Arturo Flores Mora

Licenciado en Ciencia Política

Estudiante de Derecho

El próximo primero de Junio se llevará a cabo un proceso histórico para nuestro país ante los ojos del mundo. Por primera vez, el pueblo de México elegirá por la vía del voto libre y directo a los integrantes del Poder judicial a nivel Federal y Estatal, consolidando a México como el país más democrático a nivel mundial.

Históricamente, el Poder Judicial nunca había sido un poder autónomo, independiente, ni democrático, es decir, siempre había sido producto de una decisión política centralizada, autoritaria y discrecional.

Así como Eva de acuerdo al relato bíblico nació de la costilla de Adán, el Poder Judicial surgió de la voluntad y el interés del poder político, primero asociado a la voluntad de un rey absoluto cuando los Estados se regían bajo una forma de gobierno monárquica (mono-uno, arquia-poder), y después bajo la forma de gobierno representativo que en los hechos no era democrático y dependía de la voluntad de una sola persona, el Presidente, desde Santa Anna, pasando por Porfirio Díaz, hasta los gobiernos del PRIAN.

Tan solo apenas hace algunos años, el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, denunció que, en el caso ABC en donde 49 niños menores murieron en el incendio de una guardería propiedad de la hermana de la entonces esposa y primera dama presidencial, Margarita Zavala, el ex presidente panista Felipe Calderón intervino en la Corte, amenazando al ministro en caso de avanzar en la investigación, e incluso, metiéndose a la casa del ministro citado en búsqueda de información que pudiera comprometer la imagen presidencial.

Este ejemplo es pertinente para demostrar que en gobiernos anteriores a la Cuarta Transformación, los presidentes buscaban el control absoluto del Poder Judicial y subordinar a la institución a sus caprichos.

Ante los problemas que trajo consigo el poder absoluto del monarca en los primeros Estados europeos, en 1748 el barón de Montesquieu propuso la figura de la división de poderes para limitar el discrecional abuso del poder del monarca, pues en los hechos, como decía Vicente Fernández, «su palabra era ley».

La división de poderes representa en cada órgano una forma de gobierno diferente que por su número y cualidad deberían de hacerle contrapeso al poder autocrático y unipersonal del monarca o ejecutivo. Por tanto, el poder legislativo como representación de la democracia, y el poder judicial como expresión de las características de una forma aristocrática de gobierno, deberían de hacer contrapeso al poder hasta entonces incuestionable de la monarquía.

De acuerdo con lo anterior, aquí se puede inferir que tanto el Derecho como las leyes no han sido elementos neutrales o apolíticos, sino todo lo contrario: el Derecho y las leyes las hacen aquellos que tienen Poder. Las leyes han sido un traje a la medida de aquellos que tienen poder y dinero, e históricamente se han creado para justificar e imponer sus intereses al resto de la sociedad. Lo anterior quiere decir que, no porque algo sea ley significa que automáticamente sea justo. Por ejemplo, hace más de 100 años en nuestro país la esclavitud y la servidumbre estaban legalizados durante el gobierno de Porfirio Díaz. ¿Quiere decir entonces que la esclavitud era buena o justa por el hecho de estar en la Ley? Definitivamente no, pero es una muestra de cómo grupos y sectores dominantes en la sociedad intentan justificar y normalizar (de ahí viene la palabra «norma») conductas que perjudican a la mayoría del pueblo y benefician a unos cuantos, en particular a los dueños del dinero.

Es por lo que se desconfía cuando los sectores conservadores de la sociedad, desde medios como Televisa y TV Azteca, hasta la oposición del PRIAN gritan ¡La ley es la ley y se tiene que respetar! ¡Morena quiere destruir las instituciones y el Estado de Derecho!, cuando lo que realmente quieren decir es: ¡Respeten la ley que nosotros hicimos a nuestra conveniencia para beneficio de nuestros negocios!

