Diego A. Alcántar Casillas

Introducción

Frente al triunfo presidencial alcanzado por López Obrador y la puesta en marcha de un gobierno de carácter popular se han conjurado en su contra las fuerzas reaccionarias agrupadas en torno a diversos programas políticos como el proyecto Frente Amplio. Integrado por partidos de oposición, cámaras empresariales, medios de comunicación, intelectuales orgánicos ligados al anterior régimen y miembros de la autoproclamada sociedad civil (1), este grupo se ha servido de diversos mecanismos para oponerse a las decisiones gubernamentales. Sin duda alguna el que les ha devengado mayores réditos ha sido lajudicialización de las controversias mediante la intervención de jueces y magistrados, traducido en una serie de victorias logradas desde el poder judicial (PJ).

El proceso de judicialización de la vida política no es nuevo y se inserta en la lógica de la lucha de lasoligarquías frente a los gobiernos populares legalmente constituidos. Este actuar ha sido denunciado por Lula da Silva en Brasil, quien vio negados sus derechos políticos y civiles ante una acusación de corrupción que nunca se demostró. Misma suerte sufrió el presidente Correa del Ecuador, y más recientemente CristinaFernández quien al caso acuñó el mote de “partido judicial” para ilustrar el proceder parcial y tendencioso delPoder judicial de la Nación. En casos más graves esta intervención ha legitimado golpes de Estado como el padecido por Dilma Rouseff, Evo Morales y más recientemente Pedro Castillo.

Ante la animada intercesión del PJ es posible la aseveración de que este ha sido instrumentalizado porla derecha para lograr sus fines mediante la cooptación de sus miembros. Bajo la misma lógica su comportamiento respondería entonces a una patología del ejercicio público que lo aleja de la objetividad normativa que le es natural, bastando entonces devolverlo a su cauce institucional y objetivo, castigando a los funcionarios que dejaron pervertir su labor, reduciendo la problemática a su factor individual.

Por su parte, las clases dominantes conciben al PJ como el bastión sobre el cual se encuentra resguardada la democracia y el Estado de derecho y cuyas decisiones, de carácter meramente legal, responden al espíritu de las leyes (2). Aquí, la independencia y la objetividad son el resultado del imperativo categórico con el que se conducen los jueces y su sola crítica (no digamos ya intento de reforma) constituye una afrenta contra el Estado.

No obstante, ambas posturas tienen en común el hecho aparentemente simple de no concebir al juez y alPJ en su dimensión social, o sea, como resultado de relaciones sociales objetivas; es decir, lainstitucionalización normativa de la organización social de la burguesía en tanto clase dominante.

Al tratar de esconder este hecho el Estado burgués echa mano de la mistificación del PJ como unacondición necesaria para mantenerlo subordinado, pero al mismo tiempo preservando la apariencia de independencia y neutralidad. Por tanto, a través de este trabajo trataremos de vislumbrar el carácter de estamistificación y sus consecuencias políticas, lo que nos llevará a identificar y denunciar el actuar político del PJ y ligarlo con el caso mexicano.

Origen del mito: libertad y división de poderes

El origen moderno de la mistificación del PJ podemos rastrearlo hacia los debates del constitucionalismoliberal del siglo XVIII siendo la libertad su punto de partida. En el marco de la independencia de las 13colonias y de las revoluciones burguesas que recorrieron Europa, el establecimiento del dominio burgués se planteó la tarea de eliminar el poder despótico y sustituirlo por uno que se situara al margen de las clases sociales, limitando el mismo en pro de las libertades individuales (entiéndase las libertades de mercado).

La óptica burguesa situó a la libertad en el terreno del poder hacer, restringiéndolo a los límites marcados por las leyes. Este principio se ve complementado por uno adicional que constituye la esencia delcontractualismo: el resguardo del individuo frente a la voluntad del otro, de modo que no pueda ejercer sobre élun dominio no legal (Montesquieu: 2018). Tales planteamientos son la expresión normativa del intercambio de mercancías, fundamentalmente de la fuerza de trabajo, que precisa un marco jurídico para garantizar su libertad jurídica y económicamente, lo que significa eliminar toda determinación de los vínculos religiosos, hereditarios o consuetudinarios que regían sobre el viejo orden social y que, por tanto, restringían la “libertad” del individuo: es decir, se trata de que pueda disponerse del trabajador en el mercado libremente y que estepueda emplearse sin coerción de por medio: un proletario total. Y, por otro lado, requiere de un marco para dirimir las rencillas entre propietarios de mercancías: esto es, resolver el conflicto entre intereses privados.

