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La pandemia en Estados Unidos: Un caso eclipsado por la ideología

Zaida M. Vázquez Peralta

Palabras clave: Estados Unidos – Sistema de Salud – Privatización – COVID-19 – Desigualdades en Salud

El sistema de salud estadounidense está altamente privatizado y posee una compleja organización y operación, derivando en la exclusión de un porcentaje de su población de la atención sanitaria o en la obtención de aseguramientos precarios que terminan por vulnerar el estado de salud de los pacientes. Las hospitalizaciones y los tratamientos son costosos y no se dispone de un sistema de salud universal cuyo pilar sea la Atención Primaria en Salud, a pesar de haberse demostrado que reduce de forma importante los costos sanitarios. El equívoco manejo de la pandemia ocurre en este contexto, donde la inequidad racial, económica y social han intensificado los impactos de la pandemia y el manejo geopolítico de las vacunas podría tener efectos globales trágicos.

En Estados Unidos (EU), la ley obliga a propietarios y trabajadores a comprar seguros médicos a empresas privadas con una variedad de coberturas que están en función de su capacidad de pago. Celia Iriart (2016), señala que casi el 70% de los asegurados pertenecen al sector privado, de los que por lo menos 31 millones de personas se encuentran sub-aseguradas, involucrando modalidades de aseguramiento precario que impiden que esta población busque atención médica por temor a los deducibles y copagos, renuncien a hacerse exámenes médicos, seguir tratamientos, comprar medicamentos o inclusive se salteen las dosis. Estos comportamientos terminan por retardar la atención médica, lo que agrava sus padecimientos. Así, existe un mayor riesgo de que la población más enferma esté sub-asegurada. A pesar del Medicare y Medicaid, más de 27 millones de personas en EU aún no tienen seguro médico (8.5% de la población total).

EU es el único país plenamente industrializado que carece de un sistema de salud público y universal. Es el tercer país con mayor nivel de obesidad y diabetes dentro de la OECD (2019), padecimientos que han venido afectando las mejoras en la esperanza de vida. Sus indicadores en salud no son tan ejemplares como su gasto total en salud, el más alto del mundo, fluctuando alrededor del 17% del PIB en los últimos años (Ibídem). Situación que muestra, en este caso, no la prioridad política que tiene la salud, sino el pavoroso mercado formado en torno a ella. EU, quien se arroga ser el paradigma en competitividades, posee uno de los más costosos y –si el objetivo es ampliar la atención y mejorar la salud– también ineficaz sistema sanitario.

El costo diario promedio de una hospitalización casi ronda los 2000 dlls., mientras que en un país donde el sistema de salud no está mercantilizado como en Cuba, no alcanza los 6 dlls. (Preston, 2020). Además, según el ranking de los países de la OECD (2019), encabeza la lista con el mayor gasto per cápita en medicamentos, asociado a un mercado de medicamentos de poderosas patentes, altamente inflacionario y desregulado que obedece a las presiones de grandes monopolios y a sus accionistas para elevar las ganancias. Utilizando, además, recursos legales a su favor para retrasar la comercialización de medicamentos genéricos y otros mecanismos para obstaculizarlos, como patentar todo lo patentable en un producto, establecer acuerdos de exclusividad con compañías de insumos para limitar su acceso o generar su propio medicamento genérico, etc. (Stahl, 2009). Por estos motivos, no es de extrañar que las deudas médicas sean la primera causa de bancarrota individual en EU.

En un contexto pandémico, uno de los mayores riesgos fue que los altos costos de la atención médica, tratamientos y medicamentos, extendieran los contagios y decesos por COVID-19. Un análisis del Peterson-Kaiser Family Foundation (KFF) Health System Tracker (2020), encontró que los costos de tratamiento para un contagiado por COVID-19 con seguro médico podrían ascender a 9,763 dlls., con complicaciones o comorbilidades podría aumentar a 13,767, si las complicaciones eran mayores la cifra se incrementaba a 20,292 dlls., mientras que sin ningún tipo de seguro médico la cifra podría crecer y sobrepasar los 34,000 dlls. Hasta el 7 de abril, la cifra de contagios sobrepasa los 30 millones de personas, mientras que los decesos alcanzan 559,086 (Johns Hopkins University, 2020a).

En el corto plazo, los efectos de haber padecido el virus no sólo recaen en la salud del enfermo, sino también en las finanzas familiares; se han llegado a registrar facturas por hospitalización de hasta 400,000 dlls. La recurrente solicitud de pruebas de COVID-19 ha elevado los gastos; en algunos casos los costos son cubiertos por las aseguradoras, mientras que no ocurre así cuando las pruebas son solicitadas por los empleadores. Las pruebas cuestan alrededor de 100 dólares, no obstante, pueden exceder sin dificultades los 1,000 dólares si éstas se realizan desde los autos en centros de atención de urgencia.

En cuanto a la estrategia sanitaria, EU no siguió una política de confinamiento obligatorio –siguiendo cada estado estrategias particulares. En el discurso político oficial, se le concedió un lugar importante al cuidado de la economía, mientras que fueron trivializados por el presidente Donald Trump los efectos del virus en la salud. El manejo político irresponsable de Trump y el difícil cese del trabajo esencial, usualmente precarizado y desprotegido, alentaron la ola de contagios y fallecimientos. Estos incrementos acelerados ocurrieron a pesar de que, desde marzo de 2020, se ordenó el cierre de fronteras en EU para viajes no esenciales desde los países que conforman el bloque de América del Norte, prohibición que se mantendrá al menos hasta el próximo 21 de abril de 2021.

Salir de paseo, realizar viajes internos en el país o los viajes internacionales de los connacionales nunca estuvieron prohibidos. Mendenhall (2020), en la revista The Lancet, cita la estrategia estadounidense entre una de las más lamentables, donde el agravamiento de los efectos del virus, expresado en las altas tasas de morbilidad y mortalidad por COVID- 19, fueron resultado de un contexto sindémico que hace interactuar factores biológicos, sociales y económicos impulsados, a su vez, por el fracaso político en el control del virus; aquí, el reconocimiento y el abordaje de los determinantes sociales de la salud son clave. Algunos especialistas dentro de EU han criticado que el virus no se haya combatido desde un enfoque de salud pública, así como la disonancia y, a veces contradicción, entre las estrategias de los distintos niveles de gobierno.

El temor de que los ciudadanos no pudieran acceder al menos a una prueba de COVID-19, concentró los esfuerzos públicos y privados sobre este tema. Durante el desarrollo de la pandemia se incrementó la capacidad para detectar casos positivos de coronavirus, al facilitar pruebas gratuitas mediante fondos públicos a personas sin seguro médico o mediante el compromiso de algunas aseguradoras para no exigir el costo compartido, sin embargo, estas medidas casi siempre se presentan con criterios de exclusión y resultan insuficientes. La masividad de las pruebas de diagnóstico que casi alcanzan la universalidad, tampoco lograron impedir que los contagios y decesos se elevaran.

Sin embargo, lo que sí lograron fue que, pese a la alta tasa de mortalidad (por cada 100,000 habitantes) de 170.10, la tasa de letalidad que relaciona la mortalidad con el número de contagiados, se haya conservado baja (1.8%), dentro del promedio mundial. EU tiene la mortalidad absoluta más alta en el mundo y ocupa el treceavo lugar en la mortalidad relativa al tamaño de la población (que no es para despreciar si consideramos que, dentro de esos 12 países -todos europeos-, 10 de ellos no exceden los 12 millones de habitantes, mientras que 2 más, Reino Unido e Italia, no sobrepasan los 70 millones), algunos sitios por encima de México (Johns Hopkins University, 2020b).

En estas condiciones, hubiese significado un desacierto técnico que no se incrementaran los registros de contagiados. Las distintas mediciones cuando han sido presentadas descontextualizadas o aisladas han servido, regularmente, para hacer comparaciones injustas entre los países o para golpes políticos lanzados sobre el avispero de la comunidad internacional. Ciertamente, tiene un efecto sugestivo que dos ex imperios, como Italia y Reino Unido, hoy se encuentren abatidos por la pandemia, destacando, junto a EU, en la lista con las mayores tasas de mortalidad en proporción a su población.

Por otra parte, es más comprensible que un país subdesarrollado, de ingresos medios y estructuralmente dependiente, no pueda implementar una medida de confinamiento total y obligatorio sin enfrentar problemas económicos y desestabilizaciones políticas, mas ¿que esto suceda en un país como EU, altamente tecnificado y blindado financiera y monetariamente? Resulta, con franqueza, patético. La alta desigualdad entre las clases sociales estadounidenses también viene animando, despacio y desde dentro, el deterioro de su hegemonía mundial.

Las desigualdades en salud que se encuentran enraizadas en una economía fuertemente racializada, resplandecen a través de los efectos de la pandemia por COVID-19, donde las sacudidas más letales las han enfrentado latinos y negros. Un estudio de la revista The Lancet, mostró que la población negra había tenido 4 veces más posibilidad de morir y 3 veces más de sufrir contagio por coronavirus que la población blanca, cuando la primera sólo comprende alrededor del 13% de la población total (Barber, 2020). En febrero pasado, un informe del Centers For Disease Control and Prevention (CDC) (2021) lo ratificó, al expresar que las personas negras, hispanas o indígenas americanas tienen resultados más graves de COVID-19 que las personas blancas y por ello era primordial el control de la vacunación para atender dichas inequidades.

Recientemente, en EU se han desacelerado el ritmo de contagios y decesos por coronavirus, en parte debido a la velocidad de la campaña de vacunación. Velocidad posible, en principio, por el sobreabastecimiento de vacunas. EU es uno de los 10 países en el mundo que concentra el 75% de las vacunas. El liderazgo en la producción de vacunas como reflejo del pujante complejo tecnológico farmacéutico y su avanzada en el regreso a la “normalidad”, prevista para antes de que concluya el 2021, resultan favorables para limpiar el propio desempeño en el combate a la pandemia, el cual palidece delante de la triunfal creación del antídoto más esperado mundialmente. Por ahora, al menos 119 países usan una vacuna de procedencia estadounidense (Pfizer/BioNTech, Moderna o Johnson&Johnson) (Statista, 2021). La capacidad de acaparamiento y el nivel de vacunas acumuladas expresan su poder y lo posicionan con un fuerte instrumento de negociación y geopolítica regional también llamado “diplomacia de vacunas”, al servicio, por supuesto, de los intereses de la agenda coyuntural estadounidense.

Si bien, guiándonos por una ética humana profunda se debería seguir una estrategia global de vacunación que priorice al personal sanitario, adultos mayores o personas con mayor riesgo de agravamiento o muerte por coronavirus en todos los países del mundo, antes que la vacunación del resto de la población en los países ricos, lo cierto es que también hay argumentos económicos y de salud de fondo para hacerlo. Según el director general de la OMS, el “nacionalismo vacunal” como efecto del acaparamiento, amenaza a la economía global y podría alcanzar un costo de 9.2 billones de dólares, de los que 4.5 billones recaerían sólo en las economías de ingreso más altos.

Y peor aún, una amenaza mayor podría venir del retraso en la vacunación en el resto de países, que prolongaría la pandemia en esos países aumentando las posibilidades para el surgimiento de nuevas variantes de coronavirus más agresivas, anulando el efecto de las vacunas ya administradas y colocando otra vez de cabeza al sistema-mundo por el egocentrismo consumado de los países ricos. Por eso, es esencial la solidaridad para controlar la pandemia con menos desigualdades, siguiendo un similar ritmo de vacunación en todos los países. No sólo hay nobles motivos para profesar un humanismo sin precedentes, sino que deviene en una estrategia absolutamente racional.

En EU, se han administrado hasta el 6 de abril, 50.41 vacunas por cada 100 habitantes, posicionándose en el quinto lugar a nivel mundial, lista que es encabezada por Israel, sin embargo, EU es el país con mayor dosis administradas. El 18.8% de la población ha sido completamente vacunada, ocupando el tercer lugar a nivel mundial, mientras que el 32.4% de la población ha recibido al menos una dosis (108.3 millones) (Ritchie et al., 2021). Las desigualdades económicas y sociales que se transmutaron en desigualdades en los efectos del virus, son de nuevo reforzadas en la etapa de vacunación.

Aún con sus limitaciones en cuanto a los datos disponibles, en un estudio ya referido del CDC (2021) se mostró que, durante la primera fase del programa de vacunación en EU, de la mitad que refirió ascendencia racial y étnica, el 60.4% era población blanca, mientras que esta población representa el 60% del personal de salud, en cambio el 5.4% era negra cuando esta población representa el 16%. Mencionemos que, aunque la prioridad era vacunar a la población del sector salud, esto no se llevó a cabo plenamente, debido a las variaciones jurisdiccionales y locales en la implementación de la guía nacional.

