John Kenny Acuña Villavicencio

Profesor-investigador UAGro (johnkenny@uagro.mx)

I

El 12 de abril de este año se celebrarán elecciones en el Perú. Participan 35 candidatos presidenciales de partidos políticos y cerca de 10,000 candidatos al Parlamento y al Senado. Entre estos, 20 son de la derecha (Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, etc.), 3 de la izquierda (Perú Libre, Juntos por el Perú, Venceremos) y 12 del centro (Perú Primero, Ahora Nación, etc.) ¿Realmente hay algo de qué sorprenderse? No creo que haya un país más surrealista que este. El sistema electoral y democrático refleja una sociedad profundamente dividida y atrapada por empresarios y una élite congresal que, durante los últimos diez años, ha contribuido a la destitución de siete presidentes. De hecho, el último que logró concluir su mandato fue Ollanta Humala, entre 2011 y 2016, quien hoy comparte prisión con Alejandro Toledo, Martín Vizcarra y Pedro Castillo.

Estos grupos políticos poseen un importante capital cultural y económico, que les ha permitido imponer o modificar reglas en función de su posición de poder. Algunos reportes señalaban a inicios de 2025 que más del 60% de la Constitución había sido modificada. En este sentido, estos cambios, que no emanaban del pueblo ni respondían a la demanda de una Asamblea Constitucional impulsada por la sociedad civil y la izquierda partidista, reflejaban principalmente los propósitos de los partidos políticos de derecha.

Estas motivaciones específicas se remontan a la década de 1990, cuando Alberto Fujimori llegó al poder y, tras el golpe de Estado del 5 de abril de 1992, reconfiguró las relaciones sociales y del trabajo e impulsó un nuevo orden jurídico orientado a favorecer las dinámicas del mercado neoliberal por encima del bien común.

El campo político peruano se organiza en torno a diferencias territoriales y a la distribución de distintos tipos de capital (capital alto y capital popular), más que a divisiones ideológicas entre la mano derecha y la mano izquierda del campo estatal. En otras palabras, la disputa principal se da entre élites y partidos de derecha, que concentran capacidad de decisión y capital económico, y sectores populares que cuentan con base territorial y condiciones sociales específicas.

Sin embargo, esta división no se traduce automáticamente en presencia territorial efectiva. En diversos escenarios locales, la derecha ha tenido dificultades para consolidarse, como lo evidencian las movilizaciones durante las campañas en el Sur (Cusco, Arequipa, Apurímac y Puno), Oriente (Amazonas) y Centro (Junín y Áncash) del país, especialmente en contra de figuras como Fujimori o López Aliaga, asociadas a una derecha percibida como radical y racista. Por su parte, la izquierda tampoco ha logrado consolidar una presencia sostenida a nivel local. Su fragmentación interna ha favorecido la emergencia de otros bloques políticos que surgen de manera coyuntural en elecciones municipales o regionales.

La derecha y la izquierda parecen desenvolverse en una especie de “teatro de sombras”, donde, más allá de sus confrontaciones discursivas, terminan operando dentro de los mismos márgenes del campo político. Ambas buscan garantizar la reproducción del capital del dinero, especialmente en su dimensión global.

A través de instrumentos institucionales y partidarios, el Estado actúa como mediador en este proceso, intentando que el capital popular se aproxime al capital cultural dominante. No obstante, esta dinámica reproduce las mismas relaciones de poder y dominación, incluso dentro de sectores que se presentan como alternativos, como ocurre en ciertos espacios de la izquierda.

Estas tensiones entre distintas formas de capital —económico, cultural y político— condicionan a los actores sociales y los sitúan dentro de campos claramente diferenciados y delimitados. En esta línea, el campo electoral, más que articularse a partir de propuestas organizadas de la derecha y la izquierda, está condicionado por factores como la destitución de presidentes, la corrupción, la desconfianza ciudadana y, probablemente, la expansión del voto de castigo.

En ese contexto, la derecha y la izquierda combaten siempre “fuera de juego” de las realidades que exigen cambios verdaderos. No en vano, la desesperanza ciudadana y el “antiparlamentarismo” no solo responden al desencanto con la democracia, sino también a una crisis más profunda de las relaciones sociales y a la persistencia del dogma de “la vieja mano invisible del mercado de Adam Smith”, reproducido y defendido tanto por la derecha como por la izquierda (Žižek, E., Sobre la violencia, Paidós, p. 24).

A partir de lo anterior, es necesario reflexionar sobre los límites de la política en un escenario que desborda las divisiones tradicionales, dominadas por ambas posiciones. Más que una oposición real, lo que se observa es una convergencia en los marcos que organizan el poder, lo que obliga a replantear las posibilidades de transformación desde fuera de esas mismas coordenadas.

II

El campo de los partidos políticos o sistema político, como lo exigiría una “sociedad decente” en términos de John Rawls (Teoría de la justicia, FCE, 2020), está atravesado por un mercado electoral que segmenta a la sociedad y opera bajo los intereses de grupos y partidos que disponen de un capital alto o de una fuerza social que los impulsa.

