Alejandro Donaire-Palma

Mercenarix pre-cog

Flores para tu tumba

Hace cinco años, la frase ‘Chile será la tumba del neoliberalismo’ se podía leer en pancartas y rayados callejeros durante el explosivo florecimiento de la primavera de 2019 en la región pacífico-andina del Cono Sur de América. Los punks psicodélicos educados a palos en la tradición de los oprimidos repasan sus cuadernillos amarillentos manchados de vino mientras miran con desconfianza a los transeúntes agitando sus banderitas de colores como si hubiésemos ganado algo.

Sin embargo, quizás a un mes del levantamiento esto parecía algo posible en el escenario político abierto tras el 15 de noviembre de 2019 con la presentación del ‘Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución’, firmado por la mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria en ese momento –a excepción del Partido Comunista y una parte del Frente Amplio–,en el que se propuso un plebiscito para redactar una nueva Constitución a través de una Convención con representación democrática como respuesta institucional al ‘estallido social’ de octubre [i].

A través del ‘Acuerdo’ se establece una definición estratégica del movimiento en las calles, asociando la heterogeneidad de demandas y reivindicaciones que convergieron en octubre a un problema de legitimidad del régimen implementado en Chile a través de la Constitución de 1980, asumiendo que el malestar de las chilenas y chilenos puede resolverse con la redacción de una nueva Constitución, transparente y democrática, que borre la sombra histórica del terror dictatorial que pesa sobre ella. La Constitución se presentó como el gran límite histórico de aquello contra lo cual muchas chilenas y chilenos se levantaron.

Consignas como ‘No son 30 pesos, son 30 años’ ponen en el centro del problema al régimen político, económico e ideológico impuesto durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, y consolidada durante 30 años de gobiernos democráticos pos-dictatoriales. Esto era evidente en aquellas demandas vinculadas al endeudamiento y la precarización de la vida de los chilenos, tales como el fin a la deuda por el crédito universitario contraído con la banca privada –‘No + CAE’–, el cambio del sistema de pensiones de rentabilización individual capturado por el capital financiero – ‘No + AFP’–, o luchas contra la privatización del agua – ‘NO ES SEQUÍA, ES SAQUEO. Estas demandas convergen con reivindicaciones socio-territoriales, culturales e identitarias, tales como las levantadas desde el pueblo mapuche y las organizaciones feministas.

Las expectativas construidas en torno al proceso abierto hicieron que la opción a favor de una nueva Constitución lograra el 78,18% de los votos en el referéndum del 25 de octubre de 2020, en lo que hasta ese momento había sido la mayor votación de la historia de Chile en términos participación[ii]. Esto, incluso a pesar de ser pospuesto desde abril debido a la contingencia por la crisis pandémica global de COVID-19.

La Convención encargada de redactar la propuesta constitucional elegida en mayo de 2021 se caracterizó por la alta presencia de ‘independientes’ sin vínculos con los partidos políticos tradicionales. El United Nations Development Programme – PNUD, por su sigla en español– celebró esto como un triunfo de la inclusión, haciendo hincapié la integración de grupos sociales e intereses históricamente marginados[iii]. #CHILEWOKEUP, sure.

La posibilidad de una nueva constitución not-neoliberal parecía una certeza histórica, que mediados de 2021 sirve para convocar masas por parte del ex dirigente estudiantil y entonces diputado Gabriel Boric al momento de ganar las elecciones primarias del bloque de izquierda Apruebo Dignidad en julio de 2021, cuando  declara que “si Chile fue la cuna de neoliberalismo también será su tumba”[iv], estableciendo continuidad entre la primavera chilena y su candidatura presidencial.

Sin embargo, tras un año de discusiones y elaboración de la propuesta constitucional, en el plebiscito de salida de 4 de septiembre de 2022 el documento presentado por la Convención fue rechazado por un 61,86% de los electores[v]. Se creó un ambiente de desconfianza e incertidumbre tanto en torno al contenido de la propuesta, favorecido tanto por campañas de fake new en que se enfatizaba su carácter ‘radical’ y ‘refundacional’[vi], como por el desarrollo mismo del proceso.

Casos de alto impacto mediático como el fraude del constituyente Rodrigo ‘Pelao’ Vade, que habría mentido sobre su condición de salud tras convertirse en un símbolo de las protestas representando a un enfermo de cáncer – protestando con el torso desnudo, sin cejas ni pelo en su rostro y cabeza, e incluso a veces con un catéter a la vista–, debilitaron la legitimidad de la Convención incluso entre algunos de sus partidarios[vii].

Tras esta derrota del movimiento de octubre de 2019, del cual el gobierno de Gabriel Boric se atribuyó la representación de sus intereses, en diciembre de 2022 se propuso un segundo proceso llevado a cabo por tres órganos: un Consejo Constitucional compuesto tanto por representantes elegidos por votación popular, un Comité Técnico de Admisibilidad, y Comisión de expertos designada por el Congreso. Con esto se buscó evitar el carácter ‘ideológicamente sesgado’ y ‘polarizador’ del primer proceso, a pesar de que en esta ocasión la inclinación de la instancia sería hacia la ultra-derecha populista, quizás como reacción al anterior proceso[viii].

Esto se expresó en una transición desde las agendas redistributivas y de inclusión política que caracterizaron las demandas de la primavera chilena, hacia un énfasis en temas de seguridad, en parte favorecido por la incertidumbre que generó el propio ‘estallido social’ y la contracción económica postpandemia. Frente a esto, las demandas de cambio institucional pasaron a segundo plano[ix]. Aun así, esta segunda propuesta constitucional fue rechazada en el plebiscito de diciembre de 2023, tras lo cual el gobierno de Boric, que otrora definiera su horizonte programático en función del proceso constitucional, declaraba que éste se daba por cerrado.

¿Por qué no pasó antes?

