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El gobierno de la periferia; entre el reformismo continuado o el reformismo transgresor.

Daniel Barrera

El actual gobierno de Petro-Francia, como diría un analista político colombiano, es un gobierno de única posibilidad; ante sí tiene retos tan enormes como detractores políticos capaces de desestabilizar e imponer serías restricciones al proyecto de democratización profunda al que se va a ver expuesto el régimen. Por tanto, el éxito o el fracaso parcial de este gobierno va a determinar el grado aceptabilidad de la izquierda democrática en el mapa ideológico nacional. En este texto nos encargamos de enumerar alguno de los retos más importantes y urgentes que tiene el gobierno progresista de cara a construir proyecto de nación plebeyo.

Petro ha señalado en varias entrevistas que el cambio está en las reformas, por eso, su gobierno deberá adelantar las reformas estructurales que ha prometido durante la campaña, es decir, los retos acá enunciados están íntimamente vinculados con su capacidad política e institucional para llevar a buen puerto sus ambiciosas reformas.

De ahí, que uno de los principales retos sea la de adelantar un programa antineoliberal. Los anuncios de una posible reforma laboral acarrearán drásticos cambios para el régimen laboral en Colombia; la Ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en diversas entrevistas ha señalado que la reforma laboral devolverá la dignidad salarial: vuelven las horas extras, los recargos nocturnos y dominicales, formalización del empleo, así mismo, es necesario revisar las cláusulas laborales del TLC. Todas estas medidas buscan revertir las reformas neoliberales de precarización y tercerización laboral que propino el gobierno de Uribe como parte de su política anti-sindical.

Por paradójico que pueda sonar el gobierno, para consolidar una agenda antineoliberal, necesita profundizar las reformas democrático-burguesas, que hasta ahora se encuentran en estado de maduración. En esa dirección apunta el proyecto de ley que busca reconocer a campesinos como sujetos de derechos de especial protección constitucional, lo anterior deberá ir acompañado de una reforma agraria que desincentive el latifundio improductivo y garantice el acceso a la tierra a los campesinos. Por esta razón, sugerimos que Petro no se enfrenta a un régimen semi-feudal como él mismo sugiere[1], sino con el neoliberalismo verdaderamente existente en Colombia, un neoliberalismo que para usar la terminología de Antonio García Nossa, convive y subsiste gracias republica señorial y hacendataria.

De esta manera, el gobierno progresista encuentra en la reforma tributaria su caballo de troya, pues con ella busca recaudar cerca de 50 billones, garantizar un montón de tal magnitud es clave para sostener no sólo la viabilidad fiscal, también para cumplir con los programas sociales que prometió en elecciones. En todo caso, el gobierno ha declarado que, si bien se puede negociar el montón a recaudar, lo que no es negociables es sobre qué capas sociales se va a recostar la tributación y hacía que clases van a ir direccionados los apoyos sociales para aliviar la grave crisis de hambre que vive el país (según el DANE cerca de 20 millones de personas en Colombia no reciben tres comidas al día) y equilibrar la balanza en términos de desigualdad estructural.

Segundo, mucho se ha hablado de la política de seguridad del gobierno de Gustavo Petro, en especial, por la tensa relación que puede llegar a tener el presidente con las fuerzas armadas, allí reside uno de los retos más complejos del gobierno. Es un reto en un doble sentido: por un lado, frenar cualquier intento de golpe de Estado de las fuerzas militares para con su comandante en jefe, algo que se empieza a vislumbrar en las recientes declaraciones del ex comandante del ejército Eduardo Zapateiro. Por otro lado, y según las afirmaciones de Ministro de Defensa, es necesario cambiar el paradigma de las fuerzas armadas. Se trata de una metamorfosis de la noción de seguridad que ya no se funda sobre la autoridad del uniformado que persigue y encarcela criminales; ahora el nuevo paradigma se edifica sobre el cuidado y la protección, esto es, eliminar la lógica del enemigo interno para anteponer la vida; Colombia potencia mundial de la vida, no es extraño que el gobierno prometa cambiar los indicadores de medidores para condecorar a los mandos militares.

