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Reforma Energética: de la dependencia a la soberanía energética

Jonatan Romero

En este sentido, que el neoliberalismo implica una competencia abierta antes que un control monopólico o competencia limitada dentro de estructuras oligopólicas es una idea fraudulenta que, como de costumbre, el fetichismo de la libertad de mercado enmascara. El libre comercio no significa comercio justo.

Harvey

Crisis del capitalismo y la reforma del 2013

La crisis financiera de 2008 fue la expresión más evidente de la crisis de sobreacumulación capitalista y desencadenó un horizonte civilizatorio inédito donde la gran mayor parte de la planta productiva cambió el modelo de dominio burgués sobre el trabajo y la naturaleza. El mercado energético mundial no se escapó a esta reorganización de la ley del valor que se valoriza a escala planetaria. En México, las corporaciones trasnacionales impulsaron una nueva reforma energética en 2013 en contubernio con el Partido Revolucionario Institucional y el objetivo se centró en incrementar la tasa de ganancia en el sector.

La crisis de sobreacumulación de capital expresa dos momentos muy importantes: 1) la tasa de ganancia cae de manera acelerada y 2) el capital constante incrementa más rápido que el variable. En ese sentido, las fuerzas productivas técnicas se muestran como excedentes en relación con la acumulación burguesa, es decir, una composición orgánica del capital baja provoca un descenso en la cuota de ganancia. La solución es frenar el uso del capital constante para regresar a márgenes de beneficios más altos.

Las corporaciones trasnacionales hicieron precisamente eso con la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto, ya que la propuesta del ejecutivo en turno desmanteló toda la capacidad productiva de Comisión Federal de Electricidad (CFE). A diferencia del discurso oficial y liberal, las nuevas reglas aprobadas por el Pacto por México (o pacto contra México) no les interesó modernizar la industria mexicana de energía, sino todo lo contrario, el gobierno paralizó sus activos y le entregó totalmente el mercado al sector trasnacional.

Las elites mexicanas cedieron la soberanía energética a las empresas españolas: Iberdrola, gas natural y Fenosa. Bajo este mirador, la reforma aprobada por Peña Nieto tuvo el gran logró de incrementar las ganancias de las corporaciones trasnacionales y, al mismo tiempo, boicotear la capacidad productiva de la CFE. Muy al contrario de sus manuales, los neoliberales olvidaron la idea de racionalidad y eficiencia económica para apostar por un modelo de negocios basado en el despojo y el incremento del capital ocioso.

El director general Manuel Bartlett publicó una serie de datos históricos sobre la inversión estatal y privada en el mercado energético, según esto, México transitó de la soberanía energética a la dependencia casi total: CFE PRODUJO el 100% EN 1999, el 66% en 2013, 54% en 2017, 52% en 2018, 45% en 2019, 39% en 2020, 29% en 2024 y el 16% en 2029. La tendencia general traza un camino bastante peligroso, puesto que CFE puede desaparecer del mercado de energía nacional y el país se sometería a los caprichos de los organismos financieros mundiales.

El sentido de la reforma energética se basó en contrarrestar la crisis de sobreacumulación de capital y para ello se necesitaba de manera urgente: por un lado, paralizar la planta productiva de CFE, y, por el otro, incrementar los márgenes de ganancias del capital financiero. Bartlett denunció en el parlamento abierto que “El mercado eléctrico mexicano vale 315 mil millones de dólares y la CFE vale 377 mmdd. Los privados invirtieron 11 mmdd de capital propio; con 11 mmdd se apropian del Sistema Eléctrico y la CFE: 34 veces lo invertido”.

La racionalidad económica capitalista exige dentro de los límites del capitalismo contemporáneo: primero, desmantelar su planta productiva, y, segundo, dar todas las garantías para incrementar las ganancias de los privados. Por ejemplo, CFE cubrió el costo por no utilizar el 55% de sus instalaciones (215.4 millones de pesos) y además garantizó la compra de energía que puede abastecer fácilmente al mercado mexicano (222.9 millones de pesos).

