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Crisis y reingeniería constitucional en Colombia

Damián Pachón Soto.

Universidad Industrial de Santander, Colombia. 

En las actuales condiciones del país, que reflejan una crisis hegemónica no sólo del discurso uribista, sino de la narrativa liberal y neoliberal, por su incapacidad para dar respuesta a las necesidades básicas y a la reproducción de la vida de amplios sectores de la población colombiana, donde el 42.5% ha caído en la pobreza, es decir, cerca de 21 millones de personas; donde los jóvenes perciben un futuro mutilado en el que solo encajaran como desechables del orden social, un país en el cual el porvenir se ha empañado para la mayoría, es necesario pensar en distintas salidas, en posibilidades que logren darle forma a un mejor mañana.

En este sentido, la política, las ideas, las propuestas presentes en el espacio social, variadas, expuestas desde distintos puntos de vista, por distintos sectores con múltiples intereses, tienen que tomar cauce. Y es ahí cuando aparece necesario un acuerdo nacional, un acuerdo real, el que, sin embargo, se ve dificultado no sólo por las distintas lecturas de la realidad y los intereses, sino por los mecanismos institucionales disponibles para materializar ese acuerdo. Es decir, entran en tensión la política y el derecho. Es claro que el conflicto político recoge el sentir social, sus ideas, sus proyectos, y que la política como tal moviliza el derecho, lo fuerza a correr sus barreras para que dé cabida a las nuevas realidades y a las nuevas demandas sociales, pero también es cierto que el derecho preserva la legalidad y le pone diques a la política para mantener la institucionalidad. La política dinamiza y el derecho, por lo general, preserva. Es la clásica tensión entre lo constituyente y lo constituido, entre la potentia y la potestas para decirlo con Enrique Dussel.

Pero ¿qué ocurre cuando adviene una crisis social y las sociedades avanzan hacia la anomia?, ¿qué pasa cuando se corroen los fundamentos sobre los que descansa tal orden y los valores, las normas, la organización social no responden a las necesidades de supervivencia de la población? En esos momentos se requiere una reconfiguración de ese orden social. No hay otra salida. Se requieren transformaciones sociales, económicas y políticas sustantivas, de fondo, para encausar la vida social y así cumplir con la función de perpetuar, desarrollar y potenciar la vida que tiene toda asociación política.

En este contexto, en Colombia se requiere tomar en serio la constitución de 1991, su origen múltiple, diverso, su inclusión y reconocimiento de las desigualdades históricas, su utopía inconclusa de materializar una igualdad solidaria y justa. Se hace necesaria una política que supere la distancia esquizofrénica, como dice el filósofo Adolfo Chaparro, entre el papel y la realidad, entre la carta y su amplio catálogo de derechos y las vidas cotidianas de las personas. Es necesario eliminar esa brecha. De ahí que ninguno de lo gobiernos anteriores, haya cumplido realmente con el pacto de 1991. Por otro lado, ese espíritu de la constitución, esa demanda de realizar y materializar el Estado social de derecho, se actualizó con el Acuerdo de La Habana, con el proceso de paz de Juan Manuel Santos. Sin embargo, y esto está en la base de la crisis, el gobierno actual de Iván Duque se ha dedicado a escamotear ese acuerdo. Duró un año objetando la ley de Justicia y paz, le ha incumplido a los desmovilizados lo cual en su momento estimuló las disidencias de las FARC, no ha realizado la sustitución de cultivos para los campesinos y no sacó adelante la Reforma Rural Integral.

Para completar, el Estado fue incapaz de hacer presencia institucional en los territorios dejados por las FARC, lo cual convirtió esos territorios en campos de batalla, que genera muerte y desplazamiento forzado. Así, el gobierno Duque logró regresar el país a la guerra, al conflicto, acabando con esa tenue paz que se vivió durante el gobierno de Santos en el periodo 2012-2017. El resultado: un Estado fallido que ha fracasado en varios frentes: la incapacidad de ejercer la soberanía territorial, de sacar adelante las reformas sociales y políticas necesarias para materializar el Acuerdo.   

 Este fracaso no se entiende sin el papel nefasto que ha jugado la clase política colombiana. En Colombia, como se sabe, el bipartidismo gobernó por más de 100 años. Cuando aparecía una fuerza alternativa, esa disidencia política o era absorbida o asesinada. Siempre que los dos partidos vieron amenazados sus privilegios pactaron entre sí para excluir a las fuerzas alternativas. El ejemplo clásico de este pactismo anti-alternativas fue el Frente Nacional donde liberales y conservadores se repartieron con paridad burocrática el poder en Colombia, excluyendo a los demás sectores. Ese Frente fue el responsable, en parte, del surgimiento de las guerrillas en Colombia: las FARC en 1964 y el ELN en 1965. También del EPL y el M-19.  Pero las fuerzas políticas actuales funcionan de manera similar, con la misma lógica pactista que les permite conservar todos sus privilegios. A pesar de la ampliación democrática de 1991, los sectores de la política tradicional ahora se agrupan en carteles electorales, que se convierten fácilmente en partidos de gobierno, apoyando al ejecutivo de turno a cambio de múltiples prebendas, puestos y contratos. No hay que equivocarse: en Colombia los mismos partidos que ayudaron a elegir a Iván Duque, para evitar el ascenso de un posible gobierno de izquierda como el de Gustavo Petro, son los mismos que ayudaron al ejecutivo uribista a tomarse el Estado de Derecho. Hoy en Colombia no hay garantías, pues la fiscalía, la procuraduría, la contraloría, la defensoría, la registraduría, está tomada por la derecha uribista. Los partidos de gobierno que hoy critican y abandonan a Duque, son los mismos que le ayudaron a quebrar la institucionalidad, con excepción, por su puesto, de la oposición política, acorralada y reducida.