El devenir del proceso abierto tras el Acuerdo del 15 de noviembre se debe entender en un marco histórico más amplio. Ya en 2011, en el peak del ciclo de protestas por la educación que inició en Chile en 2006 con el movimiento ‘pingüino’, el sociólogo y figura mediática Alberto Mayol planteó en la reunión anual de empresarios (ENADE) que ‘el modelo’ instalado durante la dictadura cívico-militar, orientado por la economía de Mercado en torno a una matriz exportadora de materias primas, con fuerte predominio del capital financiero y una alta concentración del poder económico y político, había entrado en una crisis de legitimidad y se estaba derrumbando[x]. Otros, como el respetado historiador Gabriel Salazar, identificaban en las movilizaciones de estudiantes una “coyuntura pre revolucionaria”[xi]. Entonces, ¿por qué el ‘estallido social’ no ocurrió sino hasta 2019?

Los citados ‘treinta años’ identifican las tres décadas de democracia postdictatorial en que se consolidó el ‘modelo’ impuesto a través del terrorismo de Estado por la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet. A mediados de la década de 1990, Tomás Moulian planteaba que esta consolidación se estaba logrando a través de la construcción de un ‘consenso’ que operó como dispositivo encargado de conjurar el conflicto social latente, trazado desde la institucionalidad como una polarización ideológica ligada al recuerdo del proceso histórico que  antecedió al Golpe de Estado de 1973[xii]. En palabras de la teórica cultural Nelly Richard, la aceptación del régimen impuesto actuó como garantía normativa destinada a sujetar los desarreglos de lo social, “forzando la unanimidad de las conductas en torno a las consignas oficiales de la moderación y el consenso”[xiii].

Durante tres décadas la amenaza del regreso al ‘terror dictatorial’ sirvió para contener las demandas sociales de los sectores menos favorecidos por la restructuración de la matriz económica y social del país durante los años de consolidación de ‘el modelo’. En un sentido próximo a lo planteado a inicios del siglo XX por el sociólogo Max Weber, Tomás Moulian proponía a mediados de la década de 1990 que la democracia chilena operaba como una ‘jaula de hierro’ constituida tanto por las leyes políticas de rango constitucional elaboradas entre 1977 y 1989, como por el sistema de partidos que se fue conformando desde 1983, y cuyo objetivo es preservar la institucionalidad instalada durante la dictadura “de los avatares e incertidumbres de la democracia”[xiv].

En diferentes discursos oficiales del régimen de Pinochet, tales como la Declaración de Principios del Gobierno de Chile (1974), el Discurso de Chacarillas (1977) y la clase magistral dada por el dictador en la Universidad de Chile en 1979 titulada Visión Futura de Chile, la dictadura cívico-militar construye la idea de una ‘democracia protegida’. Esta consiste en una institucionalidad gubernamental presidencialista de carácter autoritaria consolidada a través de la Constitución de 1980, que busca diferenciarse de la democracia representativa anterior a la dictadura estableciendo mecanismos que neutralizan la acción política y la participación ciudadana con el propósito de establecer una continuidad ‘por encima’ de las divergencias político-partidarias, a las que la dictadura atribuye la crisis política y económica que llevó al Golpe de Estado de 1973[xv]. (sic) elevado al cubo.

Entre 2005 y 2015, se llevaron a cabo varias reformas constitucionales que eliminaba algunos de estos mecanismos, tales como los senadores designados y la reforma al sistema electoral. Si bien esto ayudó a debilitar los candados de la ‘jaula de hierro’, favoreciendo el proceso histórico que desembocó en ‘el derrumbe del modelo’, este proceso no se podría entender sin irrupción de actores sociales que se habían mantenido contenidos bajo la amenaza del terror represivo inscrito en la democracia protegida, tales como la generación de estudiantes que se movilizó por la educación pública en Chile durante las primeras décadas del siglo XXI, y el resurgimiento a finales de la década de 1990 del conflicto histórico mapuche, que involucraba demandas por la recuperación tierras ancestrales y la resistencia activa contra proyectos extractivistas[xvi].

La convergencia de estas demandas sociales emergentes amplia el marco de acción definido por la política partidaria construida durante la transición postdictatorial, permitiendo iniciativas como la campaña comunicacional como ‘Marca tu voto’ de 2013, en que se instaba a los votantes a escribir en las papeletas de sufragio de la próxima elección presidencial las siglas AC por ‘Asamblea Constituyente’. La iniciativa logró alrededor del 8% de los votos marcados a nivel nacional y cerca de un 10,2% durante el balotaje de segunda vuelta[xvii].

El impacto social de esta campaña hizo que Michele Bachelet, quien resultaría electa presidenta, impulsara un ‘proceso constituyente’ basado en ‘encuentros locales autoconvocados’ que culminaron en la construcción de un borrador de propuesta constitucional presentado cinco días antes del término de su administración. Esta propuesta sería caracterizada como “pobremente redactada” y “elaborada de manera poco transparente”, ya que no alteraba ni los principios constitucionales, ni el catálogo de derechos, ni el diseño de las instituciones políticas de la constitución existente, deviniendo en un “resultado meramente testimonial” que sería desestimado por el presidente Piñera una vez asume el cargo[xviii]. Sin embargo, este relativo fracaso no logró aplacar el impulso social por un cambio al ‘modelo’ instalado por la dictadura, sino que hizo evidente la arbitrariedad del consenso postdictatorial.

Neo-Liberalismo

Quizás, el problema estratégico tras la ‘derrota’ del proceso de redacción de una nueva constitución en Chile fue quizás intentar abordar aquel ‘neoliberalismo’ al que cual se atribuyó el motivo de las demandas como si solo se tratara de un ‘modelo’, limitado a las coordenadas mínimas de carácter institucional definidas – por ejemplo–  a partir de recetas como el Consenso de Washington[xix], y no comprender su carácter dinámico como régimen de producción de subjetividad consolidado durante tres décadas de ‘democracia protegida’ postdictatorial en la vida cotidiana de quienes prefirieron votar por la certidumbre de la derrota.

