Andrés Alcalá Rodríguez

Hace más de cien años, durante la sesión nocturna del 20 de enero de 1917, los constituyentes reunidos en Querétaro discutieron quién debía elegir a los integrantes de la Suprema Corte. Las intervenciones fueron álgidas y nutridas. El debate giró en torno a si debían elegirse por voto popular, como los otros dos poderes de la república, o mediante la intervención de otro poder. Paulino Machorro y Narváez, diputado por Jalisco, rechazó la elección popular. Sostuvo que «el interés del pueblo, la justicia y la democracia misma» exigían otra forma de designación, capaz de preservar al tribunal de las pasiones políticas (INEHRM, 2016, t. III, p. 218).

En ese mismo debate, Machorro reprochó a los abogados su resistencia a modificar un sistema judicial envejecido. «¿Quién había de venir a impugnar un dictamen en que se hace una reforma fundamental al sistema judicial si no los abogados?», preguntó (INEHRM, 2016, t. III, p. 214). Él mismo era abogado y había sido agente del Ministerio Público en Jalisco. Su pertenencia al gremio vuelve más reveladora la intervención, pues pretendía reconocer los intereses de los abogados cuando se oponían a su propuesta, mientras defendía que la elección de ministros de la Suprema Corte quedara fuera del voto popular.

Invocar el interés del pueblo, la justicia y la democracia para que un poder del Estado designe a otro, y luego reprochar al gremio que defienda sus intereses, es una contradicción que abre la puerta a una lectura de clase. Es esa lectura la que queremos rescatar aquí, pues hoy argumentar a favor de la preparación y la independencia de quienes juzgan expresa también una disputa por el acceso a la institución y por la capacidad de definir sus reglas. Defender a una clase burocrática asentada en las cúpulas de un poder del Estado es justamente lo contrario de un interés popular, de justicia y democracia. Esa disputa emergió en 1917, quedó sin resolver y reapareció en 2024 con el cambio en la forma de integrar el Poder Judicial.

La disputa conserva todavía una dimensión de clase, la de la pequeña burguesía profesionista acondicionada en los tribunales y juzgados, para quienes, en términos de clase, el método de selección puede variar mientras la justicia permanezca en manos de personas formadas dentro de sus espacios de influencia y dispuestas a presentar sus intereses como si fueran los de toda la sociedad. En ese sentido, se apela a la defensa de la capacidad técnica o de la independencia judicial para defender a esas burocracias, lo que puede expresar preocupaciones legítimas, pero que, al mismo tiempo, también protege una distribución desigual del poder. Para distinguir una cosa de la otra hay que mirar quiénes han llegado a los tribunales, qué decisiones han tomado y a quiénes les ha resultado accesible la justicia.

A dos años de la reforma al Poder Judicial y a uno de la instalación de las personas juzgadoras electas por voto popular, quedan todavía rescoldos de las protestas que la acusaron de desmantelar la justicia en México. Quienes entonces difundieron esa acusación con amplios recursos mediáticos vuelven ahora sobre ella en el documental Cuando perdimos el juicio. Crónica de la reforma judicial en México, disponible gratuitamente en YouTube, que elude buena parte de esas preguntas. El documental, producido por quienes están acostumbrados a socializar las pérdidas y privatizar las ganancias, cuenta el cambio como una pérdida colectiva. Su relato invita a lamentar el fin de un orden cuya composición y actuación apenas examina. Antes de aceptar ese «perdimos», habría que preguntar quiénes podían reconocerse en el Poder Judicial anterior y qué posición dejaron de tener asegurada con la reforma.

Si la reforma abrió a la elección popular la integración de un poder cuyos miembros se designaban por otras vías, ¿qué fue, exactamente, lo que «perdimos»? En el documental, Norma Piña y Javier Laynez recuerdan las decisiones con las que la Suprema Corte frenó proyectos impulsados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esas intervenciones aparecen como muestra de la supuesta autonomía que la reforma habría destruido. Con ese discurso, se da por sentado que la capacidad de detener al Ejecutivo basta para zanjar la discusión sobre la independencia; sin embargo, quedan pendientes varias preguntas incómodas sobre las decisiones que sí permitieron a anteriores Ejecutivos y la disposición que tanto ellos como su personal tuvieron para intervenir proyectos de gobiernos neoliberales. Defender el control constitucional exige examinar sus decisiones concretas, también cuando sus integrantes invocan la independencia para explicar su propia actuación.

