Oscar David Rojas Silva

El anuncio del acuerdo sobre precios para contener el problema de la inflación nos permite observar la transición entre modelos económicos. Claro que no se trata de la concepción de una teoría que fielmente se aplica a la realidad sino una forma de modelación, un cambio de criterio que desde la fuerza de la planeación económica del Estado postula un nuevo equilibrio entre tres sectores: el sector gobierno, el empresarial y el social.

La envejecida imagen de los mercados autoregulados en la que el sector empresarial se vuelve poder unilateral, subsumiendo al gobierno y a la población a los designios de la ganancia capitalista da paso al reconocimiento de que –como dice Hinkelammert– el mercado es un asunto de poder. De ahí que la economía se aleje de su formulación matemática de contrapesos entre oferta y demanda y se torne hacia la operación de la política como actividad económica real.

Al respecto de la inflación, debemos decir que es un fenómeno de alta concreción (junto a categorías como crisis o mercado mundial) porque son muchos elementos lo que la definen. En el caso contemporáneo, la inflación que vivimos se produce estructuralmente por la flexibilidad cuantitativa bajo el monopolio de la moneda mundial. Pero de forma particular esta versión en particular tiene que ver con la combinación de la pandemia y la guerra.

La pandemia significó, en un primer momento, la detención abrupta de la demanda, un shock de demanda que puso sobre la mesa la debilidad de la cadena de valor global o, dicho de otra manera, la inmediatez con la que funciona el mecanismo de la tasa de ganancia. En este mismo sentido es que la reapertura produjo un shock de oferta que, mediante las cadenas de suministro saturadas, mostró su afectación no solo en materia de bienes finales sino también de los intermedios, expresión de una estructura productiva segmentada a escala planetaria. Así, la este fenómeno toca no solamente al capital comercial sino al capital productivo. Esto se tradujo en la concreción del fenómeno inflacionario puesto que lo que se vuelve dominante son los precios internacionales.

Por si esto fuera poco, la guerra generó una elevación de los precios de los energéticos que, como se sabe, se trata de la materia prima esencial que mueve el molusco productivo mundial. Sin olvidar, por supuesto, que los territorios particulares en conflicto significan segmentos relevantes para el sector alimentario, específicamente de trigo y fertilizantes. Además, la guerra híbrida que la OTAN ha desarrollado en la región nos ha permitido observar como la dinámica de sanciones económicas produce afectación no solamente al objetivo “estratégico” sino a la economía como un conjunto.

Frente a esta tormenta es que podemos identificar dos tipos de formaciones estatales: aquellas que siguen atadas a la ortodoxia del Consenso de Washington, y aquellas que buscan la restitución de la autonomía expresada en la planificación.

De ahí que el proyecto antiinflacionario que se presentó recientemente es expresión, no solo de una “intervención estatal” sino de una coordinación entre los sectores de la economía mixta para evitar el disparo de los precios, toda vez que en este fenómeno se incluye también la complejidad de las expectativas. Es decir, la inflación se puede convertir en una espiral que desate una inercia basada en el pánico por asegurar ganancias futuras.

Así, la idea de consolidar una redefinición de canasta básica, en el contexto de la recuperación del salario, de la eliminación del outsourcing y la restitución de reparto de utilidades nos lleva a la concepción de un proyecto basado en la protección del sector social.

Esto, por supuesto, nos aleja de la ortodoxia monetarista de esperar a que sea el Banco Central el único que vele por el sistema de precios mediante los cambios en la tasa de interés. Es el sector estatal el que puede introducirse activamente en este reequilibrio mediante acciones diversas que llevan a hacer un análisis a lo largo de la cadena productiva. Es decir, desde el aumento de producción (recuperación de oferta) hasta la generación de condiciones que eliminen costos en la distribución (seguridad en carreteras, formulación fiscal especial para importaciones, etc.).

En suma, este proyecto antiinflacionario es un tema de análisis de pleno interés bajo la perspectiva del cambio de modelo. Habrá que ver los efectos en seis meses e ir profundizando creativamente el nuevo tipo de intervención en el contexto de una economía ya no neoliberal sino mixta social.