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El legado del Movimiento de Liberación Nacional. Antiautoritarismo y rectoría económica del Estado como ejes articuladores de la izquierda partidaria.

Victoria Gaxiola

Entre las efemérides de este año, se encuentra el surgimiento del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) en agosto de 1961. A sesenta años de este acontecimiento, hoy cabe preguntarse por qué es importante su conmemoración. En lo personal, yo conocí la existencia del MLN hace cerca de diez años, cuando realizaba mi tesis de licenciatura sobre el Frente Electoral del Pueblo. En su momento, intuí la importancia del MLN en la historia de la izquierda mexicana, pero no terminé de comprenderla. En aquel entonces pensé que el éxito del MLN había sido limitado porque sus miembros no habían logrado consolidarlo como una organización que le permitiera a la izquierda actuar de manera unificada. No obstante, actualmente veo al MLN con otros ojos y considero que la importancia de esa organización no está en lo que no consiguió, pero en lo que sí hizo. Esto puede sonar como una obviedad que es importante aclarar.

El argumento central de este texto es que el MLN fue clave en la definición de la agenda de la izquierda mexicana en el ámbito partidario. Antes de que surgiera esta organización el programa de la izquierda partidaria se encontraban entremezclado y confundido con el enarbolado por el PRI y sus antecesores. Sin embargo, a finales de la década de los cincuenta esto comenzó a cambiar y la izquierda, como actor en el sistema político, comenzó a adquirir una identidad y una agenda que la distinguía. Sostengo que ese cambió fue catalizado por las movilizaciones obreras y ocupaciones campesinas de 1958-1959, así como por el triunfo de la revolución cubana en 1959.

En el caso de las movilizaciones obreras y ocupaciones campesinas, éstas hicieron innegable el abandono de los principios sociales de la revolución mexicana por los gobiernos pos-revolucionarios, lo cual generó reclamos que demandaban su cumplimiento. Asimismo, esas movilizaciones demostraron el carácter autoritario del sistema político y la necesidad de su apertura. Respecto a la revolución cubana, ésta, a través de su demanda de emancipación económica, refrendó la centralidad del Estado como principal agente del desarrollo económico. Las demandas que surgieron de esas movilizaciones sociales se convirtieron en la espina dorsal del programa de la izquierda partidaria en México.

Tal como explicaré más adelante, el MLN recogió tales demandas y, al hacer eso, articuló un programa que guiaría la actividad de la izquierda partidaria a partir de la segunda mitad del siglo XX. Con el término de izquierda partidaria hago referencia a la izquierda que, a través de organizaciones políticas participó, o intentó participar, como oposición al Partido Revolucionario Institucional, en procesos electorales actividades legislativas y en otros puestos de elección popular. Es importante hacer esta distinción porque la izquierda es plural y no todas las expresiones políticas identificadas con esa tendencia vieron reflejados sus objetivos en el programa MLN. Por ejemplo, no todas consideraron la vía electoral como el camino a seguir, como fue el caso del mismo MLN. No obstante, el MLN fundó los cimientos que permitieron la acción de organizaciones de izquierda en el terreno electoral porque unificó y brindó un programa de acción común a fuerzas que previamente se encontraban dispersas.

Antes de abordar el programa del MLN y cómo articuló las demandas de las distintas fuerzas de izquierda que agrupó, primero trataré las ocupaciones de tierra en el noroeste del país y las movilizaciones ferrocarrileras de 1958-1959, así como la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional la Emancipación Económica y la Paz. El objetivo de hacer esto es contextualizar las demandas plasmadas en el programa del MLN.

La vigencia de las demandas sociales de la revolución mexicana

En 1958, México parecía atravesar una época de bonanza, generada por el desarrollo económico del país, y la estabilidad política producto del sistema político presidencialista. Tomando eso en cuenta, las ocupaciones agrarias y las movilizaciones ferrocarrileras, petroleras, telegrafistas y magisteriales pueden parecer disonantes. Sin embargo, el costo de ese desarrollo y estabilidad política había recaído en los hombros de las clases trabajadoras, las cuales, en respuesta, se manifestaron en ese año en contra del paulatino abandono del programa social de la revolución mexicana y en demanda de mejores condiciones de vida. Tal como explicaré más adelante, sus demandas y los resultados de sus luchas fueron cruciales en la formación del programa del MLN y, por lo tanto, en el desarrollo de la izquierda partidaria como oposición al PRI.

Las ocupaciones agrarias

Al final del sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, el campo mexicano enfrentaba problemas como la prevalencia de la propiedad privada y la desintegración comunal de los ejidos, bajas cifras de reparto agrario, corrientes migratorias internas, restricciones migratorias en Estados Unidos y la depreciación de los productos agrícolas. Estos problemas del sector agrario crearon una situación de precariedad laboral la cual afectó, principalmente, a los jornaleros agrícolas, quienes, organizados por la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM)[1], invadieron tierras en el noroeste de la república.

En 1957, representados por el Frente Unido de los Nuevos Centro de Población Agrícola del Noroeste (FUNCPN), los jornaleros agrícolas presentaron sus solicitudes de tierra ante el Departamento Agrario y fijaron el 5 de febrero de 1958 como fecha límite para que el gobierno diera respuesta a sus solicitudes. Si eso no sucedía, procederían a ocupar tierras.