La presentación de los datos del documental, en ese sentido, es problemática porque asocia la elección judicial con la inexperiencia, la escasa participación y las irregularidades del proceso legislativo; sin embargo, todos estos son asuntos que requieren un examen que va más allá del mero testimonio y no pueden ser una prueba de que la ciudadanía perdió la democracia, sino todo lo contrario. La posibilidad de elegir a quienes ejercen el Poder Judicial amplió la intervención popular en su integración, y discutir las condiciones en que ocurrió esa elección permite exigir una democracia más profunda.

Algo semejante ocurre con la carrera judicial, pues la película la presenta como el resultado de décadas de esfuerzo y sitúa su reemplazo entre las pérdidas más graves de la reforma. Es comprensible que quienes construyeron una trayectoria dentro de ella defiendan su trabajo y eso no está en cuestión en estas líneas; sin embargo, su testimonio no demuestra que el ingreso y el ascenso hayan dependido siempre del mérito. En ese sentido, el documental no habla de las redes familiares y la cerrazón institucional que formaban parte de las críticas al modelo anterior. Mylai Burgos Matamoros y Aleida Hernández Cervantes recuperan ese problema en Fortalecer la democracia (2025), un estudio sobre la reforma y la primera elección judicial. Queda por explicar por qué una institución presentada como garantía profesional podía albergar esas prácticas, y el documental ni siquiera lo intenta.

Desde el aspecto electoral, la baja participación en la elección del 1 de junio de 2025 tampoco admite rodeos. El INE estimó que votó entre el 12,57 y el 13,32 % de la lista nominal oficial, cifra que nos obliga a discutir las condiciones de la primera elección judicial y la distancia que todavía existe entre la posibilidad de votar y el conocimiento necesario para hacerlo. Esta participación, sin embargo, no puede ser un veredicto de la falla de la reforma entera, como pretende el documental. La elección no deja de tener un sentido democrático por la cifra de votantes, sino que, por el contrario, evidencia la alta necesidad de continuar reformulando y fortaleciendo las instituciones democráticas que posibilitan elegir autoridades judiciales.

También hay que mirar con cuidado las escenas de candidaturas haciendo campaña en redes sociales. Algunas son, en efecto, ridículas. De ahí no se sigue que la elección haya eliminado toda exigencia de formación jurídica. La reforma estableció requisitos profesionales y académicos para las candidaturas y previó comités encargados de evaluarlas. Cabe discutir si esos filtros funcionaron y si fueron suficientes. Seleccionar las intervenciones más extravagantes para representar a todas las personas electas deja esa discusión intacta.

Los «acordeones» en sí mismos y las denuncias de irregularidades merecen una investigación igualmente seria. Plantean preguntas sobre la libertad del voto y la organización del proceso, así como sobre la naturalidad con que México se permite votos corporativos. También obligan a distinguir entre una irregularidad documentada, su alcance y la conclusión de que todo el Poder Judicial quedó capturado. El documental recorre esa distancia con demasiada prontitud y acumula episodios hasta que la palabra «pérdida» parece inevitable, aunque cada uno reclame una prueba y una explicación propias.

Quizá ahí se encuentre el juicio que conviene recuperar. La reforma abrió una estructura de poder a la elección popular, que cuestionó al Poder Judicial en su dimensión operativa y su dimensión como poder. Esa apertura debe someterse a crítica para que pueda profundizarse. La primera elección dejó problemas que reclaman respuestas; sin embargo, nada de ello obliga a añorar un sistema de justicia inutilizable, sometido al poder económico, la burguesía gremial, los colegios de abogados y las redes de poder que se tejían alrededor de esa operación.

Para cerrar, a la pregunta del documental por lo que perdimos podemos oponer otra: ¿quiénes podían decidir antes y qué privilegio terminó cuando esa decisión salió de sus manos?

Referencias

Burgos Matamoros, M., & Hernández Cervantes, A. (2025). Fortalecer la democracia: debates sobre la reforma judicial en México.

Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM). (2016). Diario de los debates del Congreso Constituyente 1916-1917: III. Secretaría de Cultura; Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM).