Política laboral neoliberal y de la 4T. Primera parte: la neoliberal

Dra. Ana Alicia Solís y Dr. Max Ortega[1]
El neoliberalismo se impuso en México de 1982 a 2018, A lo largo de esos 36 años, las alianzas del capitalismo global y sus corporaciones transnacionales, de la oligarquía y sus organizaciones políticas (PRI y PAN), y de la tecnocracia estatal y los sindicatos corporativos, incidieron profundamente en la reestructuración de la economía, la política y la sociedad.
En la economía, se vivieron colapsos recurrentes, bajo crecimiento económico, aumento desmesurado de la deuda pública, privatización de la banca, pillaje del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), apertura comercial ilimitada, integración económica subordinada de la economía mexicana a la norteamericana gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), sobreexplotación de la fuerza de trabajo en la industria maquiladora, especulación financiera y el saqueo de los recursos naturales (la minería, principalmente).
En la política, prevaleció el predominio del mercado sobre el Estado, que condujo a las privatizaciones del sector paraestatal, el debilitamiento del sector central, la fragmentación de la autoridad y las funciones del Estado mediante los organismos constitucionales autónomos, la fractura de la relación entre poderes (sumisión u oposición, según fuera el caso del Poder Judicial al Legislativo y al Ejecutivo) saqueo del presupuesto público, democracia tutelada y fraudes electorales permanentes apoyados tanto en el sistema electoral como en el sistema de partidos.
En la sociedad, se impuso la corrupción generalizada, la privatización de los servicios públicos, la privatización de la tierra, la mercantilización de la salud y la educación, el favorecimiento total al capital en su relación con el trabajo asalariado, la desigualdad en la distribución de la renta, la pobreza de la mayoría, la concentración de la riqueza en pocas familias, la exclusión social, el empobrecimiento progresivo de la clase media, la evasión fiscal, la condonación de impuestos, la exclusión social, el corrosivo individualismo posesivo, el narcotráfico y el aumento de la criminalidad.
En suma: un país saqueado, un Estado fragmentado y una sociedad empobrecida y desigual.
Con Miguel de la Madrid Hurtado
Miguel de la Madrid Hurtado sustituyó el modelo laboral corporativo de la Revolución Mexicana por un nuevo modelo neoliberal de relaciones laborales y sindicales, basado en los principios de productividad, flexibilidad, movilidad y polivalencia.
En ese marco, la política de presidentes priístas y panistas tuvo a lo largo de más de tres décadas, una firme continuidad, tal y como se puede observar en el somero recuento que hacemos a continuación.
La política laboral de Miguel de la Madrid Hurtado rompió el pacto corporativo y estableció nuevas relaciones del Estado con los trabajadores y los sindicatos. Los mecanismos utilizados fueron: nuevas formas de contratación colectiva para eliminar todo poder sindical en el proceso de trabajo; supresión de prestaciones y establecimiento del precio de la fuerza laboral, ya no en función de su reproducción, sino de la producción, la productividad, la intensidad y la calificación; aplicación de nuevas formas de dominación y control de los trabajadores y de los procesos de trabajo, con nuevos recursos tecnológicos y círculos de calidad.
Los resultados de la aplicación de esta política laboral, fueron, entre otros, la reducción del salario (mínimo y contractual) por medio de los topes salariales y la elevación de precios, tarifas e impuestos; la racionalización del gasto público que llevó a cientos de miles de despidos en el sector central, simulados muchos de ellos, de “retiros voluntarios”; anulación del contrato colectivo de trabajo, del derecho de huelga y de las funciones propias de las instituciones sindicales; debilitamiento de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y el Congreso del Trabajo (CT) paralelo al fortalecimiento de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) y la Confederación Obrera Revolucionaria (COR); utilización intensiva de la fuerza represiva del Estado y del aparato administrativo del trabajo para recomponer las direcciones de los sindicatos nacionales de industria o para detener los procesos de democratización de los mismos; y apoyo, promoción y fortalecimiento e cuatro de los proyectos más importantes del sindicalismo blanco (patronal): Federación Sindical Independiente de Nuevo León (FSINL), Central de Trabajadores y Campesinos (CTC), Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU) y Federación Nacional de Trabajadores Bancarios (FENASIB)[2].