Llegado el plazo, el gobierno mexicano no había dado fallo a sus solicitudes, por lo que en febrero de 1958 iniciaron las ocupaciones de tierra en los estados de Sonora y Sinaloa. En el caso de Sonora, los solicitantes de tierras intentaron invadir el latifundio de Cananea, el cual se extendía del otro lado de la frontera con Estados Unidos y era parte de la Cananea Consolidated Cooper Company, a través de su filial la Green Cattle Co. La ocupación de esas tierras fue encabezada por Jacinto López, Ramón Danzós Palomino y Lázaro Rubio, pero fue frustrada por la intervención militar y policial.[2] El fracaso del primer intento no desalentó a los líderes de la UGOCM y a sus bases, quienes, trataron de llevar a cabo nuevas ocupaciones. Tales intentos también fueron evitados por las fuerzas militares y policiacas, quienes se justificaron diciendo que “[impartían] garantías a los propietarios de los predios afectados procediendo a desalojar a los llamados paracaidistas”.[3]

En Sinaloa, las ocupaciones de tierra tuvieron lugar en Culiacán y en la región agrícola del Guasave, caracterizada por el cultivo de jitomate. Al igual que en Sonora, los ocupantes fueron desalojados por fuerzas militares y policiales. En Sinaloa, los ocupantes de tierras sostenían que tenían 15 años presentando solicitudes de tierras para la creación de 250 nuevos centros de población, de las cuales únicamente se habían resuelto 15.[4]

Las noticias de las ocupaciones de tierras tardaron en llegar a la capital del país porque éstas coincidieron con la huelga de los telegrafistas. Sin embargo, una vez que las autoridades federales estuvieron al tanto, el secretario de agricultura, Gilberto Flores Muñoz, viajó a la región para solucionar el problema. En su recorrido por Sinaloa, reconoció el derecho de los campesinos a solicitar tierras, pero dejó claro que no se expropiarían tierras con certificado de inafectabilidad. Asimismo, se creó en Sinaloa una comisión, la cual tendría la función de comprobar los derechos de los solicitantes y determinar qué tierras podían ser legalmente repartidas.[5]

Después de la visita de Flores Muñoz a Sonora y Sinaloa, el gobierno federal dio por concluido el problema, principalmente en el segundo estado, en el que se prometieron tierras. Tal reparto agrario inició el 14 de marzo de 1958, cuando se entregaron 14 mil hectáreas a 1,400 familias. Con esta acción se pretendió dar vuelta a la página y se consideró “finiquitado el escabroso problema del norte”.[6]

No obstante, la problemática en el campo y el descontento de los jornaleros agrícolas era más profundo que la solución brindada y, como se comprobó, se extendía a otros estados del país. Entre marzo y julio de 1958 las ocupaciones de tierras continuaron en Nayarit, Sonora y Baja California. Al igual que en febrero, en las ocupaciones subsecuentes, el ejército y la policía intervinieron para desalojar los predios reclamados. Pero, en contraste con lo que pasó a principios del año, la actitud del gobierno hacia estas acciones se transformó. Pare empezar, fue evidente que era imposible cumplir las demandas de reparto agrario sin afectar los intereses de particulares, por lo que se dejó de prometer dotación de tierras. Además, la postura del gobierno se endureció, tal como quedó demostrado en la ocupación del rancho de Cuitaca, Sonora, con el arresto de Jacinto López y otros líderes agrarios, quienes fueron acusados de despojo de tierras en motín y de conspiración.[7] Estos arrestos sirvieron como advertencia de la futura respuesta de las autoridades si las ocupaciones de tierra continuaban.

Para calmar los ánimos entorno al problema agrario, la administración de Ruiz Cortines declaró la expropiación del latifundio de Cananea el 31 de julio de 1958. Las tierras fueron entregadas en el siguiente sexenio por Adolfo López Mateos. Sin embargo, los beneficiarios no fueron los miembros de la UGOCM que participaron en las ocupaciones de tierras, éstas fueron entregadas a miembros de la Confederación Nacional Campesina, organización afiliada al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Con esta acción, el gobierno mandó un mensaje claro: los únicos canales reconocidos para la demanda de beneficios sociales eran las organizaciones corporativas afiliadas al partido en el poder.

El movimiento ferrocarrilero

Las movilizaciones de los telegrafistas, petroleros, ferrocarrileros y el magisterio sacudieron la vida política del país, dando pie a lo que el historiador Barry Carr calificó como “[…] el movimiento social y proletario más importante que [había] ocurrido desde 1935 […]”.[8] Estas movilizaciones evidenciaron la capacidad de los trabajadores de rebasar la autoridad y control de las dirigencias sindicales y, de esta forma, mostraron los límites del corporativismo, el cual era uno de los pilares del sistema político mexicano.

Todos los conflictos comenzaron por la demanda de aumentos salariales y se transformaron en movimientos políticos cuando a esa demanda se sumó la exigencia de democracia sindical. En el desarrollo del conflicto, los trabajadores se percataron que el sindicato, que se suponía defendía sus intereses, era en realidad un instrumento de control que respondía a las prioridades gubernamentales de desarrollo económico. Ante lo cual, exigieron la elección de dirigencias sindicales electas democráticamente por las bases.

De las cuatro movilizaciones, la que mayor impacto generó fue la de los ferrocarrileros. Ésta inició en febrero de 1958, al igual que las ocupaciones de tierras, cuando la sección 15 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM) sugirió al comité ejecutivo del sindicato que intercediera en su demanda de aumento salarial ante la administración de la compañía ferrocarrilera. A raíz de esa propuesta, la sección 27 del sindicato sugirió la creación de la Gran Comisión Pro Aumento de Salarios para respaldar la petición de aumento salarial. Dicha comisión se consolidó hasta mayo de 1958 y estuvo integrada por representantes de cada sección del sindicato.

