Aprobación de la Reforma Judicial
Dra. Ana Alicia Solís de Alba y Dr. Max Ortega[1]
Por más de cuatro décadas, crecimiento económico y dominación política fueron simultáneos, y pilares fundamentales de la estabilidad política. A partir de los años ochenta, sin embargo, el ciclo mundial de expansión capitalista terminó. La economía mexicana experimentó entonces una drástica contracción. El PIB del 6 por ciento anualizado cayó al 2 por ciento. Esta reducción del crecimiento económico durante más de treinta años que duró el periodo neoliberal tuvo consecuencias. Minó el consenso, agudizó el conflicto entre las clases sociales; hizo que la dominación enfrentara nuevas dificultades, y que la estabilidad se debilitara. Las dificultades se solventaron con intolerancia y represión, fraudes electorales reiterados y reformas electorales constantes; un nuevo modelo de relaciones laborales; mayor integración subordinada de la economía mexicana a la norteamericana; y una profunda reforma neoliberal del Estado. Con esta última, la privatización y el desmantelamiento del sector paraestatal corrieron paralelos a la estrategia de la desregulación de la economía, a la compactación del sector central del Estado y a la reforma de las instituciones políticas[2]. Se modificó todo el entramado jurídico para legalizar lo ilegal. Se le hicieron, para tal efecto, 135 reformas a la Constitución y a 495 de sus artículos principales[3]. Se redujeron las facultades del Estado, se suprimieron varias de sus estructuras y se le acotó mediante organismos autónomos. Se dilató igualmente la subordinación de los poderes legislativo y judicial ante el poder ejecutivo.
El neoliberalismo estableció así, una nueva relación entre Estado y sociedad. El primero (Estado mínimo) se redujo, y la segunda quedó bajo el dominio de los privados (organismos autónomos y ONGs)[4]. De modo tal que hoy, el primer paso de la desneoliberalización del Estado pasa necesariamente, por la reforma constitucional de los poderes del Estado, como primer paso de su recuperación y democratización.
Aprobación del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados
El 3 de septiembre, la sesión de la Cámara de Diputados convocada para discutir y aprobar el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, no se pudo celebrar en San Lázaro, porque desde muy temprano, los “paristas” de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) tomaron las puertas de entrada e impidieron el paro de las y los diputados. El pretexto,
como en otras ocasiones fue la solicitud de ser escuchados. En realidad, la petición de diálogo y de acordar otros tiempos de discusión, solo tenían como propósito, el de impedir la aprobación de la reforma al poder judicial.
Esta acción de los “paristas”, fue acompañada y reforzada por la participación de estudiantes de derecho de las instituciones de la educación superior (UNAM, ITAM, UIA y CIDE), de una parte, y de la otra, por el acuerdo del pleno de la SCJN: el mismo 3 de septiembre, en el que a propuesta de la presidenta Norma Piña, ocho ministros se declararon en suspensión de actividades (“paro”). En contra, votaron tres ministras, Lenia Batres, Loretta Ortiz y Jasmín Esquivel[5].
Para evitar confrontaciones, los diputados sesionaron en la “sede alterna” de la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca, en donde, luego de un largo debate que se prolongó hasta la madrugada del día siguiente, el 4 de septiembre, el Pleno de la Cámara aprobó la reforma al Poder Judicial de la Federación, por 357 votos a favor y 130 en contra.
Esta votación se produjo a pesar de que los “paristas” habían bloqueado todas las puertas de ingreso a San Lázaro; del “paro” de la Corte y del otorgamiento de amparos de un juez de Chiapas, Felipe Consuelo Soto (responsable de irregularidades durante concurso mercantil de Mexicana de Aviación) y de una jueza de Morelos, Martha Eugenia Magaña López (panista y promotora de Xóchitl Gálvez), en contra del análisis, debate y aprobación de la reforma judicial, sin importarles que con ello violaran el artículo 61 de la Ley de Amparo[6].
Aprobación de la minuta de los diputados en las Comisiones del Senado
El 4 de septiembre, al mediodía, el Senado recibió la minuta sobre la reforma al poder judicial. De inmediato fue turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos para su dictaminación el fin de semana.