En ese sentido, el campo político obliga a pensar en opciones diversas, resaltando a los agentes más visibles o potencialmente ganadores de las elecciones. Esto implica que la competencia electoral no es un problema en sí, sino la expresión de un campo político atomizado, en el que quienes cuentan con mayores capitales sociales, económicos y simbólicos tienen mayores probabilidades de llegar a una segunda vuelta, prevista para junio de 2026.

Las encuestas son resultado de ello: las últimas mediciones, incluidos simulacros electorales recientes, ratifican una distribución muy dispersa de las preferencias, lo que impide la consolidación de una candidatura dominante. Aunque algunos candidatos se encuentran en los primeros lugares, ninguno tiene ventajas decisivas; la disputa se mantiene entre candidaturas de derecha como Renovación Popular (López Aliaga, 14.42%) y Fuerza Popular (Fujimori, 14.17%), así como entre opciones de centro como Ahora Nación (López Chau, 10.08%), Alianza para el Progreso (Acuña, 5.92%), Partido del Buen Gobierno (Jorge Nieto, 5.92%) y País para Todos (Carlos Álvarez, 4.83%) (El Comercio, Última encuesta electoral 2026: simulacro y tendencias finales del voto a nivel nacional y regional, 2026).

Dicho esto, el campo político se organiza a partir de la concentración del capital económico y cultural, lo que posibilita una fuerte influencia mediática. Los actores políticos no constituyen una clase homogénea, sino que actúan según intereses diferenciados y particulares dentro de un “campo de batalla”. En él, la derecha concentra capital económico e institucional; la izquierda, capital territorial y capacidad de movilización; y el centro, capital clientelar basado en redes de intermediación. Esta disputa tiende a reforzar los límites del campo político y el sistema electoral.

Bajo estas condiciones, tanto la derecha como la izquierda han participado en la disputa por formar parte de la “nobleza de Estado” (Bourdieu, P., Sobre el Estado. Cursos en el Collège de France 1989-1992, Anagrama, 2014). Resulta paradójico que los mismos partidos que hoy se enfrentan en bandos opuestos hayan sido, en su momento, parte de acuerdos y pactos que permitieron sostener el sistema político, evitar nuevas elecciones y, en muchos casos, reproducir prácticas burocráticas y corruptas cuestionadas por la ciudadanía.

Basta recordar los episodios de protesta y represión ocurridos entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, mientras Dina Boluarte era presidenta interina. Como diría Bourdieu, al interior del campo burocrático el Estado y sus agentes “quitan y ponen por decreto” aquello que les es opuesto a sus planes (Bourdieu, P., Sobre el Estado. Cursos en el Collège de France 1989-1992, Anagrama, 2014, p. XX). Estos hechos marcaron profundamente la relación entre el Estado y amplios sectores sociales.

Lo expuesto es reflejo de lo que viene ocurriendo en plena propaganda electoral. Durante los debates, además de tensos y desordenados por el exceso de participantes, se ha evidenciado, por un lado, una derecha fragmentada, con discursos que oscilan entre la reducción del Estado y la exclusión de algunos grupos sociales. Uno de ellos es Rafael López Aliaga, quien, al dirigirse a la población de Andahuaylas, fue recibido con silbidos y protestas, y dejó entrever —mediante formas sutiles de racismo— que “la gente de mierda” representaba el atraso y los tiempos del terror, en alusión a los años ochenta y a la emergencia de las izquierdas ortodoxas como Sendero Luminoso o el MRTA.

Por otro lado, la izquierda tampoco ha logrado articular una propuesta sólida, presentándose igualmente dispersa y desmovilizada. Cabe resaltar que la izquierda no escapa a las reglas del campo político en el que participa; en consecuencia, sus propuestas de cambio terminan subordinadas al orden social dominante. Así, lo que ofrece suele reducirse a reformas políticas o a una aproximación al campo cultural y económico dominado por la élite.

Estas estrategias se han traducido en experiencias políticas de corte keynesiano o, en la jerga peruana, en proyectos impulsados por el Estado desarrollista durante la década de los ochenta, sobre todo, con Alan García y el APRA. Esto puede manifestarse como una profunda desilusión para la izquierda y sus bases sociales.

En este punto, cabe preguntarse: ¿Mariátegui, hace cien años, en La escena contemporánea (1925), no advertía ya que la vía keynesiana no era sino una expresión del “espíritu de la sociedad capitalista”? ¿No se trata, acaso, de un peligroso espejismo? Lo ideal sería que cada actor luchara en su propio campo y, de ese modo, puedan surgir alternativas frente al capital global. En síntesis, para salir del campo político, ¿no es necesario imaginar otros horizontes y otras alternativas junto a las bases sociales, aquellas que suelen ser recordadas en cada periodo electoral?