La petición devino en conflicto cuando la dirigencia del STFRM no entregó a la Comisión la información que le solicitó para llevar a cabo un estudio económico, con el objetivo de respaldar el aumento salarial. La falta de cooperación de la dirigencia sindical generó descontento entre los miembros de la Comisión y tensión entre la dirigencia y la base sindical. Ante esta situación, la dirigencia sindical se dio cuenta que el descontento ferrocarrilero no podía ser ignorado y que algo se tenía que hacer. Con el objetivo de apaciguar el problema y retomar el control del conflicto, la dirigencia sindical convocó a una reunión del 20 de mayo de 1958, en la que se discutió el problema salarial. Al día siguiente, el gerente de Ferrocarriles Nacionales expuso la situación de la empresa y pidió un plazo de 60 días para dar respuesta a las peticiones de los trabajadores.[9]

Este acuerdo no satisfizo a todos los miembros de la Gran Comisión, como fue el caso de Demetrio Vallejo, quien acusó al líder del STFRM, Samuel Ortega, de ser incondicional a Ferrocarriles Nacionales por anticipar la negativa de aumento salarial solicitada por la Gran Comisión. Asimismo, Vallejo les advirtió que el descontento de los ferrocarrileros no debía ser subestimado y que debían dejar de provocarlos al no atender a sus demandas.[10]

En el sureste del país fue en dónde el descontento ferrocarrilero se manifestó con mayor agudeza y en dónde se demostró un mayor poder de organización, tal como se comprobó con el Plan del Sureste. En dicho plan, los ferrocarrileros no sólo demandaban aumentos salariales, también pedían deponer a las autoridades locales del sindicato y emplazar al Comité Ejecutivo del STFRM para que reconociera a los nuevos dirigentes locales y se exigiera el aumento salarial solicitado por la Gran Comisión.

La respuesta al Plan del Sureste fue sorprendente, al poco tiempo de su aparición, diversas secciones sindicales a lo largo del país se adhirieron a él. Esa adhesión significó el desconocimiento de las autoridades locales del sindicato y de los acuerdos de mayo. Es importante destacar que los ferrocarrileros que se sumaron al Plan del Sureste seguían reconociendo al liderazgo nacional del sindicato como el canal a través del cual expresar sus demandas a Ferrocarriles Nacionales. No obstante, la dirigencia del sindicato siguió sin apoyar a sus agremiados, lo que los obligó a buscar negociar directamente con la administración de la empresa. La respuesta que recibieron de ésta tampoco fue favorable. En consecuencia, los ferrocarrileros recurrieron a la huelga como medio de presión para conseguir sus demandas.

El paro de labores, el cual inició a finales de junio de 1958, cumplió su cometido, en tanto que la empresa inició negociaciones con los trabajadores. La administración de Ferrocarriles Nacionales les ofreció un aumento salarial de 180 pesos. Tal oferta fue rechazada por los trabajadores quienes no pensaban aceptar menos de 250 pesos. Ante la falta de acuerdo entre ambas partes, intervino el presidente de la república, Adolfo Ruiz Cortines, quien sugirió un aumento de 215 pesos. La propuesta salomónica fue aceptada por ambas partes, con lo que finalizó el paro de labores, aunque no el descontento ferrocarrilero.

El papel desempeñado por la dirigencia del STFRM durante el conflicto condujo a su base a buscar su destitución. Con ese objetivo en mente, se llevó a cabo la VI Convención Extraordinaria el 12 de julio de 1958, en la cual se eligió a un nuevo Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato. Los principales candidatos para la secretaría general fueron Demetrio Vallejo y Roberto Gómez Godínez.

A raíz de su liderazgo durante la huelga, Demetrio Vallejo contaba con el apoyo de las bases, lo cual le permitió ganar las elecciones y encabezar el STFRM. En un inicio, su triunfo no fue reconocido por la Secretaría del Trabajo, lo que condujo a un nuevo paro de labores, el cual no dejó otra opción que el reconocimiento de la victoria de Vallejo.

Después de los triunfos obtenidos, el comité ejecutivo encabezado por Vallejo pretendió dar solución a los problemas del gremio ocasionados por diez años de charrismo sindical. Al hacer esto, la nueva dirigencia del STFRM trataban de practicar una “[…] política sindical que rebasaba con mucho la permitida por el sistema”.[11] Al inicio, su proceder fue tolerado, pero en cuanto trataron de usar otra vez el paro de labores como medio de presión para obtener el cumplimiento de sus demandas, la tolerancia gubernamental se tornó en abierta represión.

En marzo de 1959, con motivo de la negociación del contrato colectivo de Ferrocarril de Veracruz y Terminal del Pacífico, el sindicato ferrocarrilero emplazó nuevamente a huelga. No obstante, la fórmula que antes había rendido frutos, en esta ocasión no tuvo los mismos resultados. En lugar de conseguir el cumplimiento de sus demandas, los ferrocarrileros encontraron la represión gubernamental. El 28 de marzo de 1959, en un “alarde de fuerza, utilizando para ello ametralladoras”, agentes de la Dirección Federal de Seguridad y de la Policía Judicial Federal detuvieron a Demetrio Vallejo y a Hugo Ponce León, vocero del comité ejecutivo del STFRM. Además de los líderes del movimiento, las bases también fueron reprimidas y las instalaciones de los ferrocarriles custodiadas por el ejército. Así, la movilización obrera llegó a su fin y, al igual que en caso de las ocupaciones agrarias, se marcó el tono con el que en el futuro el gobierno enfrentaría a la disidencia.

Represión, tierra y democracia sindical

Tanto los campesinos como los ferrocarrileros se movilizaron demandando mejores condiciones de vida. En el caso de los jornaleros agrícolas eso significaba asegurar su subsistencia por medio de la tenencia de tierra y para los ferrocarrileros aumento salarial y mejores prestaciones laborales. En ambos casos trataron de expresar sus demandas a través de los canales institucionales establecidos. No obstante, al no recibir respuesta de las autoridades correspondientes, los trabajadores rurales y urbanos se vieron obligados a recurrir a acciones contenciosas para ejercer presión y hacer escuchar su voz.

