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La cara oculta de la privatización energética: el gas licuado

CE, Intervención y Coyuntura

El anuncio realizado por Andrés Manuel López Obrador el pasado día 7 de julio sobre la creación de «Gas Bienestar», una empresa pública dependiente de Pemex orientada a distribuir gas licuado de petróleo para equilibrar el mercado desató la más disparatadas críticas de los medios de comunicación. Estas iban desde la advertencia de que pretendía derminar “precios de manera artificial a través de subsidios”[1], o bien la acusación de que el robo de gas es lo que encarece el costo final, que implícitamente responsabiliza al gobierno y “exime” a los permisionarios; así como la amenaza de que Pemex no tiene gas suficiente más que para cubrir  el 12% del mercado[2].

Así, El Economista informó en su portada: “En lo que va del año el precio del gas LP se ha incrementado 36%, impulsado por la cotización en mercados internacionale”», y remató: «Hasta mayo, 68% del gas LP es de importación», añadiendo que «las propuestas de Cofece no han sido consideradas»[3]. Según la reportera, el organismo declaró: “Es importante señalar que varias de las propuestas de política pública planteadas en años recientes por la Comisión, que pudieran estar en línea con las expuestas en fechas recientes por el titular del Ejecutivo Federal, no han sido instrumentadas ni en la pasada ni en la presente administración por las dependencias y organismos federales del sector”.

Sobre esta situación la Cofece (Comisión Federal de Competencia Económica) no ha tomdo cartas en el asunto. Sus dichos se refieren a que apenas inició –y aún está en curso–, un proceso de investigación sobre la distribución de gas LP. Proceso burocrático que, al alimón con la CRE, redundaría, como siempre, en la imposición de ridículas sanciones y la promesa de los permisionarios para no volver a hacerlo. Otras sugerencias resultan francamente ridículas, como la venta de cilindros de gas en centros comerciales.[4]

Para tener el contexto de la situación actual, es necesario recordar que la privatización del gas LP comenzó de manera generalizada en 1995, cuando la partidocracia modificó la Ley Reglamentaria en el Ramo del Petróleo. Esas reformas permitieron no solo la privatización del gas natural (GN, metano) y de la petroquímica considerada «secundaria», sino también la del gas licuado de petróleo (GLP, butano y propano). Absurdamente, los legisladores “acordaron” entonces que el gas NO era un hidrocarburo, de modo que, a través de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), se comenzaron a otorgar permisos para la distribución de gas LP, así como para su almacenamiento y transporte por medio de ductos (en línea con lo ocurrido con el GN).

Más tarde, en 2009, Pemex, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Energía, y la CRE instrumentaron el mecanismo para fijar el precio del gas LP. En él se establecía que los distribuidores podrían abastecerse en las instalaciones de Pemex con precios reducidos. Obviamente, vendiéndolo más caro a la población, so pretexto de obtener un margen de ganancia.

De acuerdo al DOF del 9 de enero de 2009 se establece que:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN el Artículo Primero, fracción II y el Transitorio Único del Decreto por el que se sujeta el gas licuado de petróleo a precios máximos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2008, para quedar como sigue:

ARTÍCULO PRIMERO.- …

  1. Conforme a lo previsto en el presente artículo, la Secretaría de Energía, por conducto de la Comisión Reguladora de Energía, establecerá la metodología para la determinación del precio de venta de primera mano del gas licuado de petróleo y la Secretaría de Economía fijará los precios máximos de venta del gas licuado de petróleo al usuario final, conforme a la política que determine la Secretaría de Economía sobre los elementos que integran el precio al usuario final; de manera tal que el precio promedio ponderado nacional al público sea de 8.03 pesos por kilogramo antes del impuesto al valor agregado.

ÚNICO.- La vigencia del presente Decreto concluirá el 31 de diciembre de 2009.»

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación.

El resultado fue que la paraestatal terminó subsidiando a los distribuidores privados, con recursos públicos, mientras los precios al consumidor mantenían una tendencia al alza. Tan fue así, que el 7 de enero de 2009, Calderón anunció ante políticos, empresarios y charros sindicales, el llamado Acuerdo Nacional en favor de la economía familiar y el empleo. En el tema de los energéticos, el pacto planteaba demagógicamente “el congelamiento de los precios de las gasolinas y la reducción del precio del gas LP”.

