Tony Wood

Traducido por Guilherme Basto-Lima

Solamente después de casi dos meses desde la apretada victoria de Castillo en la segunda vuelta de las elecciones peruanas, el nuevo presidente consiguió la nominación de su equipo de gobierno. La votación –73 contra 50– en que el Congreso Peruano aprobó sus ministros fue el 27 de Agosto, después de algunas semanas de obstrucciones y protestas de la oposición. Eso incluyó la prologada negativa de Keiko Fujimori, la candidata derrotada, en reconocer el resultado, así como el histerismo rojo que marcó la campaña presidencial. Las turbulentas semanas desde las elecciones –6 de junio– proporcionan una clara indicación de lo que puede esperar Castillo en los próximos meses (y años); pero al mismo tiempo, también demuestran ampliamente la profunda disfunción de lo que le llevó al poder en primero lugar.

El establishment político peruano aún no se ha recuperado, en muchos sentidos, del choque inicial de la votación en la primera vuelta del 11 de abril. Aunque el panorama era muy variado, pocos esperaban que Castillo, un profesor-sindicalista y campesino de la norteña provincia de Cajamarca, pudiera ser el primero con 18% de la votación. Aún más sorprendente: se trataba del candidato de Perú Libre, un partido abiertamente Marxista-Leninista, en un país aun severamente polarizado por los legados de la insurgencia del Sendero Luminoso y de la represión estatal en los 1980s y 1990s.

La campaña por la segunda vuelta trajo consigo una mayor indignación anticomunista. En Perú, la palabra específica que esto adopta es el terruqueo –llamar a alguien terrorista; o sea, asociar a cualquier persona de la izquierda con Sendero Luminoso–aunque los medios de comunicación conjuraron también los espectros de Cuba y Venezuela. Tal era la necesidad de una unidad de las elites frente a la supuesta amenaza comunista que el premio nobel Varga Llosa, que había tachado a Keiko Fujimori de amenaza para la democracia en 2011 y 2016, ahora la aclamaba como representante de “libertad y el progreso”.

La táctica del miedo casi funcionó: la ventaja de Castillo los días previos al 6 de junio disminuía diariamente. Pero cuando se contaron los votos, se impuso por solo 44.250 votos, un margen de 0.2% en todo el país. Sin embargo, la minúscula diferencia entre los totales de los candidatos ocultaba la división geográfica del país. En la mayor parte del interior, especialmente las partes más pobres en la sierra, Castillo venció por un margen aplastante. Cinco departamentos andinos –Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Puno– reportaron resultados con vitorias por más de 80% para Castillo; en Puno, frontera con Bolivia, tuvo un sorprendente 89%. En total, Castillo se llevo 16 de los 25 departamentos peruanos, en áreas que representan no solamente la mayor parte del país, sino también las más profundamente precarizadas. A la vez, son esas las áreas de la extracción de la riqueza mineral peruana, aunque los beneficios del auge minero de 2000 a principios del 2020, tuvieron impacto en otras zonas del país. De ahí la resonancia el slogan de la campaña de Castillo: “No más pobres en un país rico”.

Sin embargo, Fujimori ganó en la costa más poblada, en especial la capital Lima, que contiene 30% de la población nacional, y que ganó con 31 puntos porcentuales. (Su margen de vitoria en el departamento de Lima, que rodea la región de la capital y se extiende hasta los Andes, fue solamente 7%.). Aunque hay que tener en cuenta muchas complejidades –también hay mucha pobreza en la costa–, las disparidades de la geografía peruana explican en gran medida el hecho de que la vitoria para Castillo supusiera un rotundo e histórico rechazo al dominio de la costa y, al mismo tiempo, el mandato más estrecho posible.

Fujimori impugnó inmediatamente el resultado, alegando “fraude sistemático” y exigiendo la anulación de por lo menos 200,000 votos. Algunas de sus alegaciones fueran claramente racistas: los votos que Fujimori impugnó procedían de la sierra, predominantemente indígena, y en un caso su campaña argumentó que muchos funcionarios tenían el mismo apellido, y por eso serian familiares. En las zonas indígenas los apellidos suelen repetirse independientemente del parentesco. Aunque las impugnaciones legales de Fujimori carecían de fundamento, los tribunales tardaron semanas en agotarlas, retrasando la toma de posesión formal de Castillo hasta el 28 de Julio. El día de la toma de posesión fue también el bicentenario de la independencia peruana, pero la fecha histórica fue empañada por las incertidumbres de la transición presidencial.

Sin conseguir impedir la asunción de Castillo al poder, la oposición peruana adentró una nueva fase en su campaña por minar la presidencia. En agosto la ofensiva se centró en la composición del gabinete, usualmente una formalidad por la nueva administración elegida, más que ahora tenía trazos de obstrucción y terruqueo. La primera baja fue Héctor Béjar, un guerrillero de izquierda en los 1960s que trabajó en la dictadura militar progresista de Juan Velasco Alvarado en los 1970, y es uno de los más prominentes intelectuales públicos radicales de Perú. Su nominación como canciller de Asuntos Exteriores auguraba un buen futuro para la política hemisférica del país, sin olvidar su promesa por remover a Perú del Grupo de Lima, la coalición anti-Maduro formada en 2017. Pero algunos videos suyos con críticas a la marina peruviana y acusaciones a la CIA como fundadora del Sendero Luminoso lo forzaron a renunciar al mandato. (Su sustituto, Oscar Maúrtua, un diplomático de carrera que también formó parte del Ministerio de Asuntos Exteriores entre 2005-2006, fue una elección calculada para aminorar el conflicto).

Fue una retirada abrupta, y la oposición olió sangre. Al día siguiente de la salida de Béjar, Lady Mercedes Camones, del Partido Alianza para el Progreso (centro-derecha) declaró a los medios de comunicación que “la dimisión del ministro de Asuntos Exteriores no es suficiente”. El próximo objetivo, era el cambio, si no de todo el gabinete, al menos del Primier Ministro escogido por Castillo, Guido Bellido. Nacido en 1979 en el distrito rural de Cusco (en la sierra sur del Perú), Bellido es un quechua hablante, algo que en sí provoca la visceral reacción de las elites limeñas. Por ejemplo, cuando Bellido comenzó su intervención en Quechua, una de las lenguas oficiales del país, en el Congreso (el 26 de agosto), fue interrumpido por los diputados que decían no comprender lo dicho. Junto a Castillo, Bellido es un representante del “Perú Profundo”, el interior largamente marginalizado del país. En ese sentido, los reclamos parlamentares son un microcosmos de la tensión histórica entre la costa y la sierra.

Pero existen razones políticas más específicas para el ataque de la oposición a Bellido, en las cuales él no es el jugador central. Cuadro leal del Partido Perú Libre, Bellido es considerado como alguien cercano al líder del Partido, Vladimir Cerrón –un neurocirujano formado en Cuba que tiene 50 años de edad y ex gobernador de la provincia de Junín, en la sierra central. Fue Cerrón quien fundó Perú Libre en 2008, inicialmente para afianzar el poder regionalmente. Él fue electo gobernador de Junín en 2011 y en 2018; pero en agosto de 2019, con siete meses de mandato, fue removido tras recibir una condena por corrupción. Hay otras acusaciones pendientes contra él, incluyendo una investigación iniciada en junio del presente año por lavado de dinero, y otra en agosto también de este año, que también señala a Bellido, ambos por acusación de “terrorismo”, acuñando supuestos nexos con las rémoras de Sendero Luminoso.

Tanto Cerrón como Bellido rechazan esas conexiones, pero la derecha utiliza la adherencia de Cerrón al marxismo para pintarlo como un simpatizante del terrorismo. Las duras críticas de Cerrón a la represión estatal durante el conflicto armado de los 1980s y 1990s también lo colocan fuera de esa disputa ideológica (también influyen factores personales: su padre, Jaime Cerrón Palomino, fue un respetado académico de izquierda en Huancayo que fue secuestrado y asesinado en los 1990 por paramilitares al servicio del estado; a raíz del testimonio ofrecido a la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú en 2002, cuatro generales fueron acusados del asesinato, pero aún no juzgados).

Mantener a Cerrón alejado del poder efectivo es el verdadero objetivo de la oposición. No cabe duda de que la animadversión personal juega un papel, al igual que el tufo de corrupción que rodea a Cerrón –aunque en ese aspecto la mayor parte del Congreso peruano cojea del mismo pie. Pero el núcleo de la contienda sobre el gabinete presidencial fue la oportunidad que se ofrecía para que la oposición intentara distanciar Castillo y Perú Libre. El solo ascenso del primero fue un gran golpe para el establishment político limeño. Más alarmante aún fue el éxito de Perú Libre en las elecciones legislativas de abril junto a las presidenciales. De no tener ningún escaño en el Congreso, Perú Libre pasó hacer el único Partido con 37 representaciones y ahora es el mayor partido en el Congreso. El fujimorista Fuerza Popular obtuvo sólo 24 escaños, lo que supone una mejora respecto a los 15 de que obtuvo en las elecciones de 2020, pero un descenso considerable respecto a los 73 escaños del período 2016-20, cuando dominaba el Congreso. El resto de los 130 escaños fueron distribuidos entre una docena de partidos, siendo la mayoría del espectro que va de la centro-derecha a la derecha.

El nuevo Congreso está, por tanto, muy fragmentado, lo que dificultará enormemente el gobierno del país. El principal aliado de Perú Libre será Juntos por el Perú, una coalición de izquierda al estilo de Syriza liderada por la ex candidata presidencial Verónika Mendoza. Aunque sólo tiene 5 escaños, ha desempeñado un papel destacado en la transición, aportando personal que, sin duda, tiene más experiencia política que la mayoría de los cuadros de Perú Libre, pero también es mucho más presentable para las élites costeras y las clases medias. Un ejemplo clave de esto es Pedro Francke, elegido por Castillo como ministro de Economía, que había estado en el equipo de Mendoza y fue traído para calmar a los mercados después de que Castillo ganara. (Funcionó brevemente, aunque la moneda volvió a caer cuando Castillo nombró a Bellido como primer ministro). Pero esto levantó ampollas en Perú Libre: Cerrón ha dejado clara su aversión a lo que él llama la «izquierda caviar», y uno de los muchos retos a los que se enfrenta Castillo es cómo mantener unidos a los muy diferentes componentes de la izquierda sobre los que se construye su gobierno.