En primera instancia, el gobierno mostró disposición de negociar y de cumplir algunas de las demandas de los trabajadores. Sin embargo, las concesiones que hicieron al inicio de los conflictos, con el objetivo de terminarlos, no hizo sino atizar el fuego. La raíz de los problemas que denunciaban con sus acciones eran profundas y no iban a ser solucionados con el reparto de unas cuantas hectáreas y un modesto incremento salarial. El gobierno, al darse cuenta de su incapacidad de dar respuesta a sus demandas recurrió a la represión e hizo sentir el peso del control corporativo sobre los quejosos.

La falta de solución a las reclamaciones y la respuesta represiva del gobierno fue esencial para el desarrollo y articulación del programa de la izquierda partidaria. Para empezar, el desenlace de las ocupaciones agrarias y del conflicto ferrocarrilero hizo evidente que la prioridad de los gobiernos priístas no eran ni los trabajadores, ni los campesinos. Asimismo, fue demostrado que los canales institucionales eran insuficientes para dar respuesta a sus demandas y que era necesaria su organización independiente. Finalmente, el uso de la fuerza pública para contener las protestas y el encarcelamiento de los líderes, constató la intransigencia gubernamental hacia las voces disidentes. Esta situación condujo a la articulación de grupos que, abiertamente, se oponían a los gobiernos priístas, tal como fue el caso de los campesinos vinculados a la UGOCM y los ferrocarrileros disidentes. En cuanto a las demandas irresolutas, como el reparto agrario y la democracia sindical, éstas se convirtieron en puntos programáticos de acción para la izquierda partidaria, junto con la demanda contra la represión y el autoritarismo.

Otro punto central en el desarrollo del programa de la izquierda partidaria fue la prioridad otorgada al Estado como garante del desarrollo económico y la soberanía nacional. Esa primacía del Estado encontró justificación en la demanda por la emancipación económica en contra de la intervención estadounidense en América Latina. Esta demanda se colocó en el centro de las preocupaciones de la izquierda latinoamericana a raíz de la revolución cubana tal como explicaré en la siguiente sección.

La revolución cubana y la unidad de la izquierda latinoamericana

La revolución cubana fue un suceso que tuvo gran impacto en América Latina. En primer lugar, con su triunfo y rápido giro hacia la izquierda, llegó en definitiva la guerra fría a la región.[12] Esto no quiere decir que antes no se hayan sentido sus efectos sobre la zona, pero fue hasta 1959 que se hizo inminente el arribo del conflicto bipolar. Para comprender mejor esto, cabe recordar que, al finalizar la segunda guerra mundial, América Latina se convirtió en una región de indiscutible influencia norteamericana, en la cual la Unión Soviética no tenía intereses que valiera la pena defender.

El temor “[…] de la aparición de regímenes adversos a Estados Unidos en su propia retaguardia”[13][14] se tradujo en una “reformulación de las estrategias militares norteamericanas y las prioridades de los cuerpos de seguridad interna”, dando como resultado una mayor colaboración entre las fuerzas armadas y de seguridad latinoamericanas y “el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, el Pentágono, la CIA y el FBI”[15].

El temor estadounidense a la proliferación de experiencias semejantes a la cubana no era del todo infundado. La revolución en la isla caribeña hizo posible la idea del triunfo de la revolución socialista en América Latina e inspiró múltiples movimientos guerrilleros en distintos países de la región.[16] A partir de 1959 Cuba se convirtió en la meca de la revolución y exportó la táctica guevarista del foco, dando así origen a guerrillas en países como Colombia, Guatemala y Venezuela.[17]

La revolución cubana no sólo significó el aumento de la presencia militar estadounidense en la región o la aparición de guerrillas inspiradas por el Movimiento 26 de julio. También inyectó de nueva fuerza a la izquierda de la región al “demostrar la actualidad de la revolución socialista en el continente americano”[18], lo que la motivó a repensar la realidad latinoamericana y a buscar nuevas formas de organización y colaboración entre los países de la zona. Un claro ejemplo de lo anterior fue la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional, la Emancipación Económica y la Paz, realizada en la Ciudad de México del 5 al 8 de marzo de 1961.[19]

A la Conferencia asistieron delegados de prácticamente todos los países latinoamericanos, así como delegados fraternales de China, la Unión Soviética, Canadá, Guinea y Francia. Según la crónica publicada en la revista Política, a la inauguración del evento concurrieron alrededor de tres mil personas, entre delegados y público asistente.[20] La presidencia de la Conferencia estuvo integrada por los tres presidentes del Movimiento de la Paz en América Latina: el licenciado Domingos Vellasco de Brasil, el general Lázaro Cárdenas de México y el ingeniero Alberto T. Casella de Argentina.[21]

La Conferencia fue dividida en cuatro comisiones temáticas en las cuales se discutieron problemas comunes a la región con el objetivo de llegar a resoluciones que pudieran derivar en acciones comunes. Tales resoluciones fueron el resultado de tres días de trabajo y fueron presentadas durante el acto de clausura, el cual tuvo lugar el 8 de marzo en la Arena México.

La primera comisión fue la encargada de los asuntos vinculados con la soberanía nacional y los problemas políticos y obreros. En la segunda comisión se abordó el tema de la emancipación económica, en la tercera los problemas de la paz y en la cuarta se trataron las cuestiones relacionadas con la “acción común de los pueblos de América Latina en la lucha por la soberanía nacional, la emancipación económica y la paz”.[22]

En cuanto a las resoluciones, las de la primera comisión, se identificó como el principal obstáculo a la soberanía de las naciones latinoamericanas al imperialismo norteamericano.[23] Asimismo, se manifestaron contra los resabios de colonialismo en la región, tal como era el caso de Puerto Rico y Panamá. También, proclamaron la defensa de la revolución cubana y reconocieron el derecho de la isla a nacionalizar sus recursos naturales y las empresas extranjeras en beneficio de su población.[24]