Si durante el absolutismo era la autoridad política quien negaba la libertad plena de los pobladores, lasnacientes repúblicas debían restringir este poder. Con el objetivo de evitar la concentración excesiva de poder en una sola autoridad, que devendría en abusos y violaciones de derechos (Montesquieu; Locke; Jefferson)tales como los que habían padecido durante los regímenes despóticos contra los que se enfrentó la burguesía, el constitucionalismo liberal apeló a una división de poderes en el seno del gobierno. Su idea era que unsistema de contra pesos, mediante la asignación de funciones específicas, limitara al poder.

En esta división, al Poder Judicial se le asignaría la función de juzgar los delitos e interpretar las leyes, que para fines prácticos significa mediar entre los conflictos de los particulares y entre ellos con el Estado. Surge además una diferencia cualitativa en la naturaleza orgánica del PJ: a diferencia de los otros dos poderes (ejecutivo y legislativo) que están sujetos a los mecanismos de representación, éste se mantiene desligado de alguna clase determinada, transformándose, como dice Montesquieu (idem), en una fuerza social inexistente que representa a todas al mismo tiempo.

Lo que sigue es un perfeccionamiento de la maquinaria judicial confiriendo garantías legales a los jueces,tales como la inamovilidad de los cargos y su remuneración estable y permanente proyectada desde la Constituyente de 1787 de los Estados Unidos y seguida por la francesa en 1791 y; reforzando el dogma deindependencia frente a las clases sociales e imparcialidad.

Alienado de la sociedad y como personificación del interés general

a) Alienación como presupuesto lógico

La alienación del PJ frente a la sociedad es el resultado del presupuesto lógico burgués cuya finalidad es garantizar la libertad de los ciudadanos como poseedores de mercancías y la resolución de conflictos entreintereses privados. Al igual que el Estado (y como parte de él), se encuentra al margen de las clases sociales y reviste la forma de universalidad.

Sin embargo, ¿por qué pasa esto y no se convierte en un aparto directo para ejercer el poder? Pasukanis, en su obra Teoría general del derecho y marxismo se hacía similares cuestionamientos. En ella se preguntapor qué la dominación de clase reviste la forma de una dominación estatal oficial y no como un aparato privado de la clase dominante o porqué el aparato de constricción estatal no se constituye como aparato privado de laclase dominante, por qué no se separa de esta última y, en cambio, reviste la forma de un aparato público impersonal.

En retrospectiva sobre el debate de la escuela de la derivación alemana, Joachim Hirsch nos da una pista sobre esta interrogante y asevera que el cambio efectuado en el aparato de dominación, de un instrumentoprivado de la clase dominante a un poder público impersonal y separado de las clases sociales, se da en función de las particularidades del modo de socialización capitalista. Este requiere que la dominación social no esté en manos de algún capitalista determinado o de una clase determinada, pues de serlo así, no existiría competencia, ni mercado ni fuerza de trabajo libre; por tanto, debe estar centralizado en el Estado.

Esta misma lógica aplica al caso del PJ, cuya función recubre una forma específicamente capitalista lacual es que, al encontrarse alienado de la sociedad, se convierte en el ámbito en el que se resuelven los conflictos entre los particulares y donde se defiende la premisa fundamental de la libertad. Y es que alagudizarse las contradicciones interburguesas, estas requieren un espacio de discusión para dirimir sus diferencias y que permita a las distintas fracciones encontrar un cause institucional para llevar sus luchas, como lo son el congreso, la prensa, los partidos políticos y, claro, el poder judicial (Marini, 1978).

