¿A quién le pertenece la “transparencia”?

CE, Intervención y Coyuntura 

El debate contemporáneo sobre la situación de la institución dedicada a la transparencia nos obliga a pensar los orígenes y las posibilidades de dicho instrumento en la vida política de las sociedades.

Contrario a lo que piensan los defensores del instituto –creado durante el neoliberalismo– la lucha por la transparencia es, esencialmente, una lucha que surgió entre obreros y campesinos en el siglo XX. Los trabajadores, particularmente a partir de las luchas sindicales, demandaban en numerosas ocasiones en sus pliegos petitorios que las empresas mostraron sus libros de contabilidad. Este acto, de “transparencia”, era de vital importancia para la lucha sindical, para las reivindicaciones salariales.

Los movimientos campesinos a lo largo y ancho del país también demandaron en numerosas ocasiones la “transparencia”. En su caso, se daba cuando algún funcionario público se convertía en un neo-latifundista o cuando la entrega de tierras y la resolución de expedientes agrarios se hacía selectivamente, mostrando una predisposición a la entrega de tierras a los personeros de las organizaciones corporativas.

Borradas de la historia, la transitología instaló la idea de que la demanda de “transparentar” era propia de la sociedad civil (ella siempre moderna, pulcra, limpia, blanca) frente al “monstruo estatal”.

La transparencia demandada por los sujetos plebeyos vinculaba la política con la economía y esta es la parte distintiva del contenido de su demanda: era un acto de sobrevivencia, un acto político profundo.

La transparencia de los neoliberales, quienes hoy asisten horrorizados a la reconstrucción estatal, pretende reinstalar una “transparencia” de adorno, sin implicaciones económicas en la vida cotidiana.

El Estado precarizado por el neoliberalismo era aquel en el que las demandas de “transparencia” se limitaba a exigir, por ejemplo, todos los correos electrónicos de las dependencias, o para negar documentación con la cínica respuesta: “información inexistente”. Esa es la transparencia que gusta a la “sociedad civil” de los opositores. Construir y mantener con los recursos del pueblo una institución así es absurdo. Y no por ello la “transparencia” es inútil, todo lo contrario. Pero esta debería de dirigirse para ser un arma de lucha popular de los sectores plebeyos contra los poderes y mega poderes mercantiles (esos si opacos, oscuros, que actúan tras bambalinas).

Hay que hacer la lucha por la transparencia una, de nuevo, popular y plebeya y arrebatársela a la República de la Consultoría, tan dada a construir estas instituciones, “órganos autónomos”, que precarizan al Estado y expropian el sentido profundo de la soberanía.