CE, Intervención y Coyuntura

La violencia porril no es un tema nuevo en la UNAM; desde la década de los cincuenta, ha sido un fenómeno recurrente con el que la comunidad universitaria ha tenido que aprender a lidiar de distintas maneras.

En apariencia, se trata de grupos de estudiantes que emprenden acciones violentas, a veces de manera focalizada y otras aleatoria, sin embargo, no se puede eludir que hay organizaciones porriles con más de 30 de presencia en la UNAM.

¿Cómo es posible ello? ¿Cómo es posible que organizaciones delictivas tengan tan larga trayectoria, aún mayor que agrupaciones de la izquierda estudiantil? Y la pregunta que más nos interesa responder: ¿cómo es posible que las autoridades universitarias permitan la constante presencia de estos grupos que atormentan a la comunidad, cuando han sido capaces de introducir a la policía militarizada o a la fuerza pública para acabar con conflictos políticos?

En primera instancia habría que pensar en el tratamiento que le han dado las autoridades a esta problemática. A estos conflictos, las autoridades universitarias le han denominado como “conflictos entre estudiantes”, de manera que se le reduce a una desafortunada pelea, acto que las autoridades condenan “energéticamente” y nos recuerdan que esa no es la manera como los universitarios resuelven los conflictos, sino el diálogo. Aunque cabe destacar que las autoridades universitarias en pocas ocasiones entablan un diálogo con la comunidad, y pareciera que siempre apuestan al desgaste de los movimientos para que todo regrese a su ansiada “normalidad”, la cual son capaces de “restaurar” al rentar espacios fuera de la universidad, antes que entablar un diálogo que apunte a la resolución de conflictos y contradicciones.

Otro modo como las autoridades resuelven aquellos actos porriles es por medio de “investigaciones” que tratan de deslindar responsabilidades entre los participantes de estos sucesos. En dicho proceso aparecen lo que parecerían ser actores externos e internos.

Los externos aparecen cuando dichas averiguaciones muestran la presencia de sujetos no inscritos en la UNAM, ante quienes, en algunos casos, la universidad presenta una denuncia ante las autoridades correspondientes. Dicho proceso muestra la relación que existen entre los grupos porriles y grupos delictivos, de todo tipo, en donde se ven implicados distintas instancias, pero que dan cuenta de nuestro terrible sistema judicial que termina por ayudar a estos actos delictivos al dejar libres a estas personalidades.

Con los internos, hay una dualidad, pues además de la posible denuncia penal, están los castigos que van desde la expulsión hasta la suspensión temporal. Sin embargo, la justicia universitaria sigue sin poder hacer algo al respecto, pues las sanciones no se cumplen, de manera que podemos encontrar a líderes de “porros” que fueron expulsados años atrás, como “estudiantes” que son juzgados por la Comisión de Honor del Consejo Universitario como “jóvenes que erraron el camino”, dejando –por ignorancia o por omisión, y a veces gracias al aparato burocrático alrededor de estos órganos colegiados– que aquellos jóvenes que recién entraron a la organización porril paguen las consecuencias de dichos actos. Hecho que pasa de largo por las autoridades colegiadas, pues a sus ojos la UNAM ha cumplido, pero en realidad, sin darse cuenta, han sido parte de un encubrimiento realizado por un grupúsculo de autoridades universitarias unipersonales que han permitido y contribuido a la reproducción del fenómeno del porrismo.

Y es aquí cuando se topa con pared, pues se llega a la pregunta ¿por qué hay segmentos de las autoridades universitarias que encubren, solapan y reproducen el fenómeno del porrismo? ¿Qué ganancia obtienen de ello? ¿Es que acaso es imposible erradicar este fenómeno que ha cobrado la vida de estudiantes, trabajadores y maestros?

Responder a cada una de estas preguntas conlleva a enfrentarse a una institución que se ha negado constantemente a formular una solución a la problemática, que se ha negado a transparentar sus cuentas públicas, a transformar sus modos de justicia y vigilancia que en más de una ocasión han sido denunciados, incluso por incorporar a sus filas a exporros.

Lo más trágico para la comunidad universitaria es que este problema está lejos de tener una solución inmediata, pues cada vez que ésta se ha organizado para frenar las escaladas de violencia ello sólo se logra por periodos cortos de tiempo. Así, el porrismo pareciera un oleaje que va y viene de manera impredecible, un desastre natural que arrasa y frente al cual las autoridades llevan décadas inmóviles.

Aunque ¿en verdad han estado inmóviles? Han sido muchos los momentos en que los movimiento estudiantiles han demostrado las ligas entre autoridades y los grupos porriles; es decir, una de las constancias es esa relación, de manera que podríamos aventurar a pensar que el porrismo cumple una función para ciertas autoridades universitarias: un modo de intervenir en las tensiones políticas que se suscitan en la universidad; pareciera entonces que su modo intervenir se asemeja mucho a aquella democracia bárbara que describía José Revueltas en los cincuenta del siglo XX, pero con modificaciones, pues las autoridades llevan años construyendo una imagen plural y democrática, misma que no arriesgan a poner en duda, pero su otra cara, la cual ejerce un cierto sector de autoridades, es la que aparece en ciertos momentos para desarticular e instaurar un clima de miedo en la comunidad. Así, este Jano de dos caras mantiene a la misma cúpula en su gobierno, las mismas prácticas de subordinación que hace a la UNAM presa de las empresas transnacionales, las mismas prácticas de contratación de miseria, y en una democracia universitaria incapaz de crear un proceso que cambie el terrible rumbo que nos han impuesto.

La muerte del joven asesinado en el CCH Naucalpan no será la última a manos de los grupos porriles y ello es debido al encubrimiento que hacen ciertas autoridades, pues su aparente “ausencia” o “incapacidad” esconde algo más terrible para la máxima casa de estudios del país.