Del 4 al 9 de septiembre, el forcejeo siguió. Los opositores de un lado; los apoyadores, del otro. La oposición siguió adelante con su decisión de impedir la aprobación de la reforma judicial. De su amplio abanico de maniobras, se pueden destacar las acciones que siguen. Poder Judicial Federal: la presidenta de la Corte, Norma Piña y el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, alentaron a los “paristas” y los indujeron a mantener el paro. El 6 de septiembre, Norma Piña encabezó la marcha de los “paristas”, coreó con entusiasmo sus consignas en contra de la reforma judicial, y visitó más tarde, uno de los campamentos de sus subordinados. Dos días después presentó, en nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), dos documentos con propuestas que buscaban oponerse a la “demolición del Poder Judicial” e incidir en la minuta de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), aprobada por la Cámara de Diputados y cuya discusión acababa de empezar en comisiones del Senado de la República[7]. El ministro Pardo Rebolledo, por su parte, acudió la noche del 8 de septiembre al campamento instalado fuera de la sede del Senado de la República para mostrar su solidaridad y su protesta contra la aprobación de la reforma judicial aprobada en la Cámara de Diputados, cuatro días antes. “Paristas”: marcharon, solicitaron el apoyo popular y mantuvieron el bloqueo de las entradas a la Cámara de Diputados y senadores. El 6 de septiembre, Felipe Consuelo Soto, juez tercero de distrito con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, concedió una suspensión definitiva en contra del proceso legislativo de la reforma judicial. Jufed: El mismo día, los integrantes de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, Todos Somos Guardianes de la Constitución, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y jueces de Distrito (Jufed), y el Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hicieron un llamado a las y los integrantes de los partidos de oposición, votar en contra de la reforma y no faltar a las sesiones.
Todas los recursos y habilidades de los partidos políticos neoliberales y sus aliados también se pusieron en juego para presionar el voto de sus senadores, atemorizar a los vacilantes y apaciguar la desconfianza de los “paristas”. Para ratificar su compromiso de votar en contra de la iniciativa de reforma al poder judicial, cuando fuera discutida en el Senado, Alejandro Moreno (“Alito”), presidente del PRI, se reunió con jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) inconformes, el 6 de septiembre, y les informó que los 15 integrantes de su bancada habían empeñado públicamente su palabra y su compromiso de votar en contra. “Es un compromiso pleno. Establecimos, como marca el compromiso del partido, ir en un voto unificado. Vamos los 15 contra la reforma”. El mismo día la senadora panista por Aguascalientes, María de Jesús Díaz Marmolejo, pidió que lincharan a quien no votara contra la reforma judicial en la cámara alta. En conferencia en esta ciudad, acompañada de legisladores federales por la entidad, Díaz Marmolejo expresó: “Hago un atento llamado a mis compañeros de Movimiento Ciudadano: no le fallen a México, porque el voto es de ustedes y ustedes le van a fallar a los ciudadanos. Esto no es política ya bien lo dijeron los jóvenes (manifestantes), la política es otro trabajo. Y esto es para el güey que vote a favor: que lo linchen por pendejo, que lo agarren a chingadazos y que le den con todo al que no vote contra esta reforma”. Agregó: “me quedé con un ojo abierto, pues es lamentable que los muchachos, que son nuestro futuro, no son escuchados por los güeyes de Morena”[8]. Claudio X. González exigió en las redes sociales que todos los senadores de oposición votaran contra la reforma al Poder Judicial, y que quienes no lo hicieran fueran denunciados. La lista de senadores de oposición divulgada por Claudio X. González estaba integrada por legisladores del Partido Acción Nacional (22), Partido Revolucionario Institucional (16) y Movimiento Ciudadano (5). Exultante, Claudio X. González informó satisfecho que a las “14:00 hrs. del 6 de sep: está completo el ‘democratómetro’. 43 de 43 senadoras y senadores de oposición han confirmado que votarán en contra de la nociva reforma judicial”[9]. El 8 de septiembre, finalmente, las organizaciones vinculadas a la llamada marea rosa realizaron una movilización en la que el principal orador fue el ministro en retiro José Ramón Cossío, miembro prominente del Consejo Consultivo del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, aparato jurídico ligado estrechamente a Claudio X. González Guajardo. En el uso de la palabra, Cossío se pronunció contra la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que no era cierto el discurso del gobierno de que quienes habían votado a favor de la 4T lo hubieran hecho también por esta reforma.
Los partidos políticos presionaron y amenazaron a sus senadores, pero luego acusaron a Morena, PT y PVEM de ser responsables de lo que ellos eran responsables.
