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Logros y retos de las políticas de bienestar en la 4T.

Job Hernández

I.

Podemos caracterizar a la Cuarta Transformación como un neodesarrollismo acotado por las estructuras económicas heredadas, cuyo objetivo primordial es la redistribución de la renta proveniente de los hidrocarburos y la recuperación de la capacidad de intervención del estado en áreas que el neoliberalismo cedió al mercado. En este proyecto es estratégica la recuperación del control de los ingresos petroleros cedidos en los dos últimos sexenios a diversas empresas transnacionales, el crimen organizado y algunos personeros de los partidos políticos. Dada esta característica central del proyecto, el diferendo no es con el capital en general sino con los sectores rentistas de la clase dominante, afectados por esta recuperación de la intervención  estatal en el sector energético.

Considerando así las cosas, la 4T puede tener algunos rasgos comunes con el desarrollismo latinoamericano clásico y el keynesianismo de posguerra, pero hay que tomar en cuenta que las condiciones generales –de la economía mundial y la geopolítica- son bastantes diferentes. La experiencia precedente se basó en un pujante ritmo de crecimiento de la economía mundial, la competencia entre dos modelos civilizatorios y el ascenso del movimiento obrero en el mundo. Además, en el caso mexicano, ocurrieron eventos de oportunidad que explican el éxito relativo de las políticas de desarrollo y bienestar del régimen pos-revolucionario, entre ellas el involucramiento de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, etc.

En realidad, es más provechoso observar las experiencias recientes de los llamados gobiernos progresistas en el Cono Sur para encontrar un referente de lo que podríamos esperar del gobierno mexicano actual. Con sus respectivas diferencias, Bolivia, Ecuador y Venezuela aprovecharon una correlación de fuerzas más favorable a las clases populares y se apropiaron de una mayor parte de la renta proveniente de los recursos estratégicos para dirigirla al gasto social, la capitalización de empresas públicas y el desarrollo de infraestructura. Como resultado de esta estrategia –que también incluyó una mayor recaudación fiscal mediante impuestos progresivos y un duro combate a la evasión de las élites– hubo una sensible mejoría de los indicadores de bienestar: aumentó la proporción de ocupados con seguridad social (o disminuyó el trabajo informal), se experimentó una mejoría del poder adquisitivo de los hogares (por el incremento de los salarios medios), disminuyó el índice de Gini (que mide la desigualdad en la distribución de los ingresos), cayeron los volúmenes de desempleo, aumentaron los beneficiarios del sistema de seguridad social, se abatió el analfabetismo, etc. Por ejemplo, para el caso de Ecuador, una investigación señala el incremento sostenido del índice del salario mínimo real, un alza significativa del gasto social (educación, salud e inclusión) y una disminución del índice de pobreza multidimensional (sobre todo en el ámbito rural).

II.

En el caso de México, además de revertir los efectos de la reforma energética para re-estatizar la renta petrolera, la Cuarta Transformación necesita romper las inercias heredadas por el neoliberalismo: la baja tasa de crecimiento del PIB, la caída catastrófica de los salarios, la disminución sistemática en el volumen y la tasa de creación de empleo formal, el incremento sistemático de la desigualdad, el aumento del volumen y la proporción de la deuda, la baja recaudación fiscal, etc. Solo de esta manera será posible liberar los recursos indispensables para mejorar los indicadores de bienestar.

En esa dirección, el control de los recursos que se dilapidaban en la corrupción, el freno al dispendio de los recursos públicos por parte de la alta burocracia y el combate a la evasión fiscal son necesarios pero insuficientes. También tiene que desarrollarse una política de crecimiento económico con un papel significativo de las inversiones públicas. No obstante, el margen de maniobra para una política económica de este tipo es más estrecho en el caso mexicano en comparación con lo acontecido en el Cono Sur. El grado de derrota y desestructuración de las oligarquías en Bolivia, Ecuador y Venezuela fue mayor por ser resultado de una fuerte movilización de masas y no meramente de un resultado electoral. Por el contrario, en México, a pesar que el triunfo electoral fue aplastante, la proporción en que el poder se trasladó al eje popular fue menor. Porciones significativas del estado siguen en manos de la oligarquía. La Cuarta Transformación tendría que avanzar más decididamente contra los pilares del poder oligárquico si quiere implementar una política de bienestar más profunda.

Un primer paso en esa dirección es reconocer que muchas de las resistencias a una evolución más decidida en la dirección de un estado de bienestar están al interior del propio bloque gobernante. Por ejemplo, la política presupuestal y monetaria sigue definida en gran medida por economistas ortodoxos sin criterio social, algunos legisladores acotan sus pretensiones a un marco de reformas mínimas prácticamente insustanciales, la alta burocracia sigue privilegiando sus intereses, etc. Y las iniciativas más audaces son retardadas o subestimadas, como lo ha señalado el Presidente en varias ocasiones.

A pesar de todo se ha conseguido que los programas sociales sean prioritarios al interior del gasto público. Constantemente han aumentado las percepciones que reciben los beneficiarios lo mismo que la cobertura de de los apoyos a adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes; además, se implementaron programas novedosos como  Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida dirigidos a sectores de la población nunca antes beneficiados; y se crearon 100 nuevas universidades en municipios donde jamás había existido un plantel de educación superior. Incluso, recientemente se elevaron a rango constitucional todos estos programas sociales como un primer paso para construir la arquitectura jurídica de un estado de bienestar.

III.

Pero si la 4T quiere ir más a fondo no debe olvidar las recomendaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe: ningún programa social es suficiente en un contexto económico donde la pobreza y la desigualdad están íntimamente correlacionadas con el desempeño del mercado de trabajo. Lo verdaderamente efectivo como política de bienestar es el crecimiento sostenido de los salarios, lo que implica modificaciones estructurales para alcanzar una tasa suficiente de crecimiento económico y de creación de empleos formales. De lo contrario, los programas sociales –sin importar que sean focalizados o generalizados– tendrán resultados insatisfactorios, como ha sucedido en México durante  las últimas cuatro décadas en que no se han abatido los niveles de pobreza y desigualdad a pesar de los crecientes recursos empleados.

Hay que reconocer que en este rubro la Cuarta Transformación también ha conseguidos avances. El salario mínimo y los salarios contractuales experimentaron sus primeros incrementos reales, superiores a la inflación, después de cuatro décadas de caída. Se trata de aumentos insuficientes frente a la pérdida experimentada durante el periodo neoliberal pero que abren la posibilidad de la recuperación del poder adquisitivo de la clase trabajadora en México. Incluso en las difíciles condiciones económicas derivadas de la pandemia el crecimiento de los salarios se mantuvo, hilando diez meses de ascenso ininterrumpido.

En la misma dirección camina la reforma del sistema de pensiones aprobada recientemente por el Congreso de la Unión, que ataja el problema de la aparición de una generación de jubilados en condiciones precarias a través de la reducción de las semanas de cotización exigidas para acceder a la pensión mínima garantizada, el incremento de las aportaciones patronales y la reducción de las comisiones cobradas por las Afores.

Sin embargo, dado que este rescate del sistema de pensiones se hace con cargo al erario público y se mantiene el régimen de cotización individual y de administración privada, los alcances de esta reforma son limitados. En consecuencia, la Cuarta Transformación nos sigue debiendo una reforma pensionaria a fondo que contemple, por lo menos, los siguientes puntos: 1) la construcción de un régimen más integral que reconozca el derecho de recibir una pensión a todo trabajador, específicamente en el caso de los informales e independientes; 2) el abatimiento de la fragmentación de un sistema que cuenta con más de mil planes y niveles muy desiguales de beneficio; 3) la disminución de la edad exigida para alcanzar una jubilación por cesantía y vejez; 4) la introducción de mecanismos de participación de los trabajadores en la supervisión, control y administración de los fondos de retiro.

IV.

En conclusión, para construir una política de bienestar a fondo la Cuarta Transformación debe incidir con mayor fuerza en el mundo del trabajo. En ese sentido, hablar de bienestar significa hablar de remuneraciones, prestaciones, condiciones laborales, etc. Y una ruta no asistencialista de combate a la desigualdad y la pobreza debe estar dirigida a disparar un círculo virtuoso de crecimiento, creación de empleos, incremento salarial sostenido y creación de instituciones de seguridad social de amplio alcance.

Pero una estrategia de este tipo, consecuente y capaz de sostenerse en el largo plazo, sólo puede realizarse con la participación de la clase trabajadora. No olvidemos que el estado de bienestar y los desarrollismos del tercer mundo se fundaron sobre la base de un ascenso del movimiento obrero organizado que presionó por la moderación de la explotación, como lo muestra el cardenismo mexicano y el peronismo argentino, por citar dos ejemplos destacados. Por tanto, la 4T tendría que abrir un mayor espacio para la participación de los trabajadores organizados y mover su base de masas de la clase media a la clase trabajadora. De ello dependería una verdadera orientación bienestarista de su política económica.

Mientras eso no suceda, seguirá habiendo dos posiciones al interior del bloque gobernante respecto de los alcances del proceso de transformación en curso. Una primera posición plantea que es suficiente con la política de austeridad, de recortes y ajustes al gasto público, complementada con el combate a la evasión fiscal y el uso dispendioso del erario público. En ese sentido, la política redistributiva se realizaría sin alterar estructuralmente el funcionamiento de la economía mexicana y poniendo en primer término los rasgos de continuidad antes que los de ruptura con el anterior modelo económico. Por el contrario, una segunda posición propone que estas medidas son insuficientes o agotaron sus resultados, por lo que sería necesario un paquete de medidas adicionales (una política fiscal progresiva, un mayor protagonismo del gasto público y una serie de políticas sociales del tipo de la renta universal básica). De que la balanza se incline hacia uno u otro lado dependerá la velocidad y profundidad de las políticas de bienestar al interior de la Cuarta Transformación, el matiz que adquiera su coloración política y el predominio del cambio o la continuidad con respecto del neoliberalismo.