B) Ilusión de universalidad

La existencia del Estado como esfera separada de las fuerzas políticas y sociales reviste también otrafinalidad. Y es justamente mantener la ilusión de la libertad y universalidad en el dominio de las clasessubordinadas a la burguesía. Aquí es donde identificamos el mito del Poder judicial como una mediación que encarna en sí mismo la universalidad del interés general.

En su crítica a la filosofía del derecho de Hegel, Marx asevera que, en las instituciones políticas modernas, donde el Estado se encuentra abstraído de la sociedad, se parte de la premisa de un hombre dividido entre la esfera privada y una esfera de universalidad. Esta pugna encarna la forma de una divisiónentre el individuo en un interés particular en el marco de la sociedad civil y un interés colectivo, en la sociedad política: “Como miembro de un Estado, se espera del hombre que actúe conforme a criterios universales; como parte de la sociedad civil, debe actuar siguiendo sus intereses egoístas y necesidades” (Avinieri, 1983).

La disputa es zanjada en última instancia por una mediación que se oriente hacia el bien común quesirve como lazo entre la sociedad civil y el Estado. Esta mediación entre lo general y lo particular es la burocracia, que se constituye en la sociedad burguesa como la clase universal y la depositaria del “espiritualismo del Estado” (Marx, 1968).

Para Marx, no obstante, la burocracia es la expresión de la ilusión de que el Estado realice la universalidad humana. Es pues, una alienación de la vida pública (Avinieri, ídem). Y es que, bajo la sociedad burguesa, lo político no ha sido realmente emancipado de la propiedad: puesto que se trata de una sociedad dividida en clases, el estatus del individuo se halla determinado por su relación con la propiedad privada configurando una relación que supera lo privado para insertarse en el ámbito político. En otras palabras, el ámbito privado determinado por la propiedad reviste consecuencias en la sociedad política y por tanto en el interés general. La burocracia, entonces “identifica el interés general con objetivos particulares o privados, de tal modo que el interés del Estado deviene en un fin particular opuesto a otros fines particulares. Por eso que el Estado sea interés general es pura apariencia” (Avinieri, ídem).

Es decir, el interés de la burguesía se establece como interés general instrumentalizado a través de la burocracia, que a su vez se adjudica un aura de universalidad que es, en última instancia, aparente. El PJ como parte de la burocracia estatal adquiere este mismo carácter como depositario del interés general lo que, sumado a las que ya hemos analizado, nos demuestra su origen en el seno del dominio burgués y su función en el ejercicio del mismo.

El juez, el burócrata, el político: el mito

Colocado en el ámbito de la representatividad de lo universal, el juez adquiere un estatus impoluto que se ve complementado por las ficciones que pasan a modelar su narrativa: independencia, imparcialidad, neutralidad y objetividad. Además, se desarrolla a la par la profesionalización de la justicia a través de lacarrera judicial, la cual tiene un doble objetivo: asegurar la burocratización del juez y reforzar el mito del impartidor de justicia como un técnico altamente capacitado que media la relación entre sociedad y estado.

Bajo esta concepción el juez-burócrata se presenta como un ser pasivo que se adhiere a la literalidad de las leyes. Su voz no representa a una clase social específica ni surge de un interés particular determinado, sino es sólo un instrumento en el que se expresan las leyes (Montesquieu, et al.) y en tal sentido es apolítico. Su conducción, por otra parte, responde al imperativo categórico kantiano que demuestra los más altos valores éticos.

Sin duda alguna el dogma de independencia tejido en torno a su figura constituye una de las ficciones más poderosas que nutren al mito. El mismo se presenta ante la sociedad como la premisa que posibilita un actuar autónomo e independiente frente aintereses políticos y de clase y asegura que sus sentencias se apegan única y exclusivamente en el imperio de laley. Entre otras cosas, los altos salarios, la inmovilidad del cargo, fueros, fideicomisos, escoltas, y todas las prerrogativas a veces escandalosas que perciben los jueces son justificados en tanto preservan la independencia del poder.