Lo nuevo a estas alturas, fue la aparición de un movimiento nacional de estudiantes de universidades públicas y privadas que apoyaron la reforma judicial. El 2 de septiembre, los Jóvenes por la Reforma. Jóvenes Por la Justicia, lanzaron un documento titulado #ReformaJudicialYA, y fijaron su posición de manera contundente:
Quienes firmamos el presente documento queremos un Poder Judicial que sirva con honestidad a niñas, niños, jóvenes, mujeres, poblaciones indígenas y afromexicanas, a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad, de la población LGBT+ y a cualquier mexicana o mexicano víctima de la injusticia y no a los intereses de empresario o poderes fácticos en perjuicio del Pueblo de México.
Por ello, adicionalmente al presente comunicado, Jóvenes Por la Reforma, Jóvenes por la Justicia, anunciamos que acompañaremos la discusión de la Reforma al Poder Judicial, mismo que se prevé sea del 2 al 6 de septiembre, con una jornada de actividades y manifestaciones pacíficas a favor de dicha reforma. Entre las actividades habrá una intensa jornada informativa en universidades públicas y privadas de todo el país, con foros, asambleas, marchas y concentraciones[10].
Convocados por más de 70 consejeras y consejeros universitarios, presidentes de federaciones estudiantiles, Directivas de Sociedades de Alumnos, presidentas de carrera, técnicos y académicos, de más 90 universidades, Institutos y Tecnológicos, se movilizaron el 3 de septiembre en 31 entidades del país y en la Ciudad de México, miles de estudiantes, alumnos y alumnas[11]. El 5, la concentración se hizo en la Ciudad de México, frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y contó con la participación de las ministras Lenia Batres y Loretta Ortiz Ahlf[12]. El 8 de septiembre se movilizaron nuevamente a las afueras del Senado.
El 8 de septiembre con la presencia de 37 de los 38 senadores que las integran, sesionaron las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado y aprobaron la minuta de los Diputados, con 25 votos a favor y 12 en contra. Luego de lo cual se turnó a la mesa directiva para presentarse ante el pleno.
Aprobación de la minuta de las Comisiones del Senado en el pleno del Senado
Pero la presión de la SCJN sobre los legisladores no disminuyó, aumentó a medida que la aprobación de la reforma judicial parecía más probable. El 9 de septiembre, el pleno de la Corte acordó mantenerse en suspensión de labores en protesta contra la reforma judicial. Inconforme, la ministra Yasmín Esquivel Mossa acusó a la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña de estar cayendo “en una actitud golpista al llamar a la resistencia en contra del trabajo del Poder Legislativo”. Y advirtió que “Piña tiene una responsabilidad histórica por el caos en que se encuentra el Poder Legislativo por su ineptitud al conducir la interlocución entre los poderes Legislativo y Ejecutivo”, y por pensar a la reforma judicial como una “demolición del Poder Judicial”. Cuando en realidad, concluyó: “Democratizar al Poder Judicial lo legitima, no lo debilita”[13].
Al día siguiente, las aseveraciones de la ministra Yasmín Esquivel se convalidaron. El 10 de setiembre, a las 11 de la mañana se inició la sesión, con un quórum legal de 96 senadores presentes de un total de 128. Pero a las 15:45, trabajadores del Poder Judicial Federal tomaron por la fuerza el salón de plenos del Senado para suspender la sesión y evitar la votación que sabían iban a perder, dado que Morena tenía ya para ese momento, los votos suficientes para lograr la mayoría calificada. Para evitar la confrontación, el Presidente de la mesa Directiva Gerardo Fernández Noroña, suspendió la sesión de manera indefinida; luego la reinició a las 19 horas, en condiciones de seguridad, en la antigua sede senatorial de Xicoténcatl. Después de muchos intentos de la oposición neoliberal (PAN/PRI/ MC) para evitar que se votara, esto se pudo hacer en la madrugada del día 11 de septiembre. Con el voto de un panista y la ausencia de un senador de Movimiento Ciudadano, Morena /PT/PVEM lograron aprobar la reforma judicial, con 86 votos. En contra, el voto de 41 senadores y senadoras del PAN /PRI / MC.
La derecha parlamentaria y sus aliados en el Poder Judicial Federal habían sido derrotados. Era una nueva derrota de las fuerzas opositoras de la derecha. Se derrumbaba, el último reducto institucional de la corrupción y la impunidad. Aprobada la reforma judicial, se desobstruía el camino para el avance del nuevo régimen político.