¿Cómo podría reducirse el precio del gas LP que produce Pemex, así fuese temporalmente, usando el modelo neoliberal? ¡Imposible! La única vía sería venderlo más barato a las transnacionales y sus filiales pues, la distribución y el transporte de gas LP ya habían sido privatizados y evidentemente las corporaciones jamás estarían dispuestas a sacrificar sus ganancias. Para que el gas LP pudiera venderse a un precio menor al consumidor final, tendría que otorgarse un generoso subsidio, que terminaría beneficiando al capital privado.

De allí la pertinencia de la propuesta de AMLO: la creación de una empresa pública, dependientes de Pemex, orientada básicamente a abastecer el consumo popular. No obstante, la lucha no será fácil, por los poderosos intereses de por medio. Baste recordar un caso. Precisamente, en 2009, la transnacional gasera Grupo Zeta Gas demandó a los periodistas de la revista Contralínea, Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez, en respuesta a ciertos reportajes publicados, en los que denunciaban actos indebidos entre ese Grupo empresarial y Pemex.

El caso se originó del juicio ordinario civil promovido por Multigas S. A. de C. V., una de las empresas filiales de Zeta Gas, contra la publicación, Miguel Badillo y los reporteros Ana Lilia Pérez Mendoza y Abraham Rodríguez Ortega. Badillo señaló entonces: “Se trata de un acto contra la libertad de expresión; lo que buscan es que no sigamos investigando la corrupción que hay en Pemex, y también está vinculado con lo que se ha indagado de la empresa Zeta Gas, que tiene intereses con Pemex”. Algunos de los reportajes, escritos entonces por Ana Lilia Pérez, fueron “Acecha el Grupo Zeta ductos de Pemex”, publicado en Contralínea No. 69, de la segunda quincena de diciembre de 2006,[5] donde se señala que “los empresarios que apoyaron a Felipe Calderón durante su campaña electoral [cobraron] las facturas, como el Grupo Zeta, que mantiene en Pemex una red de corrupción de funcionarios de alto nivel, entre quien está Marcos Ramírez, estratega designado por el michoacano para diseñar el programa sexenal de la paraestatal”.

En el reportaje “Grupo Zeta cartel del gas LP”, publicado en la revista Fortuna No. 48 de enero de 2007, se denuncia a este Grupo como uno de los beneficiarios del gobierno de Calderón y, en “Pemex protege al Grupo Zeta”, publicado en Contralínea No. 75,[6] correspondiente a la segunda quincena de marzo de 2007, se menciona que “en complicidad con el actual director de Pemex Gas y Petroquímica Básica, los gaseros Miguel y Jesús Zaragoza se preparan para expandir su monopolio y sustituir a Pemex en el almacenamiento y distribución del energético en zonas estratégicas de distribución”.

Grupo Zeta es una empresa transnacional privatizadora. De acuerdo a lo indicado en su portal (www.grupozeta.com), la transnacional tiene su sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, y está conformado por un holding de más de 80 empresas en México y 7 países en el extranjero que incluyen a Belice, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Perú. Actualmente, reporta que opera sistemas de transporte vial, ferroviario y marítimo para distribuir GLP a clientes industriales, comerciales y residenciales. Posee terminales de almacenamiento marítimo en Guatemala, Perú y en México, en los puertos de Ensenada, Baja California y Manzanillo, Colima. Asimismo, tiene una instalación de almacenamiento subterránea en EU. El grupo se constituyó en 1946 y comenzó a operar a nivel internacional en 1970.

Según AMLO, son cinco los grupos empresariales privados quienes comercializan el GLP, manteniendo un margen de utilidad muy alto. A dichas empresas no se les limitará, pero anticipó que se establecería un precio máximo. Estas medidas, evidentemente, no representan la renacionalización de la industria energética de México, ni amenazan el modelo de libre mercado, pero sí establecen límites a la voracidad del capital. Además, se trata de recuperar una función primordial de Pemex, como es la distribución de sus productos al usuario final. Ya se hizo a principios del sexenio con las gasolinas, enfrentando todo tipo de obstáculos, implementando con urgencia la infraestructura necesaria para sustituir los saqueados ductos. No hay razón para que la experiencia no pueda repetirse, mejorarse y ampliarse.

[1] Herrera, R., Guerrero, C., Gante, D. en Reforma, 8 de julio.

[2] El Financiero, Redacción, 8 de julio

[3] García, K. en El Economista, 8 de julio

[4] Ver por ejemplo: https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2018/06/Libro-GasLP_web.pdf.

[5] Disponible en https://www.voltairenet.org/article144296.html

[6] Disponible en https://www.voltairenet.org/article146722.html