Luis Lezama

Hay rectificaciones que se anuncian como si fueran apenas un ajuste de tablero, una adecuación razonable ante la presión de los hechos, una actualización técnica allí donde la realidad ya habría dictado su lección. El problema empieza cuando el ademán cae sobre una zona previamente marcada en términos políticos, como parte visible del horizonte moral y estratégico del proyecto de transformación. Entonces lacorrección empieza a volverse una prueba.

Eso es lo que vuelve delicado el tema del fracking. No porque ya exista una decisión consumada —no la hay— ni porque toda revisión gubernamental sea, por definición, una traición —no lo es—, sino porque aquí asoma la posibilidad de que una línea antes formulada en términos políticos se reabra bajo una lógica principalmente técnica. Y cuando eso ocurre en un asunto de alto voltaje, la cuestión trasciende a saber si algo es factible, rentable o administrable. Empieza a tocar la legitimidad del desplazamiento.

Desde luego, conviene apartarse de dos facilidades. De un lado, la del liberal fastidiado que convierte cualquier movimiento del gobierno en prueba automática de inconsistencia o barbarie. Del otro, la de cierto ambientalismo que parece haber resuelto de una vez y para siempre el problema energético a fuerza de condenas abstractas, como si bastara con declarar el mal para disipar la presión material. Ninguna de esas salidas ayuda mucho. Lo que tenemos enfrente es una dificultad real: un país que quiere sostener industria, electricidad, inversión pública y cierto margen de autonomía frente a Estados Unidos debetratar la base energética en serio. México tiene una dependencia gasera efectiva y ya consume gas no convencional, sólo que importado desde Texas. La reapertura del tema bajo el signo de la soberanía energética no brota, pues, de un capricho.

Conviene admitirlo con todas sus letras, porque la facilidad moralista en realidad es pereza. Hay una presión material. Hay una dependencia. Y hay también la hipótesis de que ciertas innovaciones podrían reducir algunos impactos mediante nuevos compuestos y reciclaje de agua. Hasta ahí, el argumento del gobierno debe ser tomado en serio. Otro asunto es si la realidad material, por el hecho de apretar, queda investida de autoridad política suficiente para rehacer una línea que antes se había trazado en otro registro.

Ahí empieza un problema de fondo. La Cuarta Transformación llegó al gobierno investida de una relación particular con el pueblo, con la soberanía y con la legitimidad popular de las grandes orientaciones. Y por eso el asunto del fracking pesa más de lo que pesaría en otro tipo de gobierno. Involucra un bien estratégico nacional y la distribución concreta de riesgos territoriales, pero también se está tanteando el desplazamiento de una frontera políticamente marcada. El estándar de justificación, por tanto, cambia.

Lo anunciado hasta ahora por el gobierno debe ser registrado con precisión. Lo que se ha planteado es la integración de un grupo de especialistas que deberá orientar si la explotación de gas no convencional es factible, en qué zonas y bajo quécondiciones. Después, si alguna posibilidad llegara a perfilarse en territorios concretos, vendría la consulta con las comunidades. La secuencia importa: primero la factibilidad;luego la consulta localizada. Y es justamente ahí donde se concentra la dificultad política. Porque consultar a las comunidades sobre una afectación localizada no equivale aconsultar al pueblo sobre la revisión de una línea general previamente marcada. Son dos planos distintos: uno remite a la distribución territorial de una eventual decisión; el otro, a la legitimidad misma de haber reabierto esa eventualidad. El conocimiento experto debe cumplir funciones decisivas y legítimas, desde luego. La solvencia técnica fortalece una transformación, pero cuando esa solvencia pretende sustituir la decisión política en lugar de servirla, ahí asoma la tentación tecnocrática. Si el filtro técnico define antes qué territorios son factibles, qué escenarios son aceptables y bajo qué tecnologías podría procederse, entonces la comunidad entra cuando la frontera ya fue movida. La pregunta grande llega traducida de antemano en clave de viabilidad.

Y sin embargo esa pregunta sigue ahí. ¿Qué hace un proyecto popular cuando encuentra límites materiales? ¿Cómo se corrige? ¿Qué ruta elige cuando la realidad empieza a presionar sus definiciones previas? Un gobierno puede toparse con restricciones reales y aun así decidir cómo las tramita políticamente. Puede asumir que la dificultad obliga a profundizar la conducción popular. O puede acostumbrarse, poco a poco, a rodearla en nombre de la complejidad. Allí se abre una diferencia mayor, una diferencia de orientación antes que de estilo.

La consulta, en ese sentido, importa por algo más que su utilidad instrumental. Importa como disciplina del poder popular. Cuando la realidad aprieta, un proyecto popular se descubre en la secuencia que elige para rectificarse. Puede pasar por el pueblo, o puede empezar a enseñarle sólo el menú de opciones ya depurado. Armando Bartra ha insistido en innumerables intervenciones en que la transformación, además de jugarse en mover al “elefante reumático” del Estado, también pasa por sacar de su propio entumimiento a la sociedad. Desde ese ángulo, el episodio del fracking deja ver algo más que una discusión técnica: cuando la iniciativa se concentra arriba y la base social comparece al final, reducida a ratificar, acompañar o recibir explicaciones, algo del impulso original se adelgaza. Una rectificación estratégica tramitada en el circuito de especialistas puede terminar diciendo más sobre el estado de la sociedad transformadora que sobre la técnica en discusión.

El asunto tiene que ver con una economía moral del vínculo entre gobierno y pueblo que conviene no subestimar. Un proyecto popular vive de sus resultados, pero también de crédito político acumulado en la experiencia de ser reconocido como instancia donde el pueblo cuenta. Cada giro sensible que no pasa suficientemente por ese registro puede consumir parte de ese crédito; desgasta la reserva de confianza con la que después habrá que enfrentar otras correcciones, otras estrecheces y otros conflictos. Un movimiento puede sobrevivir un ajuste técnico. Lo que le cuesta más caro es acostumbrarse a que sus rectificaciones estratégicas se cocinen arriba y se socialicen abajo.

Lejos de demonizar a los expertos y de descalificar por reflejo lo dicho por el gobierno, el punto recae en admitir que aquí hay un cambio de escala política y que, por lo mismo, la decisión exige algo más que gestión ilustrada y más que consulta localizada al final del proceso. Exige decir con claridad qué cambió, por qué cambió, qué riesgos cree poder administrar, qué beneficios se esperan, qué límites se aceptarían y si se está dispuesto o no a poner esa revisión a consideración popular. La forma institucional concreta de esa consideración —consulta nacional articulada con deliberación territorial, por ejemplo— tampoco puede dejarse en la penumbra, porque también ahí se juega si se está abriendo una decisión o simplemente administrando su ratificación.

Porque en esa respuesta se juega algo más que una política energética. Se juega el hábito político que un proyecto popular adquiere cuando los límites materiales aprietan: seguir pasando por el pueblo, o empezar a pasar alrededor de él.