Declaratoria de constitucionalidad de la reforma judicial
El 13 de septiembre, el Senado de la República realizó la declaratoria de aprobación de la reforma al poder judicial. Lo mismo hizo, más tarde la Cámara de diputados, con un quórum de 263 legisladores y el voto de 23 congresos estatales que aprobaron el dictamen, el Congreso de la Unión avaló la declaratoria de constitucionalidad de la reforma judicial, enviándola al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna en funciones de la presidencia de la Mesa Directiva emitió la siguiente declaratoria: “El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial”[14].
El 15 de septiembre, como se había anunciado con anticipación, el Diario Oficial de la Federaciónpublicó el decreto en materia de reforma judicial[15].
Resistencias
El 12 de septiembre, el paro se desmoronó apenas conocida la aprobación de la reforma judicial en las Cámaras. Las reacciones de los opositores no se hicieron esperar. En muchos lugares del país, se manifestaron en tiempos dispares y con formas diversas. En la Ciudad de México, los trabajadores de Poder Judicial, que estaban en plantón frente a la Cámara de Diputados levantaron sus casas de campaña que mantuvieron durante casi dos semanas y se retiraron a las dos de la mañana. Los trabajadores de varios tribunales y juzgados de la capital se dividieron entre los que querían terminar el paro y los pocos que mantenían la protesta. La “división de opiniones” entre jueces y magistrados era un hecho. En tanto que en los juzgados federales con sede en la capital del país se mantuvo el paro de actividades en medio de un ambiente de incertidumbre entre los trabajadores del sector judicial. En Colima, el juzgado segundo de distrito todavía otorgó una suspensión en contra de la publicación del decreto “por el que propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos”, relacionadas con la reforma judicial. Lo anterior al dar cumplimiento de una resolución dictada por un tribunal colegiado con sede en Colima, que consideró fundado el recurso de amparo y de la suspensión solicitada por la Fundación Iris. En este ambiente de desconcierto, el Pleno de la Corte acordó por unanimidad, la reactivación de sus labores para el martes 17 de septiembre[16].
A pesar de la decisión de la Corte, la suspensión de labores prosiguió en diferentes sedes del Poder Judicial de la Federación, en espera de lo que determinara la JUFED.
En Puebla, Baja California Norte, Yucatán Colima, Quintana Roo, Durango, Sinaloa y Guerrero, los partidarios del paro intentaron impedir las votaciones y aprobación de la reforma judicial, sin que lo lograran. La violencia en contra de los congresos de los estados no pudo evitar que 23 de estos la aprobara abrumadoramente.
Derrotados en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en los congresos de los estados, internamente divididos, y sin apoyo social, los opositores a la reforma judicial, todavía piensan en invalidar la reforma aprobada mediante amparos improcedente, impugnaciones contrarias a la Constitución, suspensión de labores hasta el 2 de octubre[17], apoyos en el extranjero, maniobras con la redacción de las ulteriores leyes reglamentarias, y paralelamente, asegurarse a través del Consejo de la Judicatura Federal, pensiones complementarias para jueces y magistrados, con recursos de los fideicomisos de la SCJN y del CJF[18].
Consideraciones finales
El proceso de discusión y aprobación de la reforma al poder judicial federal hizo visible el armazón de intereses beneficiados, y las dificultades para llevar a cabo la sustitución de viejo régimen político por uno nuevo. Las conclusiones que se pueden sacar de la comprensión de lo sucedido son varias.
