CE, Intervención y Coyuntura

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, acudió a la conferencia mañanera del miércoles pasado (19 de abril), para ampliar la información sobre la compra de 13 plantas generadoras de electricidad, pertenecientes a la trasnacional Iberdrola. Expuso el panorama resaltando que, con la adición de esa capacidad, Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa nacional, podría satisfacer por sí misma la demanda actual durante los periodos de “demanda pico” y que, tratándose de plantas más nuevas que las de CFE, el promedio de vida del parque de generación se elevará. Recalcó que se trata de una inversión que de inmediato pone a disposición más capacidad. También explicó los datos que pueden revelarse sobre la operación financiera.

Desde el anuncio de la adquisición se habían desatado las más absurdas críticas por parte de la oposición política al gobierno de la 4T. Entre ellas “destaca” la del coordinador del grupo parlamentario del PAN, Jorge Romero Herrera (El Heraldo, “Opacas y falaces las ‘nacionalizaciones’ de cuarta”), quien escribió: “Si bien la CFE será encargada, el meollo está en lo siguiente, no poseerá las centrales, sino que simplemente se convertirá en operadora”. Tal afirmación fue compartida por otros “analistas”.

Es evidente que el diputado confunde nacionalización con estatización. Todas las plantas de CFE son nacionales. Las plantas en adquisición en cambio estaban estatizadas, porque siendo de propiedad privada, operaban bajo el control del Estado rector (en realidad un conjunto de entidades que, aplicando las reglas del mercado, atienden preferentemente a los intereses privados). Al adquirirlas, esas plantas pasarían al dominio de la nación a través de CFE, que asumiría su control absoluto.

Nacionalizar implica ejercer las acciones necesarias para controlar con eficiencia todas las fases del proceso de trabajo eléctrico, estratégico para la nación. Como sucedió en 1960, hoy la compra de plantas a Iberdrola permitiría recuperar el control de la industria eléctrica nacional, que constitucionalmente sigue bajo control del Estado[1], quién otorga a la CFE la responsabilidad de emplearlas consecuentemente para suministrar —a todos— el servicio eléctrico, a un precio asequible.[2]

Tal vez por cuestiones doctrinarias, Romero no admita que las nacionalizaciones eléctrica y petrolera han sido acontecimientos políticos, con gran respaldo popular. La nacionalización de las plantas de Iberdrola nos permite asumir la propiedad social de unas plantas que, siendo privadas fueron financiadas con recursos públicos, al igual que todas las que hoy integran el parque de generación de CFE, y su adquisición ayudará a mejorar el control del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), como explicó el secretario Ramírez.

El diputado Romero —al igual que toda su bancada—, rechazó debatir durante los foros del Parlamento Abierto[3] estas cuestiones fundamentales para la nación. Se trataba de discutir entonces una iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, presentada por el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a principios de 2021[4]. ¿Qué mejor oportunidad para demostrar las bondades del modelo de mercado? En su lugar, el legislador optó por concitar —con éxito—, el voto en contra de dicha reforma.

Hubo otras críticas. Algunos “especialistas” de la escuela neoliberal aseguran que la adquisición significa financieramente un retroceso —una carga para el país—, repitiendo la cantaleta con la cual impulsaron la privatización energética en 2013. Sin embargo, aquella contrarreforma ya ha sido evaluada y con resultados muy negativos.

En marzo de 2021, por ejemplo, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (CDD) realizó un estudio titulado “Análisis financiero de la iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica de México”[5], que de inicio expresa:

Como consecuencia de la reforma energética del 2013-2014, la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, son áreas estratégicas, donde el Estado mantendrá su titularidad, sin perjuicio de que pueda celebrar contratos con particulares. El suministro básico es una actividad prioritaria para el desarrollo nacional. La generación y la comercialización dejaron de ser estratégicas, permitiendo la participación de los particulares nacionales o extranjeros. Son servicios que se prestan bajo un régimen de libre competencia.

Bajo esta premisa, el estudio concluyó que, habiéndose reducido a la mitad la participación total en la generación de electricidad por parte de CFE —porque las reglas del mercado eléctrico, determinadas por el principio de “eficiencia económica”, favorecían a las plantas nuevas (todas privadas)—, contradictoriamente las tarifas eléctricas siguieron aumentando, a pesar de que la generación privada era mayoritaria y ésta tenía menores costos de producción ¿Inexplicable?