Con Carlos Salinas de Gortari
En el discurso de Carlos Salinas de Gortari el concepto de modernización constituía por sí mismo el hilo conductor de su propuesta neoliberal de nación. Se entendía por modernización el cambio de las relaciones existentes en la economía, la política y la sociedad.
Su política laboral perseguía dos objetivos: avanzar en el cambio de las relaciones laborales e instaurar un modelo sindical neocorporativo más acorde con la lógica del nuevo patrón de acumulación de capital y con la reforma neoconservadora del Estado. Dicho modelo tenía como función aumentar la productividad y abandonar toda idea de lucha sindical en el ejercicio de la función reguladora del precio de la venta de la fuerza de trabajo.
Así, su política de empleo se caracterizó por el “ajuste” (despido) de miles de empleados y obreros del sector central y paraestatal y la promoción de la “desalarización” de la fuerza de trabajo en el sector privado. Los medios utilizados fueron el autoempleo en la microindustria, el trabajo a domicilio y la cooperativización. En materia de salarios se siguieron imponiendo los topes salariales, el congelamiento de los salarios contractuales, los premios a la productividad y las jubilaciones por abajo del salario mínimo. El derecho de huelga fue cancelado sistemáticamente por el aparato administrativo del trabajo. A los contratos colectivos de trabajo de telefonistas, siderúrgicos, petroleros y del IMSS, se les introdujeron los principios de productividad, flexibilidad, movilidad y polivalencia.
El tratamiento de los conflictos sindicales fue variado, asumiendo en cada situación formas específicas. Para el caso de los sindicatos universitarios se insistió en desalentar el ejercicio de huelga y la gestación de iniciativas sindicales globales (el SUNTU, por ejemplo). Para sujetar a los trabajadores al servicio del Estado se les hicieron distintas concesiones económicas y sindicales, impidiendo al mismo tiempo que consolidaran formas autónomas de organización laboral como la Coordinadora de Trabajadores al Servicio del Estado (COTRASE) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Con tal propósito se usó reiteradamente el hostigamiento, el desgaste, las sanciones administrativas, la regionalización del disenso y la anulación de la capacidad de la gestión sindical cotidiana. En el sector paraestatal, la celebración de alianzas políticas y la conservación de añejas burocracias sindicales se alternó con el empleo del ejército y la policía para aplastar oposiciones y discrepancias. Las luchas democráticas de telefonistas, electricistas, ferrocarrileros, petroleros y acereros experimentaron esas modalidades de la dominación sindical. Se prosiguió con la creación de nuevos equilibrios entre las grandes centrales obreras corporativas. Se fortaleció a la CROC y a la CROM a costa de la CTM.
Como consecuencia de la aplicación de esta política laboral, los salarios decrecieron al mismo tiempo que disminuyó el porcentaje de su participación en el producto interno bruto y aumentó la del capital. Los despidos se multiplicaron. Se privatizó parcialmente la seguridad social. El empleo en la industria manufacturera no creció, pero sí lo hizo en la industria maquiladora. Se generalizaron los estímulos a la productividad (Telmex y CLFC, en primer lugar) y las becas y estímulos (a casi todas las instituciones de educación superior). Se afianzó el nuevo modelo sindical basado en la productividad, de una parte, y, de la otra, en la legalidad laboral menguada, la libertad sindical precaria y en la ausencia casi absoluta de democracia sindical. El resultado fue una amplia y profunda crisis de representación del sindicalismo oficial e independiente, una dilatada crisis del contrato ley, la imposición de cláusulas de productividad en los contratos colectivos de trabajo y aumento del control y la coerción sobre los trabajadores[3].
Con Ernesto Zedillo Ponce de León
Los resultados derivados de la ejecución de la estrategia económica neoliberal entre 1982 y 1994, fueron el reducido crecimiento económico (de 1.3 por ciento de PIB promedio), quiebra de las empresas dedicadas al mercado interno; supremacía de las empresas transnacionales; privatización generalizada de las empresas públicas y los recursos naturales; concentración del capital en un grupo reducido de capitalistas y distribución regresiva del ingreso; destrucción y desnacionalización de la planta industrial, la banca y las finanzas; crecimiento de la deuda externa y dolarización de la deuda interna; apertura comercial y aumento del déficit comercial y de cuenta corriente; flexibilización y caída salarial; aumento del desempleo; destrucción de empleos formales y aumento del empleo precario en maquiladoras y franquicias; y aumento, igualmente de la fuerza de trabajo campesina migrante a los Estados Unidos.
Pero a pesar de este agotamiento de la estrategia económica, la misma no se reorientó. Tampoco la política laboral.
Sus lineamientos fueron: descentralización o federalización, pensada como medio para desarticular las formas sindicales nacionales y terminar de reorganizar el sector central; privatización de los sistemas de seguridad social y sus respectivos esquemas de jubilación con el propósito de individualizar lo colectivo[4]; privatización de las empresas que aún quedaban en el sector paraestatal y nuevos despidos; flexibilización laboral de hecho y sistemática violación de la legislación laboral y disolución gradual del estado de derecho ; reforma de la legislación laboral (artículo 123 y Ley Federal del Trabajo) para darle al nuevo modelo de relaciones laborales y sindicales neocorporativo su marco jurídico neoliberal; control y flexibilización salarial; despidos con “retiros voluntarios” en el sector central ; y una política sindical destructiva y restrictiva.
Las seis directrices en materia de política sindical, fueron seis: profundizar la crisis de las funciones históricas del Congreso del Trabajo; promocionar con mucha fuerza los proyectos neocorporativos como el de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT); desarticular a los sindicatos nacionales mediante la federalización; romper los fundamentos legales (artículos 68 y 71 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado) de la existencia de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) mediante jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; mantener las restricciones legales que prohibían a las y los trabajadores universitarios y a los bancarios la formación de sindicatos nacionales; e impedir, contener o reprimir todo intento de democratización sindical.
Con Vicente Fox Quesada
Los resultados electorales del 2 de julio de 2000 crearon nuevos equilibrios políticos. El PAN ganó las elecciones y Vicente Fox Quezada la Presidencia de la República. Su gobierno fue en materia de política económica, reforma del Estado y política laboral, un gobierno de continuidad neoliberal, neoconservador en materia de política social y cultural, y globalista en las relaciones de la Nación con los centros productivos, comerciales, financieros y militares del capitalismo mundial.
La alternancia como cambio de gobierno consistió solamente en la sustitución del grupo gobernante neoliberal por un nuevo grupo gobernante igualmente neoliberal. El primero tuvo en la administración pública federal y en el sector paraestatal, durante décadas, sus espacios de reproducción. Mientras que el segundo detentó dichos espacios de reproducción en las empresas privadas y en las más diversas instituciones, grupos y fuerzas de orientación eclesial.
La política laboral foxista se concentró en la contra reforma de la legislación laboral. Sus diez principales propuestas, fueron: flexibilizar y modernizar la Ley Federal del Trabajo eliminando las supuestas “rigideces” normativas de esta; revisar los rezagos de México con relación al acuerdo paralelo en materia laboral al firmar el TLC con Estados Unidos y Canadá; establecer la contratación y el pago del personal por hora y jornada; individualización de la negociación de las prestaciones sociales de acuerdo con las condiciones de cada empresa y región de referencia: nuevas condiciones facilitadoras de la rescisión de los contratos colectivos de trabajo; examen de los límites existentes de la responsabilidad laboral en cuanto al pago de salarios caídos; desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y del concepto de los contratos Ley; creación del Registro Nacional de Contratación Colectiva; incluir como requisito fundamental en materia de huelgas la acreditación de la mayoría de los trabajadores mediante procesos democráticos de votación; transformar los sistemas de ascensos, premios y reconocimientos; y erradicar el viejo sindicalismo (corporativo o restrictivo) para sustituirlo por un nuevo “sindicalismo moderno y funcional”, sin compromisos de afiliación o de incorporación a determinado partido político.