Primera. Para impedir la aprobación de la reforma al Poder Judicial, la presidenta de la SCJN, Norma Piña y los siete ministros que la siguen, aplicaron desde el 3 de junio, un conjunto de medidas con las que buscaban rechazarla. En los 9 Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial, organizados por la Cámara de Diputados, ministros y jueces renunciaron al intercambio de ideas para dedicarse al falseamiento y deformación de esta, con el propósito de alterar sus contenidos y crear confusión y miedo. A los servidores públicos se les afectaría, dijeron, en el empleo, los sueldos y las prestaciones, aniquilando la carrera judicial. Impulsaron el paro de magistrado y jueces, que se inició el 19 de agosto y se prolongó, parcialmente, hasta el 17 de septiembre. Para sumar a los trabajadores administrativos y a su sindicato, el STPJF, al paro de los servidores públicos de confianza (magistrados y jueces), publicitaron intensivamente de que, con la reforma judicial, aquellos serían despedidos. Impidieron, Norma Piña y tres magistrados más, que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) les suspendiera las remuneraciones a los paristas y les ordenara regresar al trabajo. Suspendieron los plenos de la Corte, y aprobaron, usando su mayoría, que la esta suspendiera sus trabajos. Toleraron, complacientes, las acciones ilegales de un juez de Chiapas y una jueza de Morelos en contra de la reforma judicial. Estimularon el bloqueo a la Cámara de Diputados y Senadores, con la presencia física de los ministros, entre los “paristas”. Apoyaron las denuncias de la Jufed en la ONU en contra de la reforma judicial. Presentaron a la última hora, una “contrapropuesta” de reforma judicial, horas antes de la discusión y aprobación de la minuta de la Cámara de Diputados en la Cámara de Senadores, atizando la furia de los “paristas”, con la falsa afirmación de que la reforma judicial buscaba “demoler” el poder judicial, y con ello, despedir a miles de trabajadores. Guardaron silencio ante la ocupación de las instalaciones del Senado, dañándolas, y obligando a las y los senadores a sesionar en las antiguas instalaciones de Xicoténcatl. Siguieron callando frente a los paristas que hicieron lo mismo de invadir, dañar las instalaciones y agredir a quienes las resguardaban, como ocurrió en varios congresos estatales cuando estos se congregaron para validar la aprobación de la reforma judicial. Y mantuvieron el paro en la Corte después de que 18 Congresos estatales ya habían validado la reforma judicial.
Pero, a pesar de todas estas acciones contrarias a la Constitución, los ministros agrupados alrededor de la presidenta de la Corte, no lograron capturar la voluntad de los trabajadores del Poder Judicial sindicalizados (casi 50 mil); no obtuvieron el apoyo popular, ni de la mayoría de los grupos financieros, ni de todas las organizaciones empresariales; no pudieron impedir tampoco que los diputados y los senadores aprobaran la reforma judicial propuesta por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Segunda. Los siete ministros de la SCJN y su presidenta; los tres magistrados del Consejo de la Judicatura Federal y su presidenta, Norma Piña; y los magistrados y jueces “paristas”, no lograron su objetivo de impedir la aprobación de la reforma judicial. Fueron derrotados jurídica y políticamente y aumentaron su déficit de consenso y redujeron su escasa legitimidad.
Tercera. En septiembre, los estudiantes se organizaron y movilizaron en salvaguarda de la reforma judicial obradorista. Por primera vez, después de la huelga de 1999, estallada en defensa del artículo 3o. constitucional y la Universidad Pública, se produjo un movimiento estudiantil masivo y nacional, integrado por alumnos de las universidades públicas y privadas, del IPN, de los Institutos Tecnológicos, las Universidades Tecnológicas y los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT), que manteniendo su identidad escolar, rebasaron el gremialismo académico para defender una iniciativa de naturaleza política y de beneficio social.
Cuarta. Las leyes reglamentarias y la elección de ministros, magistrados y jueces, es lo que sigue, y exigen una opinión pública atenta, participación popular organizada, movimiento estudiantil movilizado y partidos políticos democráticos con mayor presencia.
[1] Doctora en Ciencias Sociales y Doctor en Ciencia Política, respectivamente.
[2] Max Ortega, “Reforma del Estado, política laboral y movimiento sindical”, pp. 221–243, en Ana Alicia Solís de Alba, Max Ortega, Abelardo Mariña Torres y Nina Torres (Coordinadores), Globalización, reforma neoliberal del Estado y movimientos sociales, Editorial Itaca, México, 2003.
[3] Senado de la República. Instituto Belisario Domínguez, notasestratégicas, Numero 215, febrero de 2024, César Alejandro Giles Navarro, “Las reformas a la Constitución en la era de la alternancia”, p. 12; y Cámara de Diputados. LXIII Legislatura, 22 de Enero de 2014, “Reformas Constitucionales por Periodo Presidencial. Últimas reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2013”.
[4] Nina Torres Baños, “Las organizaciones no gubernamentales mexicanas: instrumento de la privatización de funciones estatales. Balance y perspectivas”, pp. 249 – 261, en Ana Alicia Solís de Alba, Max Ortega Aguirre, Abelardo Mariña Flores y Nina Torres Baños (Coordinadores), Recesión capitalista, privatizaciones y movimientos sociales, Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Iztapalapa, México, 2009.