La segunda comisión fue la encargada de discutir el tema de la emancipación económica. Al igual que la comisión de la soberanía, esta segunda comisión también consideraba al imperialismo como la principal causa que impedía el “desarrollo nacional independiente de los países de América Latina”[25], sólo que en esta ocasión el imperialismo se manifestaba en forma de monopolios y no de intervenciones políticas y/o militares. Asimismo, consideraron a la emancipación económica como algo fundamental para los países de la región, ya que el “conquistar la plena independencia económica [permitiría] obtener una cabal independencia política”.[26] Cabe destacar, que los miembros de esta comisión otorgaron al Estado un papel preponderante en la consecución de la independencia económica, en tanto que era la entidad con el poder para nacionalizar recursos naturales y empresas “en manos de los monopolios internacionales.[27]

El tema de América Latina y la paz mundial fue abordado en la tercera comisión y una vez más la discusión se encontró estrechamente vinculada al tema del imperialismo, enmarcándolo en el contexto de la Guerra Fría. Lo interesante de esta tercera comisión es que vinculó los temas de las dos anteriores (la soberanía y la emancipación económica) mostrándolos como resultado del conflicto bipolar. En esta tercera parte de las resoluciones se comentó que, en nombre de la guerra fría, “no sólo se [repimían] movimientos populares, nacionales y progresistas, sino que se [había] obligado a los gobiernos a firmar pactos militares de agresión y a sostener una alianza continental ofensiva”.[28]

Asimismo, esta comisión consideró que “la agresión y la provocación a Cuba constituían una agresión y una provocación a toda América Latina, y una amenaza a la paz mundial”. También se habló de la revolución cubana como “ejemplo ostensible de la aceleración del proceso de liberación nacional”, así como de la importancia de la cultura y la educación como elementos claves en dicho proceso.[29]

Finalmente, la comisión sobre la acción conjunta, en general hizo un llamado a la unidad de las distintas fuerzas progresistas para hacer frente a los problemas comunes que los afectaban. Entre las resoluciones que cabe destacar está la creación de movimientos nacionales por la soberanía, la emancipación económica y la paz, los cuales debían discutir y aplicar los acuerdos de la Conferencia. De igual forma, debían buscar la unidad de “todas las fuerzas democráticas”[30], con el objetivo de que “[conocieran] y [sintieran] los problemas comunes, se [prestaran] recíproca asistencia y [emprendieran] la acción que [competía] a cada sector dentro del movimiento general”. En el caso de México, esa última resolución se tradujo en la formación del Movimiento de Liberación Nacional en 1961.

El llamado a la unidad lanzado por la Conferencia, además de haber dado origen al MLN, es significativo porque convocó a la unidad de las fuerzas democráticas, con lo cual se tendieron los puentes para que esas fuerzas dispersas se congregaran e integraran sus demandas en un mismo programa y colaboraran para lograr un objetivo en común: conseguir la emancipación económica y defender la soberanía nacional. La identificación de estos objetivos fue crucial para lograr la unidad y articulación del programa de la izquierda partidaria. En particular, establecer la emancipación económica como el objetivo primordial, porque colocó al Estado como el principal agente en el desarrollo económico, lo cual, como se explicará en la siguiente sección, fue uno de los puntos programáticos más relevantes para la izquierda partidaria.

La importancia del programa del MLN para la izquierda partidaria

A lo largo del texto he insistido en que la relevancia del MLN radicó en su papel en la definición del programa general de la izquierda partidaria en México. Sostengo que lo anterior fue posible porque la organización reunió en sus filas a distintas organizaciones y personajes cuyas luchas políticas corrían paralelas, pero separadas.

Tal como mencioné en la sección anterior, el MLN, siguiendo las resoluciones de la Conferencia Latinoamericana, convocó a las fuerzas democráticas del país a congregarse en una organización para actuar de manera conjunta en la defensa de la soberanía nacional y la emancipación económica del país. La convocatoria fue atendida por diversas organizaciones y personalidades, lo que le brindó una composición variopinta al MLN. De acuerdo con Leda Arguedas, la organización aglutinó “[…] desde partidos políticos claramente de izquierda […] hasta sacerdotes y aun elementos del sinarquismo, pasando por campesinos afiliados a la CNC, sindicatos de la CTM y miembros individuales del PRI”.[31]

Esa composición plural fue su mayor debilidad, pero también su mayor fuerza. Por un lado, fue su mayor debilidad porque los objetivos y tácticas a mediano y largo plazo de cada organización que lo integró no siempre coincidieron. Esto último fue evidenciado en el contexto de las elecciones presidenciales de 1964, cuando algunos de sus miembros vieron en el MLN la oportunidad de participar en el proceso como partido político, mientras que otros, como Lázaro Cárdenas, rechazaron categóricamente esa idea e insistieron en que el MLN no era un partido político. Este desencuentro concluyó con la formación del Frente Electoral del Pueblo (FEP) y el debilitamiento del MLN como una fuerza de izquierda.

Por el otro lado, la diversidad de su composición fue su mayor fuerza porque eso le permitió recoger las demandas de distintos sectores y creó la oportunidad para que estos dialogaran y encontraran convergencias para la acción en común. Entre las organizaciones que se adhirieron al MLN en agosto de 1961 estuvieron diversas agrupaciones agrarias como la Unión de Sociedades Ejidales de la Comarca Lagunera, el Frente Unificador Campesino Coahuilense y La Liga Agraria Independiente de Veracruz. También, se afiliaron organizaciones vinculadas con las movilizaciones de 1958-1959, como el Consejo Nacional Ferrocarrilero y el Movimiento Revolucionario del Magisterio. Igualmente, hubo una importante presencia de estudiantes, intelectuales y artistas a través de organizaciones como la Federación de Estudiantil Universitaria, la Sociedad de Alumnos de la Escuela Nacional de Maestros (nocturna), la Sociedad de Alumnos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Círculo de Estudios Mexicano y el Taller de Gráfica Popular. Asimismo, también hubo presencia de organizaciones de mujeres, como Vanguardia de la Mujer Mexicana, Unión Democrática de Mujeres Mexicanas y el Comité Permanente pro Congresos Latinoamericanos de Mujeres; aunque en el programa no se incluyeron demandas que representaran los problemas específicos de este sector.

En términos generales, todas esas organizaciones aportaron algo al programa de la organización. No obstante, éste estuvo particularmente alimentado por el triunfo de la revolución cubana, a través de la Conferencia Latinoamericana, y por los acontecimientos de 1958-1959. En el caso de la revolución cubana y la Conferencia Latinoamericana su principal aporte fue identificar al imperialismo norteamericano como la principal amenaza a la soberanía política y económica de los países latinoamericanos, lo que condujo a colocar al Estado en el centro del desarrollo económico. Mientras que las ocupaciones agrarias y las movilizaciones obreras de 1958-1959 evidenciaron el abandono del programa social de la revolución y el carácter autoritario del gobierno mexicano, lo que condujo, entre otras cosas, a las demandas de reparto agrario, democracia sindical y apertura del sistema político.

De acuerdo con los miembros del MLN, la soberanía externa de México se sustentaba en los principios de igualdad jurídica de los Estados, la autodeterminación y la no intervención. Tomando esto en cuenta, el MLN, apegándose a las resoluciones de la Conferencia Latinoamericana, consideraba al imperialismo norteamericano como “la principal fuerza que detiene y altera el desarrollo progresivo de nuestro pueblo ”. Lo cual era el resultado de la explotación de las riquezas naturales y la fuerza de trabajo del país, del apoderamiento de las principales ramas de la economía, del control del comercio exterior, de la represión de las luchas populares, de la presión política a través de su representación diplomática y de su influencia en “aspectos fundamentales de la orientación cultural y el desarrollo técnico del país”.[32]

Al igual que en las resoluciones de la Conferencia Latinoamericana, en el programa del MLN se asentaba que la independencia económica era condición indispensable para la obtención de la independencia política. Esto quiere decir que los miembros del MLN estaban conscientes de que la dependencia económica con los Estados Unidos obstaculizaba el ejercicio de la soberanía. Por lo tanto, la emancipación económica era base fundamental para el afianzamiento de la soberanía nacional.

De acuerdo con los miembros del MLN “sólo la acción decidida del Estado [podía] acelerar el crecimiento en favor de las mayorías y afirmar la independencia”, con lo cual se le brindaba al Estado un papel primordial en el desarrollo económico del país. Para llevar a cabo esta función, el Estado debía adoptar una “activa política de promoción del desarrollo económico regional y nacional”, formular proyectos de desarrollo a corto y largo plazo, intervenir directa e indirectamente en todos los campos en que su participación fuera necesaria en pro del bienestar general, regular y orientar a la inversión privada, diseñar una política económica en favor de los intereses y necesidades del pueblo y tener una política económica internacional apegada a la Constitución de la República.[33]

Asimismo, en el programa del MLN se asentaba que, para conseguir la emancipación económica, era necesario tener el control de los recursos naturales y de sectores industriales estratégicos, para que estos fueran explotados en beneficio del pueblo mexicano y no de monopolios extranjeros. Considerando lo anterior, el MLN pedía, entre otras cosas, la expropiación de recursos y propiedades que ilícitamente estuvieran en manos de extranjeros o monopolios internacionales. También, consideraban que se debían nacionalizar recursos y actividades que “por su naturaleza e importancia […] debían quedar bajo el control de la Nación”[34], cancelar concesiones a monopolios extranjeros y “combatir la idea de que los buenos negocios debían quedar en manos de particulares” y las inversiones ruinosas en manos del Estado.

Otro rubro en el que el MLN consideraba esencial la intervención del Estado era en el desarrollo industrial. De acuerdo con lo asentado en su programa, la industrialización era imprescindible para consolidar la independencia económica del país y para distribuir, a través del empleo, la riqueza generada por el desarrollo económico. Para que el sector industrial pudiera cumplir esa función el Estado debía acelerar su inversión en industrias fundamentales, como la industria, pesada, químico-farmacológica y generación de energía, con el objetivo de desarrollar las demás plantas industriales y sustituir importaciones

Otra área en la que la intervención del Estado se consideraba necesaria era en el sector financiero. El MLN estimaban que los bancos comerciales se debían de nacionalizar con el objetivo de “asegurar que la mayor proporción de los recursos financieros se [canalizaran] hacia actividades productivas de […] importancia económica y social”[35]. También se manifestaron a favor de evitar la fuga de capitales, regular el gasto de los mexicanos en el exterior y prevenir la salida de utilidades de empresas extranjeras. Asimismo, los miembros del MLN pensaban que se debía evitar la inversión extranjera y regular el comercio exterior para que respondiera a los intereses nacionales. Finalmente, determinaron que se debía mantener “absoluta independencia respecto al Fondo Monetario Internacional y no aceptar ninguna recomendación o presión del mismo que [puediera] lesionar en cualquier forma los intereses del país”.[36]

La rectoría económica del Estado se convertió en uno de los principios articuladores de la izquierda partidaria. Es importante mencionar que éste principio también era compartido por un sector del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y se convirtió en un tema que dividió a la élite política en los años setenta y ochenta, cuando estalló la crisis de la deuda externa y se inició la apertura comercial del país. La escisión final en el PRI tuvo lugar durante la presidencia de Miguel de la Madrid (1982-1988), cuando la Corriente Democrática, encabezada por Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas, se opuso a la continuidad del proyecto político y económico representado por la candidatura y presidencia de Salinas de Gortari (1988-1994).

