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Las energías limpias y sus costos “evitados”

CE, Intervención y Coyuntura

Continúa la guerra de posiciones en el tema eléctrico. Esta vez fue la revista Energía Hoy quien realizó, en julio pasado, un Webinar titulado “Costos evitados por la CFE gracias a la adquisición de energías limpias”[i]. Como en otros eventos de su tipo organizados por los medios de comunicación dominantes, no hay debate. Solo parecen importar las credenciales de los expositores, y con ellas pretender hacer creer que el tema, por su complejidad, es asunto exclusivo de eruditos. Los invitados fueron dos “notables”: Francisco Javier Salazar Diez de Sollano y Francisco Barnés de Castro. Ambos, en su calidad de exconsejeros de la Comisión Reguladora de Energía (CRE)[ii], presentaron «los ahorros financieros y palpables que la Comisión Federal de Electricidad logra al hacerse de energía renovable, además de los beneficios en torno a la cuestión ambiental». Más bien, uno y otro pontificaron la contrarreforma energética realizada por Enrique Peña Nieto (entre 2013 y 2014), a partir de lo que a su juicio fueron sus principales ventajas, que Barnés resumió en tres:

  1. “Las energías limpias adquiridas por la CFE a través de las tres primeras subastas le representan un ahorro sustancial respecto a los costos variables en que debería incurrir para despachar en su lugar alguna de sus centrales térmicas, independientemente del combustible con que estas operen.
  2. “La energía generada por centrales de autoabastecimiento con permiso de interconexión legado genera un ahorro a CFE cuando, para atender esa demanda, CFE hubiera tenido que despachar una central térmica cuyo costo variable es mayor a la tarifa vigente.
  3. “Los cargos de porteo para centrales que cuentan con un permiso de interconexión legado que inyectan a la red en media o alta tensión y entregan su energía a centros de carga conectados en media tensión, son similares e incluso menores al precio al que la CFE tendría que adquirir los derechos de emisión en un mercado líquido, para compensar las emisiones de CO2 y de SO2 que sus centrales térmicas emiten a la atmósfera.”

Por su importancia, el tema ni siquiera es materia exclusiva de especialistas, ya que la disputa radica en la reducción de beneficios que se aplicará a ciertos generadores privados, al perder parte de los “incentivos” excesivos que reciben vía las energías “limpias” y, al mismo tiempo, moderar los cargos que se aplican a las energías fósiles, sin que ello implique privilegiar a las segundas sobre las primeras. El objetivo es otro.

Por primera vez desde el inicio del neoliberalismo, el Gobierno mexicano pone en práctica una política social y económica que coloca al centro el bienestar del pueblo. Por ello fue emitida la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), un proyecto mesurado (incluso tímido a decir de algunos) dirigida a asegurar la soberanía energética y defender la economía de las clases populares.

No fue ésta la primera vez que tales “expertos” defendían su participación en la privatización eléctrica (a la que ellos llaman Reforma Energética). A finales de 2015, la CRE celebró el 21 aniversario de su creación. Entre los eventos que se realizaron estuvo el foro “20+1 CREando confianza”, del cual se publicó un folleto con las participaciones de la mayoría de los consejeros hasta ese período.[iii] En su participación, Barnés recogió una de las críticas al modelo de mercado eléctrico, basadas en las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional (SEN):

«Entre los argumentos de los detractores destacaba el carácter intermitente de este tipo de generación eléctrica, la complejidad de programar el despacho cuando no existe continuidad en el suministro, y la duplicación de inversiones por necesidad de respaldar las fuentes renovables. A ello había que adicionar la falta de competitividad de este tipo de instalaciones frente a una planta de ciclo combinado operando con gas natural, sobre todo en aquellos años.»

Para Barnés se trataba simplemente de “argumentos de los detractores”, por lo que ni entonces ni ahora, ha respondido. Lo que ha hecho es aferrarse en la defensa de la economía de libre mercado, para promover la desintegración del proceso de trabajo eléctrico mediante la incorporación forzosa al SEN de cientos de pequeñas plantas intermitentes[iv], como proponían el antiguo gobierno neoliberal y las transnacionales. Sin embargo, evadir reiteradamente el tema no es una cuestión menor, ya que se trata de dos políticas diametralmente opuestas en materia energética: el lucro, en el caso de la industria privada, y la satisfacción de las necesidades sociales en el caso de la industria nacionalizada.

En el párrafo antes citado, Barnés mismo señalaba la materia del debate, en el que los técnicos de CFE y Cenace ya establecieron[v] (febrero de 2021) los enormes costos que absorbe la CFE –y que constituyen subsidios disfrazados–, con el fin de “aprovechar” las llamadas energías alternativas (“limpias” o “renovables”).

No se trata, como hizo Salazar en la primera parte de la teleconferencia, de establecer si las energías primarias alternativas (como el sol, el viento, el agua, la geotérmica, la fuerza mareomotriz, y aún la biomasa) son más limpias y tienen un costo de generación menor que los combustibles tradicionales (como petróleo, gas, carbón o el dísel, e incluso el hidrógeno). Se trata de evaluar su aprovechamiento eficiente en función de lo que estos exquisitos denominan “estado del arte” para su implementación real.

Independientemente de su abundancia, lo que se cuestiona de las energías alternativas es su poca flexibilidad para integrarse al sistema eléctrico. Se sabe, además, que su aporte es aún muy limitado en cuanto a su capacidad de cubrir una parte significativa del consumo nacional. No en balde otros países estudian reformas a la legislación respectiva para tasar con mejor aproximación los costos “ocultos” de Transmisión que implica este tipo de energías.[vi]

Por supuesto que es necesario impulsar el uso de energías alternativas, buscando el beneficio ambiental, pero existen otros factores, sociales, económicos y políticos que también deben valorarse. Por el momento, éstas representan una opción costosa, que el estado no puede ni debe financiar en su totalidad, y menos cuando se trata de financiar indirectamente a empresas privadas, que buscan lucrar con este tipo de generación.

Pero la visión neoliberal es otra. Salazar, en su calidad de presidente de la CRE, declaraba ante los diputados en 2011: “La CRE prepara una segunda temporada abierta para garantizar la construcción de líneas de transmisión que permitan llevar energía eólica desde los lugares donde se produce, como Oaxaca y Tamaulipas, hasta los centros de alto consumo como el D.F.” (Arzate E., en El Financiero, 9 jun 2011). Y fueron más allá, atribuyéndose facultades que no poseían: “… lo primordial en este momento es pasar adelante la segunda temporada abierta, que consiste en procurar y comprometer la construcción de redes de transmisión que permitan desahogar la energía eólica en proyectos de energías limpias, principalmente de autoabastecimiento”. Mentira, la llamada “temporada abierta” –una figura jurídicamente inexistente–, consistió en una estrategia para entregar al sector privado la generación eléctrica a base de energías renovables, TODAS, con todas las ventajas.

Mentira, además, porque donde se instalaron los parques eoloeléctricos, NO existía posibilidad de NINGÚN Autoabastecimiento, esas plantas se proyectaron desde un principio para vender energía eléctrica a sus clientes (“grandes consumidores” sustraídos a la CFE), dispersos en distintos puntos de la geografía nacional, aprovechándose de las redes de Transmisión y Distribución de la CFE. A eso le llamaron “autoabastecimiento remoto” (figura jurídicamente inexistente). Con la “temporada abierta” se configuró un verdadero atraco, puesto que allí se definía la nueva infraestructura de Transmisión Eléctrica que DEBÍA construirles la CFE –con recursos públicos–, para ponerla al servicio de las transnacionales y sus socios. Las corporaciones podían entonces instalar sus plantas donde mejor les convenía.

Por otra parte, los inversionistas privados se interesan en las energías alternativas como negocio, no por altruismo ni en defensa del medio ambiente; lo hacen porque esperan que sus inversiones sean retribuidas ampliamente. Para ello se les concedieron ventajas en el Capítulo IV de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (DOF 12.01.2012)[vii]. Esa Ley permite la creación de un fondo (financiero), el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (Art. 27) con el que se pueden autorizar discrecionalmente “recursos no recuperables para el otorgamiento de garantías de crédito u otro tipo de apoyos financieros para los proyectos que cumplan con el objeto de la Estrategia.” En esas condiciones, el financiamiento de dichas energías recae básicamente en el Estado (en los usuarios, que pagan tanto el precio de la energía como los “estímulos” al desarrollo de dichas fuentes).

Finalmente, llama la atención la arrogancia de estos expertos. En la versión impresa del estudio, Salazar lo plantea:

«Independientemente de la validez legal de dichas acciones (la LIE “4T”) … cuando la CRE aprobó el “porteo verde” para la electricidad generada con energías limpias, argumentó y fundamentó que dicho instrumento se expedía en respuesta a un mandato de ley” y “que el mismo (instrumento) cubría los costos operativos de CFE; que reconocía las inversiones de transmisión realizadas por los permisionarios y aportadas a CFE; que era un mecanismo que internalizaba las externalidades ambientales de las distintas tecnologías y que, además, representaba un ahorro para CFE.»

Brillante respuesta: en primer lugar que se podría resumir en “yo no fui, fue la ley y todavía falta que los jueces decidan si se puede modificar aquello que consideraban “bien amarrado” en la Constitución”; y segundo —¿para que lo cambiaste? si estaba funcionando bien, pues hasta “internalizaba las externalidades”. Esta “explicación” es el argumento de quienes se saben impunes, puesto que se protegieron mediante un entramado jurídico suficientemente borroso, que contará con el respaldo no solo de los tribunales nacionales, sino los internacionales, ya que todas las privatizaciones en el mundo se hicieron bajo el mismo guion, elaborado por los mismos organismos financieros internacionales y el gran capital, que constituye una especie de marco regulador “supranacional” homologado. Así pues, no es que nuestros ilustres “expertos” confíen en sus “sesudos argumentos”, confían en las reglas que establecieron a su favor.

Sin que importe al debate –pero para explicarnos el porqué de su posición–, cabe mencionar que actualmente tanto Barnés como Salazar fungen como consultores privados en energía (Barnés es socio-director de Cifra2 y, el segundo, socio-fundador de tres consultoras: Enix, Gadex y Trust Inteligencia de Entorno). Muy bien, era su destino, luego de una trayectoria ideológica bien definida. Salazar ha sido dos veces diputado por el PAN y presidió la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura.

Barnés, por su parte, pasó de ser un gris burócrata académico que ganó celebridad cuando –siendo rector de la UNAM–, intentó privatizarla y casi la destruye en su totalidad, y de allí aterrizó en el sector energético impuesto por Vicente Fox en la Secretaría de Energía (Sener), primero como subsecretario de Hidrocarburos y posteriormente como subsecretario de Política Energética y Desarrollo Tecnológico, enseguida fue un año como director del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP). A su paso por esas instituciones se caracterizó por ser un neoliberal gris, pero su corta estancia en la dirección del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) resultó nefasta.[viii]

Finalmente, es necesario también mencionar que, contrario al discurso ecologista que ambos manejan, los dos coincidieron en la CRE cuando ésta expidió cuando menos 220 permisos de generación altamente contaminantes: 201 a base de combustión de Dísel (80 de ellos a Telmex), 11 para combustión de Bagazo de Caña, 2 de Combustóleo, 1 de Carbón y Combustóleo, 1 de Combustóleo y Bagazo, 2 de Combustóleo y Dísel y 1 de Dísel y Gas Residual).[ix]

Sin embargo, a pesar de que se expresa cada vez con mayor fuerza el malestar social por las políticas neoliberales, los sectores que se oponen a éstas (y que hoy constituyen una clara mayoría), no logran organizarse para ofrecer una alternativa que represente el interés de esa mayoría. El gobierno de la 4T está planteando el rescate del sector energético con las fuerzas a su alcance, impedido a llevar adelante ese rescate más allá de lo realmente posible sin producir el desgaste de las fuerzas que lo sostienen.

¿Qué sigue? preguntábamos antes.[x] El tema de la energía surge como un desafío inmediato y urgente que habrá de enfrentarse con la actual correlación de fuerzas. En la pasada contrarreforma energética se modificó regresivamente a la Constitución (Arts. 25, 27 y 28, además de anexar 21 artículos transitorios) así como diversas leyes relativas, ya existentes, pero además se expidieron nueve leyes nuevas[xi], que componen la plataforma jurídica que hoy se combate. Sigue esperar la nueva propuesta del ejecutivo, para suplir a la Ley Eléctrica impugnada, aunque el reto es enorme, teniendo en cuenta que no solo México se apresta a dar la pelea a las eléctricas abusivas.

En España, luego de constantes aumentos en el precio de la electricidad, el gobierno estableció un control por decreto, mismo que a las pocas horas de anunciado fue recibido por el cártel español de la electricidad con la amenaza de un “cierre desordenado” de las plantas nucleares, si tales reformas son aprobadas ¿Por qué las nucleares? porque fueron privatizadas y su aporte constituye parte sustantiva para el control del abasto eléctrico de aquel país. La amenaza entonces es un boicot ¿Por qué interesa en México? porque es el mismo cártel energético español, son las mismas empresas eléctricas que operan en nuestro país.

Sigue, cuando menos, mantenerse atentos y bien informados del curso que tomen los acontecimientos. Conocer la nueva propuesta del ejecutivo, estudiarla, discutirla e impulsarla con los medios al alcance. Seguramente no se tratará de la renacionalización eléctrica, pero debe ser un paso importante para contener el avance de los privatizadores voraces y sus pregoneros.

[i] “Costos evitados por la CFE gracias a la adquisición de energías limpias”, Energía Hoy, 2 jul. 2021 https://www.youtube.com/watch?v=SV2EzBadGVs. También existe la versión en texto: “Costos evitados por CFE por la adquisición de energías limpias y valor de las emisiones evitadas.” https://issuu.com/energia-hoy/docs/costos_evitados_27-04-2021_

[ii] Ambos fueron comisionados en la CRE por dos periodos, es decir 10 años. Barnés de 2004 a 2014 y Salazar de 2005 a 2015, ocupando éste el cargo de comisionado presidente.

[iii] https://www.cre.gob.mx//documento/libro-21aniversario.pdf

[iv] Es decir, plantas que no están disponibles de forma continua y cuya “intermitencia” no es siempre previsible y por tanto no se puede controlar. Esto quiere decir, en términos de control del sistema eléctrico, que es una fuente de energía cuya capacidad puede estar o no disponible (agrega incertidumbre al proceso de planeación). Por otra parte, son plantas de baja capacidad, insuficientes unitariamente para usarse como energía base en un sistema integrado. En el caso de México, el volumen de energía intermitente es cada vez mayor, pero está geográficamente dispersa y lejana de los centros de consumo, por lo cual su transporte genera problemas de estabilidad en el SEN. La incorporación de plantas intermitentes y geográficamente dispersas fue impulsada por la CRE, basada en esquemas de Generación Distribuida (que no lo son), bajo la figura de permisos de Autoabastecimiento Remoto (inexistente en la Ley), y provoca la congestión de la Red Nacional de Transmisión (RNT) en determinadas zonas o regiones, como los grandes centros industriales o urbanos. «La integración de la energía eólica, solar y otras formas de generación renovable variable a gran escala … presenta una mayor variabilidad e incertidumbre de suministro que las fuentes convencionales de electricidad, lo que requiere ajustes operativos, como la utilización de reservas de generación más flexibles y el empleo de nuevas tecnologías de control de sistemas y diseños de mercados de energía mayoristas.» Ver “El valor de diversificar la generación renovable incierta a través del sistema de transmisión” https://www.bu.edu/ise/files/2020/09/value-of-diversifying-uncertain-renewable-generation-through-the-transmission-system-093020-final.pdf.

[v] Iniciativa de reforma a LIE busca trato justo y equitativo para la CFE. Presentación virtual ante la Cámara de Diputados, Honorable Congreso de la Unión. https://www.youtube.com/watch?v=OisUWuHdrwc

[vi] Recientemente, en EU, la Comisión Reguladora de Energía Federal (FERC, por sus siglas en inglés) comenzó un estudio para reformar su política de incentivos de Transmisión, que incluye a las llamadas “energías limpias” [https://cms.ferc.gov/news-events/news/advance-notice-proposed-rulemaking-building-future-through-electric-regional]

[vii] En 2008, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) propuso dicha ley y fue aprobada sin discusión. En ella quedó establecido que el aprovechamiento (privado) de las fuentes renovables se haría a través de permisos de generación, otorgados por la CRE, incluyendo la energía hidroeléctrica hasta 30MW. Posteriormente, en 2013, se eliminó la restricción, adicionando la “densidad de potencia” como criterio para evaluar si un proyecto hidroeléctrico podía calificar como renovable, de modo que la energía de cualquier planta hidroeléctrica de capacidad superior a 30MW, con una relación entre capacidad de generación y superficie del embalse superior a 10 Watts por metro cuadrado, sería considerada renovable. Tal criterio, falaz y mentiroso, permitió “autorizar” la privatización hidroeléctrica de cualquier capacidad.

[viii] Con Fox, Barnés redefinió las políticas a seguir por los institutos de investigación del sector energético. Para el IMP, propuso cambiar el objetivo de ese centro de investigación y desarrollo tecnológico en una escuela de postgrado y prestadora de servicios. Su llegada como director del IMP marcó el declive del instituto, pues estableció cuestionables alianzas entre el IMP y las empresas trasnacionales que suministraban los mismos servicios a Pemex, lo que significó para el IMP la pérdida tanto de funciones como de investigadores, técnicos y especialistas, al propiciar la “fuga de cerebros” mediante la aplicación de un programa de “separación voluntaria” a través del cual Hacienda “compraba” la plaza a condición de no volverse a emplear en ninguna dependencia gubernamental. En solo un año de estancia, Barnés culminó el desmantelamiento del instituto iniciado por su predecesor, pues la mayoría emigró a la iniciativa privada, abandonando importantes proyectos en el IMP.

[ix] CRE “Tabla de permisos de generación e importación de energía eléctrica administrados al 30 de abril de 2015” www.cre.gob.mx.

[x] “Elecciones intermedias, la historia como “maestra” y los ritmos de la transformación ¿Qué sigue para la 4T?” https://intervencionycoyuntura.org/elecciones-intermedias-la-historia-como-maestra-y-los-ritmos-de-la-transformacion-que-sigue-para-la-4t/

[xi] 1, Ley de Hidrocarburos; 2, Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos; 3, Ley de Petróleos Mexicanos; 4, Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; 5, Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; 6, Ley de la Industria Eléctrica; 7, Ley de Energía Geotérmica; 8, Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y 9, Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.

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