Pero, ¿qué es el neoliberalismo? Desde la izquierda del Norte Global se ha tendido a limitar su comprensión a la paulatina disolución del Estado de Bienestar (Welfare) a partir de la década de 1970 frente a la declinante efectividad de los mecanismos de intervención del estatal, tales como el régimen salarial ‘fordista’ y la aplicación de políticas de tipo keynesianas en las regulaciones macroeconómicas de la sociedad, como resultado de la crisis del régimen de estabilización monetaria bajo la hegemonía del dólar estadounidense establecido tras el acuerdo de Bretton Woods de 1944[xx]. En los países industrializados del Norte Global esto se ha expresado afectando las políticas de pleno empleo y desincentivando la inversión del gasto público en seguridad social, fomentando la privatización y la desregulación de sectores económicos clave en pos de su apertura a los flujos de capitales globales, a través de la inversión extranjera directa y la eliminación de barreras arancelarias.

Sin embargo, no podemos olvidar que es precisamente en el Sur Global donde primero se desarrolla el neoliberalismo como tal, de manera acelerada y como una estrategia de contención neo-imperialista. La fragilidad sobre la cual se sostuvo la relativa ‘paz social’ durante los ‘treinta gloriosos años’ de la postguerra en los países industriales se vuelve evidente a partir de la convergencia entre las luchas poscoloniales que se desenvuelven en el Sur Global desde mediados del siglo XX, y el avance de las luchas de los trabajadores junto a la irrupción de nuevas demandas sociales –reivindicaciones de género, reconocimiento de grupos racializados, entre otros– en Estados Unidos, Europa y Japón. Los gritos de libertad que se propagaban desde Cuba hasta Viet Nam, junto a los emergentes desarrollismos nacionales del Sur promovidos por instancias como la CEPAL en países como Brasil, Argentina o Chile, comenzaron a socavar las ganancias extraídas desde tercer mundo por parte de las potencias occidentales[xxi]. Esto elevó los costos de las políticas del Welfare en dichos países, lo que se expresa en un ascenso del desempleo y la aceleración de la inflación, agudizando el descontento y los conflictos salariales en los países industriales capitalistas.

En nuestros rincones morenos del planeta el establecimiento del neoliberalismo no ocurre partir de transformaciones estructurales internas que resulten del libre juego de los agentes económicos, sino a través de su imposición a través de regímenes que, como en Chile durante la dictadura de Pinochet, “estaban lejos de operar por la ‘mano invisible’ del Mercado, dependiendo por el contrario de la mano de hierro del Estado”[xxii]. Por esto no es algo menor que Chile sea conocido y estudiado como el ‘laboratorio’ del neoliberalismo a nivel mundial, pues permite situar su innovación histórica en términos de gobierno, señalando la gran diferencia entre la economía política clásica, basada en los principios liberales negativos de la contención estatal caracterizados del laissez faire, y los principios positivos de intervención del Estado en pos del Mercado que inaugura el neoliberalismo. El terrorismo de Estado llevado a cabo por la dictadura cívico-militar de Pinochet expresa históricamente aquello que el filósofo Michel Foucault formulara en su curso del Collège de France de 1979 sobre lo que en ese momento era aún un proceso emergente: la libertad es algo que debe ser fabricado a través de la coacción[xxiii].

Cabe destacar que las clases del Foucault sobre el surgimiento del neoliberalismo se titulan El Nacimiento de la Biopolítica. El carácter ‘biopolítico’ del régimen neoliberal parece fundamental en términos estratégicos para comprender la novedad histórica que supone su instalación en Chile a través del shock y terrorismo de Estado durante la dictadura pinochetista, así como su consolidación durante las últimas tres décadas de ‘consenso’ y ‘democracia protegida’.

Recordemos que este Foucault recupera el concepto de biopolítica para comprender la transición de los regímenes modernos de gobierno desde las formas tradicionales de poder soberano coercitivo, hacia la administración de la vida a través de múltiples técnicas y disciplinas orientadas a la regulación de los cuerpos, la salud, la sexualidad, la reproducción, entre otros, favoreciendo el ejercicio de un poder productivo enfocado gobernar la vida a nivel colectivo[xxiv]. Los profesores Giuseppe Cocco y Bruno Cava plantean que limitar la crítica al neoliberalismo a la disolución del Estado de Bienestar se queda en la superficie, señalando que más allá de la reestructuración capitalista hay una serie de transformaciones en las dinámicas de producción de subjetividad que este nuevo régimen debe ser capaz de contener y explotar en una acción refleja[xxv].  El proceso iniciado en Chile tras el Golpe de Estado de 1973 no es solo una reestructuración político-administrativa en favor del Mercado, sino el despliegue de diversas operaciones de gobierno que crean las condiciones a escala humana para la mercantilización de la vida.

Desde la perspectiva ofrecida por Foucault podemos situar el proceso histórico de producción de condiciones para que una subjetividad sea posible, con foco en el modo en que individuos acogen ciertos medios y fines como ‘racionales’ a través de un ejercicio reflexivo por el adquieren una experiencia concreta del mundo[xxvi]. Precisamente tanto en el citado curso de 1979, así como en su curso del año anterior titulado Seguridad, Territorio, Población, explora el concepto de gouvernmentalité –que podemos traducir como ‘gubernamentalidad’ o ‘racionalidad gubernamental’– para comprender aquella racionalidad que se vuelve operativa en las prácticas de gobierno[xxvii].

Thomas Lemke apunta que la vinculación semántica propuesta por Foucault entre gobernar (gouverneur–) y modos de pensamiento (–mentalité) indica la correspondencia analítica entre las tecnologías del poder y las ‘racionalidades’ que las sustentan[xxviii]. La racionalidad gubernamental opera simultáneamente individualizando y totalizando, sintetizado en la idea de omnes et singulati –‘todos y cada uno’–, intentando responder con esto a la pregunta de qué es para un individuo, y para población de individuos, ser gobernado o gobernable[xxix]. Este tipo de análisis sobre las racionalidades de gobierno sirve como una navaja de Occam, delimitando un marco de estudio enfocado en el análisis de las técnicas de la acción gubernamental, su sistematización y racionalización, más que comprender los mecanismos que legitiman su soberanía, como podríamos identificar en una teoría de las formas de gobierno. La pregunta que mueve el estudio de las racionalidades gubernamentales no es respecto a qué legitima el Estado, estableciendo por ejemplo las diferencias entre una república democrática y una monarquía, ni sobre la ‘racionalidad’ o ‘irracionalidad’ de un gobernante. Los estudios de ‘gubernamentalidad’ buscan comprender aquella racionalidad que se vuelve operativa en las prácticas de gobierno que las personas experimentan en su cotidianeidad.

