Wilmer Andrey Chaparro García

Introducción

La violencia estructural y el conflicto social, político y armado ha impacto profundamente las dinámicas demográficas de las poblaciones campesinas y étnicas en Colombia, donde el desplazamiento forzado, despojo de tierras, concentración de la propiedad, el uso irracional del suelo, la destrucción de la economía campesina, el saqueo de los bienes naturales entre otras, ha excluido y expulsado a gran parte de los habitantes de los centros poblados y rurales dispersos del país, lo que ha repercutido en una crisis estructural del campo, afectado principalmente al campesinado que se ha visto inmerso en dinámicas de desterritorialización y perdida de la cultura campesina en las diversas regiones de Colombia, todo esto como resultado de dichas problemáticas. Lo anterior, ha propiciado, que en el Estado Nación se fomenten discursos y prácticas institucionales de desconocimiento y desvalorización del campesino como sujeto histórico, político y cultural, con el fin de consolidar los modelos de desarrollo agroindustriales, y posicionar a los empresarios como el actor fundamental de las economías desarrolladas en los entornos rurales.

Una prueba inicial de lo anterior, es que la Constitución Política de 1991 no reconoció legalmente al campesino como sujeto de derecho, y, por el contrario, establece la categoría de trabajador agrario, la cual, va en contravía del reconocimiento que si tiene otras poblaciones vulnerables como las indígenas y afrocolombianas. Sin embargo, las movilizaciones campesinas en regiones de alta presencia de cultivos ilícitos a finales de los años 80 y durante el segundo semestre del año 1996, lograron que se incluyera y reglamentara la figura de las ZRC en la Ley 160 de 1994, como parte de un proceso de inclusión social, territorial, económica y política que permitiera a los campesinos administrar y organizar sus territorios, y superar los ciclos de las economías ilegales.

De esta manera, dicha figura ha generado disputas permanentes entre diferentes sectores sociales que respaldan o se oponen a esta figura de carácter territorial; entre los argumentos planteados por quienes se oponen (empresarios, terratenientes, militares, partidos políticos) sobresalen posturas que señalan a las ZRC como “republiquetas independientes”, es decir, bastiones guerrilleros, o “cartuchos rurales” en alusión a la improductividad e ineficacia que representarían estos territorios en términos productivos y económicos para el desarrollo. Es por ello, que la clase dominante ha dinamizado contrapuestas de carácter territorial que buscan suplantar o desprestigiar las ZRC, entre ellas encontramos las Zonas de Desarrollo Empresarial (ZDE) contempladas también en la ley 160, las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (ZIDRE)  que buscan adjudicar las tierras baldías de la nación  a grandes inversionistas, mediante alianzas productivas que asocien campesinos en proyectos agroindustriales, lo cual representa, una acción política de parte del establecimiento contra los derechos fundamentales de los campesinos, puesto que la ley establece, que es a ellos, a quiénes se debe adjudicar este tipo de tierras baldías; y las Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial (UACT)cuya características se basaron en las acciones cívico militares, que actualmente operan bajo la figura de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII) y que representa un pilar de la política de “Paz con Legalidad” del gobierno de Iván Duque (2018- 2022), por medio de la cual, se busca desmontar y/o reformar el Acuerdo de Paz de La Habana, donde las ZRC representan una opción para la formalización y democratización de la tierra para los campesinos. Todas estas apuestas políticas de carácter territorial, han hecho parte del andamiaje de sabotaje para evitar los procesos de constitución de nuevas ZRC.

Por otro lado, quienes apoyan y respaldan las ZRC (movimientos campesinos, académicos, movimientos políticos, sociales y/o partidos políticos) plantean como argumentos centrales, dos aspectos fundamentales, uno corresponde, a que en la medida en que sean constituidas las reservas campesinas, estas posibilitaran el reconocimiento legal del campesino colombiano como sujeto de derecho, es decir, como sujeto histórico, ya que esta figura permite la configuración de la territorialidad campesina. Lo que permite la materialización de formas de organización comunitarias, así como el desarrollo de prácticas culturales sobre el territorio. El otro aspecto, es la importancia que tienen las ZRC como iniciativas agrarias de paz, que permita dar solución a la crisis agraria, génesis del conflicto social, político y armado; por medio de un ordenamiento social de la propiedad rural, que posibilite el acceso y uso de la tierra, el desarrollo social, el estímulo a la economía campesina, entre otros pilares fundamentales para una reforma rural integral. Estos postulados, son una antítesis clara frente a los intereses del bloque de poder, lo que refleja claramente escenarios de conflictos por el control del territorio rural en Colombia, expresado en una relación territorio-lucha de clases, territorios campesinos frente a territorios capitalistas.