Así, los principios y lineamientos generales de política laboral foxista, como continuidad de la política laboral neoliberal zedillista, recogían y hacían suyos los pendientes del sexenio saliente: la reforma neoliberal de la legislación laboral (artículo 123 y Ley Federal del Trabajo), la nueva cultura laboral como ideología laboral dominante y la más completa reestructuración neocorporativa del sindicalismo corporativo[5].
La reforma de la legislación laboral (“Proyecto Abascal”), sin embargo, no se aprobó. Fue rechazada por la bancada legislativa del PRI en la Cámara de Diputados, en dos ocasiones, en 2003 y en 2005.
Otros resultados de la política laboral foxista fueron igualmente negativos. Eliminó empleos en lugar de crearlos; mantuvo el control salarial y la restricción de prestaciones; se recrudeció el adelgazamiento y la destrucción de los contratos colectivos de trabajo, junto con la eliminación gradual del contrato ley; en el sector central, se siguió imponiendo la compactación, la federalización y los despidos; se mantuvieron las relaciones de acuerdo y colaboración entre el Estado y el sindicalismo corporativo (Congreso del Trabajo) y el neocorporativo ( Unión Nacional de Trabajadores ), lo mismo que los apoyos al sindicalismo “blanco” (patronal), y se profundizó más la crisis de representación y representatividad del sindicalismo colaboracionista y neoliberal.
Con Felipe Calderón Hinojosa
El nuevo gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa inició su gestión en un contexto caracterizado por el agotamiento del modelo económico neoliberal, la desaceleración de la economía estadounidense proclive tendencialmente a la recesión, la vigencia del conflicto postelectoral, la crisis del Estado y el sistema político mexicano, y la acumulación de los explosivos resultados de la política laboral foxista de corte neoliberal.
El gobierno de Felipe Calderón fue también un gobierno de estricta continuidad neoliberal, empeñado en llevar a cabo los pendientes del foxismo: aprobar la contra reforma de la LFT; aprobar de la reforma de la Ley del ISSSTE para privatizar sus fondos de pensiones; e imponer la reforma a los regímenes de jubilaciones y pensiones del sector manufacturero.
Estos propósitos quedaron expuestos con toda claridad en tres documentos de Felipe Calderón: 100 acciones prioritarias de gobierno[6]; Temas legislativos para la agenda nacional[7]; y, El reto de México[8]. En este último texto en particular, los lineamientos generales de política pública y sus acciones transversales en los ámbitos político, económico y social estaban lo suficientemente desarrollados como para conformar una propuesta programática. Los cinco ejes que la articulaban, los diagnósticos y las soluciones eran, por otra parte, lo mismo que en su momento propuso e hizo el gobierno de Vicente Fox.
La privatización de los fondos de pensiones. Hasta 1992 el ISSSTE financiaba su gasto con recursos propios provenientes de cuotas y aportaciones complementarias con la reserva actuarial del Fondo de Pensiones. Pero a partir de 1993 las aportaciones y los rendimientos resultaron insuficientes y las reservas se agotaron, por lo que se registró un déficit que el gobierno federal tuvo que compensar. Los factores que habían generado el problema del financiamiento eran la caída en el salario base de cotización, los despidos masivos en el sector central, el congelamiento de plazas, las jubilaciones inducidas, el estancamiento del número de cotizantes, la administración corrupta de los recursos excedentes y la utilización de las reservas para infraestructura médica sin generación de rendimientos. Todo lo cual se tradujo en una estadística previsible. El número de asegurados directos dejó de crecer a partir de 1987. En el periodo 1985 – 2000 el número de pensionados se incrementó en 218 por ciento (ocho por ciento promedio anual) mientras que el número de trabajadores en activo se incrementó apenas dos por ciento anual.