Esta independencia ha convivido de manera armoniosa acompañando y adaptándose a las exigenciasnormativas que la acumulación capitalista demanda en cada etapa, legitimando el corpus legal surgido. En este sentido, la resolución efectiva en un nivel jurídico de los cambios económicos dirimidos en el nivel políticopor los partidos y asambleas, demanda del PJ independencia de las fracciones de clase; una vez resulta las controversias y establecido el programa económico en forma de ley, incorpora las nuevas reglas a su andamiaje para juzgar en función de las mismas. Esto pone de manifiesto el carácter real de la independencia del PJ: independencia en cuanto a las fracciones burguesas, mas no independencia de la burguesía. Es una independencia subordinada, por más paradójico que suene.

Los límites de la independencia del PJ se expresan de manera clara cuando el desenlace de la confrontación en el seno del gobierno perjudica el programa burgués. En tales circunstancias, la Corte, losmagistrados, los jueces, suelen revestir posiciones conservadoras asumiendo un papel político al erigirse como representantes y último bastión del capital, enfrentándose de forma directa con el resto de los poderes, llegando incluso a asumir posturas golpistas.

En México, en los últimos años la Suprema Corte de Justicia, en particular, y el PJ en general, ha tomado una postura de confrontación ante los proyectos promovidos por el oficialismo, siguiendo la lógica que hemosdescrito. Si bien tales medidas no representan una gran afrenta contra el capital, sino que se centran en ladefensa de la soberanía nacional y en la reforma al Estado, las fracciones burguesas reconocen en ellas afectaciones a su hegemonía.

Varios son los casos que ilustran lo anterior. Por ejemplo, el juez Juan Pablo Gómez Fierro ha sido el encargado de defender los intereses de los capitales extranjeros en materia de energía. Él mismo ha otorgadoamparos en tiempo récord a empresas de generación eléctrica contra la Ley de la Industria Eléctrica propuesta por el ejecutivo en el 2021 que pretendía que el Estado recuperara el control del sector garantizando soberanía energética, luego de haber intentado suspenderla de forma indefinida. Asimismo, concedió amparos a empresas que impugnaron la regulación de precios máximos de gas lp cuyo fin era bajar los preciosdel recurso y también fue el encargado de oponerse a algunas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, beneficiando en todo momento a empresas privadas como Iberdrola.

De igual manera se han defendido los intereses mineros. Apenas publicada la reforma a la ley minera,un tibio esfuerzo por frenar la devastación ecológica y social de esta industria, el juez Ulises Rivera González emitió una suspensión debido al recurso interpuesto por la minera canadiense “First Majestic Plata”. Ladiscusión por su suspensión definitiva está por llevarse a cabo. En el mismo tenor se ha resguardado elpatrimonio de empresarios, como el caso del ministro Luis María Aguilar, quien a través de varios litigiosfiscales le ha ahorrado al magnate Ricardo Salinas Pliego desembolsar en concepto de impuestos un monto de 25 mil millones de pesos. Tampoco escapan de la beneficencia del PJ personajes oscuros de la política mexicana a quienes, aún con procesos judiciales en su contra, les han liberado sus cuentas bancarias (2) y promovido amparos para evitar pisar la cárcel. En lo que respecta a las reformas al Estado, el PJ haactuado como un defensor del estatus quo, evitando la modernización y democratización del aparato político y electoral al oponerse a todas las reformas propuestas en ese sentido.

Las intervenciones del PJ no se han limitado solamente a la defensa de los intereses económicos en susresoluciones, sino que se han arrogado el papel de oposición adquiriendo un rol netamente político. Y es que, desde sus discusiones, el sentido de sus votaciones, sus declaraciones y argumentos se corresponden con la narrativa impulsada por los grupos opositores liderados por el magnate Claudio X. González. El resultado ha sido el acompañamiento efectivo de las fuerzas reaccionarias en su afán por exacerbar las contradicciones en el gobierno al generar un clima de ingobernabilidad, amén de ganar la batalla por la narrativa: la serie de amparos promovidos contra las obras insignias del presidente, como el aeropuerto Felipe Ángeles, el TrenMaya, la Refinería Dos Bocas, el Tren Transoceánico, y más recientemente la intentona de destituir al presidente, son la clara estrategia de la conjunción burguesía-PJ contra políticas de carácter popular.