En términos de la izquierda partidaria, el resultado final de esa escisión resultó en la formación del Partido de la Revolución Democrática, el cual congregó a partidos de izquierda provenientes de distintas tradiciones, para los que el principio del Estado como agente regulador y promotor del desarrollo económico del país fue uno de los puntos nodales que permitió su unidad. Tal como se puede observar, el origen de este elemento clave para la izquierda partidaria del país puede ser rastreado al programa del MLN, el cual lo incorporó en su programa con base en las resoluciones de la Conferencia Latinoamericana y en la experiencia de la revolución cubana y su rechazo al imperialismo norteamericano. No obstante, tal como mencioné en el párrafo anterior, no solamente la izquierda partidaria sostuvo esa postura, también, en el interior del priísmo hubo algunos actores que la defendían, los cuales se encontraban vinculados con el cardenismo.

Ese punto de encuentro entre la izquierda partidaria y el cardenismo afiliado al priísmo no es extraño. Cabe recordar que el ex-presidente jugó un papel protagónico en la gestación del MLN, por lo que esta convergencia es comprensible. No obstante, el programa del MLN también contenía algunos puntos que distanció, al menos durante los sesenta y setenta, a la izquierda partidaria del cardenismo priísta. Por ejemplo, en el programa, en el apartado de la reforma agraria, se convoca a la formación de la Liga de Defensa Agraria. A primera vista, la influencia cardenista en ese punto es innegable. Sin embargo, si se analiza un poco más a fondo, se podrá ver que lo que se proponía era la organización independiente de los campesinos respecto a la estructura corporativa creada durante el sexenio de Cárdenas. Aunque, en principio el general apoyaba la defensa de la reforma agraria, pintó su raya en cuanto a la formación de organizaciones independientes y no dio paso al frente para oponerse abiertamente al sistema que él había ayudado a crear, aunque ese sistema le hubiera dado la espalda a los principios sociales de la revolución mexicana y mantuviera un férreo control político sobre las masas campesinas y obreras.

Probablemente, nunca sabremos las razones por las que Lázaro Cárdenas nunca rompió con el priísmo. Lo que sí sabemos, es que el MLN era más que la figura de Lázaro Cárdenas. Tal como subrayé anteriormente, sus filas congregaron personajes y organizaciones, las cuales, tras sus experiencias con los gobiernos pos-revolucionarios, buscaron organizarse de manera independiente para defender sus derechos y oponerse al autoritarismo del sistema político. Es así que, además del pro-estatismo, el anti-autoritarismo y la defensa de los derechos políticos y sociales se convirtieron en otros ejes programáticos clave para la izquierda partidaria. Cabe mencionar que estas demandas la distinguieron de la izquierda cardenista del PRI, la cual, como mencioné anteriormente, no se enfrentó al autoritarismo del sistema sino hasta los años ochenta, con la Corriente Democrática.

Entre los puntos del programa del MLN que buscaban la apertura del sistema, estaban la exigencia de una nueva ley electoral, la plena democracia sindical y campesina, la igualdad real de derechos de las masas indígenas y la derogación del artículo 145 del Código Penal (delito de disolución social). Estos puntos programáticos brindaron a las organizaciones de la izquierda partidaria, las cuales se caracterizaron por su composición variopinta y falta de unidad orgánica, cohesión e identidad en sus luchas por democratizar el sistema.

De manera concreta, estas demandas fueron incluidas en la sección sobre la soberanía interna del país, en la que establecieron una correlación entre soberanía y democracia. De acuerdo con ellos, “las fuerzas populares eran las únicas capaces de realizar una política de emancipación económica” a través de su participación en la toma de decisiones, lo que implicaba una democracia real, en la que esas fuerzas verdaderamente tuvieran una voz.[37]

Para conseguir el establecimiento de una soberanía interna, fundamentada en una democracia real, los miembros del MLN creían indispensable, entre otras cosas, el cumplimiento cabal de la Constitución Política, el respeto absoluto del sufragio universal y la instauración de un sistema de representación proporcional, la eliminación del caciquismo y la centralización política, la independencia del poder judicial, la expedición de una nueva Ley Electoral, plena democracia sindical y campesina, libertad de asociación, la desaparición del delito de disolución social y de cuerpos de inteligencia como la Dirección Federal de Seguridad, la libertad de los presos políticos y no permitir la intervención del ejército y policía en conflictos laborales.[38]

En esas resoluciones, es evidente la influencia de las movilizaciones urbanas y rurales. La experiencia de obreros y campesinos dejó en claro que los derechos plasmados en la constitución no eran respetados por la autoridad. Además, demostraron que los intentos de organización independiente para exigir el cumplimiento de esos derechos no iban a ser bien recibidos y que el gobierno no iba a dudar en hacer uso del aparato represivo a su disposición para callar las voces de la disidencia. Esas movilizaciones significaron una ruptura de las masas trabajadoras con el régimen priísta al rechazar el control corporativo sobre sus miembros. Con esto no quiero decir que ese control corporativo dejó de existir, pero esas experiencias demostraron que podía ser desafiado. Asimismo, las demandas irresolutas de obreros y campesinos en contra del sistema autoritario, se convirtieron en elementos programáticos enarbolados por organizaciones de izquierda que lucharon por la democratización del sistema político.

Durante los años sesenta y setenta, las demandas en contra del autoritarismo y en pro de la defensa de los derechos sociales y políticos fueron los ejes programáticos que distinguieron las luchas de la izquierda partidaria. En el curso de esas décadas la oposición al gobierno aumentó, lo que devino en respuestas cada vez más autoritarias con el objetivo de mantener la estabilidad política necesaria para el crecimiento económico. Ese creciente autoritarismo condujo a una mayor militancia y exigencia en favor de la apertura democrática del sistema político. Fue hasta la reforma política de 1977 que estas demandas dejaron de estar en el centro de la agenda de la izquierda partidaria, y, paulatinamente fueron cediendo su lugar a la demanda de la primacía del Estado en la economía. Con esto no quiero decir que las demandas por el respeto de los derechos políticos y sociales, así como la democratización del sistema político, había perdido relevancia. A lo que me refiero es que dejaron de ser el motor de su lucha porque, después de conseguir ser admitidos en el sistema político, las circunstancias y objetivos de la izquierda partidaria se transformaron.