En resumen, los problemas del ISSSTE tenían su origen en la aplicación de la política laboral neoliberal en el sector central[9]. Para Felipe Calderón, sin embargo, el problema del financiamiento del ISSSTE se ubicaba más bien en la estabilidad macroeconómica. Para él era un asunto de finanzas públicas saludables cuya solución se encontraba en la privatización de los sistemas de pensiones.
El 15 de marzo de 2007 se presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de Ley del ISSSTE. Aprobada con los votos del Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista y el Partido Nueva Alianza. La nueva Ley se publicó el 31 de marzo, en el Diario Oficial de la Federación.
La nueva Ley impuso las cuentas individuales y el Pensionissste y la subrogación de los servicios de salud del ISSSTE.
La reforma de los sistemas públicos de pensiones se extendió también al sector paraestatal y al sector manufacturero (Pemex, CFE y Telmex)[10].
La contrarreforma de la Ley Federal fue, junto con la privatización de los fondos de pensiones, que ya antes hemos analizado, otra medida decisiva para la creación del nuevo modelo laboral de inspiración neoliberal. El 1o. de septiembre de 2012, el presidente Felipe Calderón, entregó la iniciativa de contrarreforma laboral a la Cámara de Diputados y en la siguiente sesión, el día 4, se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. El dictamen que elaboró la Comisión fue aprobado en lo general y en lo particular por el pleno de la Cámara, prácticamente sin modificaciones, el sábado 29 de septiembre de 2012 a las 3.52 de la mañana, en una sesión que inició a las dos de la tarde del día anterior, durando 14 horas ininterrumpidas. Ayudaron con sus votos a consumar la desregulación de las relaciones laborales, el PAN, el PRI, el PVEM y Partido Nueva Alianza (PANAL),
La iniciativa presidencial proponía nuevamente todas las disposiciones que afectaban la estabilidad en el empleo, facilitaban los despidos, anulaban en los hechos la huelga, instituían nuevas formas de contratación, y, sobre todo, erigía la “productividad” en principio rector de las relaciones laborales.
Entre la modificaciones sustanciales que se realizaron, cabe destacar la legalización del outsourcing o subcontratación (Arts. 15 – A, B, C, D ); las nuevas formas de contratación que vulneraban la estabilidad en el empleo (Arts. 39 – A, B, C, D y F); facilitación y abaratamiento de los despidos (arts. 47, 48, 50 y 157); flexibilización del horario de trabajo y el salario (Art. 83); en los contratos colectivos, quedaron subordinados a la productividad, el tipo de contrato (Art. 39 – A, B, C, D, E, F), la contratación (arts. 153 – J, 153 – k y 159), el escalafón (Art. 159), los salarios (Arts. 153 J y K) y la capacitación (Arts. 3, 153 – A, C., F bis y 153 – I); la polivalencia en las funciones a realizar (Art. 56); el debilitamiento del derecho de huelga (Art. 947); desaparición de las Juntas Locales de Conciliación, mediante la derogación de los artículos 601, 602 y 603 de la LFT vigente; y reorientación de las funciones del sindicato hacia la productividad (Arts. 153 – I y 153 – K)[11].
Con Enrique Peña Nieto
Con el Pacto por México, firmado por el PRI, PAN y PRD, el 2 de diciembre de 2012, y más tarde por el PVEM, el gobierno de Enrique Peña Nieto pretendía, según explicó su secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, “sentar las bases de un nuevo acuerdo político, económico y social, para impulsar el crecimiento económico que genere los empleos de calidad que demandan los mexicanos, y construir una sociedad de derechos que ponga fin a prácticas clientelares, ampliando los derechos y las libertades con transversalidad y perspectiva de género para generar bienestar en toda la población, disminuir la pobreza y la desigualdad social”[12].
Lo que con esta retórica propia del priísmo, se velaba y trataba de ocultar, era el verdadero propósito del Pacto, que no era otro que consumar el proyecto neoliberal. En el “nuevo pacto social” se acordaba a lo largo de sus 95 compromisos, la reforma educativa (compromisos 8 y 12), el fortalecimiento de los organismos autónomos (compromisos 37, 40, 58, 83 y 84), la reforma energética (compromiso 55), y la entrega de la minería a empresarios nacionales y extranjeros (compromiso 61). A esta fase del proyecto neoliberal la denominaron las “reformas estructurales”.
La reforma laboral, no se encontraba en estas prioridades gubernamentales, debido a que Felipe Calderón muy recientemente la había llevado a cabo. Pero apareció en 2016, luego de que el gobierno de Barack Obama impulsó el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP)[13] para acelerar el crecimiento de EEUU y competir ventajosamente frente a China. En el documento final del Acuerdo, se convino un capítulo laboral, el capítulo 19, que exigía a los países miembros la “libertad de asociación y el eficaz derecho de negociación colectiva”[14].
El 28 de abril de 2016, para cumplir con lo pactado, Enrique Peña Nieto sometió a la consideración de la Cámara de Senadores dos iniciativas de decreto en materia laboral. Estas iniciativas modificaron sustancialmente la Constitución Política en sus artículos 107 y 123, Apartado A[15], y modificaron en concordancia con estos, los artículos 390, 895 y 931 de la Ley Federal del Trabajo y adicionaron cuatro: el 390 Bis, 390 Ter, 931 Bis y 931 Ter[16]. Los cambios producidos, fueron: supresión de las Juntas de Conciliación y arbitraje, dependientes del Poder Ejecutivo, y establecimiento de Juzgados o Tribunales de Trabajo locales y federales que pasaron a formar parte del Poder Judicial; imposición a los trabajadores y patrones de la obligación de asistir a una instancia conciliatoria antes de acudir a los tribunales laborales; y creación de un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral encargado de los registros de sindicatos y de los contratos colectivos a nivel nacional.
Con estos cambios en la Constitución y en la LFT se fragmentó el proceso de resolución de los conflictos entre capital y trabajo, se llevó por la vía judicial la resolución de los mismos, se privatizó y puso la función conciliadora en manos de “expertos”, y se excluyó a la representación de los sindicatos del proceso de conciliación y resolución de los conflictos individuales y colectivos, despojando a los sindicatos de una más de sus funciones sustantivas, la defensa de los intereses de sus agremiados[17]. Se pretendió que los juzgados y tribunales dieran un trato de iguales a las partes (capital y trabajo asalariado) que son, por su propia naturaleza, desiguales. Se favoreció la corrupción y el control patronal al dividir a los juzgados y tribunales en federal y estatal. Es por todos sabido que las juntas de conciliación y arbitraje tenían como característica la corrupción y su servilismo ante los empresarios, pero igual, era poco creíble que el Poder Judicial fuera una garantía de honestidad e imparcialidad.
Las juntas, por otra parte, solamente eran una parte del proceso sindical. Un engranaje del sistema de control sindical[18].
Recapitulando: Los objetivos encubiertos que perseguía la contrarreforma del artículo 123 constitucional y de la LFT peñanietista, eran la reducción del costo de la contratación y de la resolución de los conflictos, individuales o colectivos; abaratar los despidos; anular las funciones del sindicato en la determinación del precio de la fuerza de trabajo y minimizar su injerencia en la contratación colectiva, además de despojar al conflicto entre capital y trabajo asalariado de su carácter político; transferir su función de arbitraje a los privados y, al mismo tiempo, reforzar el control de los sindicatos por parte del Poder Ejecutivo, para supeditarlos con mayor fuerza a los intereses del Estado y el capital, y así formalizar jurídicamente el neocorporativismo en la relación Estado–capital y sindicato.
Por último, después de las elecciones presidenciales de 2016 en EEUU, el vencedor, Donald Trump, decidió abandonar el TTP y renegociar el TLCAN para transformarlo en T-MEC. Los compromisos en el marco de este fueron el respeto a la libertad sindical, a la asociación colectiva, el combate al trabajo infantil, el fortalecimiento de los salarios y otros no tan visibles como la prohibición de importar mercancías producidas a través del trabajo forzoso. Para el cumplimiento de esto se establecieron el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLLR), que habría de permitirle al principal socio comercial de México tomar medidas de aplicación contra fábricas particulares si estas no cumplían con las leyes nacionales de libertad de asociación y negociación colectiva[19].