A la par, toda crítica contra el PJ es invalidada por los medios de comunicación corporativos y por la derecha arguyendo que se atenta contra la independencia y autonomía, así como al principio de división de poderes. Estos preceptos terminan recubriendo las acciones evidentemente parciales de un manto purificador que legitima y valida al conjunto de sentencias que se oponen al gobierno y se elevan al rango de verdad universal.

Evidentemente esto constituye un obstáculo más para el gobierno. Pero también para el campo popular,quien debe tener conciencia clara de sus enemigos. Reconocer la función real que ejerce el PJ dentro del sistema capitalista fuera de todo cariz mistificador nos ayuda a desvelar de manera más clara su actuación, la cual, como hemos visto, sobre pasa el ámbito meramente jurídico para insertarse en el ámbito de la política.Sólo de esta forma es posible defender los proyectos populares y hacer frente al dominio burgués, el cual se encuentra enquistado en todos los ámbitos de la vida societal.

Conclusión

Dentro de los elementos que configuran el poder de Estado, la burocracia se presenta en el sistemacapitalista como la mediación entre sociedad civil y Estado, llegando a adquirir una apariencia de universalidad y manifestación concreta del espíritu absoluto en el ámbito político. El PJ como burocracia especializada del Estado hace uso de esta concepción idealista como un componente necesario para mantener un poder «independiente» subordinado al sistema capitalista.

Sin embargo, a lo largo de este trabajo hemos desvelado su verdadero carácter al analizar a este poderdentro de las funciones concretas como reproductor del sistema capitalista y como conciencia de la burguesía.En tal sentido, resulta necesario analizar al PJ desde su dimensión social, y entenderlo como resultado de relaciones sociales objetivas en donde la burguesía edifica su dominio en cuanto clase social.

Finalmente hemos destacado cómo las fuerzas reaccionarias han utilizado la judicialización de las controversias como un mecanismo para oponerse a las decisiones gubernamentales populares, lo que ha llevado a una serie de victorias para la derecha obtenidas desde el PJ.

Fuentes de consulta

Avinieri, S. (1983), El pensamiento social y político de Carlos Marx, Madrid, Centro de estudios constitucionales.

Díaz, E. (2012), “Desarrollo histórico del principio de separación de poderes” en Revista de derecho, Barranquilla, Universidad del Norte.

Fuentes. C. (2011), “Montesquieu: teoría de la distribución social del poder”, en Revista de ciencia política, Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Hirsch, J. (2017), “retrospectiva sobre el debate” en Estado y capital. El debate alemán sobre la derivación del Estado. Buenos Aires, Herramienta.

Marini, R., Cueva, A., y García, P. (1978), La cuestión del fascismo en América Latina, en : https://marini-escritos.unam.mx/?p=1015

Marx, K. (1968), Introducción para la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, Buenos Aires, Claridad.

——— (1968), Crítica de la filosofía del Estado de Hegel, Buenos Aires, Claridad Montesquieu (2018), El espíritu de las leyes, México, Istmo.

Pasukanis, E. (2021), Teoría general del derecho y marxismo, México, Olejnik.

Troper, M. (2003), “El poder judicial y la democracia”, en Poder judicial, México, Isonomía.

Notas y referencias

• Mote con el que se tratan de revestir de una aparente neutralidad emanada de un carácter “apartidista” y “ciudadano” actores políticos ligados con los intereses de la derecha y políticos de los partidos de oposición que mediante diversas plataformas pretenden incidir en la vida pública y limpiar su imagen al desligarse de los partidos
• De los casos más vergonzoso son el descongelamiento de las cuentas bancarias de Linda Cristina Pereyra el mismodía que su esposo, Gerardo García Luna era encontrado culpable por un tribunal federal en los Estados Unidos del delitodedelincuencia organizada y narcotráfico. También destacan el descongelamiento de las cuentas del ex jefe anti drogas de la policía federal investigado por operaciones con recursos de procedencia ilícita, Eduardo Pequeño García y el otorgamiento de un amparo al ex gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, quien tiene una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada.