CE, Intervención y Coyuntura

Anunciada la designación de Pablo Gómez como responsable, junto con una comisión, de diseñar una nueva reforma electoral, es preciso analizar las posibles vías y obstáculos que encontrará en el proceso. Gómez no solo es un referente moral de la izquierda que nunca transigió con los vaivenes electorales a los que se sometieron distintas militancias partidarias, sino también es una figura que ha ocupado lugares estratégicos cada vez que se le ha requerido. Además, ha estado presente en todos los debates sobre reformas políticas del Estado mexicano, más allá del ámbito estrictamente electoral y de la definición del sistema de partidos. Designar a Pablo Gómez significa colocar en esa tarea a una figura ante la cual los transitólogos no pueden imponerse con fake news.

Hasta ahora, las entrevistas —tanto con Hernán Gómez Bruera como en el experimento nepobaby “La moreniza”— han dejado un balance muy positivo: Gómez ha reafirmado su perfil como político hábil y capaz de llevar adelante un proyecto ambicioso. En particular, se ha destacado su destreza para eludir la crítica de los politólogos de la transición, quienes intentan argumentar que existe una paradoja en que él, antiguo miembro del Partido Comunista Mexicano, sea quien ponga fin a la forma actual del sistema electoral. Según la comentocracia de Reforma, la meta máxima de la izquierda habría sido la representación proporcional. Gómez ha demostrado que ni fue tal aspiración ni el sistema electoral heredado de Reyes Heroles es la panacea. Por tanto, la reforma no solo es posible, sino urgente.

Sin embargo, se avizoran dos piedras en el camino. Si se espera que una reforma de esta magnitud tenga un impacto real, habrá que negociarla con respecto a dos puntos clave con las formaciones partidarias que deberán votarla: la existencia de plurinominales y el financiamiento partidario.

Respecto de la primera, como ya ha explicado Gómez, no se trata de la panacea de la pluralidad que hoy intentan vender los transitólogos, sino de un mecanismo que garantiza la supervivencia de las direcciones partidarias sin necesidad de pedir un solo voto. En esta situación se encuentran todos los partidos, no solo los de la oposición. También afecta a los integrantes de la coalición gobernante. ¿Cómo se convencerá a los Verdes, tan afectos a la buena vida y a la banalidad, de renunciar a su seguro laboral? ¿Qué ocurrirá con los petistas en este punto?

El segundo obstáculo tiene que ver con el dinero. Aquí hay un problema de fondo y uno de forma. El de fondo es que el financiamiento estatal o público es una necesidad: dejar este aspecto en manos privadas pervierte la gestión política hasta grados inverosímiles. El de forma, es que la moderación de ese financiamiento es un punto en el que las formaciones partidarias difícilmente coincidirán, pues, como se sabe, parte del control de los partidos reside en su capacidad de repartir recursos.

A nuestro parecer, sería necesario abrir un debate más profundo sobre el sentido democrático que atraviesa el país. Por un lado, habría que reflexionar sobre la vigencia de las plurinominales más allá de su uso como botín político. Es decir, preguntarse si un mecanismo que nació como apertura para minorías sin acceso a la representación sigue siendo pertinente en un momento de transformación democrática, más allá de que, en el pasado, la simulación política justificara su existencia.

La votación de los ahora plurinominales tiene también como fin profundizar la participación política basada en el voto. De manera análoga a lo que ocurre con los jueces, todas las candidaturas tendrían que someterse al escrutinio público. Desde la elaboración misma de la reforma —mediante foros y participación ciudadana— se coloca en el centro un asunto de interés público, desplazando así la lógica de reformas anteriores en las que no se consultó al pueblo.

El tema ya no es si habrá o no reforma. La reforma ha comenzado. Lo que corresponde ahora es pensar en qué medida este proceso podrá fortalecer y reposicionar la vida democrática del país.