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Detrás de la violencia: La racionalidad económica de la represión policial en Perú 2023

 

Marcelo Armas Gonzales

@marcelovski_98

Desde que iniciaron las manifestaciones en distintas regiones se han dado 60 asesinatos de civiles causados por la represión policial, entre estas muertes lamentablemente las de menores de edad.[1] Ante esta masacre, la deplorable respuesta del gobierno de Dina Boluarte ha sido el decreto de inmovilizaciones obligatorias (Estados de emergencia) en las zonas de conflicto para así dar carta libre a mayor represión policial y del ejército.

En ese sentido, pareciera que el gobierno considera que los únicos mecanismos para aferrarse al poder serán desplegar todo el expertise de elementos legales y las fuerzas policiales para reducir las movilizaciones a punta de perdigones y lacrimógenas. Sin embargo, las últimas declaraciones de miembros del gabinete dejan la impresión que existe otra lógica de utilizar la violencia y represión de las fuerzas policiales.

Durante pedido de confianza del gabinete del Presidente de Consejo de Ministro Alberto Otárola[2], el mensaje del ministro de Economía y Finanzas en el pleno del congreso señalaba que la razón de usar la coerción es que la conflictividad estaba generando “una pérdida de 1, 300 millones de soles, además del costo social”, esto último refiriéndose a las pérdidas de vidas humanas. Aquí lo impactante no es solo la nula insensibilidad del ministro con los muertos y las familias de ellos, sino la seguridad con que se justifica la coerción bajo la idea de que las vidas humanas son equiparables a un costo económico.

Por ello, en está reflexión de coyuntura actual, planteó indagar un poco más sobre cuál es la “racionalidad”[3] detrás de la represión policial institucionalizada en el Perú. Sin dejar de exponer la situación de violencia en el Perú causada por el gobierno cívico-militar de Dina Boluarte, se busca hacer un ejercicio de análisis-teórico sobre la policía peruana como institución.

La coerción policial en lógicas de mercado

Si bien la reacción inmediata de los juristas sostendría que es válida la respuesta de la policía y el ejército en este conflicto porque las normas actuales garantizan que las fuerzas del orden tienen el uso legítimo de la violencia por parte del Estado y, por ende, no rompe el orden constitucional; lo cierto es que puede existir formas autoritarias de coerción policial en regímenes democráticos. Lo cual socava las relaciones existentes entre la ciudadanía y las instituciones estatales.

Justamente, en el libro Authoritarian Police in Democracy: Contested Security in Latin America de la politóloga Yanilda González (2021) enfatiza que existen formas de policía autoritaria que perduran a pesar de que hayan pasado décadas desde la transición democrática, especialmente en latinoamérica por sus particularidades macroeconómicas y de formación de instituciones políticas.

Como no es un rasgo único de los regímenes autoritarios, las ‘policías autoritarias’ en democracia buscan defender los intereses de los dirigentes políticos y mantener el orden constitucional de los poderes del Estado, mas no esencialmente proteger los derechos humanos y respetar la soberanía quién da legitimidad al Estado.

Esto se debe a dos factores clave: (1) Primero, la poca o inexistencia de un sistema de rendición de cuentas. Incluyendo, los controles mediáticos como la prensa escrita y canales de televisión. (2) El segundo factor, los contextos donde la seguridad y la protección están condicionadas por jerarquías sociales, étnicas y económicas, donde en una sociedad desigual las clases altas y medias son priorizadas en seguridad ciudadana y no se ven perjudicadas con el sistema político.

En ese sentido, el argumento que el orden constitucional del Estado garantiza a la policía de ejercer violencia política por el resguardo de la población, en realidad, relaciona inversamente los incentivos y los objetivos. Ya que el objetivo sería el propio mantenimiento del orden constitucional de los poderes del Estado, el cual las fuerzas policiales autoritarias defienden para así no comprometer las exigencias de los sectores políticos que se benefician y alimentan al sistema. Ya que pueden recibir bonificaciones o recursos a la institución policial[4]. Por otro lado, la policía tiene la seguridad de que los débiles controles de rendición de cuentas por parte de los medios de comunicación no van a darles mayores costos políticos (perder su imagen como institución) y económicos (gastar recursos para defensa ante procesos judiciales).

