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Marihuana: del prohibicionismo a la regulación

Job Hernández

La guerra contra las drogas

2006 fue un año clave para México. Allí comenzó la espiral de violencia en la que seguimos metidos hasta la fecha. Como los especialistas han señalado reiteradamente, la causa principal del brusco y espectacular incremento en los homicidios en el país fue la “guerra contra el narcotráfico” emprendida por Felipe Calderón. No es que antes la violencia fuera inexistente, pero era significativamente menor y los indicadores sobre el tema –el número absoluto y la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes– tenían dos décadas de sostenido descenso. A la decisión de Felipe Calderón le debemos el descalabro de esta trayectoria: donde sea que puso en práctica su estrategia, los números se incrementaron dramáticamente, región por región, estado por estado. El saldo final fue un excedente de poco más de 175 mil muertes violentas que probablemente no hubieran ocurrido sin su “ofensiva”. 

Esta espiral de violencia fue general, pero tuvo un sesgo etario y de género muy marcado. Una buena parte de las víctimas fueron jóvenes. Como documentó un informe del Banco Mundial, el 38.2 por ciento de los homicidios en México durante el sexenio de Calderón correspondieron a personas en el rango de edad de 10 a 29 años; asimismo, la evolución de la tasa de homicidios juveniles experimentó un salto estrechamente vinculado a la tasa general, con un punto de inflexión en 2007, para finalmente superarla a partir de 2008. Las muertes juveniles ligadas estrictamente a la guerra contra el narcotráfico siguieron un comportamiento similar. De acuerdo con cifras oficiales, los jóvenes de 16 a 30 años representaron el 43.9 por ciento de las muertes por presunta rivalidad delincuencial ocurridas entre 2006 y 2010.

Igualmente, la trayectoria de la violencia contra las mujeres tiene una estrecha correlación con el clima de violencia generalizada provocado por la guerra contra el narcotráfico. La evolución de la tasa de homicidios de mujeres siguió muy de cerca a la evolución de los homicidios en general. El número  de mujeres asesinadas y la tasa por cada cien mil se disparó y se volvió un problema grave en el 2007, cuando inició la ofensiva militar de Calderón. Esto no significa que la violencia contra las mujeres –sobre todo en su forma extrema de asesinato– no existiera antes, pero la dimensión del problema es significativamente menor y su trayectoria en los años noventa y hasta 2006 era descendente. A la guerra contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón le debemos la mayor parte del problema de las muertes de mujeres en México a partir de 2006.

La solución del problema juvenil y de la violencia contra las mujeres, en buena medida, atraviesa por el fin de la guerra contra las drogas. Y así con muchos otros grandes problemas nacionales.

El chivo expiatorio

¿Con que argumentos se inició una política de estado que privilegió el enfrentamiento armado y nos condujo a la situación trágica en que vivimos? Uno de los argumentos centrales fue el supuesto incremento en el consumo de drogas entre la población mexicana, sobre todo de drogas duras. La idea presentada por Calderón en 2006 fue que México se había transformado en un país consumidor de sustancias peligrosas antes que en un mero territorio de trasiego. 

Y en efecto, si tomamos desprevenidamente las cifras generales en los últimos años el número de consumidores de sustancias adictivas aumentó significativamente, pero una porción importante se refiere a drogas legales como alcohol y tabaco. Y en el caso de las drogas ilegales se trata, ante todo, de mariguana, cuyo consumo efectivamente también aumentó en las dos décadas más recientes.

En el caso de la cocaína, que es la segunda droga ilegal más recurrente en México, su consumo también se ha incrementado pero menos significativamente. Por el contrario, el consumo de heroína, estimulantes tipo anfetaminas y drogas de uso médico se ha mantenido estable.

Así que el argumento de Felipe Calderón era parcialmente cierto y, por tanto, completamente inadecuado para una política de drogas como la que se siguió. No había un incremento en el uso de drogas duras. Lo que estaba sucediendo era un reposicionamiento cultural con respecto del consumo de marihuana, que se volvió cada vez más aceptable y popular.

Además, que los mexicanos consumieran cada vez más cannabis no era ni es un problema de salud pública de primera línea. De las miles de muertes por trastornos mentales y del comportamiento derivados del uso de sustancias adictivas, la abrumadora mayoría se relacionan con el consumo de alcohol y prácticamente ninguna se deriva del uso de la mariguana. Puede que fumar mariguana no sea un hábito que agrade a todos, pero es socialmente inocuo.

En resumen, Felipe Calderón usó argumentos estadísticamente falsos, porque si bien hubo un incremento en el consumo de drogas en México, no era de drogas duras sino de una sustancia sin mayores repercusiones negativas, salvo para las castas mentes de los conservadores. Seguramente lo sabía pero optó por usar “la conversión de México en un país de consumidores de drogas” como un chivo expiatorio para una cruzada militar que tenía otras intenciones: la imposición de un estado de excepción –una dictadura en sentido estricto– como forma de gobierno efectivo ante la carencia de legitimidad con la que llegó al poder.

Hacia el fin del prohibicionismo

Quienes en la actualidad apuestan por la continuidad de la política prohibicionista que desencadenó los resultados señalados carecen de argumentos sólidos. En el debate sobre el uso lúdico de la marihuana, realizado en días pasados en la Cámara de Diputados, recurrieron a principios morales antes que a datos. Sólo pudieron ofrecer la idea de que el consumo de marihuana es la puerta a drogas más peligrosas, pero no ofrecieron pruebas al respecto. En términos de las afectaciones a la salud o los efectos sociales perniciosos, lo más destacado fue la desencaminada intervención de la diputada priista Chynthia López Castro que habló de un “viaje de cuatro días” provocado por tres mordidas a un panqué con THC porque, a su juicio, la ingesta “potencializa la potencia” de la sustancia.  La derecha quedó, así, borrada del debate.

El combate de los prejuicios prohibicionistas ha sido la tarea de un conjunto de colectivos de usuarios que desarrollaron durante años una persistente e inteligente defensa de su derecho a usar lúdicamente la marihuana. Mucho tendrían que aprender el resto de movimientos sociales y grupos de izquierda del repertorio de lucha de estos colectivos, de su paciente enfrentamiento con la llamada opinión pública y de su efectivo cabildeo ante los poderes legislativo y judicial.

A nadie más que a ellos se debe la resolución de la Suprema Corte que obligó perentoriamente a las dos cámaras a legislar con la finalidad de remover de la ley las disposiciones contrarias al libre desarrollo de la personalidad, en este caso los artículos 235 -último párrafo-, 237, 245 –fracción I–, 247 –último párrafo– y 248, todos ellos considerados inconstitucionales por el máximo tribunal de la República.

Esta resolución marcó un punto de inflexión en la política seguida por el Estado mexicano en el caso de la marihuana, lo que dio pauta a la aprobación de un Dictamen con Proyecto de Decreto aprobado por el Senado (en noviembre de 2020) y la Cámara de Diputados (el pasado 10 de marzo) cuyos términos son inequívocamente contrarios a la política prohibicionista tradicional. En primer lugar porque señala a la política de drogas seguida hasta ahora por el Estado mexicano como una simple extensión de las directrices internacionales en la materia. En segundo lugar porque indica que esta política nunca demostró contundentemente que el consumo de marihuana fuera un problema de salud pública o un daño grave a la salud de los mexicanos. En tercer lugar porque acusa claramente que la guerra contra las drogas causó más estragos que las afecciones atribuidas a sustancias como la marihuana.

En esa misma dirección argumentativa, el Dictamen muestra que, a pesar de la prohibición, el consumo de cannabis no ha cesado y, por el contrario, se ha incrementado, generando que la satisfacción de la demanda se haga por medios ilegales y peligrosos, fuera de toda regulación pública. En consecuencia, el documento remata estableciendo la necesidad de un cambio de paradigma en sintonía con la experiencia internacional de despenalización y/o regulación que ha permitido el uso médico y recreativo de la marihuana en varios países del orbe. Todo indica que a México le llegó la hora de ponerse a tono con las mejores experiencias internacionales en la materia.

Los límites de la nueva legislación

No obstante, la propia Suprema Corte de Justicia señaló los límites de su resolución a los que debió apegarse el Legislativo. Por ejemplo, que la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos referidos no supone en ningún caso autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación y/o distribución de marihuana. Igualmente, que el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros, ni podrá ser ejercido frente a menores de edad o en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hayan brindado su autorización. Y, finalmente, que las actividades inherentes al autoconsumo del cannabis psicoactivo para los fines señalados dependerán de la autorización que expida la autoridad sanitaria.

Estos señalamientos orientaron las nuevas disposiciones hacia un carácter regulativo y no tanto de despenalización o legalización total como querían muchos de los colectivos de consumidores. No obstante, también es necesario reconocer que la nueva legislación es, en términos prácticos, una descriminalización, aunque prudente y cautelosa, de la marihuana. Ese talente, de regulación y descriminalización gradual, es el que orientó el incremento de 5 a 28 gramos de la cantidad de cannabis permitida para consumo personal en la tabla del artículo 749 de la Ley General de Salud, al tiempo que se determinó como falta administrativa la posesión de más de 28 y hasta 200 gramos de cannabis, y como sanción en el ámbito penal la portación de más de 200 gramos (en ambos casos cuando no se tenga la autorización correspondiente).

En realidad, el eje de la nueva política es que todas las personas mayores de dieciocho años pueda tener acceso al consumo de cannabis psicoactivo dentro de un marco legal, con la debida intervención del Estado que deberá tomar medidas dirigidas a proteger la salud y prevenir el consumo problemático y adictivo de la marihuana. De acuerdo con esto, la médula de las nuevas reglas es la necesidad de la regulación integral del cannabis para romper con el paradigma prohibicionista y transitar a un modelo regulatorio que contemple el uso adulto y el uso industrial del cannabis.

De allí el desencuentro parcial de muchos de los colectivos de consumidores con la nueva legislación. Su orientación libertaria no se aviene con un texto normativo fuertemente marcado por la idea de que el Estado debe recuperar su capacidad de intervención sobre espacios dejados hasta ahora al libre arbitrio del mercado, en este caso ilegal. Son dos formas de entender el mundo: la primera apuesta por la prevalencia de las prerrogativas individuales desde una perspectiva libertaria y la otra tiene en mente la salida del difícil laberinto de la violencia desde una perspectiva estatal-bienestarista. En los siguientes años, es previsible que ambas posiciones continúen dialogando respecto del tema y que la legislación siga avanzando, si un golpe de mano no nos regresa al prohibicionismo tajante de perspectiva neoliberal-conservadora. Por lo pronto la discusión es hacia adelante y al interior de las fuerzas progresistas y de izquierda.