CE, Intervención y Coyuntura 

A 10 años de la contrarreforma eléctrica de Peña Nieto, comienza la renacionalización.

Una nota irrumpió en las mesas de redacción de todos los medios y agencias noticiosas la tarde-noche del 4 de abril pasado: «Iberdrola, a través de sus filiales en México, ha suscrito un acuerdo de intenciones con la sociedad estatal México Infrastructure Partners (MIP) mediante el que se compromete a vender 8,539 megavatios (MW) de capacidad instalada, que incluyen 8,436MW en ciclos combinados de gas y 103MW eólicos, por un importe de unos 6,000 millones de dólares (unos 5,478 millones de euros), cuantía que podría modificarse en función de la fecha de cierre de la transacción y de otros posibles ajustes usuales en este tipo de acuerdos, informó la compañía».[i]

Según la misma fuente, el “paquete” incluye 9 Centrales (plantas generadoras) de Ciclo Combinado (CCC, a base de gas natural) que operaba Iberdrola con permisos en la modalidad de Productor Independiente de Energía (PIE):

1. Monterrey I y II, (484MW). Posiblemente se trate de las plantas Dulces Nombres I y II,
2. Altamira III y IV, (1,077MW),
3. Altamira V, (1,143MW),
4. Escobedo, (878MW). La misma planta, vende además 80MW con permiso de Generador para un total de 958MW,
5. La Laguna (II), 538MW,
6. Tamazunchale I, 1,161MW,
7. Iberdrola Energía Baja California, S. A. de C. V., 302MW,
8. Topolobampo II, 911MW y
9. Topolobampo III, 779MW.

Más otras 3 plantas CCC con permiso en modalidad de Generación:

10. Monterrey III y IV, 1,137MW
11. Tamazunchale II, 972MW y
12. Enertek, 144MW (*)

Así como la planta eoloeléctrica

13. La Venta III de 103 MW, que también opera en modalidad de PIE.

El sorpresivo anuncio del acuerdo —producto seguramente de una prolongada negociación que se mantuvo en secrecía—, revela el empeño y la tenacidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por recuperar la soberanía energética del país, luego de la vergonzosa aprobación de la contrarreforma constitucional de 2013, avalada por la LXII Legislatura del Congreso de la Unión dominada por el sector neoliberal (incluso mediante sobornos, según declaró ante la fiscalía el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya), encabezado por el expresidente Enrique Peña Nieto.

Ante el acuerdo, la reacción de los promotores de aquella contrarreforma no se hizo esperar. Por ejemplo, el diario Reforma tituló al día siguiente sin recato: “Crece el monopolio: toma CFE a Iberdrola”.

Exabrupto aparte (¿toma?), basta comparar el reportaje con los comunicados de Iberdrola[ii] y los datos más recientes de la Comisión Reguladora de Energía (CRE)[iii], para comprobar tal falsedad: Iberdrola posee en México 34 permisos de generación, 12 en la modalidad de Autoabasto, 4 de Cogeneración, 8 de Generación y 10 en la modalidad de Productor Independiente de Energía. Ello quiere decir que dicha empresa no se retirará del “mercado eléctrico mexicano”, pues conservará al menos un permiso en modalidad PIE; 4 permisos en la modalidad de Cogeneración, plantas generadoras: Ramos (52MW), Monterrey (41MW), Altamira (57MW) y Bajío (52MW); así como varias plantas de “energía renovable”: 6 “parques eólicos” (plantas eoloeléctricas): PIER IV/B (221MW), Santiago (105MW), Bii Nee Stipa (26MW), PEM (Parques Ecológicos de México, 102MW), Dos Arbolitos (70MW) y PIER II (Parque Industrial de Energía Renovable, 66MW) y, 3 plantas fotovoltaicas: Cuyoaco (200MW), Hermosillo (100MW) y Santiago (170MW). La mayoría de estas últimas operan todavía con los cuestionables permisos de Autoabasto obtenidos entre 2011 y 2015 (Ver tabla anexa).

Cabe recordar que el conflicto entre el gobierno e Iberdrola se había tornado (en apariencia) irreconciliable cuando en mayo de 2022 la CRE la sancionó con una multa de 9,000 millones de pesos,[iv] al determinarse que cobraba simuladamente la electricidad que suministraba a sus supuestos socios, violando los términos de sus permisos. En aquel momento, Iberdrola combatió la sanción que le fue suspendida por un juez (especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones). El asunto quedó en espera de que el poder judicial resuelva.

