Milton Gabriel Hernández García

El periodo neoliberal fue catastrófico para los trabajadores y trabajadoras asalariadas en nuestro país.

El salario perdió su poder adquisitivo y se estancó durante más de cuarenta años; aumentó el desempleo, creció la informalidad y se flexibilizaron las leyes laborales, lo que facilitó la sobreexplotación de la fuerza de trabajo.

Todo ello significó una profunda regresión de las conquistas sociales de la clase trabajadora y una disminución de su participación en la riqueza social.

Para salir de ese oscuro laberinto, uno de los compromisos más importantes al inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido dar los primeros pasos hacia una justicia mínima para la clase obrera y para el pueblo trabajador.

Cuatro han sido los ejes para llevar a cabo una profunda transformación en las relaciones históricamente antagónicas entre trabajo y capital:

1. Reforma laboral.

Una de las primeras acciones del gobierno de la 4T ha sido la puesta en marcha de una reforma laboral integral que entró en vigor a partir de que se publicó el decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, el primero de mayo de 2019.

Dos de los pilares de esta reforma son la libertad y la democracia sindical. Ahora, la ley garantiza que los trabajadores y trabajadoras ya pueden decidir, sin discriminación ni represalias, si desean afiliarse a un sindicato, cambiar de organización sindical, o no pertenecer a ninguna.

También se garantiza el derecho a participar en las decisiones fundamentales de su sindicato a través del voto personal, libre, directo y secreto, pues ahora los y las trabajadoras deben ser consultadas sobre la elección de sus directivas y la aprobación de sus contratos colectivos.De esta manera se dan garantías legales para que no existan más sindicatos simulados y líderes sin representatividad.

Asimismo se garantiza que, en la conformación de las planillas para renovar las dirigencias sindicales, existirá la representación proporcional de género.

Como parte de la reforma se ha creado un nuevo sistema de justicia, que implica la creación de los Centros de Conciliación Laboral. Se garantiza un nuevo esquema que busca la construcción de acuerdos entre los trabajadores y la patronal, antes de que estallen los conflictos laborales.

Gracias a esta reforma, se han logrado a la fecha que el 75% de las controversias laborales se hayan resuelto bajo el nuevo esquema de conciliación, lo que ha evitado que se llegue a juicios que antes duraban años.

Y en aquellos casos en los que sí se ha llegado a un juicio laboral, el tiempo de resolución se ha reducido a un promedio nacional de 6.5 meses.

También se ha logrado la firma de 15,700 contratos colectivos legitimados por los trabajadores en todo el país, para lo que se ha consultado a poco más de 3 millones de trabajadores y trabajadoras a lo largo y ancho del territorio nacional.

2. Aumento histórico al salario mínimo

En segundo lugar, la 4T emprendió una política de incrementos continuos y progresivos al salario mínimo, que pasó de 88 pesos en 2018, hasta 207 pesos a partir de enero de este año. En la frontera norte aumentó más, pues ha llegado ya hasta los 312 pesos diarios.

Esto significa que ha habido un incremento de 62 por ciento en términos reales y en la frontera el incremento ha sido de más del doble. Algo nunca visto en los últimos 40 años.

Todos estos aumentos se han logrado gracias a las negociaciones que el gobierno de la Cuarta Transformación ha facilitado entre la clase obrera y el sector empresarial.

Más de seis millones de trabajadores se han visto beneficiados con los aumentos históricos que iniciaron con el actual gobierno, así como la sociedad en general, pues el incremento al salario mínimo da más dinamismo a las economías locales y fortalece el mercado interno.

Estas políticas han beneficiado a los trabajadores y trabajadoras más pobres. Nos referimos a los Jornaleros Agrícolas y a las Trabajadoras del Hogar, que por primera vez en este gobierno han sido reconocidas plenamente en la política de salarios mínimos.

Esta inclusión histórica fue respaldada por organizaciones como el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (SINACTRAHO), la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar (CONLACTRAHO), el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (Sindja) y la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (RNJJA).

3. Combate a la subcontratación, conocida como outsourcing

Otra de las grandes luchas sociales que ha enarbolado el movimiento y el gobierno de la Cuarta Transformación, ha consistido en terminar con los abusos laborales que llegaban al extremo con el llamado outsourcing.

Este tema ha generado una fuerte polémica, así como la resistencia del bloque conservador y del sector empresarial.

El presidente señaló reiteradas veces que este esquema o modelo de contratación, producto de las políticas neoliberales, fue utilizado como una forma de defraudación fiscal, pues implica evasión de impuestos y de cuotas.

Este sistema de contratación niega a los trabajadores sus prestaciones más elementales como el aguinaldo o el reparto de utilidades, además de que hace legal que los despidan a fin de año de forma masiva. 

Además, el outsorsing genera competencia desleal, pues abarata artificialmente el costo de la mano de obra, tanto por el pago a los trabajadores como por la evasión de impuestos y cuotas de seguridad social.

Para hacer frente a este sistema injusto, el gobierno de la 4T materializó en abril de 2021 una reforma que prohíbe la subcontratación de personal, salvo para el caso de la contratación de servicios especializados.

A partir de esa fecha, las empresas que presten estos servicios deberán registrarse de manera obligatoria en un padrón que estará a cargo de la Secretaría del Trabajo y para conseguir esa inscripción, tendrán que acreditar primero el cumplimiento de sus obligaciones laborales, de seguridad social y aquellas de tipo fiscal.

Con la entrada en vigor de esta reforma, los patrones deben reconocer como trabajadores propios a todos aquellos empleados que realizan las actividades principales en sus empresas.

Se prohíbe que las agencias de empleo o intermediarios que intervienen en el proceso de contratación de personal participen en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación. Estas agencias ya no se considerarán patrones, pues este carácter lo tiene quien se beneficia de los servicios.

Hasta el momento se ha beneficiado con esta reforma a más de un millón de trabajadores que estaban subcontratados, además de que también se ha logrado el reconocimiento del derecho al reparto de utilidades.

En síntesis, esta reforma contra el outsourcing está posibilitando la conformación de un mercado laboral más equitativo, más equilibrado, más justo y productivo.

4. Creación de nuevos empleos

Otra de las piedras angulares de la política económica del gobierno de la 4T en beneficio del pueblo trabajador, es el impulso al empleo, que ha crecido por encima de las cifras que existían antes de la pandemia, pues en cuatro años se han creado un millón 264 mil 931 nuevos puestos de trabajo.

En lo que va del 2023, el número de trabajadores registrados en el IMSS aumentó en 423 mil durante los primeros tres meses. Una cifra récord. El número de trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se ubicó en 21 millones 796 mil 280, también con una cifra sin precedente, con un salario promedio, también histórico, de 14 mil 712 pesos mensuales.

Además, algo que no se había logrado nunca en los gobiernos neoliberales: se han incorporado a 56 mil personas trabajadoras y trabajadores del hogar al IMSS.

Desde cierta perspectiva podría decirse que lo recorrido hasta el momento es incipiente, pero no ha habido zigzagueos. Existen deudas de urgente resolución, como garantizar un piso mínimo de derechos laborales a los y las trabadoras por aplicación.

Pero es justo reconocer que la profundización de las conquistas sociales laborales no depende solo del gobierno de la Cuarta Transformación.

La movilización y el acompañamiento del pueblo trabajador y de la clase obrera será fundamental en este camino por el que nuestro país ya está transitando hacia una nueva era en materia de justicia laboral, empleo y libertad sindical.