Nuevamente un ejemplo: en el gobierno de Enrique Peña Nieto se aprobó de forma inmediata y a través de moches una Reforma Energética que en palabras del propio Peña pretendía bajar los precios del gas, la gasolina y la electricidad. Tal cosa nunca ocurrió. La verdadera intención del PRIAN y de Peña en aquel entonces era enriquecer los bolsillos de las empresas privadas estadounidenses, francesas y alemanas a costa de nuestro petróleo, gas e infraestructura eléctrica. La reforma logró aprobarse en 2013 y convertirse en ley. La pregunta es ¿Puede ser justa una ley que requirió de moches a diputados y senadores para su aprobación? No.

Para colmo, cuando Morena impugnó está reforma ante el Poder Judicial, los ministros priorizaron la ganancia de unos cuantos bajo la «interpretación jurídica» de la «libre competencia», en vez de priorizar lo que ya decía nuestra Constitución desde 1917: «corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales».

En ese sentido, cuando el Presidente López Obrador intentó revertir las reformas dañinas al pueblo de México, la oposición y sus medios de desinformación no dejaban de repetir «¡nadie por encima de la ley!». Además, hablaban de la necesidad de los pesos y contrapesos a las decisiones del Presidente a pesar de que por al menos 80 años nunca habían exigido hacerle contrapeso al Presidente en tiempos donde el Poder Judicial era designado por Dedazo durante los gobiernos de la Mafia del Poder.

Ahora bien, el Poder Judicial en todos los países del mundo desde su origen hasta nuestros días ha cumplido el papel de legitimar las decisiones de los poderosos, de quitar responsabilidades y sanciones a mandatarios surgidos de las élites, así como convalidar sus decisiones sean estás correctas o contrarias a la ley. Esto es así porque en la conformación del Poder Judicial no participa el pueblo.

Al Poder Judicial además de su origen antidemocrático también lo caracteriza su composición elitista, ya que históricamente sólo aquellos que tenían dinero, es decir, los pertenecientes a las clases altas de la sociedad, podían estudiar Derecho y dedicarse a las labores del sistema de justicia. Por tanto, es de esperarse que la mayor parte de los elementos del poder judicial sean ideológicamente conservadores, además de favorecer en sus resoluciones a los sectores adinerados de donde provienen. Por eso no es de extrañar que en conflictos entre los trabajadores y el patrón, terminen por favorecer a este último en prácticamente todos los asuntos.

Los sectores conservadores han repetido día y noche que la elección del Poder Judicial es un circo, un derroche de dinero y un invento que López Obrador se sacó de la manga para apoderarse del Poder Judicial. Valga decir ante estos falsos señalamientos que si López Obrador en su tiempo y ahora Claudia Sheinbaum quisieran apoderarse de la Corte, hubieran mantenido el mismo procedimiento del Dedazo del que fueron beneficiados los gobiernos del PRIAN, por lo que su acusación es absolutamente falsa y carente de sentido común.

Muy poca gente sabe que a mediados del siglo XIX, en nuestro país se decidía por el voto indirecto del pueblo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se habla de voto indirecto por el hecho de que no todos podían votar, ya que el 90% de la población era analfabeta y no tenía propiedad que certificara su identidad; por tanto, sólo aquellos que contaban con la educación necesaria podían ejercer el derecho al voto. Gracias a la elección de aquel entonces, un indígena zapoteco como Benito Juárez pudo acceder a la Suprema Corte y ocupar la presidencia. Posteriormente, con la renuncia de Comonfort, un liberal blandengue, Benito Juárez por su posición en la Corte pudo asumir directamente el cargo como Presidente de la República, pues en ausencia del Ejecutivo, quién asumía inmediatamente sus funciones era el Presidente de la Suprema Corte.

El Contexto: La Reforma Judicial

Además de estos problemas históricos propios de la naturaleza del poder judicial, en nuestro país se registran algunos problemas en la impartición de justicia asociados con temas de corrupción, nepotismo, influyentismo y privilegios que insultan el nivel de pobreza del pueblo mexicano.