En este sentido, el presente artículo contempla como un elemento fundamental para el análisis, las ZRC y su importancia en el reconocimiento del campesino y la lucha de clases por el territorio que se genera a partir de esta figura territorial en Colombia. Por lo tanto, el escrito estará conformado por dos partes, en la primera, se analizará la formación histórica del campesino colombiano, así como el origen de las políticas de desconocimiento, y el resurgimiento en Colombia del proceso de constitución del campesino como sujeto de derecho. Y, en segundo lugar, se abordará el campesino colombiano desde una perspectiva de clase social, y los conflictos por los territorios que afrontan actualmente para constituir las ZRC.

1) Acercamiento a los procesos de formación, desconocimiento y constitución del campesino colombiano

1.1) La formación: Para hablar de la formación histórica del campesino colombiano se ha hecho énfasis a los estudios realizados por Fajardo (1981, 36-53) y Fals Borda (1982, 65-86). Ambos autores, coinciden en resaltar la relación de las haciendas con el origen y consolidación del campesino^[1], estableciendo una referencia  en el periodo de transformación de las haciendas coloniales (autoabastecimiento) en haciendas exportadoras articuladas a los mercados mundiales donde se desarrollan las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción configuradas por éstas, convertidas en los núcleos regionales del poder. Sin embargo, es importante hacer la salvedad respecto a que la formación del campesino no fue similar en toda la geografía nacional, sino que, estuvo sujeta a distintas vertientes que determinaron dicha formación dentro de las diversas regiones de Colombia. Estas vertientes responden a los fenómenos de disolución de los resguardos indígenas, la descomposición de la esclavitud, la composición de economías campesinas mediante los procesos de colonización relacionada en sus inicios a los labriegos pobres españoles.

Estos tres grupos- indígenas, negros y blancos- al principio separados física y geográficamente como si fueran castas, aun por ley, se fueron juntando y amalgamando poco a poco para formar el campesino colombiano como lo conocemos hoy: el campesino pobre y explotado que debe trabajar la tierra, otros, que apenas puede disponer de pequeñas porciones dejadas de lado por el latifundio, o que se ha desplazado a áreas marginales. (Fals 1982, 66).

Respecto a la disolución de los resguardos este se empieza a configurar a partir de la independencia de España y de la conformación del Estado republicano, lo que propicio la extinción de más comunidades indígenas, la concentración de la propiedad de la tierra y la dinamización de la competencia por la fuerza de trabajo indígena flotante por parte de los hacendados que se estaban vinculando a los mercados externos. Esta competencia lleva a los hacendados a entregar parte de sus tierras a estos trabajadores indígenas para asentarlos de manera definitivamente en sus haciendas, surgiendo de esta forma los agregados, arrendatario y aparceros que habitan el campo colombiano. La segunda vertiente se expresa en el marco de la transformación de las relaciones sociales de las antiguas haciendas esclavistas, donde se optó por liberar la fuerza de trabajo esclava, pero asentándola dentro de los predios de las haciendas de sus antiguos amos mediante la entrega de lotes creando nuevas relaciones de aparcería y de trabajo servil enfocada en la producción- exportación.

Por último, la vertiente correspondiente a la colonización representa un elemento cardinal para la formación del campesino, este fenómeno tuvo diversas expresiones y dinámicas en cada una de las regiones del país, pero estuvo directamente relacionado a la apertura de nuevas tierras para articularlas a la estructura económica de la hacienda ya fuese por vía de compra de mejoras o de expropiación, generando el ciclo de colonización-conflicto-migración-colonización, en esta vertiente se empezaron a configuras las relaciones de trabajo asalariado del campesino sin tierra, de terraje, aparcería, así como la colonización dependiente, marginal y armada.          