[1] Dra. en Ciencias Sociales y Dr. en Ciencia Política
[2] Max Ortega y Ana Alicia Solís de Alba, México: Estado y sindicatos 1983–1988, Centro de Reflexión Teológica A. C. / mesa obrero -sindical / Movimiento de Cristianos Comprometidos con las Luchas Populares (MCCLP), México, 1992, pp. 9 y 10.
[3]Max Ortega y Ana Alicia Solís de Alba, Estado, crisis y reorganización sindical, segunda edición, Editorial Itaca, México, 2005, pp. 71-86.
[4] Durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León se aplicaron una serie de cambios al sistema de pensiones, bajo el pretexto de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) estaba endeudado y era incapaz de pagar esta prestación a los trabajadores.
A partir del 1 de julio de 1997 entró en vigor la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la cual reemplazó el esquema de pensiones previsto en la Ley del Seguro Social de 1973, que permitia a las y los trabajadores con 500 semanas de cotización y 65 años de edad, jubilarse y obtener el 100 por ciento del salario promedio obtenido durante los últimos cinco años antes del retiro. Mientras que el régimen de 1997 pedía acumular un mínimo de 825 semanas cotizadas en el IMSS hasta el 2024, 850 en 2025, 875 en 2026, 900 en 2027, 925 en 2028, 950 en 2029, 975 en 2030 y 1000 en 2031. Esto es: la pensión se condicionó a que las y los trabajadores contaran con el doble de semanas de cotización, 1000 en lugar de 500.
Se creó además, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), empresas privadas encargadas de administrar los recursos para el retiro de los trabajadores, a través de inversiones. También se crearon las cuentas individuales, las que se componen de aportaciones hechas por la persona trabajadora, el patrón y el Gobierno Federal. De esa forma, el pago de pensiones del que antes se encargaba el Estado pasó a manos de las Afores (El Financiero, 4 de febrero de 2024, “Ley 97 del IMSS: ¿A quién le corresponde y cuántas semanas cotizadas necesitas para pensionarte?”).
[5] Max Ortega, “Política laboral y movimiento sindical”, en Ana Alicia Solís de Alba, Enrique García Márquez, Max Ortega y Abelardo Mariña Flores (Coordinadores), El primer año del gobierno foxista, Editorial Itaca, México, 2002, pp. 229-246.
[6] Felipe Calderón, 100 acciones prioritarias de gobierno, México, 2006, en: http: //w.w.w.felipe.org.mx /fc /html/100 acciones.htm.
[7] Felipe Calderón, Temas legislativos para la agenda nacional, México, 2006, 28 pp., en: http: //w.w.w.felipe.org.mx/fc/html/files/legisla.pdf
[8] Felipe Calderón, El reto de México, México, 2006, en: http://www.felipe.org.mx/fc/propuesta/elreto.aspx
[9] Vid. Max Ortega y Ana Alicia Solís de Alba, “Las luchas sindicales más importantes del sexenio foxista”, en José Merced González Guerra y Antonio Gutiérrez Castro (Coordinadores), El sindicalismo en México. Historia, crisis y perspectivas, Konrad -Adenauer- Stiftung/Centro Nacional de Promoción Social, A.C. / Plaza y Valdes Editores, México, 2006, pp. 291-294.
[10] vid. Max Ortega y Ana Alicia Solís de Alba, Privatización y despojo. Las pensiones del ISSSTE, Editorial Itaca, México, 2013, 152 pp.
