Mario Espinoza Pino[i]

Con excepción del Centro de Investigaciones Sociológicas, la mayoría de los sondeos electorales realizados por empresas privadas daban como claro vencedor de las elecciones generales al Partido Popular (PP), la derecha liderada por Alberto Núñez Feijóo. Lo que le garantizaba una más que probable mayoría para gobernar de la mano de VOX. Pero la aritmética parlamentaria y sus números son a veces inflexibles: pese a sumar tres millones de votos más que en las elecciones de 2019 y conseguir 136 escaños –lo cual no es nada desdeñable–, ni las expectativas infladas de los sondeos, ni la suma de escaños del PP con la extrema derecha permiten la investidura de Feijóo. La derecha gana las elecciones del 23 de julio de manera pírrica, sin aliados suficientes como para formar un gobierno. De hecho, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), la derecha nacionalista vasca, ha recusado apoyar un posible gobierno del PP, lo que hace imposible un gobierno de las derechas. Todo ello solo puede redundar en cuestionar aún más la figura de Feijóo en favor de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y representante del sector más trumpista del PP.

Si la aritmética parlamentaria es tozuda, la realidad española lo es aún más. El proyecto del bloque conservador, formado por el Partido Popular y VOX, la formación de Santiago Abascal, no sólo no ha convencido suficientemente a los suyos, sino que ha provocado que buena parte del electorado de izquierda vote directamente en su contra. El discurso racista, antifeminista y antimigratorio de VOX, cada vez más agresivo, ha azuzado el temor a que la formación pudiera asumir algún ministerio en un futuro gobierno con los populares –su ultraconservador cogobierno en Castilla y León esta legislatura ha dado la pauta a los votantes. Lo cierto es que al final han resultado ser los grandes perdedores de la noche electoral: de obtener 52 diputados en 2019, han sufrido una caída de 19 escaños (pierden más de 600.000 votos). Con los 33 escaños actuales ya no podrán presentar mociones de censura en solitario ni tampoco recurrir al Tribunal Constitucional –dos de sus principales herramientas de oposición parlamentaria

La debacle electoral de VOX se ha debido en buena medida a la transferencia de votos al Partido Popular, una opción aparentemente menos radical, pero cuya línea política en la oposición a lo largo de la campaña ha sido muy similar en el fondo a la de la ultraderecha: Feijóo prometió “derogar el sanchismo”, o lo que es igual, acabar con el gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Pedro Sánchez, y sus socios de la izquierda, representados por Unidas Podemos –ahora integrados en SUMAR. Un gobierno caracterizado por sus pactos con las fuerzas nacionalistas progresistas de Bildu y Esquerra Republicana de Catalunya, por citar dos de los partidos más destacados. Acabar con el “sanchismo” no era otra cosa que recortar las leyes contra la violencia de género, los derechos de las personas LGTBIQ, la Ley Trans, endurecer aún más las políticas migratorias, recortar las pensiones, aumentar la edad de jubilación y atacar los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. También dar un corte abrupto a la línea de tolerancia y convivencia llevada adelante por el ejecutivo con la izquierda independentista vasca y catalana (EH Bildu y ERC).

La izquierda partidista en la encrucijada

Mientras que el ticket electoral PP-VOX ha terminado empantanado en su propia deriva antisocial, cerril y pseudopatriótica de la España contra la anti-España, el bloque progresista y plurinacional, formado por el PSOE y la coalición de izquierda SUMAR, consigue revalidar en buena medida su proyecto de cogobierno –al menos potencialmente. Pese a ser la segunda fuerza, el gran ganador de la noche es el PSOE de Pedro Sánchez, que además sale reforzado: suma 122 escaños, 2 más que en 2019, siendo la fuerza que cuenta con mayores opciones para formar gobierno. Tal y como ha prometido en campaña, su proyecto es reeditar el gobierno de coalición junto a SUMAR –la plataforma electoral heredera de Unidas Podemos y sus confluencias–, negociando su investidura con las formaciones nacionalistas conservadoras y progresistas que componen el parlamento. No hay duda de que Sánchez ha sido premiado por el “voto útil” en estas elecciones –casi un millón de votos más–, voto que ha penalizado a SUMAR en un escenario polarizado en el que se votaba “contra el fascismo” o contra la involución democrática.