En el fondo es la estrategia por recuperar la legitimidad institucional, pues precisamente, lo que mostró el Paro Nacional del 2021 es que no existía tal vacío estatal, sino que el Estado opera de forma diferencial. Este reto conlleva una transición a una fuerza armada comprometida con la democracia, la paz y los Derechos Humanos.

Avanzar en esa senda según ha evidenciado el gobierno implica entablar diálogos con el ELN y las disidencias, además de cumplir con la implementación del acuerdo de paz, buscar el sometimiento político con las bandas narco-paramilitares, y poner fin a la brutalidad policial (eliminación del ESMAD). Otro elemento clave para comprender la relación entre Petro y las fuerzas armadas, tiene que ver con la serie de casos de corrupción vinculados con el narcotráfico que enlodan a los altos mandos la institución; por tanto, no sólo se encuentran perspectivas de país enfrentadas, también intereses y prebendas particulares en pugna.

El tercero de los desafíos al que se enfrenta el Gobierno popular de Petro-Francia es su apuesta por la Paz Total; se trata de un compromiso político que excede por mucho una negociación con actores armados, es, en cambio, un acuerdo nacional que establece una triple relación entre: democracia, paz y bienestar social, de allí que se diferencie de una paz chiquita o un simple cese al fuego, debido a que compromete una postura mucho más profunda y estructural, pues asume que no puede existir paz sin solucionar la crisis de hambre que vive el país, mucho menos que pueda surgir una verdadera democracia mientras no se garantice la justicia social.

Así, la Paz total, puede entenderse como un reto transversal, porque combina las reformas anti-neoliberales, una política de seguridad progresista y la justicia social, es una reforma democrática que desborda la noción politicista e institucional de la democracia. Desde esta perspectiva, no es descabellado afirmar que la paz total asume cambios profundos al régimen político; la democratización profunda y la paz total son elementos claves para entender la apuesta de este gobierno en términos de sus alcances emancipadores.

El cuarto y último reto al que se ve abocado el gobierno progresista es el de la Justicia Ambiental. Gustavo Petro es sin lugar a dudas el dirigente progresistas más comprometido y más sensible con una agenda ambiental en la región, no obstante, las disputas que va a enfrentar el gobierno son además políticas; detener el asesinato de defensore/as ambientales y encausar el futuro de Ecopetrol sobre energías renovables, por citar algunos ejemplos.

En materia ambiental la dificultad más espinosa a la que se enfrenta el gobierno actual es el de transitar de la política minero-energética extractivista dominante hacia formas alternativas de producción de energías limpias, sustentado en un uso productivo de la tierra y la soberanía alimentaria para descarbonizando régimen de producción. La tarea, en suma, no es otra que diversificar los núcleos productivos del país, apostando por una vocación agrícola. Sin embrago, el gobierno tendrá que asumir las limitaciones propias del progresismo latinoamericano pues debe decidir entre seguir extrayendo recursos minerales y con ello abandonar su agenda ambiental, pero asegurar el musculo económico para financiar sus programas sociales o, por otro lado, inclinarse por su vocación agrícola y perder una fuente importante de financiación.

Ante sí el gobierno afronta el reto de cumplirle a la periferia, aquella periferia territorial pero también a la periferia urbana excluida y marginada de la gran ciudad, de esa forma, el impulso institucional se mueve en un péndulo entre: un reformismo continuado o un reformismo transgresor, el viraje que pueda tomar el gobierno por iniciativa propia o al verse arrastrado por los sectores movilizados determinara o una desestabilización parcial o una modificación sustancial del régimen político, esto es así porque los desafíos a los que se enfrenta Petro y Francia se encuentran íntimamente imbricados y constituyen pieza fundante del nuevo orden social: 1) Crisis de hambre 2) la lucha contra la deforestación 3) la paz 4) la transformación productiva del país la 5) lucha contra la pobreza 6) la seguridad alimentaria 7) la sustitución de cultivos y la lucha contra el narcotráfico.

[1] “De manera franca, aquí les diría lo siguiente, nosotros vamos a desarrollar el capitalismo”. “No porque lo adoremos, sino porque tenemos primero que superar la premodernidad en Colombia, el feudalismo en Colombia, los nuevos esclavismos y la nueva esclavitud”. Gustavo Petro en el Movistar Arena-Bogotá el 19 de junio al celebrar su victoria electoral.