Esa clase política y el gobierno Duque no apoyaron la consulta anticorrupción que recibió apoyo de 11.5 millones de colombianos en las urnas. Duque y sus amigos, le hicieron conejo a la voluntad del pueblo. Dentro de los puntos de esa reforma anticorrupción, se encontraba la reducción del salario de los congresistas, el cual hoy es 33 veces más alto que el salario mínimo nacional, que ronda los 300 dólares al mes.  Por eso, para la gente es claro que parte del problema en Colombia está en el congreso, compuesto, en sus mayorías, por los mismos de siempre, pues como dice un famoso periodista colombiano: en este país la política es como un club familiar. Sí, un club que lo gobierna autoritariamente como a una finca y que concibe el país como un botín al que hay que saquear.

Ahora, la salida a la crisis consiste, a mi modesto parecer, en dos aspectos básicos: 1) el cumplimiento cabal del Acuerdo de Paz y, 2) una necesaria reingeniería constitucional para salvaguardar el Estado de Derecho y así frenar la dictadura en curso. Esa dictadura ya hace presencia en las calles y se encarna en el asesinato de jóvenes, manifestantes y sectores étnicos. Es la dictadura que ha dejado más de 30 muertos, cientos de desaparecidos, y que ha infiltrado la protesta social con técnicas paramilitares de ataque, donde, desde camionetas de alta gama, se dispara contra la inerme población.

Ahora, el cumplimiento del acuerdo de paz implica reformas sociales y políticas estructurales, como la Reforma Rural integral y la Reforma Política incluyente que dé cabida a distintos sectores sociales y visiones de mundo. El modelo económico no se tocó en ese acuerdo, por eso se requieren, también, políticas que desmercantilicen la vida, por ejemplo, el derecho a la salud y la educación. Así mismo, se hace urgente una política económica y ambiental que supere el modelo extractivista y el envenenamiento de los campos con la fumigación con glifosato. 

En cuanto a la reingeniería constitucional el mecanismo menos lesivo es el referendo constitucional aprobatorio y derogatorio. El referendo es un mecanismo de participación ciudadana, pero también es un instrumento para la reforma de la carta política. Puede ser presentado por el 5% del censo electoral o por el gobierno, de tal manera que puede tener un amplio apoyo popular, si bien puede demorar debido a la recolección de firmas. Luego, debe ser tramitado en el congreso donde se redactarán las preguntas que el pueblo debe contestar un Sí o No. Requiere dos legislaturas, y tiene control constitucional. Para el caso colombiano, es posible un referendo, apoyado por la actual movilización social, que sea, a la vez, derogatorio y aprobatorio. Es decir, que permita excluir e incluir ciertas normas jurídicas de la carta y así reformar ciertas instituciones.

Sin entrar en detalles técnicos, se hace necesario reducir el número de congresistas, pues estos suman más de 270 en la actualidad, y le cuestan miles de millones al Estado. Esa reducción debe garantizar, de todas formas, la suficiente representatividad ideológica del país. Se puede avanzar, también, hacia un parlamento unicameral. En segundo lugar, es necesario reducir los poderes presidenciales en Colombia, pues el ejecutivo no solo es jefe de gobierno, de Estado, jefe máximo de las fuerzas militares, sino que tiene un gran poder nominativo en ministerios, superintendencias, Departamentos Administrativos, y puestos diplomáticos. Es ese poder el que le permite repartir la torta burocrática y así cooptar los partidos políticos. Es necesario, por ejemplo, que no sea el presidente el que terne al fiscal general de la nación, pues éste termina convirtiéndose en el perseguidor y acusador de la oposición política, a la vez que precluye las investigaciones contra los miembros del gobierno y sus partidos de apoyo. También es necesario limitar algunas de las facultades en materia económica del presidente, por ejemplo, la determinación del salario mínimo. Ese monto lo pueden fijar comisiones económicas técnicas cuya composición debe pensarse.

Para salvaguardar el Estado de derecho y el equilibrio de poderes, se requiere que, en la elección de los órganos de control, procuraduría y contraloría, no intervenga el congreso. Así, estos funcionarios podrán investigar libremente a senadores y representantes a la cámara, así como a miembros del ejecutivo (gobernadores y alcaldes) que violen la función pública o malversen los fondos del Estado. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo debe ser un órgano que vele efectivamente por la protección de los derechos de los ciudadanos, de manera independiente del gobierno.

Estas son tan solo algunas ideas que pueden ayudar a reconfigurar un nuevo orden político en el país, sin caer en el fetichismo normativo que ha caracterizado al sistema político colombiano. Con todo, más allá de las fórmulas, solo será el pueblo vigilante, en ejercicio auténtico de su soberanía popular, el que se puede convertir en un garante efectivo de la transformación social que demanda.

Bogotá, mayo 10 de 2021.

 

 

 

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