La coalición de partidos a la izquierda del PSOE, SUMAR, liderada por Yolanda Díaz, aguanta el tipo en las elecciones consiguiendo 31 escaños. Sin embargo, bien mirado, no son unos resultados demasiado favorables. Al menos no son los que cabría esperar para una formación que prometía el sorpasso a la extrema derecha e incluso disputar la presidencia –son cuarta fuerza. Lo cierto es que los resultados de SUMAR son peores que los de Unidas Podemos y sus confluencias en 2019: pierden 7 escaños frente a los 38 alcanzados en las elecciones generales previas. No hay duda de que los contextos de 2019 y 2023 son muy distintos y que la formación ha tenido que construirse en muy poco tiempo –además con muchas tensiones y disputas internas. No obstante, visto con perspectiva, el espacio electoral a la izquierda del PSOE acusa un desgaste desde 2016 en adelante. El proceso de institucionalización de Podemos e integración en el sistema de partidos ha ido restándole fuerza. Algo que no deja de pasar factura a SUMAR, que lejos de ser una formación “nueva”, agrupa un conjunto de partidos de izquierda ya conocidos, como Podemos, Izquierda Unida o Más Madrid, por ejemplo.

La campaña de SUMAR, centrada en mantener la gobernabilidad junto al PSOE y en construir la imagen de una “izquierda de gestión”, huyendo del “ruido” y de cualquier confrontación de fondo, les ha hecho indistinguibles de los socialistas en los debates. Más allá de algunas propuestas en torno a la defensa de los servicios públicos, lo ambiguo de su medida de la “herencia universal” (20.000 euros a los jóvenes al alcanzar la mayoría de edad para estudiar, “emprender” y emanciparse) y la introducción en la agenda de una “reindustrialización sostenible y verde”, los parecidos con los socialistas han sido apabullantes en tono y moderación. El intentar revalidar el “gobierno de progreso” ha aplanado sus diferencias respecto del PSOE, del que se han distanciado muy poco, lo que ha permitido capitalizar a los socialistas el voto útil además de atribuirse buena parte de las medidas sociales más destacables de la pasada legislatura –como el aumento del salario mínimo o la aprobación del ingreso mínimo vital–, las cuales no hubiesen existido sin la izquierda de Unidas Podemos. Pese al buen entendimiento en campaña de SUMAR y el PSOE, aún no está claro que puedan materializar un gobierno.

Ahora mismo la llave de la gobernabilidad la tiene la derecha independentista catalana de Junts per Catalunya, que ya ha afirmado que no hará a Pedro Sánchez presidente “a cambio de nada”. Salvo aproximaciones, las negociaciones aún no han comenzado, pero la posibilidad de un referéndum por la independencia planea sobre el horizonte como baza de negociación. La orden de detención emitida contra Carles Puigdemont justo después de las elecciones, acusado por la judicatura conservadora de desobediencia y malversación, no lo pondrá fácil. Los siete escaños de Junts podrán finamente facilitar o bloquear un gobierno de coalición entre socialistas y SUMAR. Si bloquean la formación de gobierno habrá nuevas elecciones más pronto que tarde, lo que podría pasar factura a Junts si tenemos en cuenta que el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) ha ganado las elecciones en Catalunya. Además, unas nuevas elecciones pueden significar un rearme de la derecha y un problema mayor para las formaciones nacionalistas y el país en general –por otro lado, no hay duda de que el nacionalismo catalán ha salido golpeado en estas elecciones.

Tal y como está el panorama, el escenario político admite diversas lecturas, aunque todas ellas marcadas ahora mismo por la inestabilidad y los futuros problemas de gobernabilidad. Lo más inmediato es una sensación de alivio: que la derecha y la ultraderecha no puedan gobernar dibuja un panorama en el que los derechos y las libertades de buena parte de la población no se pondrán en jaque nada más comenzar la legislatura. El voto contra la ultraderecha ha conseguido mantener a raya las pulsiones fascistas de los herederos del franquismo. Pero una cosa es respirar y otra afirmar –como se ha hecho en ocasiones– que con estos resultados España habría frenado la tendencia a la derechización que sacude Europa. La derechización se encuentra ya en las calles y en las instituciones –hay varios pactos PP-VOX en diferentes escalas de gobierno; otra cosa es que en esta ocasión no hayan conquistado una mayoría parlamentaria. La ultraderecha, el racismo, el machismo, la homofobia y el negacionismo climático siguen ahí, y son un peligro constante. Además, la guerra de Ucrania y el belicismo de la UE no dejan de reforzar un marco de polarización y fascistización.

¿Vuelta al bipartidismo o política de bloques?

Por otro lado, parece claro que, poco a poco, el viejo bipartidismo está avanzando en su recomposición. En 2019 el voto al PP y el PSOE no llegaba al 50%, mientras que hoy está cerca del 65%. Ahora mismo parece difícil hablar de “bipartidismo” cuando cualquier fuerza que quisiera gobernar necesitaría pactos amplios, pero esa tendencia de fondo comienza a hacerse cada vez más presente –como una tenaza. La impugnación del régimen del 78 y el bipartidismo de la pasada década, impulsada en las calles por el 15M y capitaneada en las instituciones por Podemos, se ha disuelto e integrado ya en el sistema de partidos. SUMAR no representa ninguna fuerza antagonista o anticapitalista, sino más bien una izquierda de orden y gestión. No es casual el desgaste del espacio electoral de aquella izquierda que surgió del estallido social: la apuesta por el gobernismo, por una gestión institucional dócil y por la ruptura con espacios movilizados han ido desgastando el filo político y transformador de la misma. A todo ello hay que añadir el papel subalterno de la izquierda respecto del PSOE: los socialistas acaban moderando las apuestas más transformadoras de la izquierda, lo que no deja de provocar frustración, mientras el PSOE puede atribuirse los éxitos de la legislatura y erosionar institucionalmente a su izquierda.

Así las cosas, y tal y como se dibuja la situación en Europa, el panorama político en España está teñido de inestabilidad y volatilidad. Está claro que las claves para formar un gobierno se encuentran en el bloque progresista y plurinacional (PSOE, SUMAR y las formaciones nacionalistas), en el que las fuerzas mayoritarias tendrán que saber agrupar a todos sus socios nacionalistas y ceder para poder constituirse como alternativa. El tejido de ese posible gobierno será plural, lo que permite ocasionales desplazamientos a la izquierda, pero es difícil que un ejecutivo así sea capaz de enfrentarse a los retos sociales, ecológicos y laborales que necesitan las clases populares, sobre todo debido a la hegemonía del PSOE –un partido socioliberal a lo sumo–. Si además tenemos en cuenta el giro de las políticas económicas de la Unión Europea, que buscan un cambio de rumbo hacia el “saneamiento fiscal” por el incremento de los niveles de deuda derivados de la pandemia, puede que este gobierno deba gestionar un profundo ajuste fiscal. Por no hablar de que tendrá que seguir enfrentándose a los efectos de la guerra de Ucrania y las heridas de la pandemia –inflación, pérdida de poder adquisitivo, crecimiento de la desigualdad, gasto militar, aumento desorbitado de los costes de la energía, problema del acceso a la vivienda, etc. –. Y todo ello no dejará de repercutir en las clases trabajadoras.

Si bien se ha frenado la escalada de la derecha y la ultraderecha momentáneamente –una repetición de elecciones podría ser fatal en este sentido–, cualquier triunfalismo por parte de las izquierdas parlamentarias es una trampa, cinismo o mero marketing pos-electoral. En un contexto así, y por poner un ejemplo, cualquier “transición verde” que se quiera desarrollar no dejará de estar marcada por el poder empresarial y las políticas de ajuste europeas, lo cual no dibuja futuro próximo demasiado luminoso. En esta coyuntura, lo único que podrá desviar a SUMAR de una línea conservadora y puramente gestionaria próxima al PSOE serán las movilizaciones, la autoorganización social y conflictividad desplegada por los colectivos y por las propias clases populares. Aunque lo cierto es que también se precisan fuerzas políticas de escala estatal que sean capaces de dar batalla en el plano institucional más allá de la retórica del diálogo, el entendimiento y la huida de cualquier conflictividad. Que las derechas no gobiernen supone un balón de oxígeno que no puede desaprovecharse para acumular fuerza social y tratar de generar alternativas políticas a la altura de un socialismo ecologista, antirracista y feminista para el siglo XXI. Un socialismo pacifista que rompa también con el clima bélico que asola Europa.

* Quiero agradecer a Carolina Meloni, Sergio de Castro y Alberto Azcárate su revisión y discusión del texto.

[i] Participa en los proyectos El rumor de las multitudes y Fundación de los comunes.