de la sociedad.

La CNTE estuvo en 2007. Resistió, luchó y sostuvo una batalla que otros abandonaron. Pero no alcanzó.

Hoy puede volver a estar en el centro de una discusión histórica. La diferencia es que el país ya no vive la misma coyuntura, el gobierno no tiene el mismo signo político y los márgenes de acción son distintos.

Convertir esos nuevos márgenes en una victoria exige algo más difícil que la beligerancia: exige racionalidad política.