Ángel Balderas difundió unos datos bastante importantes sobre el subsidio por parte de CFE al mercado privado y estimó una cantidad 471, 606 millones de pesos, donde se registran las siguientes actividades: daños por contratos, autoabasto simulado, subsidio por tarifa, compra de certificados y respaldo. Aquí vale la pena aclarar lo siguiente: las principales empresas beneficiadas fueron Grupo Femsa, Iberdrola y ENEL. Al final de esta tragedia, las corporaciones trasnacionales no contentos con destruir la empresa mexicana de energía, también la usaron para incrementar fuertemente sus ganancias al reducir los costos totales de manera artificial y ventajosa.

De lo antes descrito, la reforma energética del 2013 entregó el mercado energético mexicano al sector privado y con ello incentivo irremediablemente la usura y la especulación. Ahora, el capital financiero domina el sector energético y este determina el uso y destino de este valor de uso, cuya finalidad no es la calidad de vida de las mexicanas o el desarrollo del país o un precio justo, sino lo determina las leyes de la misma valorización del valor. El capitalismo contemporáneo instaló un proceso de despojo masivo y la energía eléctrica es un pilar fundamental de este proyecto civilizatorio.

Renta monopólica y tarifas

La reforma energética de 2013 prometió reducir los precios de la energía y los consumidores serían los principales beneficiados de este nuevo margo legislativo. En 2022, el augurio no llegó de ninguna manera y, todo lo contrario, las tarifas significaron un retroceso al poder adquisitivo de la sociedad mexicana y, al mismo tiempo, beneficio a las grandes corporaciones asentadas en el país. El debate toma un peculiar camino, ya que, el Pacto por México impulsó una iniciativa ventajosa para la inversión extranjera directa.

La dictadura neoliberal aseguró en el parlamento abierto que los costos son muy altos y, por eso, las tarifas no decrecen en el tiempo prometido. El mercado interno necesita radicalizar las reformas de 2013 para conseguir los frutos deseados y, por ello mismo, la iniciativa del gobierno Andrés Manuel López Obrador está llamada al fracaso. Aquí vale la pena esperar a considerar algunas cuestiones de vital importancia para el debate contemporáneo y los analistas deben reconsiderar la teoría de los costos como el eje de sus premisas epistémicas.

El Pacto por México logró reducir ampliamente los costos de la industria con base en el desmantelamiento de la CFE, pero las tarifas nunca bajaron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, la lógica formal es muy clara en esta situación, por ejemplo, si los costos bajaron de manera artificial y al mismo tiempo subió el precio de la energía, entonces la ganancia empresarial tuvo un incremento en este proceso. La reforma estrella del neoliberalismo terminó beneficiando a los organismos internacionales como dijo Manuel Bartlett en el parlamento abierto.

Ahora, la CFE denunció el trato preferencial con algunos sectores de la sociedad, por ejemplo, Oxxo paga $2.10 mientras que los hogares mexicanos están pagando $6.10. La iniciativa del PRIAN nunca procuró el bienestar y desarrollo del país, sino se comprometió abiertamente con los intereses del capital financiero. En ese sentido, los grandes fondos internacionales terminaron obteniendo ganancias muy altas con base en el abaratamiento de sus costos y al mismo tiempo transfirieron estos a las familias mexicanas.

La estrategia neoliberal fue impecable y muy concreta, puesto que, por un lado, las empresas privadas manejaban precios fijos y la clase trabajadora costeó el proyecto de 2013 con tarifas crecientes. Otro elemento para considerar es las ventajas que da la ley a la burguesía en su conjunto, dado que esta no pagó 593 millones de pesos por la transmisión, todo esto gracias al orden legal del PRIAN. Mientras las elites no costean la totalidad del proceso, por otro lado, los dominados terminan pagando su parte y al mismo tiempo la de las grandes corporaciones.

Entonces, los herederos de la libre competencia no respetan los pilares de su ideología y buscan reducir los costos por todos lados gracias a la intervención del Estado. De esta manera, la clase trabajadora termina pagando todo el proceso mediante su recibo de luz y la otra parte la absorbe la Hacienda Pública, según la CFE, por este rubro, las finanzas públicas tienen un déficit de 490 mil millones de pesos que terminan pagando las familias mexicanas por conducto de los impuestos.

En ese sentido, el especialista Morales Vielma destacó en el foro abierto que “el sector energético es el promotor del desarrollo de los países, sin embargo, el sector privado solo piensa en utilidades y más cuando son empresas extranjeras” y, por otro lado, José Martín Mendoza Hernández, director general de CFE Suministrador de Servicios Básicos, denunció abiertamente en el pleno que “actualmente el servicio de energía eléctrica ya no es considerado un servicio público, sino un modelo de negocios, un modelo diseñado bajo criterios de rentabilidad”.

Aquí se encuentra el meollo del asunto, ya que, la ideología burguesa presenta el problema de manera tramposa: primero, ellos denuncian el monopolio estatal encarnado en la CFE y, dos, no dicen nada del mercado oligopólico o monopólico privado del cual es presa hoy en día gran parte del mundo (incluyendo a México). Aquí nadie dice nada desde los manuales de microeconomía y quedan mudos (o por cobardía o ignorancia). Un modelo de esta naturaleza tiene los dados cargados y el precio o tarifa alta es su principal consecuencia.

En el fondo de toda esta maraña ideológica está escondido el carácter compulsivo burgués de la usura desmedida y está apoyado, por un lado, por la destrucción de capacidades productivas ajenas, y, por el otro, con el monopolio del espacio energético del país en unas cuantas sociedades o grupos hegemónicos. En un escenario monopólico u oligopólico, las tarifas de luz tendrán un aumento significativo, no depende tanto por el aumento de los costos totales sino en todo caso se supedita a los márgenes de ganancias trasmutados en renta monopólica (Según la CFE esto es una renta extraordinaria).

Al final, el capital financiero termina cobrando una renta monopólica por contralar extensiones de suelo enteras del país con vocación energética y esto provocado bajo la complacencia del sistema legal mexicano. La reforma energética le entregó la mayoría del mercado a la iniciativa privada y pretende dejarle la totalidad de este. No se necesita ser mago o hechicero para conocer el futuro de esta estrategia: las tarifas irán incrementando más rápido en tanto CFE vaya dejando cada vez más el sector a sus competidores y así abrirle el camino entero a la renta monopólica.

Soberanía y transición energética dentro de la dictadura del proletariado

La derecha mexicana ha insistido maliciosamente a lo largo del debate sobre la reforma energética que la iniciativa de Andrés Manuel está en el pasado e incumple los protocolos mundiales sobre la lucha contra el cambio climático. La CFE, según los voceros de los organismos financieros, quiere regresar al pasado y contaminar de manera impune mediante plantas basadas en el carbón y gas. Aquí es necesario implantar algunas cuestiones fundamentales sobre la discusión:

La agenda de la transición energética también incluye a la soberanía nacional, es decir, el modelo energético sustentable debe contemplar no solo las recomendaciones de las instituciones mundiales, sino que, puede apostar por los recursos naturales disponibles en su territorio; el camino a un nuevo modelo no es único y depende de las condiciones concretas de cada región. La reforma del 2013 traicionó abiertamente los compromisos con la lucha contra el cambio climático cuando desmantelaron las hidroeléctricas y le abrieron el camino al gas americano. En ese sentido, la CFE busca por todos los medios no sólo recuperar el control del sector energético sino potenciar el cambio a un paradigma de desarrollo más verde.

Por ejemplo, la empresa mexicana produce el 55% de energías limpias y los privados solo el 45% mientras que la CFE produce el 35% de energías renovables del total de su capacidad productiva. No sólo eso, la compañía firmó acuerdos internacionales para adaptar una central para el uso de hidrogeno verde, también invirtió en instalaciones fotovoltaicas e incentiva permanentemente en el uso de paneles solares. Pero, las hidroeléctricas se presentan como esa oportunidad única para el país, ya que, a diferencia de otras formas de producir energía, estas no son intermitentes y además producen energía a bajo costo.

Frente al colapso civilizatorio, la incitativa de la 4T enfrenta el poder del gas americano y con ello mismo apuesta por su propia estrategia basado en el potencial de las tierras mexicanas. De esta manera se atacan dos frentes: 1) la CFE busca romper con el monopolio de capital financiero y 2) el sector energético transitará de un modelo de gas a uno hidroeléctrico. La reforma energética impulsada por Andrés Manuel tiene el objetivo de buscar la transición de manera ordenada, considerando a la sociedad mexicana y buscando las opciones en los recursos disponibles en México.

La planificación del sector eléctrico es un paso importante dentro de la lucha de clases y es por eso por lo que la iniciativa da un paso hacia a delante cuando propone tomar el control del 54% (como punto mínimo) del mercado y dejarle hasta el 46% a los privados. En ese sentido, la CFE busca retomar el control del mercado y darle un sentido social a la industria, es decir, 1) la luz se vuelva un derecho y no una mercancía, 2) bajar los costos y las tarifas y 3) se pueda desarrollar el país. El parlamento abierto evidenció la tensión entre las clases sociales y ahí se expresaron los intereses de estos. La oligarquía planea frenar cualquier modificación a la reforma del 2013, porque en ello se juegan su cuota de ganancia.

Ahora, si bien es cierto que la iniciativa es muy interesante y significa un paso hacia adelante pero no es suficiente ante los retos hacia el futuro. En ese sentido, el comunista debe radicalizar la discusión de tal manera que, por un lado, no comprometa los resultados obtenidos en un gobierno progresista, y, por otro lado, debe aplicar la dialéctica materialista para encontrar las fuerzas potenciadoras de la superación de la economía capitalista. En ese sentido deben considerarse los siguientes elementos:

La reforma energética tiene que insistir en la modificación del artículo 27, el cual prioriza la propiedad privada sobre la social. El modelo neoliberal está basado en la explotación de los recursos naturales de manera cínica, ya que, lo justifica la modificación de 1992. Los comunistas no pueden ceder ante esta evidencia y deben guiar la discusión ante la socialización de la propiedad de la naturaleza en su conjunto: agua, tierra, atmosfera, etc. La privatización del suelo y la naturaleza debe superarse tarde o temprano. La reforma energética deberá contemplar la organización proletaria de la CFE y PEMEX, pero también la socialización de la propiedad del suelo.

El modelo energético post-covid en México sólo expresa una arista del complejo desarrollo de la sociedad capitalista y, allí emerge, en un polo, la fertilidad burguesa destruyendo todo a su paso, y, por el otro, una fertilidad praxeológica negando el fetichismo del capital y colocando a la vida como el fundamento de la civilización del tercer milenio. La reforma energética se coloca de alguna manera en un puto medio de este proceso contradictorio y el desenlace estará definido por la correlación de fuerzas emergentes en la lucha de clases en el capitalismo.

Entonces con base en los dichos anteriormente, la conciencia de clases debe madurar en estos momentos y cambiar el rumbo de la historia, pero, no es suficiente ya que necesita combinarse con la transición de una fertilidad burguesa hacia una praxeológica, es decir, debe impulsarse una crítica tanto a la ley del valor que se valoriza, la ley de la sobreacumulación de capital y sobre todo a la ley de la renta del suelo. Al final, el dominio burgués se basa en la expoliación del trabajo asalariado y de la naturaleza convertida en capital constante. Así, la dictadura del proletariado está destinada a la pulverización del estado, pero también abolirá su fundamento civilizatorio: la fertilidad burguesa.