El fantasma del Golpe de Estado en México se encuentra en el Poder Judicial

Arturo Flores Mora

El presidente López Obrador ha comentado que se está ejecutando desde el Poder Judicial un Golpe de Estado «Técnico» a fin de detener el proyecto de transformación de su gobierno en beneficio de los más humildes.

Decir que el fantasma del golpe de Estado recorre a México no es una paráfrasis intelectualoide para inútilmente recordar a Marx, sino que es realmente una posibilidad que tiene su sustento en las más recientes experiencias de los gobiernos de izquierda en América Latina que han sido destituidos de forma ilegal e ilegítima con tal de terminar no sólo con las políticas al servicio del pueblo, sino incluso hasta con el prestigio moral de quienes mandan obedeciendo.

En toda la historia independiente de América Latina, la izquierda en general no ha permanecido más de treinta años al frente del gobierno con la excepción de Cuba. En el siglo XX, todos los gobiernos de la izquierda terminaron sus mandatos trágicamente a través de golpes de Estado impulsados por la derecha y ejecutados por militares.

En lo que va del actual siglo, los mandatarios progresistas pudieron a través de las urnas y las movilizaciones sociales de respaldo permanecer hasta dos periodos más. Sin embargo, sus destituciones no tuvieron nada que ver con una voluntad propia o popular, sino a consecuencia de golpes de Estado de nuevo tipo que fueron ejecutados ya no sólo por el ejército, sino a través de una diversidad de actores y estrategias con tal de aminorar la crudeza de un acto repudiable.

En Venezuela, sectores conservadores de las fuerzas armadas por órdenes de los empresarios secuestraron a Chávez y lo intentaron obligar a renunciar. En Honduras, el ejército actuó bajo las órdenes del conservador Poder Judicial para destituir a Zelaya. En Paraguay, la Corte y el poder Legislativo en manos de la oposición le inventaron un delito a Lugo para quitarlo del poder. En Brasil, a Dilma la destituyeron bajo acusaciones falsas que emanaron desde los medios de comunicación y que los jueces secundaron con más «convicciones que pruebas». A Evo lo destituyeron bajo el pretexto de que había cometido un fraude teniendo como fundamento una acusación de parte de una organización financiada por Estados Unidos: la OEA. En Perú, el Congreso en manos de la oposición Fujimorista destituye a Pedro sin la mayoría necesaria violando así los procedimientos legislativos más elementales.

Llama la atención que las destituciones extraordinarias utilizando al Congreso y al Poder Judicial como actores protagónicos fueron llevados a cabo única y exclusivamente contra la izquierda, mientras que en los actos de corrupción comprobados contra la derecha como en los casos de Temer en Brasil, Macri en Argentina, Lenin Moreno en Ecuador, Dina Boluarte en Perú, Jeanine Añez en Bolivia, jamás se les persiguió en el cargo.

He aquí una de las razones principales por las cuales los aparentes casos de justicia realmente persiguen oscuros intereses.

Las destituciones anteriores demostraron que ya no era necesario utilizar la fuerza para quitar a un mandatario. Bastaba sólo una mentira y un espacio de poder para lograrlo.

No obstante, a pesar del método no violento de deposición, inmediatamente comenzó la persecución y la carnicería contra los partidos de izquierda y los movimientos sociales.

Ahora bien, cuando el Presidente López Obrador habla de Golpes de Estado «Técnicos», se refiere en el contexto mexicano al uso de argucias y pretextos jurídicos para justificar la anulación o deposición de un mandatario utilizando perversamente a la ley para beneficio de los dueños del dinero y sus perros guardianes los partidos conservadores.

Los Golpes de Estado tienen como objetivo derrocar al gobierno en turno a través de medios ilegales e ilegítimos, e históricamente han sido una herramienta que sólo la Derecha ha ejecutado por su esencia racista, clasista, y antidemocrática.

Valga decirlo claramente: la tendencia de la derecha a dar Golpes de Estado es natural. Por ejemplo, a pesar de que los empresarios mantuvieron e incrementaron sus ganancias durante la época de los gobiernos progresistas, eso no impidió que a través de su financiamiento y participación política contribuyeran a la elaboración del Golpe, incluso sobrepasando para sus campañas de desestabilización el monto que reclamaban no querer pagar de impuestos.

En ese sentido, la izquierda contrario a lo que dicen las burguesías colonizadas y las clases medias, no han representado un peligro significativo contra el sistema capitalista, por lo que además de la independencia política, la soberanía popular sobre el control de los recursos naturales, el mejoramiento en los niveles de vida de los trabajadores, y el origen humilde de los mandatarios que detonó el racismo visceral, lo que verdaderamente molestó a las élites es la separación del poder político del poder económico al nulificar el afán de dominio de su riqueza sobre el gobierno, pues la aspiración de las clases económicamente dominantes no sólo es el dinero (el medio), sino el poder (el fin). De ahí que el capitalismo atente permanentemente contra la democracia.

Por eso, pedirle a la Derecha que no sea golpista es como pedirle que no sea de Derecha. El golpismo está en su ADN.

Por lo tanto, todo gobierno de izquierda, entendiendo «izquierda» como gobernar al servicio de los pobres, es susceptible de ser en todo momento derrocado por los dueños del dinero a través golpes de Estado.

Para el caso particular de los golpes de Estado, en un primer momento el protagonista principal fue el ejército que a través del adoctrinamiento de las clases empresariales y los ejércitos europeos se pusieron al servicio de las oligarquías cuando sus intereses estuvieron en peligro.

Hoy ante el repudio que ocasionó el exceso de violencia de las dictaduras militares, la apuesta de la Derecha después de haber perdido el gobierno es la ejecución de Golpes de estado de nuevo tipo, no violentos, técnicos, mediáticos, jurídicos, es decir, «Blandos», en contraposición a la dureza de los golpes militares del siglo pasado.

He definido a los Golpes Blandos como: «la conquista del aparato Estatal a través de la destitución extraordinaria del gobierno en funciones por parte de fuerzas conservadoras institucionales y extrainstitucionales que desde su campo de acción emplean estrategias no violentas con tal de ablandar el impacto ilegal e ilegítimo de su actuación ante la opinión pública».

Para el caso de México, ante el creciente poder que a partir de 2018 ha adquirido no AMLO, sino el pueblo de México, la variedad de estrategias golpistas no han funcionado. Sin embargo, ante la ineficacia de la oposición su estrategia más bien ha sido de contención, utilizando como última herramienta al único poder que ha sido intocable en el proceso de transformación: el Poder Judicial.

Basta tan sólo leer la defensa de la fauna conservadora para comprobar el carácter corrupto e inmoral de la corte (dime quién te defiende y te diré quién eres).

Con el freno a reformas trascendentales como la eléctrica, la electoral y la de seguridad nacional; la liberación de delincuentes; los fallos en contra de los proyectos de infraestructura y el acoso de la Ministra Presidenta Piña a otro poder del Estado, la Suprema Corte de Justicia se posiciona como el actor principal tanto del conservadurismo (el PRIAN con toga) como del proceso golpista en México ante la debilidad de la derecha en los poderes formales del Estado y en la simpatía del electorado.

En este caso, podemos hablar de Golpismo derivado de que la acción ilegal de la Corte que se erige por encima de la voluntad popular no es aislada.

La actuación del Poder Judicial se inserta en medio de un proceso de desestabilización gradual que busca restar legitimidad al gobierno a través de diversos mecanismos:

  • Presiones mediáticas: a través de noticias falsas y campañas de desprestigio. En México, los medios de comunicación están controlados por unas cuantas familias vinculadas a intereses político-empresariales.
  • Presiones políticas: mediante la utilización sesgada de instituciones autónomas como el INE y el INAI que han intentado ponerse por encima del poder ejecutivo y legislativo bajo el manto de la transparencia y la democracia.
  • Presiones sociales: a través de movilizaciones financiadas y encabezadas por la oposición sin fundamento. Ni desapareció el INE, ni se leyó la reforma electoral.
  • Presiones geopolíticas y diplomáticas: a través del financiamiento que Estados Unidos otorga a la oposición del PRI y el PAN a través de agencias golpistas como la NED y la USAID, pertenecientes a la CIA, y que tiene como objetivo fortalecer oposiciones golpistas y colonizadas como la encabezada por el fascista Claudio X González.
  • Presiones jurídicas: además de las ya mencionadas, se intentó promover la destitución del presidente a través de la Corte como lo hizo hace unos días el fascista-panista senador Re-mentería.

Como se puede observar, el intento por dar un golpe de estado por parte de la derecha ante su fracaso en el terreno electoral está presente.

Si viviéramos en el siglo XX, la Derecha ya hubiera como en Chile apelado al uso de la fuerza militar ante el fracaso de sus estrategias blandas.

Ahora bien, por su composición clasista y oligárquica, sus antidemocráticos métodos de selección, la ausencia de límites y contrapesos a sus decisiones, la libertad de interpretación, el triunfo del enfoque positivista en el derecho, y los privilegios enormes de los que goza, es por lo que la Corte es la mejor herramienta de la que puede disponer el conservadurismo para detener el proyecto de transformación.

Tampoco es que se pudiera esperar dulzura del vinagre. La composición principal de la Corte fue determinada por los corruptos partidos del viejo régimen.

Entendiendo el carácter estructuralmente conservador de la Corte, no se puede más que tachar de grave error la tibieza con la que el Presidente determinó el nombramiento de los nuevos ministros; en pleno contexto golpista, contribuyó a radicalizar la embestida de la derecha.

Se supone que se había dejado a un lado la convocatoria de una nueva constituyente que reformara al poder judicial con tal de no generar una tensión en el Estado, a pesar de que desde la toma de protesta del Presidente ya se le tachaba de dictador o chavista.

Hoy queda claro que, con moderación o radicalidad, la derecha de todas maneras seguirá por todos los medios intentando generar ingobernabilidad.

Sólo a través de la unidad, información, organización y coordinación entre el pueblo y el partido-movimiento se podrá derrotar al conservadurismo y sus intentonas golpistas. La propuesta no es retórica o discursiva: hay que darles vida a las Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, espacio idóneo no sólo para politizarse, crear comunidad y luchar colectivamente por derechos y necesidades, sino también como mecanismo de defensa en favor de nuestro gobierno popular. El Golpismo es inminente. De la constitución de los Comités dependerá la permanencia de la Cuarta Transformación, la profundización de nuestro proyecto, y la consolidación del ahora nuevo Humanismo Mexicano.

De ahí la labor constante y necesaria de la formación política a través de asambleas y círculos de estudio.

Si la derecha y los empresarios hacen política diariamente, por qué nosotros no, que tenemos mayores necesidades y carencias.