Arturo Flores Mora

Hace unos días, la embajada de México en Ecuador fue asaltada con lujo de violencia por fuerzas policiacas ecuatorianas de élite con el objetivo de secuestrar al exvicepresidente Jorge Glas, cuadro político destacado del progresismo Correísta y del partido movimiento Alianza País.

La detención ilegal, autoritaria y retrógrada del Gobierno conservador y liberticida de Ecuador transgrediendo incluso la soberanía nacional mexicana se inserta en la lógica de la Guerra Judicial que sigue escalando dimensiones mayores, está vez pasando por alto la inviolabilidad de las sedes diplomáticas establecidas en la convención de Viena de 1961 y 1963, y la convención de Caracas de 1954 sobre el derecho de asilo, violentando el derecho humano de asilo político, y generando un precedente muy grave para el Derecho y la diplomacia Internacional.

Con la primitiva actuación del gobierno ultra conservador de No-boa queda demostrado que es la derecha, especialmente, los cuadros políticos del sector empresarial quienes permanentemente atentan contra la ley, la voluntad popular y el Estado de derecho. Como lo dice el presidente mexicano López Obrador: la doctrina de los conservadores es la hipocresía, y para la derecha, la ley es la ley siempre y cuando convenga a sus intereses. Eso es en síntesis la guerra judicial: la aplicación injusta y torcida de la ley para subordinarla a intereses particulares, particularmente geopolíticos y económicos.

Los acontecimientos contra la embajada mexicana son expresión de dos tipos de conductas sistemáticas, una local y otra geopolítica.

En el ámbito local, desde la traición de Lenin Moreno hasta el gobierno de Daniel Noboa (nacido y educado en Estados Unidos e hijo del empresario más rico de Ecuador) se ha desatado una persecución política y judicial no sólo contra Jorge Glas, sino contra todo lo que huela a izquierda, principalmente contra Rafael Correa y funcionarios cercanos a él, es decir, no todo se explica a partir de la traición de Moreno, sino que es más bien una lógica de persecución que ha caracterizado a los últimos tres gobiernos conservadores de la derecha aliados todos a los intereses del sector financiero.

Particularmente, la persecución contra Jorge Glas comenzó cuando a través de una carta denunció el viraje ideológico de Lenin Moreno así como sus pretensiones por hacer negocios sucios aprovechando su posición política. Jorge Glas incluso ha comentado que fue el mismo Lenin Moreno quien lo invito a ser parte del juego de la corrupción, y es por ello que ante su negativa Lenin decidió fincarle delitos sin ninguna prueba contundente. Uno de esos delitos estuvo relacionado a supuestos sobornos y financiamiento para la campaña por parte de Obedrecht ¿La prueba? Un cuaderno escrito ¡después de las denuncias imputadas! con grandes cantidades en dónde supuestamente se registraban los sobornos que se obtenían.

Jorge Glas inocentemente decidió a diferencia de otros compañeros del Correísmo quedarse a enfrentar los cargos con la convicción de que el que nada debe, nada teme. Fue tal el nivel de ingenuidad que llamó a qué se le quitará la inmunidad política que el cargo de vicepresidente le confería. Mientras tanto, en ese contexto, el discurso estándar de la Derecha en favor de ‘la división de poderes» se desvanecía al apoderarse Lenin Moreno del sistema de justicia ecuatoriano a través de una reforma avalada por un referéndum a modo. Con esa reforma la intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial se incrementó hasta el grado de inventar delitos a modo contra el Correísmo, es decir, la persecución no se fincó desde un poder judicial autónomo, sino desde la pervertida autoridad presidencial. Fue también a través de esta maniobra como desde la Derecha se le fincaron a Rafael Correa 25 casos penales (el más absurdo de ellos por «influjo psíquico») con el objetivo de desaparecerlo legalmente del panorama político, culminando con una sentencia en contra por 8 años de prisión y la inhabilitación para contender por algún cargo público por 25 años. Obviamente, el objetivo de esta sanción formulada en tiempo récord era realmente para impedir que se presentara en las elecciones del 2021.

Llama la atención que al Correismo le han practicado una combinación de experiencias de Guerra Judicial latinoamericanas con la existencia de un supuesto cuaderno de moches (caso Argentina), una pena de prisión inmediata (Caso Brasil), y con la inhabilitación para cargos públicos (Lawfare Mexicano).