En ese sentido, la policía peruana como institución tiene un papel importante en la perpetuación del orden político y económico del sistema: privar sociopolíticamente la acción colectiva de grupos o movimientos sociales que confrontan el sistema peruano. Esto se debe a que grandes cambios societales en los años 80 y 90 como el Conflicto Armado Interno, el régimen autoritario cívico-militar de Fujimori y la desarticulación de organizaciones populares consolidaron la institución de la policía de hoy en día. Por ello, actualmente, vemos hechos como la represión intensiva en regiones, la normalización del terruqueo[5] a ciudadanos fuera de la capital, allanamiento de locales de partidos de izquierda y organizaciones sociales, arrestos arbitrarios, y detenciones a estudiantes y manifestantes que se encontraban en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Cabe señalar que no es únicamente el caso peruano el que grandes cambios sociales llevaron a la formación de su institución policial. Los casos mostrados por González (2021) ilustran que diversos países de América Latina pasaron por lo mismo: como la presión de los militares para impedir reformas estructurales a la Policía militarizada en la transición democrática brasileña, el estancamiento de las reformas institucionales de la Policía en la ciudad de Buenos Aires en el gobierno de Eduardo Duhalde (1991-1997), y el recrudecimiento del conflicto entre el Estado y los carteles de droga en Colombia en los 80.

A modo de conclusión

La presente reflexión pretende abordar la crisis vigente con las herramientas y conocimientos que se tienen en las ciencias sociales. De esta manera, quiero resaltar el propósito de los cientistas políticos en construir una mejor forma de Estado y el pleno desarrollo democrático, a través de la problematización de los obstáculos y rasgos autoritarios vigentes en nuestras instituciones.

Tras este ejercicio reflexivo se puede señalar que la coerción estatal no puede justificarse según lo que señala la base legal-constitucional, ya que la principal razón del Estado es salvaguardar los derechos humanos, cívicos y políticos de sus ciudadanos. Lamentablemente, las graves vulneraciones hacen notar que instituciones políticas consideran que son las normas las que hacen al Perú un Estado y no su ciudadanía.

Cabe añadir que para algunas personas será posible no etiquetar a toda una institución como autoritaria, ya que no todos sus miembros actúan de manera violenta o no se identifican como represores. Sin embargo, es necesario resaltar que no se trata de un colectivo con distintos sujetos con diferentes objetivos y métodos, se trata de una institución estatal que tiene responsabilidad política en conjunto de sus acciones, forma a sus miembros, y no está aislada de las decisiones gubernamentales. Otra cuestión distinta y que se debe diferenciar es la responsabilidad de los crímenes directos los cuales requieren una exhaustiva investigación judicial o penal, pero eso está fuera del ejercicio propuesto desde un inicio.

Por último, el rasgo autoritario que tiene la institución policial se mantiene también por el poco control mediático por parte de medios nacionales, los cuales permanecen en mutismo ante graves violaciones de derechos humanos. Para finalizar, es coherente a estas alturas decir que nuestro régimen ha sido capturado por un grupo político cívico-militar que aplica estrategias legales de represión activando a una institución con rasgos autoritarios. Asimismo, es un gobierno que disfruta el silencio de los medios. Todo ello pone en manifiesto los marcados legados autoritarios en nuestra institucionalidad. Lamentablemente, la violencia sigue y quiebra más los pocos lazos de confianza entre la ciudadanía y el Estado.

Bibliografía

González, Y. (2021). Authoritarian Police in Democracy: Contested Security in Latin America. Cambridge University Press.

[1] Hasta la fecha 21/01/2023 (La Vanguardia, 2023).

https://www.lavanguardia.com/internacional/20230121/8699215/aumentan-60-numero-fallecidos-peru-inicio-protestas-gobierno.html

[2] El voto de confianza es un mecanismo constitucional, similar a la investidura de un gabinete ministerial. En el caso peruano, los Presidentes de Consejo de Ministros (PCM) lo piden obligatoriamente a 30 días de haber asumido el cargo. 

[3] Entiéndase racionalidad en términos económicos como ‘eficiencia’. En términos más amplios, serían el cálculo de un actor (individual o colectivo) para medir las ventajas y desventajas de sus decisiones.

[4] En medio del Estado de Emergencia en distintas zonas del país se transfirieron 22.5 millones de soles para pagos de bonos a policías que desempeñen funciones en situación de alto riesgo, en otras palabras, el  mismo Estado de emergencia (El Peruano, 2023). https://www.elperuano.pe/noticia/199031-transfieren-s-225-millones-para-pago-de-bonos-a-policias-que-laboran-en-zonas-de-emergencia

[5] Expresión que se refiere a la campaña para calificar negativamente a personas antifujimoristas o de izquierda política. Es una forma también de estigmatizar racialmente y quitarle validez a acciones como protestas, paros, movilizaciones, piquetes, entre otras.