Justicia para los pueblos indígenas y afromexicanos en la continuidad de la Cuarta Transformación

Milton Gabriel Hernández García

Como es sabido, México es un país con una enorme diversidad cultural, expresada principal, aunque no exclusivamente, en los pueblos indígenas y afromexicanos que habitan en su territorio.

Estos pueblos han experimentado a lo largo de varios siglos, diferentes formas de subordinación y exclusión en su relación con la sociedad nacional y con el Estado mexicano. Durante el periodo neoliberal, se intensificaron las graves condiciones de pobreza, marginación, discriminación, racismo, desigualdad, represión y despojo a los territorios de los pueblos indígenas.

El primer gobierno de la Cuarta Transformación ha configurado una política inédita en relación con los pueblos indígenas en materia de acceso a la justicia y combate a la desigualdad.

No obstante, las condiciones adversas que estos pueblos han vivido durante siglos, reclaman la continuidad y la profundización de reformas jurídicas, así como de políticas públicas, planes, programas y proyectos de gobierno orientados a dar respuesta a sus demandas y reivindicaciones históricas.

Desde mi punto de vista, el próximo gobierno que habrá de dar continuidad al proceso histórico denominado Cuarta Transformación, deberá centrar su atención en seis ejes prioritarios:

  1. Expandir y profundizar la estrategia de los Planes de justicia y Desarrollo Integral

Una de las estrategias del gobierno de la Cuarta Transformación para atender y dar respuesta desde una perspectiva integral, horizontal y participativa a las problemáticas, necesidades, demandas y reivindicaciones de los pueblos indígenas, han sido los Planes de Justicia (Yaqui, Mayo, Guarijío, Seri, O’dham, Wirarika y Cora, entre otros) y de Desarrollo Integral (como el Plan de Desarrollo Integral del Pueblo Zapoteco-Chinanteco) que se están diseñando y llevando a cabo en numerosas regiones del país.

Aunque ya se están implementando, la resolución de la mayor parte de las problemáticas que se están identificando participativamente en la elaboración de estos planes, rebasa la temporalidad de un sexenio. Se trata de procesos que requieren la articulación integral de diferentes niveles e instancias de gobierno, así como la organización comunitaria, con pleno respeto a las formas y a los tiempos de los pueblos indígenas.

El avance que se ha logrado hasta el momento hace que sea necesaria la continuidad, la profundización y la expansión a todos los territorios del país de una estrategia como la que ya está en marcha en materia de planes de justicia y desarrollo integral, pues por primera vez los pueblos indígenas consideran que se les está escuchando y que sus propuestas de solución a las problemáticas añejas que experimentan, están siendo tomadas en cuenta para el diseño y ejecución de las políticas públicas.

Esta nueva forma de construir políticas pertinentes para los pueblos indígenas, a partir del diálogo intercultural y la horizontalidad, permite dimensionar y reconocer las especificidades de cada pueblo en la atención de sus demandas, superando con ello la vieja fórmula de imponer programas y proyectos de gobierno a nivel nacional, como si todas las culturas fueran homogéneas.

La continuidad de estos planes de justicia y desarrollo integral en el marco del Proyecto de Nación (2024-2030) del movimiento de la Cuarta Transformación, es fundamental para honrar la memoria de los pueblos indígenas y afromexicanos que han resistido durante siglos, y sobre todo durante el neoliberalismo, a las políticas etnocidas que, en algunos casos, los han llevado al borde de la desaparición. Pero, sobre todo, para asegurar una vida digna a las actuales y futuras generaciones de los pueblos originarios y afromexicanos que demandan un lugar en la sociedad nacional a partir del respeto pleno a sus culturas, a sus lenguas y a sus visiones del mundo.

Será necesario que los planes de justicia y desarrollo integral caminen en coordinación con las autoridades tradicionales plenamente reconocidas y acreditadas por sus pueblos; que se escuchen todas las voces y las disidencias, particularmente a las mujeres y a las juventudes indígenas que históricamente han sido silenciadas.

También se ve como prioritario el diálogo directo y respetuoso, sin mediadores, con los diferentes actores que confluyen en los territorios indígenas, particularmente con las organizaciones sociales que desde su origen han mantenido un posicionamiento crítico frente a los diferentes gobiernos.