[11] Ana Alicia Solís de Alba y Max Ortega, Neoliberalismo y contrarreforma de la legislación laboral (1982 -2013), Editorial Itaca, México 2015, 252 pp.; Ana Alicia Solís de Alba y Max Ortega, “4. Contra reforma laboral y proyecto de nación”, en José Javier Contreras Carbajal y Pablo montes de Oca (Coordinadores), Reformas estructurales y proyecto de nación, Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco, México, 2018, pp. 111 – 114 y 119 – 120; Ana Alicia Solís de Alba, Mujer y neoliberalismo: el sexismo en México, Editorial Itaca, México, 2019, pp. 42 – 50; y Saúl Escobar Toledo, El camino obrero. Historia del sindicalismo mexicano, 1907 2017, Fondo de Cultura Económica, México, 2021, pp. 161 y 162.
[12] José Murat. Pacto por México. De la reforma política de 1977 a la construcción de acuerdos, Miguel Ángel Porrúa librero editor, México, 2014, p. 96 ; y Héctor Zamitiz Gamboa (Coordinador), Pacto por México. Agenda legislativa y reformas 2013 – 2014, UNAM / Ediciones La Biblioteca, México, 2016, 389 pp.
[13] Para el gobierno Peña Nieto la Cuenca del Pacífico y el TPP eran económica y geopolíticamente importantes. “En la Cuenca del Pacífico se ubican las economías más dinámicas en el siglo XXI, así como algunos de los retos de mayor complejidad para el equilibrio geopolítico global. Muchas de las naciones que forman parte de esta región deben hacer frente a importantes focos de tensión internacional. Las tensiones regionales, que se suman a las ya existentes en Asia Central, tienen un impacto geopolítico directo sobre el resto del mundo, por lo que deben ser consideradas en la formulación de una agenda estratégica en materia de seguridad internacional.
En los últimos años, México se ha insertado en la Cuenca del Pacífico por medio de un enfoque de prosperidad compartida promovido en el Foro de Cooperación Asia – Pacífico (APEC) y en mecanismos emergentes de rápida expansión como la Alianza del Pacífico, una iniciativa de integración regional de vanguardia que vincula a varias naciones de América Latina. Conformada por México, Colombia, Chile y Perú; la Alianza del Pacífico representa la octava economía a nivel mundial y la séptima potencia exportadora, además de que concentra el 36 por ciento del PIB total de América Latina y el 50 por ciento del comercio de la región. De igual forma, México participa activamente en la consolidación del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP), la negociación comercial más relevante de la Cuenca del Pacífico. Conformado por 12 de las economías más dinámicas del mundo, el TTP concentra un mercado integrado por cerca de 200 millones de personas, el cual representa el 30 por ciento del PIB mundial y alrededor de un tercio de comercio global”( Diario Oficial de la Federación, 30 de abril de 2014, Programa para la Seguridad Nacional 2014 -2018 ).
[14] Secretaría de Economía, Capitulado completo del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) versión en español, “Artículo 19.3: Derechos Laborales 1. Cada Parte adoptará y mantendrá en sus leyes y regulaciones, y en las prácticas que deriven de éstas, los siguientes derechos tal y como se establecen en la Declaración de la OIT: a) libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva”. En: Secretaría de Economía: http://www.gob.mx/uplads/attachment/file/86770/Capitulado_completo_del_ Tratado_de_ Asociaci_n_Transpac_fico_en_espa_ol.pdf.
[15] Diario Oficial de la Federación, 24 de febrero de 2017, “DECRETO por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral”
[16] Presidencia de la República, 24 de febrero de 2017, “Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo”, 17 pp. En: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/87480/LEY_FEDERAL_DEL_TRABAJO.pdf
[17] Ana Alicia Solís de Alba y Max Ortega, “4. Contra reforma laboral y proyecto de nación”, en José Javier Contreras Carbajal y Pablo montes de Oca (Coordinadores), Reformas estructurales y proyecto de nación, Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco, México, 2018, pp. 114-116
[18] Revista Alegatos, Número 93, mayo–agosto de 2016, Oscar Alzaga Sánchez, “Las iniciativas de reforma laboral de 2016 y el antecedente de 2012”.
[19] La valoración estatal de la política laboral de Enrique Peña Nieto se puede leer en Rafael Adrián Avante Juárez, La reforma laboral, Fondo de Cultura Económica, México, 2027, 111 pp.