La CDD había encargado dicho análisis, previo a la discusión de la iniciativa de AMLO, con la que buscaba impedir la previsible quiebra de la CFE y con ello la pérdida de la soberanía energética de la nación.

Otra crítica fue la condición “monopólica” que adquiriría CFE, aunque durante el parlamento anteriormente mencionado los únicos oligopolios detectados eran privados,[6] y surgieron a partir de la privatización eléctrica y aumentaron con la imposición de las reglas de mercado.

Allí también se develó el mecanismo fraudulento con el cual, con el pretexto de impulsar a las “energías limpias”, se auspiciaba el comercio de electricidad entre particulares. Tal es el caso de la planta La Venta III (parte del paquete adquirido a Iberdrola), que tenía un contrato a 25 años para la venta de energía, y que era despachada siempre en primer lugar “por tener los costos de producción más bajos”. Sin embargo, se demostró con cifras, que se comenzó pagando a Iberdrola a razón de «2.7 pesos por kilowatt/hora inyectado y terminamos con 3.14»[7], obligando al Estado a otorgar un subsidio al consumidor final. La solución neoliberal habría sido no otorgar ese subsidio y en su lugar elevar las tarifas, con todas las implicaciones que ello tiene para la economía (no solo familiar).

Hay quienes aseguran que la presente adquisición se financiará mediante deuda en la modalidad de Pidiregas (Proyecto de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público) “para no impactar la deuda pública”. Es claro que las explicaciones del secretario de hacienda no bastarán para convencerles, porque lo que pretenden disimular es que ese mismo método se usó anteriormente para pagar muchas de las plantas en servicio, privadas[8] y las de CFE. En el caso de Iberdrola y otras empresas privadas, así se pactó la compra de energía[9]. Contratos que obligan a la CFE a pagarles el 100% de la energía comprometida, sea ésta entregada o no. En el parlamento abierto se señalaron estos y otros aspectos negativos del modelo de suministro de Productor Independiente de Energía (PIE), pero los opositores se ciñeron al guion promocional de la contrarreforma de 2013-14.

Siendo circunstancias distintas en muchos aspectos, vale la pena recordar en este punto que el sector eléctrico enfrentó a finales de 2009 la liquidación de otra empresa de la nación, como era Luz y Fuerza del Centro (LyFC)[10], hecho que tuvo impacto no solo en las finanzas del Estado, sino que constituyó un reto técnico para la CFE, que fue encargada de asegurar el abasto eléctrico en la región central del país, que en aquel momento representaba cerca del 25% de la demanda nacional. Resolver ambos aspectos, el financiero y el técnico, requirió de enormes inversiones —más de 45 mil millones de pesos, a diciembre de 2010, según datos de la auditoría antes citada—. Para asumir la operación y control de la región central, CFE amplió su estructura orgánica y, entretanto, otorgó infinidad de contratos a empresas privadas para desempeñarlas.

Tampoco se sabe el costo que implica el haber transferido la infraestructura de generación de la extinta LyFC, para usufructo de una transnacional en asociación con la mafia sindical que usurpa y traiciona la historia de lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), y que terminó por convertirse en aspirantes de ‘empresarios privados’.[11]

Ya en este sexenio y en respuesta a un exhorto de la CDD, la Secretaría de Energía emitió un informe de 6 páginas en el cual se narra la secuencia de eventos que llevaron a la finalización del proceso de liquidación, sin precisar las condiciones de toda la operación[12].

Para quienes dudan de la capacidad técnica de la CFE, el pasaje anterior debiera recordarles también que la capacidad de sus técnicos le permitió tomar, prácticamente de la noche a la mañana, la operación y control total del Área de Control Central del Sistema Eléctrico Nacional, sin mayores interrupciones. Antes, los electricistas de LyFC ya habían demostrado ser capaces de mantener operando un parque de generación que, por su antigüedad estaba destinada al ‘retiro’[13], porque Luz y Fuerza también fue sometida a un largo proceso de “chatarrización” como el que se pretendió aplicar a CFE.