  1. Revertir el proceso de extinción de al menos 31 lenguas indígenas consideradas en riesgo inminente de desaparición

México, así como numerosos países, enfrenta el inminente riesgo de desaparición de muchas de sus lenguas indígenas. Frente a este escenario, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó recientemente el período que va de 2022 a 2032 como el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas del Mundo.

Con ello se busca alertar a nivel global sobre la difícil situación de muchas lenguas indígenas, además de movilizar a las partes interesadas y los recursos necesarios para garantizar su preservación, revitalización y promoción.

En nuestro país, de 68 reconocidas oficialmente, existen al menos 31 lenguas o variantes lingüísticas que enfrentan muy alto o alto riesgo de desaparición, como el kiliwa, el ixcateco, el awakateco, el ayapaneco, el oluteco, el tlahuica, el mam, entre otras.

Este doloroso fenómeno obedece a diversas causas estructurales históricas y contemporáneas como el racismo, el clasismo, el etnocentrismo, la discriminación, la castellanización forzada y la aculturación dirigida.

Existe claridad sobre el hecho de que, si cualquiera de las lenguas indígenas en riesgo desaparece, no habrá marcha atrás y se habrá perdido una forma de entender, nombrar y pensar el mundo que es única e irrepetible, lo cual sería una dolorosa pérdida para la humanidad entera.

Es por ello que una de las prioridades del gobierno que profundizará los anhelos de justicia en la continuidad de la Cuarta Transformación, será trabajar arduamente para lograr el rescate y la revitalización de las lenguas indígenas que hoy enfrentan un alto y muy alto riesgo, bajo la premisa de que la sociedad y el Estado deben actuar de manera urgente y coordinada para evitar el desplazamiento definitivo de las lenguas originarias que aún persisten y resisten en nuestro país.

  1. Reconocer plenamente a la justicia indígena y al pluralismo jurídico que es inherente a nuestro país

 

El neoliberalismo y el régimen de corrupción asociado con el crimen organizado nos heredó muchas regiones desagarradas por la violencia y la destrucción de los tejidos sociales comunitarios. Muchas de estas regiones corresponden a los territorios en los que los pueblos indígenas se han asentado ancestralmente.

Como parte de las relaciones asimétricas entre el Estado y los pueblos indígenas que han caracterizado a nuestro país desde hace mucho tiempo, existe una deuda histórica con estas sociedades que se expresa en el no reconocimiento a sus sistemas normativos y prácticas jurídicas.

A pesar de la imposición de un solo sistema de derecho en todo el territorio nacional, los pueblos indígenas, desde la resistencia política, han mantenido sistemas normativos y prácticas jurídicas coherentes con su horizonte cultural, que se expresan en la existencia de asambleas comunitarias, jueces de paz, jueces comunitarios, juzgados indígenas, consejos de ancianos y otras modalidades de autoridad tradicional.

Todas esas figuras de autoridad indígena suelen contar con la legitimidad y el consenso de sus pueblos, a pesar de no tener el reconocimiento por parte del aparato de justicia del Estado mexicano.

En otras palabras, en nuestro país no ha existido un reconocimiento pleno al pluralismo jurídico que nos constituye y que implica la coexistencia de múltiples sistemas de derecho, la mayoría en una condición subalterna, a pesar de que en la práctica contribuyen a la reconciliación social, a la resolución pacífica de conflictos y a la construcción de paz.

Los pueblos indígenas y afromexicanos pueden aportar mucho al proceso de pacificación del país que inició con la Cuarta Transformación, por lo que la continuidad y profundización de los anhelos de justicia del pueblo mexicano implicarán el reconocimiento a los sistemas normativos y a las prácticas jurídicas de los pueblos indígenas, en el marco del respeto a su cultura y bajo el paradigma del pluralismo jurídico que nos constituye como nación.

Parte fundamental de este proceso de justicia restaurativa y pacificación del país será la atención urgente a la situación de miles de personas indígenas que enfrentan en muchos casos la privación ilegal de su libertad.