La historia de las ‘artes de gobierno liberales’ muestran que tanto la racionalidad gubernamental del liberalismo clásico como la del neo-liberalismo presentan al Mercado como el régimen de organización más eficiente y justa para la producción y distribución de la riqueza, a través de una naturalización epistémica que establece que el comportamiento económico espontáneo de los individuos permite determinar el verdadero valor de las cosas[xxx]. En el liberalismo clásico, la generalización del Mercado configura una nueva ontología social “como un juego económico para individuos preocupados en sí mismos”, donde el papel esencial del Estado corresponde a “establecer las reglas y garantizar que se sigan debidamente, pero nunca debe interferir con el juego en sí”[xxxi]. Esto sigue los principios sintetizados en la idea de Adam Smith de que no es de la benevolencia del carnicero o el panadero de donde obtendremos nuestra cena, sino la preocupación por sus propios intereses orientados por una ‘mano invisible’, que operaría “como un dios providencial que habitaría el proceso económico”[xxxii]. Fantasías decimonónicas para yonkis de opio electrónico.

Sin embargo, como nos enseña Foucault, tras la 2da Guerra Mundial el ‘ordoliberalismo’ alemán promovido por Eucken y Röpke redefine al Estado como un actor que deja de ser un regulador externo del Mercado para para pasar a estructurarlo activamente, bajo la consigna de que es preciso gobernar ‘para el’ Mercado y no gobernar ‘a causa del’ Mercado[xxxiii]. Esto implica que el Estado debe crear las condiciones para favorecer la competitividad que permita su regulación

El salto que produce unas décadas más tarde la denominada ‘Escuela de Chicago’, y cuya influencia es pivotal en el desarrollo del ‘modelo chileno’, es que la racionalidad de gobierno neo-liberal no busca simplemente crear condiciones para una libertad sin control, sino que surge de la necesidad de mitigar la relación entre las libertades individuales y los riesgos sociales resultantes de esas libertades que vayan contra el propio régimen de Mercado[xxxiv]. No basta con dejar ser libremente a los agentes económicos, sino crear las condiciones para que esta libertad sea administrable en términos de mercancía. Esto convierte al Mercado en el marco – frame– de la democracia[xxxv].

Los economistas de Chicago radicalizan las ideas alemanas, eliminando la diferencia entre lo social y lo económico, produciendo una generalización de la forma del Mercado más allá de los intercambios monetarios, estableciendo que “la racionalidad económica debe ser la racionalidad de toda la sociedad”[xxxvi], la que opera como grilla de inteligibilidad, o principio de desciframiento, de las relaciones sociales y los comportamientos individuales, tendiente a un “análisis economicista de lo no económico”[xxxvii].  Pero a diferencia de las reaganomics o las reformas de Thatcher, en el caso chileno esto se lleva a cabo a través del terrorismo de Estado, tanto a partir de su ejercicio fundacional por la dictadura como de la permanente amenaza del regreso de las ratas en la vagina y los cuerpos arrojados al mar a mitad de la noche durante la democracia post-dictatorial.

Individuos empoderados

La consigna ‘No son 30 pesos, son 30 años’ refiere al proceso histórico en que estos principios de inteligibilidad mercantil se establecen como el marco desde donde los chilenos comienzan a evaluar su relación consigo mismos y el mundo. La racionalidad de gobierno neoliberal impulsada por el terrorismo de Estado establece las coordenadas a partir de las cuales el objeto del análisis económico se convierte en última instancia en cualquier conducta racional que implique una elección estratégica de medios, formas e instrumentos limitados para un fin entre otros,  creando las condiciones para que las chilenas y chilenos asuman su propia existencia como una empresa, donde cada uno pueda reconocerse como ‘empresario de sí mismo’, caracterizado por estar “continuamente embarcado en un proyecto para dar forma a su vida como individuo autónomo y capaz de elegir, movido por el deseo de optimizar el valor de su existencia”[xxxviii]. El profesor Nikolas Rose nos plantea que esta noción de individuos activamente responsables se desarrolla integrando a los sujetos “en un nuevo nexo moral de identificación y lealtades mediante los mismos procesos en los que parece representar sus opciones más personales”[xxxix].

Por tanto, no podemos obviar esta historia acumulada en las prácticas cotidianas de las chilenas y chilenas al momento de comprender el momento histórico en que parece haberse evidenciado su ‘límite’ como racionalidad de gobierno. Es por esto que quizás el acontecimiento de octubre de 2019 no es tanto la expresión de una crisis final –‘la tumba del neoliberalismo’–, sino el momento en que las máquinas de gobierno que permiten el despliegue de la racionalidad mercantil dejan de ser transparentes, exhibiendo su despliegue constituyente a través de la vida de las personas, nosotras y nosotros.  ‘Chile despertó’, claro, ¿pero eso basta?

Podemos tomar el caso de la derrota de la primera propuesta de texto constitucional en 2022, cuyo resultado fue particularmente polémico respecto a la comuna de Petorca, en la zona central de Chile. En 2012 fue declarada ‘zona de escasez hídrica’, por lo que desde hace años se ha estado abasteciendo de agua a través de camiones aljibe, que, por un lado, no logran satisfacer la demanda total de las localidades, y por otro, instala un Mercado muy rentable para los principales propietarios de terrenos con pozos activos, quienes venden millones de metros cúbicos de agua anualmente para su consumo en comunidades[xl].