Para muestra de que el Poder Judicial en Ecuador actuó con criterio político están las declaraciones de la Red Internacional de Sociedad Ecuatoriana, quienes reconocen que los casos contra Rafael Correa se tratan de persecución política.

Ya en el exilio, los desgobiernos conservadores intentaron emitir alertas rojas contra Rafael Correa para su captura en el exilio, pero nada más y nada menos que la Interpol reconoció en dos ocasiones que la persecución contra Correa era claro ejemplo de violación a los derechos humanos. A pesar de ello, los gobiernos traidores de Ecuador no han bajado la intensidad de la persecución.

Queda claro que la persecución contra Correa se trata de un Guerra Judicial cuando se está en presencia de un órgano judicial que no aplica la ley de la misma manera, es decir, mientras la Fiscalía no le ha podido encontrar ninguna prueba solida en su contra a Rafael Correa y a Jorge Glas, a Lenin Moreno no se le toco ni con el pétalo de una acusación a pesar de estar envuelto en relaciones con sociedades fantasma en paraísos fiscales por lavado de dinero de grandes cantidades de capital obtenidos a través del tráfico de influencias y sobornos. Y qué decir de su sucesor Guillermo Lasso, otro empresario banquero al frente de Ecuador que ante un inminente juicio político por al menos cinco casos de corrupción tuvo que renunciar llevándose al Congreso de paso. En estos casos, la justicia no fue pronta ni expedita como lo ha sido contra el Correísmo.

Por otra parte, además del retorcido uso de la ley por parte de la Derecha, la persecución contra el Correismo presume de ser organizada tanto por intereses económicos, como por la intromisión permanente de Estados Unidos que en los últimos años ha trasladado la guerra del plano militar al jurídico.

Por una parte, durante la presidencia de Rafael Correa se trastocaron privilegios muy poderosos. Desde el aspecto mediático, Rafael Correa intentó a través de la Ley Orgánica de Comunicación regular la anarquía conservadora de la prensa controlada por los dueños del dinero, y democratizar el espacio radioeléctrico. Eso le valió no sólo calumnias y difamaciones en su contra, sino incluso un intento de magnicidio auspiciado desde los medios que se intentó pasar como protesta policial en 2010. De igual manera, a través de los cargos imputados por el Poder Judicial Conservador, los medios desde entonces hasta ahora han replicado día y noche la idea de qué Rafel Correa es un corrupto, abonando al perverso discurso de la Derecha de que «todos son iguales» es decir, «todos son corruptos como nosotros los conservadores».

No obstante, además del intento de democratización de los medios por parte de Correa, lo que más molestó a los sectores colonizados fue su defensa de la soberanía nacional al no renovar una base militar de Estados Unidos ubicada en Manta, enclave vital para la desestabilización política de la región latinoamericana. También llevo a cabo denuncias contra más de veinte tratados bilaterales de inversión dañinos a los intereses del pueblo Ecuatoriano, así como la defensa en favor de la libertad de expresión y los derechos humanos al otorgar el asilo político a Julián Assange, periodista que desnudó la falsa democracia y los crímenes de Guerra de Estados Unidos en contra de población inocente.

Lo anterior explica cómo a pesar de los tres cambios de gobierno se ha mantenido en todos ellos una sistemática persecución contra Rafael Correa, Jorge Glas y otros elementos del Correísmo Progresista.

El servilismo y la subordinación de los gobiernos conservadores a Estados Unidos se demostró inmediatamente cuando se permitió al gobierno Británico secuestrar en contra de sus derechos de asilo y de libertad de ideas a Julián Assange. Podemos determinar con base en ese hecho que ya desde entonces Estados Unidos era quien realmente controlaba la política exterior de Ecuador.

De ahí que se deduzca que los vergonzosos acontecimientos en contra de la embajada mexicana, y por tanto, de su soberanía, hayan contado con la anuencia de Estados Unidos.

Si analizamos la correlación política de Ecuador, es comprensible una persecución tan endemoniada al ser Jorge Glas después de Rafael Correa el actor político mejor posicionado del progresismo nacional.