1.2) El desconocimiento: así como el campesino colombiano vivió un proceso histórico de formación anteriormente descripto, éste se ha inmerso en un conjunto de dinámicas que tienden a su  desconocimiento y desvalorización histórica, política y cultural, lo que ha causado una fallas de reconocimiento (Fraser 1997, 314) basadas en paradigmas descampesinistas que sostienen la indiscutible desaparición del campesino, ya fuese por medio de procesos de proletarización (Kaustky 1989, 330) o de conversión en agricultores familiares integrados al capitalismo agrario (Abramovay 1992, ), ambos paradigmas hegemónicos han sido adoptados por parte de los estamentos oficiales  para la formulación de proyecto, programas y políticas agrarias. A ello se suma, dos hechos históricos fundamentalmente: los periplos de violencia y el discurso de la modernidad y el desarrollo.

Entorno a los periplos de violencia es importante enfocar el análisis sobre la denominada “época de la violencia” (1948-1958) apelativo que se le da a la guerra civil entre liberales y conservadores, ya que es durante este periodo que se entrelazan un conjunto de hechos históricos tanto a nivel nacional como internacional que acabaran determinando el rumbo desarrollista del país. La época de la violencia que produjo desplazamientos, despojo a los campesinos, a pequeños y medianos propietarios, condujo a un nuevo ciclo de concentración de tierras que coincidió por causalidad y no por casualidad, con una importante etapa de crecimiento económico del país, la cual, creo las condiciones para la entrada del modelo desarrollo capitalista de la agricultura y modernización burgués – terrateniente del campo. Dicha violencia y crecimiento se superpuso con el surgimiento del discurso del desarrollo inaugurado por la Doctrina Truman a inicios de 1949 y con la visita que realizo el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, a Colombia con el objetivo de diseñar un programa de desarrollo.

El desarrollo se globalizó patrocinado por los agentes que se reafirman a escala global, como las oligarquías financieras e industriales con sus empresas del Primer Mundo, aliadas con importantes sectores de las burguesías locales desarrollistas del Tercer Mundo, de las oligarquías latifundistas (la Revolución Verde para ellos fue una bendición), así como por los gestores estatales civiles y militares nacionalistas (Porto Goncalves 2006, 25)

En este sentido, la época de la violencia abrió las puertas al discurso y la profundización de modelos de desarrollos capitalistas para el sector agrario colombiano, a partir de la ruina y el despojo a la población rural y campesinas que se vieron avocadas a las ciudades a suplir la demanda de mano de obra. Fue así, que el desarrollo capitalista del agro del país se dio por medio de tres sucesos fundamentales configurados por la violencia, que se enmarcan sin duda dentro de las lógicas del desarrollo: a) la conversión de antiguos latifundios en modernas explotaciones capitalistas, b) la conversión en grandes unidades agrícolas de las tierras pertenecientes a los antiguos pequeños y medianos propietaritos que resultaron expropiados durante la violencia, c) la adaptación del antiguo latifundio a las modernas condiciones capitalistas de la producción neocolonial apoyándose, por un lado, en su monopolio sobre la propiedad territorial y, por el otro, en la creciente estrechez del mercado (Zuleta 1973, 103-151).

Es en este contexto de los fenómenos de la violencia y el desarrollo donde se configura un discurso de desconocimiento – desvalorización del campesino, que venía siendo excluido paulatinamente de las leyes de reforma agraria, puesto que el Estado colombiano adopto un conjunto de políticas institucionales que no solo determinaron formas de uso y control de la estructura agraria, los recursos naturales y los territorios, sino que, condicionaba la caracterización y conceptualización del campesino; ya sea definiéndolo de forma inadecuada o no reconociéndolo dentro de sus políticas de desarrollo rural, respondiendo a un modelo económico hegemónico que siempre ha afirmado la desaparición innegable  del campesino, por ser éste, un sujeto improductivo según los discursos propios del desarrollo y la modernidad, creando:

Las clasificaciones frecuentemente producen estereotipos útiles para sujetar personas a través de simplificaciones que justifican la indiferencia a la heterogeneidad. Los estereotipos casi no consiguen esconder sus funciones de poder bajo la superficie del idioma del desarrollo y de la cooperación cuyo léxico está repleto de dualismos que refieren, de formas estáticas o dinámicas, a estados de tránsito o a relaciones de subordinación” (Ribeiro 2007, 184)

En el plano latinoamericano instituciones internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe- CEPAL- difundió en su momento estos discursos y enfoques del desarrollo de corte descampesinista, que definían las formas de producción agrícola campesina como pre capitalistas o semi capitalistas, señalando al campesinado como el punto de retraso interno en el desarrollo económico latinoamericano, lo que derivó en el diseño y formulación de políticas económicas y agrícolas, donde se posiciono al empresario como el actor fundamental para el crecimiento y desarrollo agropecuario de los países de la región, excluyendo al campesino, sustituyéndolo por conceptos como el de agricultor familiar categoría cuya intencionalidad consiste en integrar los procesos productivos a las estructuras del modelo económico, y así proyectar el desarrollo capitalista, omitiendo la riqueza y cualidades de las economías campesinas. Estos hechos tienen una característica en común, y es que apuntan a la descampenización y empresarización de la vida rural, por consiguiente, acrecentar el desconocimiento y desvalorización del campesinado, en dos aspectos puntuales, la despolitización que genera una negación del estatus político, y la ausencia de una diferenciación cultural, lo que a la larga ha influido en la crisis agraria y rural del país, relegado a estos habitantes rurales del ejercicio del poder, de su economía campesina (elementos culturales esenciales para esta clase social), subordinándola a los últimos renglones de la política agraria y priorizando al empresario como el actor primordial de las políticas de este sector, aunado al impacto y los efectos que el conflicto social, político y armado ha tenido sobre ellos, donde los procesos de desarraigo territorial han afectado el tejido social de los campesinos impidiendo que ejerzan sus territorialidades.

Todo lo anterior, ha llevado a que en Colombia se constituya un imaginario del campesinado ignorante, improductivo, subdesarrollado y por consiguiente pobre, frente al del empresario rural, inteligente, productivo, moderno, eficaz y desarrollado; subordinando la identidad campesina a la identidad occidental moderna, propiciando iniciativas de desarrollo que están transversalidades por relaciones de poder desiguales. De esta manera, las múltiples instituciones oficiales, orientan sus decisiones políticas y económicas a la desvalorización y desconocimiento del sujeto campesino, fortaleciendo discursos tecnocráticos que establecen una matriz de opinión cuyo objetivo es la negación de la propia historia, construyendo estereotipos sobre las comunidades campesinas, que son determinantes de la injusticia de la que son víctimas, puesto que impiden cualquier avances hacia el reconocimiento del campesinado como sujeto de derecho en el país, ya sea estableciendo barreas administrativas para la constitución de nuevas ZRC, absteniéndose de votar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, o hundiendo proyectos de ley en el Congreso que buscan reemplazar el concepto de trabajadores rurales por la categoría de campesino en la  Constitución Política de 1991.  

1.3) El campesino como sujeto de derecho: para analizar el proceso de recampenización y/o resurgimiento de la cuestión campesina (Domínguez 2012, 134) en Colombia se debe partir de los sucesos ya enunciados sobre las marchas campesinas de finales de los años ochenta  y mediados de los noventa, que posibilitaron la creación de las ZRC, en el marco de una nueva carta magna que represento paradójicamente la apertura al neoliberalismo, pero también  un progreso hacia el reconocimiento de derechos fundamentales, como el de los pueblos étnicos, pero que desconoció por completo al campesinado, al sustituirlo en el artículo 64 por la categoría de trabajadores rurales (Congreso de la República, 1991). En este sentido, fueron las luchas y movilizaciones campesinas, antes que un debate académico e intelectual o iniciativa de algún partido político, la que dinamizo políticamente la necesidad de que se reconociera constitucionalmente al campesino como sujeto de derecho frente a la apertura del Estado colombiano a los designios de la modernidad occidental, tratando de despojarlos de cualquier identidad y pertenencia a una clase social.