[5] Poder Judicial de la Federación. Suprema Corte de Justicia de la Nación, “Circular Núm. 4/2024, A todo el personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la opinión pública”, 3 de septiembre de 2024.
[6] La Jornada, 2 de septiembre de 2024, Carlos Fernández-Vega, “Norma Piña y sus secuaces”.
[7] Suprema Corte de Justicia de la Nación–Consejo de la Judicatura Federal, Reforma integral al sistema de justicia en México: desafíos y propuestas, s.f., 271 pp. A este largo diagnóstico de problemas sin solución del sistema de justicia, se le agregó otro, elaborado por el Consejo de la Judicatura Federal, intitulado La reforma al poder judicial en voz de la judicatura, s.f., 136 pp.
[8] La Jornada, 7 de septiembre de 2024, Claudio Bañuelos, “Que linchen a quien no vote en contra”
[9] Proceso, 5 de septiembre de 2024, “Claudio X. González: ya se tienen los 43 senadores para bloquear la reforma de AMLO”.
[10] Merca2.0, 2 de septiembre de 2024, Juan Antonio Miranda, “Estudiantes a favor por la Reforma Judicial concentraciones 3 de septiembre: ¿Dónde se reunirán en cada estado?”; sinembargo.mx, 2 de septiembre, “Estudiantes piden reforma. Ayer marcharon en apoyo a Poder Judicial. Hoy jóvenes anuncian movilización en contra”; sinembargo.mx, 2 de septiembre de 2024, “ ‘Usan a los estudiantes’. Entrevista. Son de derecha, no alumnos de Derecho: vocera de jóvenes por la reforma”.
[11] Radio Fórmula mx, 3 de septiembre de 2024, “ ‘Democracia sí, dedazos no’: jóvenes de todo el país muestran su a poyo a la Reforma Judicial” ; Regeneración, 4 de septiembre de 2024, Rojas R., “Reforma judicial, mandato popular, se multiplican manifestaciones a favor”.
[12] La Jornada, 6 de septiembre de 2024, César Arellano y Gustavo Castillo, “ ‘¡Fuera Piña!’, gritan miles frente a la Corte en acto de apoyo al cambio judicial”; Regeneración, 5 de septiembre de 2024, Rojas R., “Reforma judicial por voto popular, impresionante movimiento de jóvenes”.
[13]La Jornada L, 10 septiembre de 2024, “Acusa Yasmín Esquivel a Piña de actitud golpista ante el Legislativo”.
[14] Cámara de Diputados, 13 de septiembre de 2024, “La Cámara de Diputados emite declaratoria de constitucionalidad en materia de reforma del Poder Judicial”.
[15] Diario Oficial de la federación, 15 de septiembre de 2024, “DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial”.
[16] Suprema Corte de Justicia de la Nación, 12 de setiembre de 2024, “CONCLUIRÁ LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN LA CORTE, CUANDO EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN PUBLIQUE EL DECRETO DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DEL PODER JUDICIAL.
En la sesión privada celebrada el día de hoy, el Pleno de este Alto Tribunal tomó conocimiento de lo acordado por los Colegios de Secretarias y Secretarios así como de Jóvenes Estudiantes de Derecho y Nuevos Profesionistas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a levantar la suspensión de labores a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto de reforma constitucional en materia del Poder Judicial. La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández convocó a sesión para el próximo martes 17 de septiembre; el Pleno determinó que este viernes 13 se mantengan las guardias necesarias y la tramitación de los asuntos urgentes se realizarán conforme al criterio de las Ministras y de los Ministros a los que corresponda proveer en el ámbito de su competencia.”
[17] proceso, 17 de septiembre de 2024, Diana Lastiri, “Jueces y magistrados mantendrán paro de labores hasta que el CJF proteja sus derechos”.
[18] La Jornada, 14 de septiembre de 2024, Gustavo Castillo García, “Blinda la Judicatura pensiones adicionales y vitalicias de togados”; La Jornada, 15 de septiembre de 2024, Andrea Becerril,” Inútil, blindar pensiones de togados: legisladores; proceso, 17 de septiembre de 2024, Diana Lastiri, “Reforma judicial: así quedó el nuevo plan de pensiones de jueces y magistrados federales”.