Si bien es cierto que el Lawfare o Guerra Judicial consiste, como ha ocurrido en los últimos años, en el asesinato político de dirigentes al servicio del pueblo, en el caso Ecuatoriano se ha intentado establecer un precedente muy grave para posteriores Guerras Judiciales: la vulnerabilidad física y jurídica de las embajadas, es decir, poner el ejemplo ante el mundo de que las embajadas no son inmunes y que cualquier gobierno a través de medios represivos puede intervenir siempre y cuando así lo convenga a sus intereses politiqueros con el hipócrita principio de la «seguridad y soberanía política». Ellos que han entregado los recursos nacionales al extranjero hablando de «soberanía nacional». Farsantes.

Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa era el segundo país más seguro del continente americano. Hoy con Noboa, Ecuador atraviesa una escalada de violencia sin precedentes que el Presidente Noboa intenta aprovechar políticamente para emprender una estrategia Calderonista de persecución. El secuestro de Jorge Glas no es más que un montaje de «mano dura» y «frontal combate a la delincuencia». Así Felipe Calderón intentó legitimar su presidencia espuria con la guerra contra el narco a favor del Cartel de Sinaloa, y así Noboa ahora intenta justificar su fallida estrategia de seguridad con el violento secuestro de Jorge Glas.

En términos generales, no sé trata de una actuación inmadura de un junior de la política como Noboa, sino de una escalada mayor de la Guerra Judicial contra la izquierda latinoamericana.

Por último, llama la atención el destacado papel solidario de México y sus embajadas a las víctimas de las embestidas golpistas y antidemocráticas. En ese sentido, la diplomacia mexicana durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en la piedra en el zapato de la Guerra Judicial de Estados Unidos aplicada por sus lacayos del poder judicial.

Desde el caso Peruano se vislumbró la reflexión de la estrategia golpista contra las embajadas mexicanas al impedir que Pedro Castillo llegará como refugiado a la embajada mexicana. Hoy nuevamente se presenta otro escándalo político por el hecho de intentar asilar a alguien considerado como perseguido político. Cabe señalar que de acuerdo con la convención de Viena y a la Organización de Estados Americanos, le corresponde al país asilante (en este caso, a México) con base en un diagnóstico jurídico previo, otorgar el asilo y trasladar al asilado fuera del país. Obviamente el gobierno demandante no puede otorgar el derecho de asilo cuando es él mismo quien exige la detención en el país de origen. Sólo un gobierno tan infantil y autoritario como el de Noboa es capaz de contradecir la más elemental lógica jurídica.

Ejemplo también de falta de criterio lo encontramos en los dichos de Lilly Téllez, senadora del PAN e instrumento de Salinas Pliego, quién después de haber sido asaltada la sede diplomática en México ha decidido en su servilismo y podredumbre mental pedir perdón al primitivo gobierno de Ecuador. La torpeza de Lilly Téllez es equiparable a responsabilizar a una mujer de haber sufrido majaderias de un hombre agresor por el hecho de vestirse de tal o cual manera.

En conclusión, la prepotencia de Noboa es expresión de una estrategia de mayores dimensiones que a pesar de las denuncias y el conocimiento sobre el tema, sigue presentándose en los gobiernos Progresistas de América Latina. La Derecha que se había agrupado en los militares en el siglo pasado para salvaguardar sus intereses, después del repudio de la grosera utilización de los medios represivos ha decidido aglutinarse en torno del Poder Judicial y policíaco para frenar el avance social y electoral de la izquierda. Podemos determinar que quien hace el juego sucio de la derecha partidista es el Poder Judicial por su carácter elitista, antidemocrático y discrecional.

La cobarde y corrupta actuación de Norma Piña en el Poder Judicial Mexicano al intentar fincarle responsabilidades al exministro Zaldívar en forma extraordinariamente pronta y expedita mientras se deja en libertad condicional a Murillo Karam, responsable de la mentira histórica sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, es ejemplo de la peste que padecen los Poderes y Ministerios de Justicia de la región latinoamericana.

Urge una Reforma Judicial en la región latinoamericana.

Urge una nueva división de poderes que límite el despotismo del Poder Judicial.

Urge una nueva manera de hacer y entender el Derecho desde las aulas.