En primer lugar, asi como los puertos, aeropuertos, carreteras, playas, petróleo, gas, electricidad, banca, telecomunicaciones, el sistema de justicia también está PRIvatizado, es decir, sólo aquellos que tienen dinero pueden acceder a ella; por tanto, la justicia es una mercancía al servicio de pocos, y no un derecho al servicio de la mayoría. Cada asunto o demanda es una subasta en donde la sentencia opera en favor del mejor postor. Lo anterior es toda una contradicción, porque además de que jueces, ministros y magistrados cobran con cargo al presupuesto público, utilizan su posición para hacer negocios a través de sentencias o amparos. Y es que, tanto jueces, magistrados, y ministros no llegaron precisamente por ética o experiencia laboral carrera laboral al Poder Judicial, sino por relaciones de amistad y nepotismo. La misma Suprema Corte reconoció que la mitad de los servidores públicos en el Poder Judicial llegaron por relaciones familiares y de amistad. Por tanto, era de esperarse que una vez en el cargo no buscaran hacerle justicia al pueblo, sino vivir de los demás con cargo al erario llegando inclusive a pagar su plaza como inversión de largo plazo.

Además de lo anterior, detrás de su supuesta lucha por la Independencia Judicial realmente estaba la defensa de los lujos y privilegios que obtenían una vez en el cargo. Por ejemplo, a pesar de que el Artículo 127 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que ningún servidor público puede ganar más que la Presidenta de la República (130 mil pesos mensuales), los ministros de la Suprema Corte tienen todavía salarios mensuales de 600 mil pesos al mes. Casi 5 veces más de lo que gana actualmente la Presidenta.

Cualquiera que no haya estudiado Derecho sabe que los encargados de defender la ley estaban violando la ley con esos salarios. Pero además, el Poder Judicial tenía otra serie de privilegios como camionetas, celulares, secretarios, internet, alimentos, ropa, lavandería, así como fideicomisos para su jubilación, mantenimiento de casa habitación, gastos médicos, seguro de vida, publicaciones jurídicas, entre otros tantos servicios. Para colmo, cuando un juez se jubila, logra hacerlo con el 100% de su último salario, mientras un trabajador afiliado al IMSS lo hace con el 30% de su último salario. ¿Será justo tanta riqueza y privilegio cuando la mayoría del pueblo gana en promedio 10 mil pesos al mes? Por eso, cómo lo decía el Presidente López Obrador «No puede haber gobierno rico con pueblo pobre».

Para entender la dimensión de la austeridad y la reducción de costos de un aparato burocrático tan costoso como el Poder Judicial basta hacer algunas cuantas cuentas: 1 juez recibe 600 mil pesos mensuales; 2 jueces reciben juntos 1 millón 200 mil. Al año, reciben ambos 14 millones 400 mil. Con la nueva reforma judicial, el número de ministros se reducirán de 11 a 9; es decir que con la reforma se logra al menos un ahorro de 14 millones 400 mil pesos. Ahora comparemos lo que recibe un adulto mayor con la pensión que comenzó con López Obrador: un adulto mayor recibe 6 mil bimestrales en números redondos; al año son 36 mil pesos. Ahora bien, la pregunta del millón… ¿Cuántos adultos mayores podrían ser beneficiados con la pensión de adultos mayores con el dinero que ganaban tan solo 2 ministros? La respuesta son 400 adultos mayores. Es decir, el sueldo de 2 ministros equivalen lo mismo que 400 personas adultas mayores pensionadas con 6 mil bimestrales. Así es la dimensión de la reforma.

El poder está en el pueblo

La Elección Judicial no es un circo o un derroche de dinero y mucho menos un intento de Morena para controlar al Poder Judicial, pues si se quisiera controlar a la Corte, se hubiera hecho lo mismo que hizo Zedillo, cuando en 1997 despidió a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia sin consultarle al pueblo para poner un Poder Judicial a modo. Llama la atención que sea precisamente alguien como Zedillo, que endeudó con 3 billones de pesos al país al convertir las deudas de los bancos privados en deudas públicas a través del Fobaproa, y quién llevo a cabo asesinatos contra las comunidades indígenas en Chiapas, el principal opositor de la elección judicial.

El fundamento jurídico de la elección Judicial se sustenta en el Artículo 39 de Nuestra Constitución, el cual señala que la Soberanía radica esencial y originariamente en el pueblo de México. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este.

La palabra soberanía alude a «estar por encima de». Cuando se hace referencia a que el Pueblo es el soberano, lo que realmente significa es que el pueblo está por encima del gobierno y los Poderes del Estado. El pueblo está por encima del Presidente, de los diputados, de los senadores y por tanto, también de los jueces, magistrados y ministros. Hasta antes de la llegada del Presidente López Obrador, el pueblo estaba por debajo de todos los poderes de la República. Ahora, a través de figuras como la consulta popular, la revocación de mandato, y ahora la Elección Judicial, el pueblo recupera el poder que en 1917 la Constitución le había conferido. Basta recordar que no hay poder del pueblo sin su participación.

¿El Poder Judicial será un poder Público? Sí. Por tanto. ¿Debe surgir del pueblo? Absolutamente.

Sin embargo, durante mucho tiempo no todos los poderes públicos dimanaban del pueblo, pues aunque el Poder Judicial era un poder público este no emanaba del voto de la gente, sino de la voluntad del presidente, de los partidos e incluso de empresas como TV Azteca y Televisa. Con la Reforma se le da vida a lo que establece el artículo 39, y ahora el pueblo votará por todos los poderes de la Federación: Presidencia, diputados, senadores y por primera vez en la historia del mundo Jueces, Magistrados y Ministros del Poder Judicial.

División de poderes y Estructura del Poder Judicial

Ahora bien, nuestra República está regida por un principio de división de poderes. Cada poder cumple una función distinta y no deben legalmente entrometerse en la función de los otros poderes, aunque de acuerdo con la historia social y legal de nuestro país, nuestro régimen es presidencialista, es decir, el Presidente tiene mayores atribuciones y peso legal que los otros dos poderes.

Los poderes de la federación son tres: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial.

El poder Ejecutivo está encabezado por la Presidenta de la República (también hay ejecutivos estatales y municipales con competencias sólo dentro de sus territorios), encargada como su nombre lo indica de «ejecutar», cumplir y hacer realidad lo que estipula el pueblo y la Constitución.

El Poder Legislativo está compuesto por dos cámaras: la cámara de diputados (500 diputados que se renuevan cada 3 años) y la cámara de Senadores (128 senadores que se renuevan cada 6 años). Además, hay diputados locales-estatales, pero no existen senadores locales. Su función es crear, reformar o adicionar las leyes contenidas en la Constitución y las leyes orgánicas que de ella emanan. Si un diputado promete obra pública o reducir la pobreza, falta a la verdad, pues esa no es su atribución.

Ahora bien, aquí viene la gran pregunta que a partir de esta elección mucha gente se realiza: ¿Qué hace el Poder Judicial y de cuántos órganos se conforma?

La estructura del Poder Judicial es como una pirámide, en donde las demandas y los amparos se resuelven de abajo para arriba. Además cuenta con otras instancias auxiliares que desempeñan roles diferentes. Desde la base de la pirámide, hasta la punta, el Poder Judicial se conforma por Juzgados de Distrito, Tribunales Colegiados de Circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A los Juzgados de Distrito se les conoce como órganos de primera instancia, ya que son los primeros en conocer sobre un asunto (sea demanda o amparo). Ellos escuchan a cada una de las partes, analizan las pruebas, los documentos y los testimonios de terceros, y al final, toman un veredicto. A ese veredicto o conclusión del asunto se le conoce como Sentencia.

Si el quejoso o la parte afectada no está de acuerdo con la sentencia puede impugnar a través de un recurso de apelación. Esa apelación se lleva a cabo ante una instancia superior al Juzgado de Distrito. Esa instancia superior se conoce como Tribunal Colegiado de Circuito.

Los Tribunales Colegiados de Circuito también son conocidos como órganos de Segunda Instancia, y tienen la función de conocer y en su caso corregir las sentencias emitidas por los Juzgados de Distrito. Su labor es muy importante porque ellos pueden revocar o echar atrás una sentencia a partir de un análisis de las pruebas como del proceso judicial. Al veredicto o conclusión que emiten los Tribunales Colegiados ya no se le conoce como Sentencia, sino como Resolución, es decir, resuelve sobre la decisión de una instancia inferior.