Estados Unidos, el país con más contagios y muertes en todo el mundo, no ha sido llamado a la hoguera de los medios de comunicación internacionales y nacionales, tampoco ha sido denominado el “gran desastre sanitario”, como distintos medios estadounidenses sí lo han hecho con México. Los desastres, paradójicamente, ocurren siempre -aunque a veces no ocurran- en los países de la periferia capitalista o subdesarrollados, mientras que en los países centrales son errores de estrategia o adversidades lamentabilísimas, imprevistos o retrasos, sin mayúsculas ni exclamaciones, sin adjetivos, cálculos sobrios, sin populismo mediático.

Los resultados en el combate a la pandemia en Estados Unidos han pasado con frecuencia desapercibidos. Pero, lo que resulta más alarmante, es que estos resultados no sean asociados notablemente a la extensión de la mercantilización de la salud y a su atrofia natural para responder a una emergencia sanitaria, así como a la fragmentación del sistema sanitario, a la muy frágil Atención Primaria en Salud, a los estados de salud preexistentes de la población que están vinculados a las condiciones de vida y trabajo y a la atención en salud deficientemente recibida. En el país de los sueños cumplidos, el derecho a la salud no está entre ellos.

 

Referencias bibliográficas

Barber, S. (2020). “Death by racism. Racial violence anda racial health inequities in the midst of the COVID-19 pandemic disproportionately impact on Blacks” (report). En: The Lancet, Newdesk (Reino Unido) [en línea], vol. 20, august, pp. 903, disponible en: https://cutt.ly/vg2weOt [Consultado el 30 de marzo de 2021].

Iriart, C. (2016). “El sistema de salud de los Estados Unidos: mitos y realidades (Parte I)”. En: Saúde em Redes [en línea], 2(1), mayo, pp. 7-2, disponible en: https://cutt.ly/0g2yKK [Consultado el 30 de marzo de 2021].

Johns Hopkins University (2021). “COVID-19 Dashboard”. En: Coronavirus Resource Center [en línea], disponible en: https://cutt.ly/8cy6Hk6 [Consultado el 31 de marzo de 2021]. (a)

Johns Hopkins University (2021). “Mortality Analyses”. En: Coronavirus Resource Center [en línea], disponible en: https://cutt.ly/lcuqyp6 [Consultado el 31 de marzo de 2021]. (b)

Mendenhall, E. (2020). “The COVID-19 syndemic is not global: context matters”. En: The Lancet, Correspondence (Reino Unido), october 22, disponible en: https://cutt.ly/Lg9XJvl [Consultado el 27 de octubre de 2020].

Organization for Economic Cooperation and Development [OECD] (2019). “Health at a Glance 2019. OECD Indicators”. En OECDiLibrary [en línea], disponible en: https://cutt.ly/Xg2Rw5H [Consultado el 15 de septiembre de 2020].

Painter, E.M. et al. (2021). “Demographic Characteristics of Persons Vaccinated During the First Month of the COVID-19 Vaccination Program–United States, December 14, 2020-January 14, 2021”. En: Centers For Disease Control and Prevention (CDC), MMWR [en línea], February 5, 70(5), pp. 174-177, disponible en: https://cutt.ly/ucuqTdv [Consultado el 29 de marzo de 2021].

Preston, T.K. (2020). “A model for healthcare reform from a surprising place” (review). En: Monthly Review, 07 de octubre, disponible en: https://cutt.ly/xg2gqU2 [Consultado el 15 de marzo de 2021].

Rae, M., Claxton, G., Kurani, N., McDermott, D. y C. Cox (2020). “Potential costs of COVID-19 treatment for people with employer coverage”. En: Peterson-KFF Health System Tracker [en línea], march 13, disponible en: https://cutt.ly/EcSg3a0 [Consultado el 2 de abril de 2021].

Ritchie, H. et al. (2021). “Statistics and Research: Coronavirus (COVID-19) Vaccination”. En: Our World in Data [en línea], abril 6, disponible en: https://cutt.ly/GcueSLk  [Consultado el 07 de abril de 2021].

Stahl, E.G. (2009). “Política de medicamentos en Estados Unidos de América”. En: Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública [en línea], 26(4), pp. 537-543, disponible en: https://cutt.ly/Zcy6yPd [Consultado el 31 de marzo de 2021].

Statista Research Department (2021). “Vacunas contra el coronavirus administradas en el mundo a 5 de abril de 2021, según número de países”. En: Statista, Industria farmacéutica [en línea], abril, disponible en: https://cutt.ly/vcuwv2[Consultado el 06 de abril de 2021].

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