Otro “experto”, Manuel Sánchez González (El Financiero, 12.04.2023, “Los afanes empresariales del gobierno”)[14], asegura que “La información sobre la eventual transacción … ha sido clara del lado de Iberdrola … En contraste, el gobierno federal ha proporcionado información confusa y, en ocasiones, engañosa”. Muy por el contrario. Basta revisar la tabla presentada por el presidente durante la “mañanera” del día 11 de abril pasado[15], y compararla con su equivalente, que fue ofrecida por Iberdrola a sus inversionistas[16] En esta última, varias fechas de entrada en operación son incorrectas y no se reportan las capacidades reales de Generación e Interconexión, seguramente para omitir lo más delicado: que 7 de esas plantas tenían un “doble permiso” de venta de energía, el primero (PIE) con CFE y otro para vender los supuestos excedentes de la misma planta, en el mercado abierto.

Sánchez señala tres “particularidades clave” en la información oficial: una, que el gobierno federal no se puede adjudicar la propiedad de los activos; dos, que hay opacidad en el financiamiento y tres, que la operación de las trece plantas no le permitirá reducir costos a CFE porque no «podrá rebasar el objetivo de una cuota de mercado de 54 por ciento en la generación eléctrica nacional (pues) los activos son independientes y se encuentran geográficamente dispersos, lo cual limita las posibilidades de economías de escala». Llama la atención este último punto, pues es evidente que el economista no entiende la operación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN): todas las plantas del SEN se ubican en puntos dispersos geográficamente, todas las privadas, las adquiridas a Iberdrola y las de CFE, sin que ello interfiera en su aprovechamiento a escala. Pero Sánchez no ofrece razones técnicas, sino dogmáticas: “la menor eficiencia operativa de la CFE respecto de Iberdrola, derivada, entre otros factores, de su pobre gobierno corporativo, sus generosas prestaciones laborales y su falta de controles”. De nuevo el gastado discurso de 2013-2014.

En días previos, la prensa redujo su cobertura al tema, pero evidentemente que seguirá presente en tanto que no se concrete la adquisición y se conozcan todos los pormenores de la operación. En tanto, podemos afirmar que la adquisición es un acto que reivindica la defensa de la soberanía de México sobre sus recursos energéticos. En esta idea, el gobierno de la 4T sigue avanzando en al menos tres tareas concretas: uno, el restablecimiento de la legalidad constitucional vulnerada en 2013-14 y que debe restituirse totalmente. Dos, al reorientar el destino de la renta energética con criterios de beneficio social. Tres, al explotar racionalmente los recursos naturales energéticos, modificando radicalmente la política de extracción de petróleo crudo y su exportación, para dar énfasis a su transformación en el país. Quedan por desarrollar otras tareas igualmente importantes y necesarias: impulsar la investigación científica y el desarrollo tecnológico nacional que permitan la transición energética hacia otras fuentes alternas; la integración de todo el proceso de trabajo energético, entre otras. Es decir, hay programa por delante.

[1] En su prisa por aprobar la contrarreforma en 2013 y al mismo tiempo encubrir la magnitud del despojo, el legislativo ocultó partes importantes de la ‘nueva’ regulación energética en artículos transitorios, entre otras, las atribuciones de los órganos reguladores (autónomos) que quedaron definidas en la legislación secundaria emitidas el año siguiente. De ese modo, los artículos 27 y 28 conservan parte de la exclusividad de la Nación en ciertas funciones estratégicas en la materia. Para una visión más amplia sobre los ‘órganos autónomos’, se puede consultar en estas mismas páginas “Desmontar el andamiaje neoliberal” [https://intervencionycoyuntura.org/desmontar-el-andamiaje-neoliberal/]

[2] Luego de la nacionalización eléctrica en 1960, la CFE también estuvo presionada para obtener créditos para el desarrollo de la infraestructura. Con ese fin recurrió al Banco Mundial. Dicha institución puso como condición la elevación de las tarifas. Finalmente la situación se superó con el compromiso de mantener un 8% de utilidad sobre las inversiones. Ese compromiso determinó la renta eléctrica inicial, y fue suficiente para financiar el crecimiento de la generación, al doble de lo existente y mantener una tarifa baja. Ello permitió organizar el Servicio Público de Energía Eléctrica cuya Ley fue abrogada (DOF 11-08-2014).