La propuesta constitucional rechazada habría garantizado el acceso al agua como un derecho humano en su artículo 57, priorizando su consumo humano por sobre otros usos[xli]. Tras conocerse estos resultados, el entonces gobernador regional e histórico activista medio ambiental Rodrigo Mundaca señaló que el triunfo del ‘Rechazo’ en Petorca le parecía “bastante irracional”, planteando que sentía “la incertidumbre de no reconocer el lugar que habito, porque estamos hablando de cuestiones que son de sentido común”[xlii]. Si bien esto se volvió un caso paradigmático, las tensiones por el resultado del Plebiscito de salida de 2022 se multiplicaron a diversas escalas, exacerbando posiciones identitarias antagónicas ahí donde el Acuerdo del 15 de noviembre ofrecía ‘Paz’. Sin embargo, se había cumplido con la promesa de una salida democrática que permitiera resolver las demandas del movimiento de octubre tal cual habían sido definidas por los partidos políticos, y aceptadas como válidas por aquellas organizaciones que hegemonizaron la protesta social auto-declarándose sus representantes. El punto es que quizás no resultó como ellos esperaban, o como al menos declaraban hacerlo, ya que jamás se rompió con la racionalidad gubernamental instalada por el neoliberalismo.

La breve distancia histórica nos permite considerar la irrelevancia de las decisiones en sí mismas que las chilenas y chilenos llevaron a cabo al momento de marcar sus votos, evidenciando como realmente problemático en términos estratégicos el que hayan estado dispuestos a participar en este proceso como si se pudiera romper con el ‘modelo neoliberal’ situados desde el propio neoliberalismo como racionalidad de gobierno.

Tanto en las racionalidades de gobierno liberal y neoliberal el ejercicio de poder está orientado en construir individuos responsables, cuya calidad moral se base en el hecho de que evalúen racionalmente los costos y beneficios de un determinado acto en oposición a otros actos alternativos. Esta elección es comprendida como expresión del libre albedrío sobre la base de una decisión autodeterminada, por lo cual sus consecuencias deben ser asumidas solo por el sujeto individual, que también es el único responsable de ellas[xliii]. ¿Recuerdas a esos babosos de Scorpions cantando ‘Wind of Change’ mientras caía el muro de Berlín? De eso se trataba un poco lo que estaban vendiendo.

A pesar de ser críticos con el resultado, los activistas ambientales que pusieron sus esperanzas en el proceso constituyente abierto tras el Acuerdo del 15 de noviembre solo pueden aceptar las reglas de la democracia. La toma de decisión individual expresada a través del voto es muy importante para sostener el carácter democrático de neoliberalismo. Esta grilla de comportamiento es desarrollada desde fines del siglo XIX por la escuela económica neoclásica funda su racionalidad en torno a un conjunto específico de supuestos lógicos articulados en torno a la teoría de la utilidad, cuyo  núcleo central consiste en explicar los fenómenos económicos como resultado de decisiones racionales realizadas por individuos a partir de órdenes de preferencia bien definidos[xliv].

Durante la década de 1940 el ‘teorema de la función de utilidad de von Neumann-Morgenstern’ formula una axiomática basada en cuatro proposiciones – integridad, transitividad, independencia y continuidad–, a partir de lo cual es posible analizar situaciones en que se toman decisiones en un escenario de incertidumbre, permitiendo la representación de cualquier conjunto de preferencias bien ordenadas a través de la curva de ‘función de utilidad’[xlv]. La axiomatización del comportamiento hace que la economía neoclásica redefina el objeto de su estudio desde los procesos históricos hacia el análisis de las racionalidades inmanentes a las decisiones de los sujetos. Siguiendo a Foucault, esto puede ser entendido como “la programación estratégica de la actividad de los individuos”[xlvi].

Si asumimos estas premisas, podemos considerar que los ciudadanos tomaron la decisión que consideran ‘racionalmente’ como la mejor en términos de utilidad individual. De esta manera, cuando el presidente y ex–rostro juvenil Gabriel Boric reconoce que “[el] pueblo chileno no quedó satisfecho con las propuestas y ha decidido rechazarlas de manera clara”[xlvii], consolida el ‘neoliberalismo’ en dos niveles. Por un lado, como el ‘modelo’ establecido durante la dictadura y mantenido durante tres décadas, que los chilenos parecen reconocer como aquel que les da mayor certidumbre. Pero, en un nivel más perverso, Boric y el sector político del cual actúa como su vedette asumen que no hay alternativa para la racionalidad gubernamental neoliberal. Los ciudadanos votaron aquello que consideraban lo mejor para sus vidas, y el presidente debe respetar esa decisión.

Racionalidad limitada

A pesar de que los axiomática neoclásica parece impermeable a la falsificación, en parte debido al creciente formalismo en la tradición económica, su carácter ‘hiper-racional’ ha sido puesto en cuestión al ser considerado un modelo poco real, ya que supone que los sujetos ‘tomadores de decisión’ (decision-makers) poseen acceso completo a la información y utilizan esta última sin ser “perjudicados cognitivamente en la evaluación de las diversas alternativas disponibles”, ni sus evaluaciones son afectadas por factores vinculados a “problemas de autocontrol que perjudican la articulación y la búsqueda de la elección óptima”[xlviii]. Quizás Mundaca tenía un punto interesante sobre la ‘irracionalidad’ del triunfo del ‘Rechazo’ en Petorca, pero habría que explorarlo con cierta distancia estratégica.

En un artículo seminal, Kahneman y Tversky [xlix]señalan que por lo general las personas se basan en un número limitado de principios heurísticos a través de los cuales reducen las complejas tareas de evaluar la conveniencia de tal o cual alternativa. Su teoría ‘prospectiva’ intenta explicar las actitudes de los individuos frente al riesgo, preguntándose sobre cómo pequeños cambios en la formulación de los problemas de decisión pueden producir importantes efectos en el orden de preferencia de las alternativas[l]. Con esto se busca conceptualizar los sesgos, heurísticas y efectos de encuadre que afectan la toma de decisiones, considerándolos como basados en información simplificada y distorsionada, lo que lleva a los actores a tomar decisiones que, si bien pueden considerar convenientes al momento de hacerlo, no siempre son las mejores en relación de la utilidad que les puedan generar.