  1. Fortalecer la educación indígena con pertinencia cultural

Aun cuando en el primer gobierno de la Cuarta Transformación ha habido un cambio de rumbo en las políticas educativas, es necesario profundizar en los esfuerzos para revertir muchas décadas de rezago educativo en las regiones indígenas del país.

Los pueblos indígenas tienen derecho no solo a ser consultados sobre el modelo educativo que desean, sino a tener acceso a una educación pertinente y adecuada, que parta realmente de sus horizontes culturales.

Es necesario y urgente seguir actualizando los modelos de educación indígena para que tengan pertinencia lingüística y cultural en sus modelos de enseñanza-aprendizaje, con docentes que sean hablantes de las lenguas indígenas y que cuenten con las herramientas para poder alfabetizar ya no solo en castellano, sino en las lenguas originarias.

La educación impuesta, con valores culturales ajenos a los pueblos indígenas ha sido un instrumento que durante décadas ha facilitado la aculturación dirigida, la castellanización forzada y la glotofagia.

Es por ello que la nueva relación que se está construyendo entre el Estado y los pueblos indígenas en el marco de la Cuarta Transformación, tendrá como una de sus prioridades la construcción consensuada de un nuevo modelo educativo para los pueblos indígenas que parta de su visión del mundo, de sus expectativas y de sus aspiraciones de futuro.

  1. Hacia un nuevo modelo intercultural de salud

Una de las demandas más sentidas de las comunidades y organizaciones indígenas en nuestro país tiene que ver con el reconocimiento a sus sistemas comunitarios de salud y sobre todo a prácticas que no solo no han sido reconocidas por el Estado, sino que incluso han llegado a ser criminalizadas, como la partería tradicional.

En las regiones rurales e indígenas, la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 propició una revaloración cultural de los sistemas médicos indígenas.

Muchos especialistas comunitarios de la salud como curanderos, hueseros, sobadores y parteras se convirtieron nuevamente en actores protagonistas ante la concentración que el sistema público tuvo que experimentar para hacer frente a la COVID-19.

El programa de gobierno que dará continuidad a la Cuarta Transformación tendrá como uno de sus ejes principales en materia de pueblos indígenas y afromexicanos, el rescate, la revaloración y la promoción de los sistemas médicos tradicionales, así como el diseño y la puesta en marcha de un sistema de salud nacional con un enfoque intercultural, que sea respetuoso de las cosmovisiones tradicionales.

  1. Dar continuidad a la reforma constitucional en materia de derechos indígenas

Los ejes prioritarios que ya he mencionado podrán tener mayor viabilidad si se aprueba la reforma constitucional, cuyo proceso de elaboración ya ha iniciado desde el actual gobierno federal, aunque está pendiente su continuidad en el poder legislativo. Los movimientos y las organizaciones indígenas de todo el país continúan con la demanda de que no se detenga esta reforma en materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Solo con su aprobación se podrá lograr su reconocimiento pleno como sujetos de derecho público, así como su derecho a la libre determinación y autonomía en distintos ámbitos y niveles (comunitario, municipal y regional).

También permitirá garantizar el acceso y el respeto absoluto al derecho que tienen a decidir sobre sus tierras, territorios, recursos y biodiversidad, así como el reconocimiento de sus sistemas normativos, sus prácticas jurídicas y sus autoridades tradicionales en esta materia.

Además es prioritario, como parte de esta reforma, garantizar sus derechos político-electorales, el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente pertinente, a la protección de su patrimonio cultural, a sus conocimientos tradicionales y a la propiedad intelectual colectiva, a su cosmovisión, religiosidad y ritualidades propias, a sus sitios sagrados, a tener acceso a una educación con pertinencia cultural y lingüística, a la salud integral y a sus sistemas médicos tradicionales, a contar con sus propios medios de comunicación y a que se respeten plenamente sus aspiraciones y expectativas de desarrollo en el marco de sus horizontes culturales.

En otras palabras, es prioritario para el gobierno que dará continuidad al proceso de la Cuarta Transformación, crear las condiciones de posibilidad, constitucionales y legales, para que se construya de manera sólida una nueva relación entre los pueblos indígenas y afromexicanos y el Estado, bajo los principios de justicia, equidad y respeto a la pluralidad cultural.