[3] Disponible en https://www.diputados.gob.mx/parlamentoreformaelectrica/foros.html

[4] La que por cierto, se ha pretendido reducir, asegurando que el propósito era simplemente que la CFE tuviera mayoría en la generación de energía eléctrica (54%), omitiendo que el «fin de fortalecer a la empresa productiva del Estado … es indispensable para sostener el compromiso … consistente en no incrementar las tarifas de electricidad, así como garantizar la seguridad energética como pieza estratégica del concepto superior de la seguridad nacional.» Porque se pretende olvidar es que la causa del aumento a las tarifas eléctricas es la privatización. Antes, entre 1887 y 1911 surgieron en México más de 200 empresas que suministraban electricidad, principalmente en la zona central del país. Les siguieron empresas británicas, canadienses y norteamericanas que instalaron mayor capacidad de generación, al grado de que para 1930, dos de ellas monopolizaban el 80 % del servicio (el restante 20 % estaba en manos de cientos de pequeñas empresas) ¿El resultado? un limitado y pésimo servicio y sobre todo elevadas tarifas. Por ello se creó la CFE (en 1934 se propuso y se concretó en 1937), misma que de inmediato se dio a la tarea de construir un parque de generación propio, y adquirió otras plantas para llevar el servicio a las regiones más apartadas y pobres, hasta entonces excluidas por las empresas privadas que, poco antes de la nacionalización condicionaban invertir en nuevas plantas a cambio de aumentar las tarifas, no obstante que CFE les vendía barato (a 3.57 centavos el kilowatt-hora, kWh) estas revendían caro (en 13.97 centavos) a sus usuarios. [“Juicio mexicano contra la Mex-Light”, citado en Historia de la Industria Eléctrica en México” (pág. 300), Tomo I, Garza Toledo, Enrique et al. Universidad Autónoma Metropolitana. 1994]. Con la nacionalización la CFE tomó el control y se superó el caos: integró las más de 40 empresas que operaban aisladas, construyó una red nacional para interconectar el país, unificando las frecuencias de operación del sistema y, lo más importante, estableció un esquema central de despacho de carga que consideraba la diversidad de combustibles a su disposición, con el fin de brindar el Servicio Público de Energía Eléctrica con las tarifas más bajas y en las mejores condiciones posibles para todos.

En 1992, a partir de una reforma —inconstitucional—, a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y más tarde otras reformas similares hasta llegar a la contrarreforma constitucional de 2013-14, se revirtió el proceso nacionalista para entregar nuevamente el control de la industria eléctrica nacional a empresas generadoras privadas, con lo que se repitió la historia. La diferencia es que en esta nueva etapa privatizadora la estrategia de ‘expropiación privada’ buscaba asfixiar a la CFE y que los constantes aumentos de tarifas eran iniciativa del propio gobierno privatizador.

[5] En https://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/se/SAE-ASS-02-21.pdf

[6] De particular interés resulta hoy el Foro 2 https://www.diputados.gob.mx/parlamentoreformaelectrica/pdf/esteno/220119-Foro-2.pdf, en el que se describieron los oligopolios constituidos por cuatro consorcios que, empleando la modalidad de Productor Independiente de energía (PIE), mediante permisos que obtuvieron para comercializar «una supuesta capacidad excedente bajo el esquema de sociedades de autoabastecimiento». Iberdrola fue señalada, —entre otras empresas como Missouri y Naturgy (inicialmente Unión Fenosa y después en alianza con Gas Natural)—, por haber creado un monopolio privado en Monterrey, una de las regiones de mayor importancia industrial y financiera del país, donde esta empresa abastece el 100% de la generación. Allí, la CFE solo existe para el suministro doméstico.

[7] https://www.diputados.gob.mx/parlamentoreformaelectrica/pdf/esteno/220120-Foro-4.pdf] Como el precio de venta al mercado era de $1.33, implicaba otorgar un subsidio de $1.40 por kilowatt/hora para no aumentar en términos reales las tarifas al consumidor final; eso sin contar con que dicha empresa no pagaba otros costos ‘ocultos’, como son el precio real de transmisión de la energía, ni el de la energía de respaldo —’demanda evitada’ le llaman, que es la capacidad que debe tener disponible el suministrador básico (CFE) ante cualquier apagón que tenga el permisionario de Autoabasto—. Todo ello, mientras el 45% de la capacidad de la CFE no era despachada.