 

Conclusión

El MLN integró en su programa las demandas de distintas fuerzas de izquierda, lo cual fue posible porque en sus filas dio cabida a una diversidad de organizaciones, mismas que representaban a distintos sectores sociales. El MLN fue un espacio en el que esos sectores reconocieron las semejanzas entre sus luchas y tuvieron la oportunidad de identificar objetivos comunes. La vida del MLN fue corta, pero su legado consistió en haber dejado un programa en común para la izquierda, el cual sirvió como fundamento para futuras experiencias de la izquierda, en particular en el ámbito electoral.

           

[1] La Unión General de Obreros y Campesinos de México fue creada en junio de 1949 como resultado de los profundos cambios en las relaciones políticas entre organizaciones campesinas y el Estado y los partidos políticos. Con la fundación del PRI en 1946 la izquierda se vio desplazada de la esfera gubernamental y de las organizaciones populares entonces existentes (CTM, CNC, CNOP). Ante esta situación, Vicente Lombardo Toledano creó en 1948 el Partido Popular, desde el cual impulsó la formación de UGOCM, la cual debía ser la organización obrera y campesina de todas las fuerzas de izquierda que no tenían cabida en el PRI. La UGOCM se integró con miembros de la Alianza de Obreros y Campesinos de México (AOCM), la Central Única de Trabajadores (CUT) y de los sindicatos minero y petrolero. Hubert C De Grammont, “La Unión General de Obreros y Campesinos de México” en Historia de la cuestión agraria mexicana, México, Siglo XXI, Centro de Estudios Históricos de Agrarismo en México,1998, Vol. 8.

[2] El Imparcial, 6 de febrero de 1958. (Periódico publicado en Sonora)

[3] El Imparcial, 10 de febrero de 1958.

[4] El Popular, 14 de febrero de 1958.

[5] Excélsior, 18 de febrero de 1958.

[6] El Popular, 17 de marzo de 1958.

[7] Elsa Peña y Trinidad Chávez, “Los ejidos colectivos de Cananea: lucha por la expropiación y la apropiación” Movimientos sociales en el Noroeste de México, México, Universidad Autónoma de Sinaloa, 1985, p. 133

[8] Barry Carr, La izquierda mexicana a través del siglo XX, México, Era, 1996 p.208.

[9] Antonio Alonso, El movimiento ferrocarrilero: de la conciliación a lucha de clases, México, Era, 1979 11-12.

[10] Vallejo, Las luchas ferrocarrileras que conmovieron a México: orígenes, hechos y verdades históricas, México, 1967 p. 7

[11] José Luis Reyna, “El conflicto ferrocarrilero: de la inmovilidad a la acción” en Historia de la revolución mexicana (1952-1960): el afianzamiento de la estabilidad política. México, Colegio de México, 1988 p. 193.

[12] Enrique Condés, Enrique, Represión y rebelión en México (1958-1985) : La guerra fría en México. El discurso de la represión, México, Miguel Ángel Porrúa, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2007, tomo I., p. 23

[13] Ibid, p. 56.

[14] El 16 de abril de 1961 Fidel Castro declaró el carácter socialista de la revolución cubana, y el 1º de mayo de 1961 anunció, ante un millón de personas reunidas en la Plaza Cívica José Martí, la constitución de Cuba en república socialista. Ante la postura del gobierno de John F. Kennedy hacia Cuba, el entonces primer ministro de la isla dijo que ellos “no ponían en peligro la seguridad de los ciudadanos norteamericanos ni de su nación; son ellos, con su política de jugar a la guerra, los que se ponen en peligro y, como dice el Gral. Lázaro Cárdenas, pueden provocar que Nueva York se convierta en una Hiroshima”. Asimismo, reiteró la disposición del gobierno cubano de discutir “en un plano de igualdad con los EU, a fin de llegar a una solución pacífica de sus problemas”, pero con la condición que no se pusieran a discusión asuntos de política interna de Cuba. Marifeli Pérez-Stable, La Revolución Cubana: Orígenes, desarrollo y legado, S.L., Editorial el Colibrí, 1998, p. 141 y Política, 15 de mayo de 1961, p. 27.

[15] Ibid, p. 23.

[16] Timothy P. Wicham-Crowley, 1992, Guerrillas and Revolution in Latin America: A Comparative Study of Insurgents and Regimens since 1956, New Jersey, Princeton University Press.

[17] Idem.

[18] Barry Carr, La izquierda mexicana en el siglo XX; México, ERA, 1996.

[19] Política, 15 de marzo de 1961, p. 5.

[20] Idem.

[21] Política, 15 de marzo de 1961, p. 6.

[22] Ibid, p.27.

[23] “Documentos de la Conferencia latinoamericana por la Soberanía nacional, la Emancipación Económica y la Paz”, Política, 1° de abril de 1961, p. III.

[24] Idem.

[25] Ibid. p. V.

[26] Idem.

[27] Ibid. p. VIII-XI.

[28] Ibid., p. XI.

[29] Ibid, p. XV.

[30] Por fuerzas democráticas se referían a “a los trabajadores, hombres de campo, los estudiantes, los estudiantes y los demás sectores sociales auténticamente nacionales y progresistas.

[31] Leda Arguedas, “El Movimiento de Liberación Nacional”, Revista Mexicana de Sociología,1977, p. 233.

[32] “Programa del Movimiento de Liberación Nacional”, Política, 15 de septiembre de 1961., p. III

[33] Ibid., pp. V-VI

[34] Ibid., p. VI.

[35] Ibid, p. XI

[36] Idem.

[37] Ibid, p. II.

[38] “Programa del Movimiento de Liberación Nacional”, Política, 15 de septiembre de 1961, pp. I-II.