Los Tribunales Colegiados se les llama así porque se conforman de Tres (Tri-bunal) Magistrados, y son Colegiados porque entre ellos deliberan, discuten y debaten para emitir una resolución. Los Tribunales no podrían ser de números pares como 2 o 4, porque podría ocasionar un empate que frene o retrase la Resolución correspondiente.

Si por ejemplo, el afectado tampoco está de acuerdo con la resolución del Tribunal Colegiado, puede apelar ante una última instancia. El órgano de última instancia será la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de acuerdo con la nueva reforma su número de ministros pasará de 11 a 9, y su periodo de tiempo durará de 15 a 12 años en el cargo.

La Suprema Corte es la máxima instancia de Justicia en el país. Ella tiene la última palabra sobre algún asunto. De igual manera, conoce, examina y resuelve sobre las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito así como también de acuerdo con el caso sobre las sentencias de los Juzgados de Distrito.

En la Suprema Corte llegan a dirimirse controversias que llegan a afectar la vida de millones de personas, como lo fue el caso del Fobaproa, de la reforma Eléctrica, de delitos que transgreden normas federales por grupos de la delincuencia organizada, de abusos de autoridad, e incluso, determina sobre el dominio de la nación sobre los recursos naturales. De igual manera, atienden controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad; todo aquello que violenta la esencia de la ley. Por ejemplo, en 1968 el Presidente del PRI, Díaz Ordaz, mandó a asesinar a los estudiantes de la UNAM y del IPN cuando se encontraban en Tlatelolco. De acuerdo con la Constitución, no existe ni la pena de muerte ni los juicios sumarios. Por tanto, el Presidente actuaba fuera de la Constitución y el Poder Judicial tuvo que haber protestado ante una ejecución que vulneró el derecho a la vida y a la protesta de los estudiantes.

En esta estructura, tanto los Juzgados de Distrito como los Tribunales Colegiados y la Suprema Corte se especializan por materias ante los distintos tipos de juicios que existen: en materia penal, laboral, administrativo, civil, entre otros.

Materia penal: Todo lo relacionado en materia de delitos, penas, castigos, sanciones. De los jueces de Distrito depende la libertad condicional o la prisión preventiva sobre algún presunto agresor.

Materia civil: Resuelve asuntos entre particulares, especialmente aquellos como matrimonios, divorcios, contratos, herencias, potestad de los hijos, sucesiones testamentarias, disputa por los bienes muebles e inmuebles, etcétera.

Materia laboral: Controversias entre el patrón y los trabajadores, particularmente por asuntos como el contrato colectivo, salarios, prestaciones, condiciones laborales, jubilación, reparto de utilidades, despido injustificado. Basta decir que son estos casos en donde el dinero termina por favorecer en la mayoría de los juicios al patrón ante la desventaja económica del obrero.

Materia administrativa: Controversias entre la autoridad y un particular, concretamente cuando se considera por parte del quejoso que la autoridad ha vulnerado sus derechos humanos.

Aunque pareciera que es cansado y engorroso votar por jueces y magistrados, la realidad es que su importancia en el Poder judicial es estratégica para la vida cotidiana de las personas como nosotros, pues como ya se ha dicho, los jueces en materia penal determinan si el detenido es liberado inmediatamente o encarcelado. De nada sirve el esfuerzo de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum por detener a los delincuentes a través de la Policía y la Guardia Nacional si cuando se presentan ante los jueces son inmediatamente liberados, creando en la comunidad un sentimiento de miedo e impotencia. Por tanto, la elección del Poder judicial nos permitirá contribuir al éxito de la nueva estrategia de seguridad después de que los gobiernos del PRI y el PAN dejaran al país en niveles críticos de violencia, impunidad e inseguridad.

En el sistema jurídico también se presentan controversias de carácter electoral, promovidas principalmente por candidatos o partidos políticos en un escenario electoral.

Las instancias encargadas de resolver controversias en material Electoral son los Tribunales Electorales del Poder Judicial de la Federación. Para resolver controversias e impugnaciones en todo el país, estos Tribunales se dividen en dos tipos de Salas: la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Para facilitar las resoluciones en materia electoral, el Tribunal Electoral cuenta con cinco salas o sedes en el país. Cada sala se compone de 3 magistrados y se encuentran ubicadas de acuerdo con la circunscripción electoral. Las sedes se localizan en Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Ciudad de México y Toluca. El día de la elección nosotros votaremos por la Sala Regional de Toluca que se encarga de analizar y validar las elecciones de acuerdo con el conteo de votos en cuatro Estados: Michoacán, Querétaro, Colima y el Estado de México.

Por ejemplo, en 2017 el PRI hizo fraude con Alfredo del Mazo en contra de Delfina Gómez utilizando tarjetas rosas a cambio del voto de la gente y contando con la complicidad del Instituto Electoral del Estado de México. La sala regional de Toluca pudo haber revertido el fraude, sin embargo, no lo hizo porque la mayor parte de sus miembros estaban alineados con el gobierno del PRI en turno.

Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se encarga de validar o anular las elecciones a nivel nacional. En procesos electorales anteriores, de esta instancia dependía echar atrás el fraude de Felipe Calderón con el 0.56% en la diferencia de votos, y el fraude de Enrique Peña Nieto cuando desplegó ilegalmente toda una campaña de compra del voto a través de las tarjetas Monex. De igual manera, en el último proceso electoral este órgano se comportó a la altura de las circunstancias respetando la mayoría que Morena y sus aliados habían conseguido en la cámara de diputados y senadores impugnado por una oposición que quería evitar la aprobación de la reforma judicial.

Por último, pero no menos importante lo es el Consejo de la Judicatura de la Federación, el que con la nueva reforma judicial se llamará Tribunal de Disciplina Judicial. Este tribunal tiene la función de vigilar el comportamiento, las cuentas, el patrimonio, posibles conflictos de interés, indisciplina laboral y sobretodo la legalidad de las sentencias y resoluciones que emitan los impartidores de justicia. La labor del Tribunal de Disciplina será muy importante, porque ellos tendrán a su cargo impedir que se archiven y se empolven los expedientes, obligando a todos los jueces a resolver los asuntos en forma pronta y expedita.

Cabe recordar que con el Poder Judicial anterior, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia era a su vez el Presidente del Consejo de la Judicatura, y el Consejo de la Judicatura era a su vez el que nombraba a todos los jueces y magistrados, por lo que a la hora de evaluar la disciplina del Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura les ponía 10 y una estrellita en la frente a todos los impartidores de justicia. Además, de acuerdo con el reporte interno del Consejo, más del 50% de los trabajadores lograron acceder al poder judicial gracias al amiguismo, al nepotismo y al influyentismo, por lo que ante denuncias de maltrato, acoso laboral y abuso sexual el Consejo de la Judicatura cerraba los ojos ante las injusticias internas. Por tanto, con la nueva reforma habrá un auténtico órgano de disciplina que ahora sí vigilará y en su caso, castigará la actuación de todos los miembros del Poder Judicial.

Como se puede apreciar, toda la estructura del Poder Judicial está íntimamente conectada entre sí. De ahí que el próximo 1 de Junio nosotros como ciudadanos recibamos al menos 6 boletas para elegir a jueces, magistrados y ministros a nivel Federal.

Por último, así como en los Estados tenemos también un ejecutivo estatal conocido como Gobernador, y legisladores locales, conocidos como Diputados locales, también existe un Poder Judicial local conformado por jueces locales, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, y también Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México. En ese sentido, el día de la elección recibiremos 6 boletas del Poder Judicial Federal, y 4 boletas más para elegir al Poder Judicial en el Estado de México. Por tanto, recibiremos en total 10 boletas, cada una con un color y tamaño diferente.

¿Cómo votar?

Ahora bien, una vez que ya sabemos para qué sirve cada órgano del Poder Judicial, la gran pregunta qué todos nos hacemos es ¿Cómo votar?

Gran parte de la incertidumbre en este proceso electoral emanaba de que la mayor parte de los mexicanos desconocíamos y seguiremos desconociendo la estructura del Poder Judicial. De ahí la razón de incluir en el presente texto una sistesis de sus funciones. Pero además de lo anterior, la gran duda recae en el desconocimiento sobre cuántos cargos se van a elegir y por quién vamos a votar.

En el plano ideal, se esperaría que la mayor parte de los ciudadanos conociera el número de cargos a elegir para la Suprema Corte, para el Tribunal Electoral, para el Tribunal de Disciplina, para los Tribunales Colegiados y para los Juzgados de Distrito. Si ya de por si el nombre de cada instancia es complicado de memorizar, mucho menos el número de cargos a elegir y el número de candidatos que están en la boleta. Por ejemplo, en el caso de la Suprema Corte se eligen 9 ministros de 84 candidatos, para la Sala Superior del Tribunal Electoral se deben elegir a 2 magistrados de 18, para la sala regional 3 de 30 y así vamos acumulando números. Lo ideal es que todo eso se conociera, pero por ahora no será el caso. Por tanto, nuestra principal referencia serán los cuadros vacíos que vienen encima de los recuadros de los candidatos divididos por Género. Por ejemplo: si en la boleta para elegir a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la nación hay 9 cuadros, eso significa que debo de elegir a 9 de los 84 candidatos de la boleta para conformar a los 9 ministros de la Suprema Corte. Por el tema de la paridad de género, del lado izquierdo de la misma boleta debo de elegir a 5 candidatas mujeres y del lado derecho a 4 candidatos hombres. 5 candidatas más 4 candidatos dan la suma de los 9 candidatos requeridos para conformar a la Suprema Corte.

Cabe recordar que en esta elección el voto se escribe en el cuadro de la parte superior con el número de cada candidato. Todos los candidatos tienen un número. Ese número es como el partido que tienen los candidatos como referencia cuando son elecciones para presidentes o legisladores. No olvidemos que en esta elección los partidos no participan ni intervienen en la contienda. Por tanto, cada juez, abogado o ministro tiene su número de referencia, aunque si se decide poner una palomita del lado del candidato, siempre y cuando coincidan con el número de cuadros de la boleta por cada género, el INE puede darlo por válido por el sentido claro y preciso del voto. De todos modos, para evitar problemas, se recomienda escribir el número claro y legible en el recuadro indicado.

Aparentemente, lo más complicado de la elección se podría encontrar en las boletas para Magistrados de Circuito y Juzgados de Distrito, así como también en las boletas para seleccionar al Poder Judicial del Estado, ya que además del número y de las iniciales del Poder que propuso al candidato, también encontraremos un color de lado del candidato con la materia en la que se especializa, ya sea penal, civil, administrativo y de Trabajo. No obstante, en estás boletas encontramos que los recuadros en donde se debe de poner el número también tienen como referencia el color que representa la especialidad de los candidatos. Por tanto, si en la boleta de los jueces de Distrito veo que uno de los cuadros superiores tiene el color naranja, tengo que escribir en ese cuadro a uno de los siete candidatos que tienen el color naranja y que representa su especialidad en materia administrativa; de igual manera, si el cuadro es amarillo, debo de poner el número de alguno de los candidatos que tienen el color amarillo, es decir, todo va color con color, aunque de acuerdo a las capacitaciones internas que se han hecho para los Observadores Electorales que estarán en las casillas, también está la opción de que si se desea votar por más de un juez de las diversas materias, lo puede hacer, aunque se tendría que sacrificar en el voto a un juez de otra especialidad. Por ejemplo: a pesar de que en la boleta amarilla de jueces de Distrito sólo hay un recuadro para elegir a un juez en materia penal, y a mí me interesa que existan más jueces en materia penal en los juzgados, puede escribir el número de otro candidato en materia penal en el recuadro de otro color. No se pueden elegir y escribir más números de los recuadros que existen en la boleta, porque eso dificulta interpretar la intención del voto, y pueden ser anulados todos los recuadros del mismo género, es decir, si en la boleta hay cinco recuadros y escribo seis o siete números, los votos se anulan al no poderse identificar el sentido del voto. O si por ejemplo, el ciudadano llena 4 de los 5 recuadros, esos cuatro votos sí son válidos, y el quinto recuadro no llenado se considera como «recuadro inutilizado». Por último, no se puede votar ni por más mujeres, ni por más hombres; pongamos el ejemplo de que llega una persona machista a la casilla y decide votar sólo por puros candidatos hombres. En este caso, se podrían anular los votos de los hombres en los recuadros de las mujeres, y sólo se pondrían como válidos aquellos votos registrados en el cuadro de los hombres. O bien, si por ejemplo el elector cometió el error de poner a un candidato en el recuadro de las mujeres, pero puso a la vez a una mujer en el recuadro de los hombres, no hay ningún problema siempre y cuando se haya respetado la paridad de género y el número de candidatos seleccionados que exige la boleta. Aunque son casos improbables, no está de más señalarlo.