Los campesinos venían de una cultura largamente establecida. Tenían una sabiduría en su relación con la tierra, un lenguaje lleno de gracia, en el que la rudeza y la ternura encontraban una expresión elocuente y vivaz. Eran seres dignos y serenos incorporados a una relación profunda y provechosa con el mundo. De la noche a la mañana, estos seres se vieron arrastrados por un viento furioso que los arrancó a la antigua firmeza de su universo y los arrojó sin defensas en un mundo implacable. Su sencillez fue recibida como ignorancia, su nobleza como estupidez, su sabiduría elemental como torpeza. Es imposible describir de cuantas maneras las inmensas masas de campesinos expulsados se vieron de pronto convertidos en extranjeros en su propia patria, y el calificativo de “montañero” se convirtió en el estigma con el cual Colombia le dio la espalda a su pasado y abandonó a sus hijos en manos de los prejuicios de la modernidad. De pronto el país de la simulación, incapaz de construir algo propio en qué reconocerse, descubrió los paradigmas del progreso solo para utilizarlas contra sí mismo, si se plegaba como siempre, sin criterio, sin carácter, sin reflexión y sin memoria, a los dictados de un hipotético mundo superior (Ospina 1997, 29-30)

Ante este panorama de desconocimiento de las campesinidades, los procesos organizativos han recurrido a diversas estrategias y herramientas legales para lograr superar las fallas de reconocimiento impuestas contra el campesino, estas corresponden a la constitución de ZRC, proyectos de ley presentados al Congreso de la República y acciones de tutela que han logrado que entidades judiciales fallen en favor del reconocimiento de los derechos campesinos por medio de  la Sentencia T-763/2012 de la Corte Constitucional y el fallo STP 2028/2018 de la Corte Suprema de Justicia, lo que ha posibilitado que actualmente se haya iniciado un proceso de caracterización, definición del sujeto campesino en Colombia, lo cual, representa sin duda una victoria que traza nuevas estrategias hacia el reconocimiento pleno del campesino como sujeto de derecho.

En relación, a las ZRC, esta simboliza la primera reivindicación tras la constituyente, en pro del reconocimiento de los derechos campesinos desde una perspectiva territorial, y que se venía materializando desde las marchas cocaleras, que exigían una atención integral por parte del reciente Estado Social de Derecho. A partir de ello, se establece un marco jurídico para las ZRC compuesto por la Ley 160 de 1994, en su capítulo XIII artículos del 79 al 84, reglamentadas por medio del Decreto 1777 de 1996 y el Acuerdo 24 de 1996 de la Junta Directiva del INCORA. Dicho paquete normativo, establece que las ZRC se entiende como una figura para delimitar la propiedad de la tierra, estabilizar a los campesinos y colonos en zonas de amortiguación de parques naturales y reservas forestales, proteger la economía campesina, siendo concebida en su origen como una estrategia de redistribución  de tierras que busca dar cumplimiento al artículo 64 de la Constitución política de Colombia, en donde se refiere al deber del Estado de promover el acceso progresivo a la tierra de los trabajadores agrarios, generar las condiciones para la producción y la de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de los campesinos con el fin de mejorar sus ingresos y calidad de vida. Sin embargo, esta definición ha sido ampliada por el movimiento campesino que ha mantenido el debate sobre el deber ser y el quehacer de las ZRC, lo que ha viabilizado el fortalecimiento de las siete ZRC campesinas actualmente constituidas y reconocidas por el Estado, así como contribuido a impulsar nuevas ZRC a lo largo y ancho de la geografía colombiana, puesto que esta figura constituye y representa para las asociaciones campesinas que la impulsan un proceso político e histórico que expresa el acumulado en la lucha por la tierra en Colombia, constituyéndose en una exigencia fundamental del movimiento campesino, siendo a su vez,  una muestra de que a pesar de las múltiples acciones  por despoblar el campo y descampenizar la Colombia rural, los campesinos siguen resistiendo y perviviendo a lo largo y ancho del país.