Antes, el ejecutivo había intentado poner orden en el sector eléctrico, cuando en octubre de 2021 envió al Legislativo un «proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia energética»[v] , misma que fue discutida durante semanas en un parlamento abierto cuyas conclusiones no tuvieron el menor interés deliberativo para la oposición, ya que ésta empleó el tiempo para concitar todas sus fuerzas con el único fin de bloquear su aprobación, cosa que logró, ya que para ello se requería una “mayoría calificada” (las dos terceras partes como mínimo).[vi]

La supuesta “legalidad” del mercado eléctrico establecida en 2013 —único argumento de la oposición, algo así como “el INE no se toca”—, no fue más que la “legalización” del fraude cometido a partir de las reformas regresivas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), aprobadas en 1992 en el marco de lo dispuesto en el Anexo 603.5 del TLC “párrafo 5” violatorio de la Constitución. Derivado de ese mismo acto se fundó la CRE en 1993. Antes de ese año, la antecesora de la secretaría de energía había otorgado excepcionalmente algunos permisos de generación para “Usos Propios” para el “autoabastecimiento” de ciertos servicios (de baja capacidad) que por alguna causa CFE no podía proporcionar. A partir de 1994 la CRE comenzó a otorgarlos discrecionalmente a empresas privadas, sin ningún sustento técnico (y mucho menos legal).

Para 2009 ya existían 49 permisos que autorizaban la instalación de plantas más grandes, por ejemplo a la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S.A., la Cervecería Modelo de Guadalajara, S.A. de C.V., la Compañía Cervecera de Zacatecas S.A. de C.V. e, incluso a entidades públicas como la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana y el entonces gobierno del Distrito Federal, en correspondencia con el paradigma del mercado eléctrico,[vii] según el cual, todos los usuarios incluidas las entidades públicas, terminan por ser considerados “clientes”.

El clímax del atraco fue la extensión de los llamados permisos de Autoabasto,[viii] lo cual hizo impostergable la necesidad de una reforma constitucional para reordenar el sector energético,[ix] reivindicando en primer término la rectoría del Estado en la planeación eléctrica, a fin de recuperar el concepto de Servicio Público de Energía Eléctrica que, entre otras cosas, significa electricidad al alcance de todos. En ese contexto AMLO ha llamado al convenio suscrito con Iberdrola (uno de los principales beneficiarios de ese tipo de permisos) una nueva nacionalización eléctrica —y en los hechos lo es—, por el esfuerzo para alcanzar tal acuerdo en el contexto actual (conducido con gran habilidad política), y es equivalente, porque restaura para la industria eléctrica nacional dicha función estratégica.

El impacto noticioso del acuerdo pasará, no así el desconcierto de la oposición, cuyos costosos asesores fueron incapaces de prevenir un desenlace así.

Quedan importantes tareas por delante. En primer lugar, Iberdrola mantiene una importante presencia en la industria eléctrica, al igual que otras empresas respaldadas por potencias extranjeras. Segundo, la introducción del modelo de “mercado eléctrico” y la obligada incorporación de energías renovables ha impuesto nuevos criterios para la operación segura del Sistema Eléctrico Nacional que ningún regulador, en ninguna parte del mundo ha logrado imponer y, tercero, la recuperación de la vocación del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) como organismo público, así como la revisión y actualización por parte de la CRE de las tarifas de transmisión de energía eléctrica aplicables a los generadores privados y la declaración de fraude a la ley de los «falsos autoabastecimientos’» (también logros bajo la presente administración), son cuestiones estratégicas pero aún insuficientes para asegurar la renacionalización de la electricidad y avanzar hacia la integración de la industria energética nacional iniciadas en 1938 y 1960. Puede asegurarse sin embargo, que el convenio alcanzado con Iberdrola representa otro paso que ni siquiera era imaginable hace diez años y que el gobierno de la 4T ha alcanzado en apenas 4 años. Como dicen: todo viaje comienza con el primer paso..

(*) La sumatoria de capacidades de las plantas CCC no coincide, porque en la nota, los nombres de las plantas generadoras no fueron registrados conforme a la inscripción de sus permisos en la CRE.

[i] https://www.sinembargo.mx/04-04-2023/4345325

[ii] https://www.iberdrola.com/sala-comunicacion/noticias/detalle/suscribimos-un-acuerdo-para-vender-mas-de-8400-mw-de-ciclos-combinados-de-gas-por-6000-millones-de-dolares y https://www.iberdrola.com/sala-comunicacion/noticias/detalle/galan-y-amlo-se-reunen-y-anuncian-su-compromiso-con-el-desarrollo-de-las-energias-renovables-en-mexico

[iii] https://www.cre.gob.mx/da/PermisosdeGeneracionVigentesporModalidad.csv

[iv] En El País, puede verse en https://www.pueblamedia.com/el-regulador-energetico-de-mexico-multa-a-iberdrola-con-9-000-millones-de-pesos/

[v] http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2021/10/asun_4243951_20211026_1634248679.pdf

[vi] Ver “20 años de un apagón histórico” https://intervencionycoyuntura.org/20-anos-de-un-apagon-historico/

[vii] Ver “¿Transición energética o un nuevo paradigma privatizador, https://intervencionycoyuntura.org/transicion-energetica-o-un-nuevo-paradigma-privatizador/

[viii] Explicados en “La farsa del autoabastecimiento eólico”, https://intervencionycoyuntura.org/la-farsa-del-autoabastecimiento-eolico/

[ix] Como ya se comentó en “Electricidad, una reforma constitucional necesaria”, https://intervencionycoyuntura.org/electricidad-una-reforma-constitucional-necesaria/ y en “Los pendientes de la reforma eléctrica/” https://intervencionycoyuntura.org/los-pendientes-de-la-reforma-electrica/