Esto ayuda en parte a evidenciar el carácter ‘ideológico’ del voto individual, pero no hace caer por sí mismo el argumento epistémico que fundamenta la racionalidad de gobierno neoliberal. Ni Kahneman ni Tversky son unos críticos anti-capitalistas, muy al contrario. Al identificar el carácter limitado de la racionalidad como explicación de por qué los Mercados no funcionan según las predicciones por la escuela neoclásica, orienta las prácticas gubernamentales hacia una racionalización ‘funcionalista’ que permite la construcción de entornos institucionales desde donde los individuos formulen decisiones más ‘racionales’, mediante el diseño de opciones predeterminadas que reduzcan la inercia o la concepción de dispositivos de información que refuercen su capacidad para seleccionar opciones que mejoren el bienestar individual[li]. Conocer los mecanismos intuitivos –e incluso inconscientes– de decisión permite minimizar esos sesgos, y así ir acercando el proceso de decisión a la pretendida objetividad[lii], llevando a cabo – por ejemplo– estrategias de control inhibitorio de ‘heurísticas engañosas’ (misleading heuristics) que interfieran en el razonamiento lógico-deductivo[liii].

Desde la gubernamentalidad neoliberal, la ‘irracionalidad’ de las decisiones de los ciudadanos no es un problema que haga entrar al sistema en crisis, sino un aspecto más que debe ser gobernado. Esto se puede estudiar a partir del desarrollo e influencia del programa de investigación de la ‘elección pública’ (public choice) propuesto en torno al trabajo de James M. Buchanan. Este influyente programa de investigación se propone responder la pregunta respecto a la legitimidad del carácter normativo de la democracia como principio organizador de la estructura política. Esto tiene como antecedente investigaciones previas como las de Wicksel o Arrow, que desde diferentes ángulos convergen en torno a los resultados ineficientes e injustos que producen las reglas de votación por mayoría, problematizando si la estabilidad política solo se puede garantizar discriminando en contra de las minorías[liv]. El carácter limitado de la racionalidad al momento de la toma de decisiones es parte del cálculo gubernamental. No opera en su contra sino a partir de él.

El programa del public choice entiende la racionalización de la práctica gubernamental como una ‘constitucionalización de la democracia’, término engloba una serie de estrategias enfocadas en “reducir el espacio para la toma de decisiones discrecionales por parte de los gobiernos elegidos democráticamente”, con el objetivo de que “los mercados estén a salvo de la democracia”, reduciendo “el margen de maniobra de sus representantes”[lv]. A partir de esto se expresa la paradójica alianza que se produce entre el proyecto de limitación del Estado y su omnipresencia real necesaria para producir la sociedad que el Mercado necesita.

Al ver como las expectativas creadas inicialmente en torno a la Convención Constituyente fueron contradichas, una parte importante del flujo de la multitud movilizad contra la Constitución neoliberal de Pinochet se planteó el escenario expuesto por el plebiscito desde la misma racionalidad que orienta la gestión neoliberal de la democracia. Quizás sin haber leído jamás al profesor Buchanan, a través de tweets y memes muchos se plantearon la pregunta fundamental del programa del public choice respecto a en qué medida la democracia, como principio organizador de la estructura política, puede reclamar legitimidad si los resultados derivados de las reglas de votación por mayoría producen “resultados ineficientes e injustos”[lvi]. Es por esto que puede ser tan interesante el que la segunda propuesta de texto conssititucional, votada en 2023, haya sido publicitada como un documento con protagonismo de especialistas y técnicos.

Pero, ¿no fue acaso el fracaso de las dos propuestas constitucionales el mejor resultado posible en términos de la contención política de la insurrección social que propició el explosivo florescimiento de la primavera chilena? Tempranamente, cuando aún el pavimento expelía el hedor a democracia – neumáticos quemados y gases lacrimógenos–, el historiador Sergio Grez Toso advirtió que la propuesta del 15 de noviembre entrega el control del proceso constituyente a los partidos políticos en una jugada que, sea cual sea la fórmula para construir la nueva Constitución, establece desde un inicio que los partidos tendrían ‘al menos’ la mitad de los delegados constituyentes, y en el peor de los casos incluso pueden contar con una mayoría aplastante, debido a que el sistema electoral acordado sería el mismo empleado en la elección de diputados, el método D’Hondt, cuya fórmula de proporcionalidad electoral beneficia a las grandes coaliciones en desmedro de las fuerzas políticas emergentes[lvii]. Esto último se resolvería en parte a través de la Ley N° 21.298, de diciembre de 2020, en que se reservan 17 escaños a representantes de los pueblos indígenas de los 155 integrantes de Convención Constitucional[lviii].

Sin embargo, a pesar del carácter inclusivo que tiene el diseño del proceso constituyente pactado a partir del Acuerdo del 15 de noviembre, podemos entender la reacción estratégica de los partidos políticos como una orientación del flujo inicial de protesta hacia ejes institucionales, reconociendo las demandas sociales a través de la racionalización del proceso, estableciendo la posibilidad de cambio de constitución como un triunfo político concreto de la multitud. El fracaso estratégico no estaría en haber el fracaso de las propuestas Constitucionales, sino en asumir que el proceso pactado era ‘la única alternativa posible’ –There Is Not Alternative– ante la amenaza de desborde social y crisis institucional.

En este punto, el momento crítico que anuncia el fin de los ’30 años’ de neoliberalismo en Chile, es el punto es que se exhiben sus mecanismos auto regulatorios orientados a la gestión biopolítica de la multitud a través de la ‘constitucionalización’ de la revuelta social como una manera de lograr la ‘PAZ’ ante la violencia desatada en las calles por las máquinas represivas del Estado. En este sentido, la idea de ‘democracia protegida’ instalada a través del terrorismo de Estado por la dictadura pinochetista se consolida como el gran horizonte desde donde el gobierna al país en función de no afectar su integración en el Mercado global. No fue necesaria una dictadura ni un Plan Cóndor para obligar a la gente a decidir tal o cual cosa, sino recordarles a través de un espectáculo callejero de hiper-violencia que ayudara a orientar a la ciudadanía a que debían decidir ‘racionalmente’ en función de defender la estabilidad que se había logrado durante las últimas tres décadas de democracia post-dictatorial. Aunque esto significara que el agua seguiría siendo un privilegio y no un derecho.