[8] En la ‘Mañanera’ del día 19 de abril pasado, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O dio mayores datos al respecto, en cuanto a las razones y ventajas de la compra, el costo y la forma en que se liquidará la operación, pero seguramente nada convencerá a una oposición que quedó traumatizada por años de neoliberalismo.

[9] Mediante licitaciones para la compra de energía (en modalidad PIE), se realizaban mediante concursos que, en la mayoría de los casos se llevaron a cabo sin competencia, con un solo postor. Así ‘ganó’ Iberdrola las centrales Altamira III y IV y Altamira V, como postor único. En el concurso para La Laguna II solo tuvo un competidor. Ver los extractos de las resoluciones emitidas por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia publicados en el Diario Oficial (DOF, 17.02.2004) https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=675858&fecha=17/02/2004#gsc.tab=0. Tal mecanismo toleraba además que, al término de sus contratos, esas empresas conservaran la propiedad de las plantas, quedando en libertad para vender el total de su generación al mercado.

[10] Auditoría de Desempeño: 10-1-06HKA-07-0977 En https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2010i/Grupos/Gobierno/2010_0977_a.pdf.

[11] El Informe “Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015” (Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-06HKA-02-0097) sobre los bienes enajenados de Luz y Fuerza del Centro [https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/Auditorias/2015_0097_a.pdf], mediante dictamen del 24 de enero de 2017, reportó que se «entregó 40 inmuebles denominados “Fábricas y Talleres” al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para su posterior enajenación a título gratuito, y 16 centrales de generación a la Sociedad Generadora Fénix, S.A.P.I. de C.V., para su explotación.» En el caso de las plantas generadoras (15 hidroeléctricas y una Termoeléctrica), se constituiría un fideicomiso y que la Federación mantendría la propiedad, recuperando su dominio al término del comodato. Con posterioridad se suscribió «un contrato para otorgar el derecho de explotación por 30 años de 16 plantas generadoras de energía eléctrica, a favor de una sociedad que constituirían el SME y Mota Engil México, S.A. de C.V., así como la transmisión no onerosa de fábricas y talleres al SME.» Otro acuerdo eliminaría el fideicomiso, «para otorgar las 15 plantas hidroeléctricas y una termoeléctrica, directamente a la Sociedad Generadora.» Esa auditoría recomendó, entre otras cosas, «dejar constancia de la instrumentación de todos los actos de autoridad que fundamentaron y motivaron el cumplimiento del laudo y del Memorándum de Entendimiento, y demás operaciones relacionadas con el proceso de liquidación de Luz y Fuerza del Centro» por considerar que ni Subsecretaría de Gobierno de la SEGOB ni la Subsecretaría del Trabajo de la STPS, tuvieron «fundamento que facultara de manera expresa a la para emitir opinión favorable y su conformidad para la suscripción del contrato para el otorgamiento de los derechos de explotación de las plantas de generación eléctrica y para enajenar a título gratuito al SME los 40 bienes.»

[12] En https://infosen.senado.gob.mx/infosen/CCTP/RESPUESTAS/2019-08-28/CP2R1A_1422_SENER_SINDICATO_ELECTRICISTAS.pdf

[13] La mayoría estaban consideradas en el programa de retiros de unidades obsoletas e ineficientes, aún antes de su extinción. Ver la Prospectiva del Sector Eléctrico 2009-2024 (Última en que fue considerada. Disponible únicamente en repositorios como https://www.academia.edu/10554484/Prospectiva_electricidad_2009_2024

[14] https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/manuel-sanchez-gonzalez/2023/04/12/los-afanes-empresariales-del-gobierno/

[15] Se aprecia una inconsistencia en la antigüedad de la planta Monterrey I y II (señalada como 1 año), cuando el permiso fue otorgado desde 1999, pero la fecha de inicio de su operación comercial está registrada correctamente cómo 2002, haciendo evidente el error.

[16] El video está disponible en [https://streamstudio.world-television.com/gaia/iberdrola/ip/defaultir.asp?ticket=25-36-35680&target=en]. Allí mismo se puede descargar la presentación.