Sin embargo, las dificultades que se avecinan son mucho mayores. A falta de una mayoría, el gobierno entrante tendrá que reunir los votos para cada legislación que presente, en una serie de acuerdos de confianza. Al final, Castillo consiguió que su gabinete pasara por el Congreso –sin Béjar–, pero fue una lucha que marca un amargo anticipo de lo que está por venir. Al mismo tiempo, tanto su éxito como el de Perú Libre son síntomas inequívocos de la profunda crisis del sistema político peruano, que lleva ya varios años. Una serie de escándalos de corrupción, muchos de ellos relacionados con el tentacular conglomerado brasileño Odebrecht, condujeron a la destitución de dos presidentes consecutivos, así como a acusaciones de corrupción contra destacados miembros del Congreso peruano, incluida Keiko Fujimori. (Fue liberada de una segunda estancia en la cárcel en mayo de 2020, pero se presentaron más cargos en marzo de 2021, en plena campaña presidencial).

En otros lugares de América Latina, sobre todo en Brasil, la política anticorrupción ha sido utilizada con éxito como arma por la derecha, contra un rival coherente por el poder en la izquierda. En Perú, a falta de dicha izquierda, la lucha contra la corrupción se convirtió en gran medida en un medio de ajuste de cuentas dentro de la clase política, un ajuste demasiado obvio, cínico y desprovisto de preocupación real por el destino del país. Fue en parte la desilusión sembrada por años de esto lo que impulsó las peticiones de una nueva constitución, incluyendo las protestas que llevaron a la destitución de un tercer presidente (aunque interino) en noviembre de 2020.

La sensación de crisis se aceleró enormemente, por supuesto, por el impacto de Covid-19. Perú ha sido uno de los países más afectados, sufriendo picos catastróficos de muertes e infecciones desde el principio de la pandemia. Aunque su cifra total de 198.000 muertes hasta la fecha se ve empequeñecida por las de otros países de América Latina, proporcionalmente se ha visto mucho más afectada: con 609 por cada 100.000, su incidencia de muertes es más del doble que la de Brasil, y tres veces mayor que la de México. En un país en el que el 70% de los trabajadores están en el sector informal, la pandemia revirtió los avances logrados en la última década: entre 2019 y 2020, los ingresos per cápita cayeron un 20%, y la tasa de pobreza aumentó del 20% al 30% de la población.

Fueron estas crisis superpuestas –el desastre de la salud pública más el desorden político cada vez más profundo, más las desigualdades continuas forjadas por una economía extractiva neoliberal-–las que hicieron posible la doble conmoción del avance de Perú Libre y la victoria de Castillo. Por lo menos, dejaron muy claro que no se puede volver a lo de siempre. Pero no está tan claro el grado de transformación que el gobierno de Castillo podrá llevar a cabo, dadas las limitaciones políticas y el clima ideológico polarizado en el que tendrá que operar. La plataforma de Perú Libre –redactada originalmente por Cerrón en febrero de 2020, cuando el partido no tenía escaños en el Congreso– no es necesariamente una gran guía de lo que será el programa de Castillo. Sus propuestas van desde la duplicación de los presupuestos de salud y educación hasta la nacionalización de las empresas mineras, y desde una «segunda reforma agraria» (después de la promulgada a finales de la década de 1960 por el régimen de Velasco) hasta una transición para alejarse del neoliberalismo hacia una «economía popular con mercados”.

Los efectos de la pandemia significan que es probable que al menos algunos aumentos del gasto social salgan adelante, pero queda por ver si Castillo puede, por ejemplo, revisar los contratos mineros para dar al Estado peruano una mayor participación en las rentas de los recursos. Tal vez la propuesta que tiene más probabilidades de llevarse a cabo es la convocatoria de un referéndum sobre una nueva constitución. Esto ya estaba en el aire en Perú a finales de 2020, inspirado por el ejemplo del vecino Chile, y parece la única manera de asegurar tanto un mandato como un marco para revisar el modelo neoliberal de Perú.

En este contexto, es significativo que, además de Lenin y Fidel Castro, los principales modelos mencionados en el programa de Perú Libre sean Rafael Correa y Evo Morales. Ambos líderes de la Marea Rosa, sin embargo, estaban en posiciones mucho más fuertes que Castillo al inicio de sus mandatos, e incluso si el referéndum tuviera éxito, es poco probable que la relación de fuerzas en Perú produzca una carta tan progresista como la de Ecuador o Bolivia. Pero en ausencia de una renovación democrática tan profunda, tampoco parece probable una restauración neoliberal en los viejos términos. Es mucho más probable un interregno prolongado y turbulento.