[i] Vargas, Felipe. Tensión, negociaciones y abrazos: Así fue la jornada en que se logró el acuerdo histórico para crear una nueva Constitución. Emol.com, 15 noviembre 2019. Disponible en < https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/11/15/967299/Cronologia-jornada-acuerdo-nueva-constituc ion.html >

[ii] Plebiscito Nacional 2020. SERVEL, 21 noviembre 2021.  Disponible en: <https://historico.servel.cl/serv el/app/index.php?r=EleccionesGenerico&id=10>

[iii] Rios Tobar, Marcela. Chile’s Constitutional Convention: a triumph of inclusion. United Nations Development Programme, 3 junio 2021. Disponible en < https://www.undp.org/latin-america/blog/chiles-constitutional-convention-triumph-inclusion >

[iv] Boric tras triunfo en primarias: «Si Chile fue la cuna del neoliberalismo, también será su tumba». CHV Noticias, 18 julio 2021. Video, 8m55s. Disponible en < https://www.youtube.com/watc h?v=pHCjsKkcQcM >

[v] Con histórica participación electoral propuesta de nueva Constitución fue rechazada. SERVEL, 4 septiembre 2022. Disponible en <https://www.bcn.cl/portal/noticias?id=historica-participacion-plebiscito-2022 >

[vi] Herrera, Ignacia; Toro, Paulina; Segovia, Macarena. Desinformación en el plebiscito: el vacío legal que dejó a 202 denuncias ante el Servel sin ser investigadas ni sancionadas. Ciper Chile, 28 octubre 2022. Disponible en < https://www.ciperchile.cl/2022/10/28/desinformacion-en-el-plebiscito-el-vacio-legal-que-dejo-a-202-denuncias-ante-el-servel-sin-ser-investigadas-ni-sancionadas/ >

[vii] Radovic, Paz. Rojas Vade admite que no tiene cáncer: “Siento que me tengo que retirar de la Convención”. La Tercera,  4 septiembre 2021. Disponible en < https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/rojas-vade-admite-que-no-tiene-cancer-siento-que-me-tengo-que-retirar-de-la-convencion/6M4MJHN6KZGGLKLJMMTDUBDAJY/ >

[viii] Lee, Lun. Se instala Consejo Constitucional marcado por Republicanos y este define su Mesa Directiva. Interferencia.cl, 7 junio 2023. Disponible en < https://interferencia.cl/articulos/se-instala-consejo-constitucional-marcado-por-republicanos-y-este-define-su-mesa-directiva >

[ix] Heiss, Claudia. El proceso constituyente en Chile Entre la utopía y una realidad cambiante. Nueva Sociedad 305, 2023, pp. 126-135.

[x] Mayol, Alberto. El derrumbe del modelo. La crisis de la economía de mercado en el Chile contemporáneo. Santiago: LOM, 2012.

[xi] Gabriel Salazar: «Vivimos una coyuntura pre revolucionaria». El Vacanudo, 31 Agosto 2011. Disponible en < https://www.elvacanudo.cl/noticia/sociedad/gabriel-salazar-vivimos-una-coyuntura-pre-revolucionaria >

[xii] Moulian, Tomás. Chile Actual: Anatomía de un mito. Santiago de Chile: Lom – ARCIS, 1997.

[xiii] Richard, Nelly. Recordar el olvido. En Olea, R.; Grau, O. (comp.) Volver a la Memoria. Santiago: LOM – La Morada, 2001, p. 15.

[xiv] Moulian, T. Op.cit, p. 47.

[xv] Korstanje, Maximiliano; Timmermann López, Freddy. Entre la restauración y la fundación: la democracia protegida de la Declaración de Principios del Gobierno de Chile (1973-1980). Tempo 27 (3), 2021, pp. 650-667.

[xvi] Rojas Pedemonte, Nicolás; Miranda, Omar. Dinámica sociopolítica del conflicto y violencia en territorio mapuche. Particularidades históricas de un nuevo ciclo en las relaciones contenciosas. Revista de Sociología 30, 2015, pp. 33-69.

[xvii] Olavarría Gambi, Mauricio. ¿Cuándo despertó Chile? En Canzano Giansante, A. et al. El proceso constituyente chileno (2019-2022). Análisis, interpretaciones y perspectivas. Santiago de Chile: RIL Editores – Universidad de Santiago de Chile, 2023, pp. 141-185.

[xviii] Muñoz, Fernando. Crítica del imaginario histórico del proceso constituyente de Bachelet. Derecho y Crítica Social 4(1), 2018, pp. 149-158.

[xix] Por ‘Consenso de Washington’ se conoce el conjunto de 10 recomendaciones de política económica formulada en 1989 por el economista John Williamson a partir de los criterios promovidos por instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, concebido como una receta para estimular el crecimiento económico y la integración en la economía global con medidas de ‘ajuste estructural’ tales como liberalización del comercio, la privatización de empresas públicas, la disciplina fiscal, la estabilidad macroeconómica, entre otros. Véase Morandé, Felipe. A casi cuatro décadas del Consenso de Washington ¿Cuál es su legado en América Latina? Estudios Internacionales 185, 2016, p. 31-58. Disponible en < https://www.scielo.cl/pdf/rei/v48n185/art03.pdf >

[xx] Harvey, David. Breve Historia del Neoliberalismo. Madrid: Akal, 2007.

[xxi] Negri, Antonio; Hardt, Michael. Imperio. Barcelona: Ediciones Paidos, 2005.

[xxii] Cocco, Giuseppe; Cava, Bruno. New Neoliberalism and the other. Biopower, anthropology, and living money. London: Lexington Books, 2018, p. 38.

[xxiii] Foucault, Michel. Nacimiento de la biopolítica: Curso en el Collège de France (1978-1979).  Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2021, p. 85.

[xxiv] Si bien el neologismo ‘biopolítica’ no es propio de Foucault, este autor lleva una lectura del concepto cuyos principales antecedentes en su obra pueden ser revisados tanto en Foucault, Michel. Historia de La Sexualidad 1: La Voluntad De Saber. Ciudad de México: Siglo XXI Editores, 2007; y Foucault, Michel. Seguridad, Territorio, Población. Curso en el Collège de France (1977-1978). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2006.

