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Nuestra imperfecta revocación de mandato

Rodrigo Wesche

Nunca me pareció la mejor idea apoyar esta consulta para la revocación de mandato. Las múltiples encuestas varían en porcentajes, pero coinciden en que el presidente mantiene un apoyo en más de la mitad de la población. La oposición lo tiene claro, por eso decidió finalmente no buscar ganar la revocación, a pesar de que inmediatamente después de las elecciones intermedias del año pasado algunos de sus líderes y voceros, en medio de su desubicada emoción ―por ganar algunos escaños y varias alcaldías en la Ciudad de México a la vez que perdían la disputa por once gubernaturas―, declararan que buscarían sacar a AMLO de la presidencia. Haberse organizado para recabar las firmas y no obtenerlas habría sido un duro golpe para la oposición, como lo habría sido pretender ganar la consulta y no lograrlo, cuando la popularidad del presidente es alta y probablemente aumente con la conclusión del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la Refinería de Dos Bocas. Digámoslo con claridad: el presidente ganó la revocación antes de su realización. Entonces ¿para qué organizar una consulta cuyo resultado es previsible?

Estratégicamente considero que habría sido mejor impulsar una consulta popular para empujar la reforma eléctrica. La crisis del precio de los energéticos en Europa ―y marginalmente en Estados Unidos―, aunada a la endeble infraestructura eléctrica que la reforma energética legó al Estado con el fin de privatizar paulatinamente el sector, obliga a que el gobierno mexicano actúe antes de que esa situación se traduzca en el aumento de la luz eléctrica o, en el peor de los casos, en su escasez.

Sin embargo, el presidente insistió en llamar a la recolección de firmas para la revocación de mandato y sus simpatizantes responder al llamado. Así que en lugar de estancarnos en cuál habría sido el escenario perfecto, analicemos el escenario real que tendremos.

¿Por qué animar la recolección de firmas entre sus simpatizantes? El primer y más simple motivo es que la realización de la consulta para revocación de mandato fue una promesa de campaña y, en realidad, del movimiento que ha encabezado AMLO desde hace varios años. Al hacerla estaría cumpliendo esa promesa.

El segundo motivo, y más importante, tiene que ver con el núcleo proyecto político de la 4T: “primero los pobres” y su complemento “abajo los privilegios”. Esto sólo podrá volverse realidad en la medida en que los otrora excluidos cobren conciencia de que ya son parte de la comunidad política, es decir, mientras más participen de las decisiones políticas trascendentales. Pero no sólo eso. El mecanismo de la revocación de mandato servirá para quitarle un privilegio a cierto sector político-económico que se sentía dueño del país. 

Es inevitable preguntarse cuántos problemas nos habríamos evitado de haber tenido la posibilidad de revocarle el mandato a Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto, por mencionar los sexenios ignominiosos más inmediatos. Pues bien, ahora el pueblo tendrá la posibilidad real de parar a cualquier representante de un proyecto de político que pretenda pasar por encima de la mayoría de los mexicanos. 

Otro motivo ha sido su utilidad para exhibir la naturaleza de varios actores políticos. Los partidos políticos de la oposición expusieron su horror por cualquier mecanismo que implique democratizar más la política. También algunos consejeros del INE, acostumbrados a actuar como caciques y dueños de la democracia, mostraron su rechazo a un mecanismo que excede sus marcos formalistas y procedimentales sobre la democracia. Pero más importante aún, con la discusión sobre el presupuesto de la revocación de mandato (igual que con la pasada consulta popular) quedó evidenciada la incapacidad del INE para organizar ejercicios más democráticos. A pesar de que la discusión se estancó en si al Instituto le hacían falta o no más recursos, me parece más profundo el problema.

En lo personal creo que el presupuesto aprobado para el Instituto realmente no era suficiente. Si bien puede fastidiar darle la razón a Córdova y Murayama, cuya voluntad contra la democracia participativa es palpable, bien haríamos en atender los motivos de otros consejeros distantes de ellos y contrarios en muchos de sus dichos y votos (como los consejeros Martin Faz Mora y José Roberto Ruiz Saldaña). Sin embargo, el fondo del problema del INE es su diseño ineficiente e incompatible con la democracia participativa. Mientras no se cambie su estructura, no habrá presupuesto que le alcance.

Es verdad que el Instituto está obligado a llevar a cabo más actividades que otros órganos electorales en el mundo, pero también es cierto que «resuelve» su ineficiencia a «billetazos»: lo que no puede hacer con su personal fijo, lo saca adelante con personal eventual ― ¡como el contratado cada proceso electoral!― y  comprando material a terceros.

Algunos «transitólogos de la democracia» suelen decir que realizar una elección ya es un éxito para el Instituto, pero cuando uno mira de cerca el cómo, el triunfo no parece claro. Tomemos un ejemplo: ¿cómo podemos declarar una victoria si en varias mesas de casilla no llegan los funcionarios capacitados? ¿Cómo podemos describir como exitosa una jornada electoral si las mesas de casilla permanecen incompletas aún con funcionarios tomados de la fila de electores? Así es, se celebra una elección en la que sólo se dieron las condiciones indispensables para su realización, aunque no hayan participado los ciudadanos involucrados en ella. Mucho gasto para alcanzar una mediocre participación. Claramente urge una reforma electoral que rediseñe al instituto y los procesos electorales, los simplifique, los haga más baratos y democráticos. En síntesis, necesitamos un Instituto Electoral compatible con una democracia participativa y plebeya.

Sí, el próximo ejercicio de revocación de mandato es imperfecto. Le podemos encontrar aristas negativas. Pero también su organización y la discusión en torno a ello ha exhibido por lo menos tres motivos para apoyar el ejercicio: el cumplimiento de una promesa, la realización de un ejercicio congruente con el núcleo político de “primero los pobres”; y su función para exhibir la naturaleza de los actores políticos, incluyendo a los “árbitros” que fungen como jugadores y la incompatibilidad de nuestro instituto electoral con la democracia participativa. Por estos motivos apostemos por apoyar este ejercicio democrático, el cual no es del presidente ni de los que vendrán, sino de nosotros. Es nuestra consulta para revocar (o no) el mandato. En la medida que hagamos uso de este mecanismo, por un lado, lo podremos ir perfeccionando, y por el otro, le imprimiremos más democracia a nuestra vida política.