Ahora bien, la pregunta que todo mundo nos hacemos: ¿Por quién debemos de votar en cada boleta? Para todo el país será muy complicado conocer y memorizar el nombre de cada uno de los candidatos. También será difícil analizar cada uno de los currículums de todos los jueces, magistrados y ministros, eso sin mencionar que cada uno de ellos va a echarse flores en la descripción de su carrera personal. Además, como se ha demostrado con las acciones de Lorenzo Córdova y Norma Piña, el tener doctorado no implica que se quite lo tarado. Por tanto, ¿Qué podemos hacer para votar correctamente el día de la elección?

En términos prácticos, nuestra referencia para saber por quién votar será el Poder que postuló a cada candidata o candidato y que viene marcado en la boleta con las iniciales PE, PL, PJ y EF.

PE significa Poder Ejecutivo

PL significa Poder Legislativo

PJ significa Poder Judicial

EF significa que el candidato aún se encuentra En Funciones.

Esa referencia se puede detectar fácilmente a un lado del nombre del candidato y a un lado del número que lo identifica en la boleta.

Si por ejemplo yo simpatizo con Claudia Sheinbaum y confío en ella, puedo votar por los candidatos del Poder Ejecutivo (PE) que ella representa. De igual manera, si yo simpatizo con Morena, puedo tener certeza de que los candidatos propuestos por el Poder Legislativo (PL) también representan un cambio. O bien, si yo no estoy de acuerdo con Morena y quiero que se mantenga la misma línea de corrupción, nepotismo y privilegios, puedo votar por los candidatos del Poder Judicial, muchos de ellos responsables de la liberación de delincuentes y del clima de impunidad que permanece en el país. Para el caso de los candidatos En Funciones, hay casos aislados que valen la pena darles la confianza, como son los casos de Loreta Ortiz y Lenia Batres, impulsoras desde la Corte de la Reforma Judicial, la reducción salarial y la austeridad como forma de gobierno. Caso contrario es el de Yasmín Esquivel, quién se opuso desde la Corte a cobrar los impuestos que el parásito de Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, Elektra y Banco Azteca, debe al pueblo de México por una suma de 64 mil millones de pesos.

Así como en una contienda regular, Morena representa el cambio y el PRIAN representa la corrupción y el saqueo, en la elección judicial los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo (PE) y el Poder Legislativo (PL) también representan el cambio, mientras que los candidatos del Poder Judicial representan la corrupción, los privilegios y los vicios del actual Poder Judicial.

En conclusión, en esta elección se determinará si el dinero de las élites económicas seguirá orientando la balanza a su favor, utilizando como Salinas Pliego a los ministros de la Suprema Corte como abogados particulares, o si el pueblo hará valer su poder y soberanía sobre el Poder Judicial para tener una justicia pronta, expedita, universal y al alcance de todos los mexicanos sin importar su condición económica y social.

¡Llegó la hora de separar al Poder Económico del Poder Judicial!