[xxv] Cocco y Cava, Op. Cit., p. 39.

[xxvi] Castro-Gomez, Santiago. Historia de la gubernamentalidad. Razón de Estado, liberalismo y neoliberalismo en Michel Foucault. Bogotá: Siglo del Hombre Editores; Pontificia Universidad Javeriana-lnstituto Pensar; Universidad Santo Tomás de Aquino, 2010.

[xxvii] Ibid, p. 34.

[xxviii] Lemke, Thomas. Foucault, Governmentality, and Critique. Rethinking Marxism 14 (3), 2002, pp. 49-64.

[xxix] Gordon, Colin. Governmental Rationality: An Introduction. Em Burchell, Graham; Gordon, Colin; Miller, Peter (eds.) The Foucault Effect: Studies in governmentality. Chicago: University of Chicago Press, 1-51, 1991.

[xxx] Grenier, Jean-Yves; Orléan, André. Michel Foucault, l’économie politique et le libéralisme. Annales HSS, septembre-octobre 2007, n°5, p. 1155-1182.

[xxxi] Oskala, Johana. Neoliberalism and Biopolitical Governmentality. En Wallenstein, Sven-Olov; Nilsson, Jakob. (eds.) Foucault, Biopolitics and Governmentality. Södertörn Philosophical Studies: Södertörns Högskola, 2013, pp.53-72.

[xxxii] Foucault, 2021, Op. Cit., p. 320.

[xxxiii] Ibid, p. 154.

[xxxiv] Harjuniemi, Timo. Post-truth, fake news and the liberal ‘regime of truth’ – The double movement between Lippmann and Hayek. European Journal of Communication, 37(3), 2022, pp. 269–283.

[xxxv] Cocco y Cava, 2018, Op. Cit.

[xxxvi] Oskala, 2013, Op. Cit., p. 67.

[xxxvii] Foucault, 2021, Op. Cit., p. 278.

[xxxviii] Du Gay, Paul. Organización de la identidad: gobierno empresarial y gestión pública. En Du Gay, Paul; HALL, Stuart. (comps.). Cuestiones de identidad cultural. Buenos Aires: Amorrurtu, 2003, p. 260.

[xxxix] Rose, Nikolas. El gobierno en las democracias liberales «avanzadas»: del liberalismo al neoliberalismo. Archipiélago. Cuadernos de crítica de la cultura 29, 1997, p. 18. 

[xl] Fragkou, Maria-Christina; Monsalve-Tapia, Tamara; Pereira-Roa, Vicente; Bolados-Arratia, Maximiliano. Abastecimiento de agua potable por camiones aljibe durante la megasequía. Un análisis hidrosocial de la provincia de Petorca, Chile. Eure 48 (145), 2022, pp. 1-22.

[xli] Convención Constituyente. Propuesta de Constitución de la República de Chile. Santiago de Chile: Convención Constituyente, 2022, p. 24. Disponible en < https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/07/Texto-CPR-2022.pdf >

[xlii] Valenzuela, Paola; Hahn, Rodolfo; Peña, Constanza. «No reconozco el lugar que habito»: Gobernador Mundaca tras el triunfo del Rechazo en Petorca. Biobiochile.cl, 5 septiembre 2022. Disponible en < https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2022/09/05/mundaca-tras-triunfo-del-rechazo.shtml >

[xliii] Lemke, 2002, Op. Cit.

[xliv] Maletta, Héctor. La evolución del Homo economicus: problemas del marco de decisión racional en Economía. Economía 32 (65), 2010, pp. 9-68.

[xlv] Primrose, David. The Subjectification of Homo Economicus in Behavioural Economics. Journal of Australian Political Economy 80, 2017, pp. 88-128.

[xlvi] Foucault, 2021, Op. Cit., p. 261.

[xlvii] Boric califica como «contundente» el triunfo del «rechazo» y propone «un nuevo itinerario constituyente». BBC News Mundo, 5 septiembre 2022. Disponible en < https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-62791126 >

[xlviii] Primrose, 2017, Op. Cit., p 91.

[xlix] Kahneman, Daniel; Tversky, Amos. Judgement under uncertainty: heuristics and biases. Science – New Series 185 (4157), 1974, pp. 1124-1131.

[l] Kahneman, Daniel; Tversky, Amos. Prospect theory: an analysis of decision under risk. Econometrica 47 (2), 1979, pp. 263-291.

[li] Primrose, 2017, Op. Cit.,

[lii] Bonatti, Patricia. Las meta decisiones y la teoría de la racionalidad instrumental mínima. Ciencias Administrativas 13, , 2019, pp. 69-87.

[liii] Houdé, Olivier; Borst, Grégorie. Evidence for an inhibitory-control theory of the reasoning brain. Frontiers in Human Neuroscience 9 (148), 2015 [online]. Disponible en  <  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2015.00148/full >

[liv] Buchanan, James M. Elección pública: génesis y desarrollo de un programa de investigación. Revista Asturiana de Economía 33, 2005, pp. 203-222.

[lv] Biebricher, Thomas. Democracy, Neoliberalism and James Buchanan. Journal of Australian Political Economy 86, 2020, p. 39.

[lvi] Buchanan, 2005, Op. Cit., p. 209.

[lvii] Grez Toso, Sergio. Rebelión popular y proceso constituyente en Chile. Folchi, Mauricio (ed.) Chile Despertó. Lecturas desde la Historia del estallido social de octubre. Santiago de Chile: Facultad de Filosofía y Humanidades  – Vicerrectoría de Investigación y DesarrolloUniversidad de Chile, 2019, pp. 13-19.

[lviii] Publicación de la Ley N° 21.298: Reserva escaños o cupos en la Convención Constitucional a los Pueblos Indígenas; y resguarda y promueve la participación de las personas en situación de discapacidad. BCN.cl, 23 diciembre 2020. Disponible en < https://bcn.cl/2mwem>